Más allá de las limitaciones económicas y legales de la dependencia: caso de Castilla y León
| Autor | María Cristina Fernández Ramos - J. Iñaki De la Peña Esteban |
| Cargo | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) - Universidad del País Vasco (UPV/EHU) |
| Páginas | 25-46 |
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El envejecimiento de la población es reflejo de avances médicos, mejoras en los métodos de prevención, el fomento de conductas saludables, y tasas de fecundidad bajas, entre otras causas. A nivel mundial, el número de personas mayores de 65 años se triplicó en la segunda mitad del siglo XX hasta llegar a los 417 millones y para el 2050 se espera alcance 1,5 billones. Representaría el 16% de toda la población mundial. Una de las razones más importantes de ello es la reducción de las tasas de fecundidad y de mortalidad que juegan un papel fundamental en el incremento de la población de edad avanzada tanto en países ricos como pobres (Martin, 2011: 34). Como consecuencia se produce un incremento del número de mayores que puede provocar problemas como: financiación de las pensiones (Polo y Viejo, 2011:83) e incremento de costes por cuidados de larga duración (Zanón et al, 2011:117).
Bajo este panorama la comunidad autónoma de Castilla y León se caracteriza por tener una población envejecida. El 20,89% de la población castellanoleonesa (I.N.E., 2012) es mayor de 67 años y de ésta, el 40,45% supera los ochenta años. La tasa de discapacidad crece con la edad y se ha comprobado que a partir de estas edades más de la mitad de los españoles tiene dificultades para realizar las actividades de la vida diaria (Abellán y Ayala, 2012:4). Respecto al resto de población los que están en edad de trabajar representan el 67,27% del total de la población de la comunidad y de ellos más de 57% son mayores de 40 años. Desde finales del siglo pasado se observa que la proporción de jóvenes se reduce respecto de los de mayor edad (Gómez et al, 2007:5); (Gómez et al, 2011:105). En base a estos datos el desarrollo normativo de la ayuda para la situación de Dependencia debería ser urgente y prioritario.
El objetivo del presente trabajo es la búsqueda de coberturas alternativas que permitan la financiación de las prestaciones de dependencia, que si bien no sustituirán a las públicas, sí podrían ser buenos complementos. Para ello se tendrá en cuenta la normativa existente al efecto, tanto estatal como la autonómica y que es objeto de estudio específico en este trabajo. En todo momento se buscan oportunidades de negocio para el sector privado. Igualmente se detallarán aquellas cuestiones que dificultan la puesta en marcha de determinados productos, sobre todo los actuariales.
Para ello se introduce en el siguiente epígrafe el protagonismo reciente que tiene en nuestro país la cobertura de la dependencia, analizando su financiación, los diferentes niveles de cobertura y las prestaciones tanto económicas como de servicios que se establecen en la normativa. Tras analizarla se podrá apreciar que no cierra las puertas a que las comunidades autónomas regulen y amplíen la oferta de estas ayudas.
Posteriormente analizamos el instrumento fundamental de medición de la dependencia que proporciona la ley: el baremo. Este instrumento sirve de guía para cuantificar la prevalencia de la dependencia en la sociedad. Se observan las limitaciones que tiene a la hora de trasladarse como probabilidades de dependencia. Éstas son la base técnica inexcusable para la oferta de productos actuariales y financieros destinados a la protección de esta contingencia.
A lo largo de este trabajo se hará referencia tanto a la financiación como a la normativa emanada del legislador de Castilla y León con el objetivo de valorar su especificidad respecto del ámbito general. Se estudiarán sobre todo las incompatibilidades que impone la comunidad autónoma, lo cual puede incrementar las oportunidades de negocio para empresas que se dediquen a la cobertura de la dependencia y que no estén sujetas a un ámbito territorial.
Terminaremos con una serie de conclusiones y comentarios sobre el grado de desarrollo que se ha alcanzado en esta comunidad autónoma y las posibles prestaciones que se podrían llegar a desarrollar, así como las referencias bibliográficas empleadas.
Desde hace algún tiempo el fenómeno del envejecimiento está siendo estudiado con profundidad debido a las grandes consecuencias que puede producir en la sociedad. Dado que la dependencia está asociada indefectiblemente con cumplir años (Abellán y Ayala, 2012:4), la administración debiera tener como objetivo prioritario el fomento y consolidación del sistema de Dependencia creado a raíz de la ley que la regula y que fue aprobada en 2006. La situación de crisis actual está haciendo que se produzcan recortes sonoros que le ha restado efectividad y ha generado un alto coste social (Barriga, 2012: 2), cuando realmente no se ha puesto en marcha en su totalidad, ya que está establecida una aplicación progresiva y la culminación se realizaría en el año 2014.
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Cuadro 1: Factores que influyen en el gasto por pensiones
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Fuente: Conde-Ruiz y Alonso, 2006: 56.
La mayor población objeto de cobertura (mayor de 67 años) en 10 años se incrementará en casi un 17% (INE, 201 (b)). Ampliando el horizonte temporal hasta el año 2049, la población en edad de jubilarse representaría alrededor del 30% (INE, 2010 (a)). Estos datos, indican la presión al alza sobre el gasto público respecto del PIB de las pensiones, lo cual lleva a cuestionarnos si éstas estarán garantizadas si la coyuntura económica no cambia y si la población activa no aumenta lo suficiente (cuadro 1) al ser dos de los factores que influyen notablemente en la variación de este gasto.
Cuadro 2: Porcentaje del gasto social sobre el PIB
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Fuente: OECD Social Expenditure Database (SOCX).
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El porcentaje del gasto público destinado al Estado del Bienestar oscila dependiendo del grado de desarrollo del país. No obstante los porcentajes son elevados (cuadro 2). Los países que pertenecen a la OCDE destinan alrededor del 10 al 15%, mientras que aquellos considerados en vías de desarrollo únicamente del 5 al 10%.
Ante el incremento de la población mayor, toda Europa está intensificando sus esfuerzos sobre los servicios sanitarios y sociales, soportando un aumento considerable de los costes (Vaquerizo et al, 2011: 4-7) (Arribas et al, 2009: 19-20). En los países de la Unión Europea el gasto que se destina respecto al PIB para los cuidados de larga duración en cada uno de los países es muy dispar. Mientras que Suecia y Holanda encabezan el ranking de las que más porcentaje destinan, el 3,5%, los que lo hacen por debajo son Portugal y España con un 0,1% y 0,7% respectivamente.
En España para el año 2012, los gastos relacionados con la Autonomía personal y Atención a la Dependencia sufrieron un retroceso respecto del año 2011 en concreto el 6,1%, a pesar de que la representación del gasto social se incrementó pasando de ser del 59,6% al 66,4%, (Ministerio de Hacienda y AAPP, 2012: 220). En este año se eliminaron las transferencias a las comunidades autónomas con lo que se incrementó la presión sobre su déficit (Barriga, 2012: 7).
Del gasto presupuestado para este año 2013 las partidas que se llevan un mayor porcentaje son las destinadas al gasto social: pensiones, viviendas, etc. (Ilustración 1).
Ilustración 1: Proyecto de distribución del gasto presupuestado, en porcentaje sobre el total excluida la Deuda Pública para el 2013
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Fuente: La Moncloa, 2012: 13.
Respecto a la atención a la dependencia, el Estado transferirá 2.205,76 millones de euros, de los cuales 1.087,18 millones de euros corresponden a la financiación del mínimo garantizado por el Estado y 1.039,35 millones a las cuotas de los cuidadores no profesionales (PGE, 2013). Las cantidades que se han presupuestado el 2013 parecen más elevadas y representan un mayor porcentaje respecto del año 2012 (Tabla 1). Sin embargo, parte de estas cantidades están destinadas a cumplir con los compromisos adquiridos con las CCAA por el número de personas reconocidas y atendidas en el ejercicio anterior (AEDyGSS, 2013(b))
Desde la puesta en marcha del sistema el peso de la aportación estatal es menor a medida que avanza en su implantación. Se constata que el nivel mínimo garantizado que correría a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) estaría cubriendo como máximo entre un 20% y 22% de los costes netos de atención en el momento actual (Barriga, 2012: 6-7).
Tabla 1: Participación sobre el gasto total del programa de servicios sociales y promoción social relativa a la Autonomía personal y atención a la dependencia en miles de unidades monetarias
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Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos Generales del Estado de 2013 y el Informe Económico financiero de los presupuestos generales del Estado de 2012.
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En Castilla y León no existe concretamente una partida dedicada a la dependencia, sino que dentro del área de gasto de protección y promoción social hay varios subprogramas que aglutinan en su conjunto la atención a las personas que tienen algún grado de dependencia:
- Atención a las personas con discapacidad.
- Atención a las personas mayores.
- Atención a la infancia.
- Promoción y apoyo a la familia.
Este hecho hace que no se puedan estimar de una manera fiable y directa el gasto que esta Comunidad Autónoma destina a este fin. El observatorio de la dependencia realiza sus cálculos en base a la detracción de los costes totales de atención sobre las aportaciones de la Administración General del Estado (AGE). Como puede observarse en el Gráfico 1...
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