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La Administración del poder. El poder de la Administración

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Vincent
AutorIrma Losada Olmos
Páginas117-119

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Excelentísimo Señor Ministro de Justicia Don Alberto Ruiz Gallardón
Madrid

Distinguido señor:
Como es de su conocimiento, el pasado mes de enero mi familia y yo recibimos la terrible noticia del secuestro y posterior asesinato de mi hija en la selva mexicana Lacandona, por grupos paramilitares que según las autoridades locales y el gobernador de Chiapas pueden ser fácilmente localizados. Mi gran decepción, transcurrido este breve pero tortuoso tiempo, fue la nueva reforma de la Ley de Justicia Universal que ha sido llevada a cabo por el gobierno del que usted forma parte, ignorando la voluntad de los magistrados y de los ciudadanos de este país. Por este motivo, a causa de la gravedad de la situación y con el apoyo de la Audiencia Nacional, le escribo para que la causa de mi hija no quede olvidada, enterrada en un texto inconstitucional que contraviene toda normativa y acuerdos internacionales suscritos por el Estado español. A la espera de su respuesta, le saluda una madre que nunca va a olvidar lo sucedido y que utilizará todas las armas legales que estén en su mano para exigir justicia.

P.D.: Adjunto le remito el análisis de la situación y la documentación aportada por los jueces de la Audiencia Nacional que están estudiando el presente caso.

Bonnin señalaba que la Administración Pública no es un poder arbitrario, sino una autoridad legal que, de forma similar a la justicia, salvaguarda a los ciudadanos, lo que es la base del vigente Estado de Derecho. La orden de detención del expresidente chino Jiang Zemin y del exministro Li Peng, ambos miembros de la cúpula del Partido Comunista chino, por el genocidio en el Tíbet, fue el detonante para que el gobierno de Mariano Rajoy reformara la Ley de Justicia Universal. No es la primera vez que los jueces se enfrentan a recortes en sus competencias judiciales. En 2009, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos accedió a la petición de su homóloga israelí, y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hizo el primer recorte de las competencias judiciales. Un juez de la Audiencia Nacional había tenido “la

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osadía” de aceptar una querella por un atentado que pretendía matar al líder de Hamás en Gaza, pero en el que finalmente murieron 14 civiles, ocho de ellos niños. Tras la reforma restrictiva de la ley, la causa se cerró. Los jueces de la Audiencia Nacional dicen que todavía hay una docena de casos pendientes en los que hay procesados por genocidios...

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