Régimen jurídico actual de la propiedad en las costas, de Jesús González Salinas.
| Autor | Juan María Díaz Fraile |
| Cargo | Letrado de la Dirección General de los Registros y del Notariado |
| Páginas | 1401-1408 |
GONZÁLEZ SALINAS, JESÚS: Régimen jurídico actual de la propiedad en las costas.
Editorial Civitas. Madrid, 2000. Un tomo de 741 págs.
Dije en ocasión previa, refiriéndome al tema de las costas, que el mismo constituye un lugar de encrucijada entre el Derecho Público y el Derecho Privado, un terreno de fricción entre principios jurídicos contrapuestos, ámbito de desencuentro de iuspublicistas y privatistas, de abiertas disensiones doctrinales, de contradicciones jurisprudenciales, y cancha de pugilato dialéctico entre administrativistas e hipotecaristas. Y en este campo minado de dificultades se adentra, con solvencia y autoridad notorias, el autor de este libro.
Ciertamente la confusión existente en torno al tratamiento jurídico de nuestras costas, y el fuerte proceso edificatorio y urbanístico que las mismas sufrieron fundamentalmente como consecuencia del desarrollo turístico a partir de los años sesenta, con los inevitables efectos de degradación física y medioambiental que ello comporta, llegó a preocupar incluso a los redactores de nuestra Constitución, al punto de consagrar un artículo de nuestra Carta Magna al tema, sancionando el carácter de dominio público de las playas y costas y su régimen de inalienabilidad, en lo que constituyó una novedad en nuestra historia constitucional y en el Derecho constitucional comparado. Aún con todo, la cuestión sobre la demanialidad de nuestro litorial sin excepciones (-en todo caso-, dice la Constitución) no quedó del todo zanjada, ya que durante la elaboración del texto se solicitó la inclusión de una cláusula de salvaguardia expresa de los derechos adquiridos, solicitud de la que desistieron sus promotores en aras del consenso constitucional y sobre la base de entender que la interdicción de la confiscación que se contiene en la propia Constitución representa una garantía suficiente respecto de los citados derechos adquiridos. Este sobreentendido ha sido el germen de la polémica posterior, sobre la que ha venido a interferir la Ley de Costas de 1988, la cual es objeto de un análisis metódico, riguroso y exhaustivo a lo largo de las páginas del presente libro, que sin duda es el fruto maduro y. brillante de una larga dedicación al estudio de la materia por parte de su autor, y que cuenta, además, con una amplia perspectiva de doce años ya de vigencia de aquella Ley.
Pocos estudiosos del Derecho podían ofrecer mayores garantías de éxito en la empresa de presentar una visión completa y coherente del régimen jurídico actual de la propiedad en las costas que el autor de este libro. Y es que tratándose de una materia de encrucijada, como antes se dijo, entre el Dere-Page 1401cho Público y el Derecho Privado, la unidad y la lógica interna de dicho régimen sólo puede ser desvelada con claridad y profundidad por alguien que domine con solvencia y autoridad propias ambas ramas del Derecho, circunstancias que convergen en GONZÁLEZ SALINAS al presentar conjuntamente nada menos que la doble credencial de Catedrático de Derecho Administrativo y de Registrador de la Propiedad y Mercantil. Y si a ello añadimos que su dedicación al estudio del régimen jurídico de las costas se remonta a un período incluso anterior al de la obtención de su Grado de Doctor en Derecho allá por 1987, fácilmente se comprende que estamos ante una de las obras cumbre de la literatura jurídica contemporánea en materia de dominio público.
La lectura del libro se encuentra facilitada por su autor al presentarnos el tema que le sirve de objeto en su introducción, que leída de nuevo después de la lectura completa del libro, se aprecia como una síntesis magistral de su contenido. Allí nos dice GONZÁLEZ SALINAS que son objeto del mismo las especialidades que el régimen de la propiedad privada ofrece por razón de su ubicación en las costas, por su proximidad o confrontación con el dominio público marítimo-terrestre. Destaca el autor el impacto que sobre esta materia supuso la actual legislación de costas de 1988 a través de un efecto que no duda en calificar de -nacionalizador-, por medio de dos vías: de un lado, la de la inclusión de suelo que antes no lo era en la definición de la zona marítimo-terrestre y de las playas e incluyendo en el dominio público los acantilados; por otro, mediante la supresión de los enclaves privados, a cuyos propietarios convierte en simples concesionarios, en virtud de unas complejas y discutidas disposiciones de Derecho transitorio.
Además, la -vis expansiva- que experimenta el dominio público litoral se proyecta sobre las propiedades privadas colindantes en forma de servidumbres y limitaciones legales, que amplían en extensión e intensidad las históricamente existentes, algunas de las cuales son activas y otras latentes, como la consistente en la declaración de utilidad pública de todas las fincas que se encuentren en la llamada zona de servidumbre de protección a efectos de su eventual expropiación. Precisamente de esta expansión deriva el interés que presenta el estudio de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Costas, que el autor aborda impecablemente con un profundo estudio de toda la casuística que las mismas presentan, pudiéndose afirmar sin riesgo de error que el libro agota la materia en este terreno, en el que no deja cabo suelto.
Amplio es también el desarrollo del libro en lo tocante al estudio de los distintos instrumentos que la Ley de Costas arbitra para garantizar la defensa e integridad del dominio público litoral, en cuyo terreno diferencia tres ámbitos institucionales diferentes: la estricta regulación a que se somete su desafectación, su caracterización como bienes indisponibles y, en último lugar, la que el autor denomina -amplia panoplia de instrumentos defensivos frente a posibles usurpaciones-, entre los cuales destaca la figura del deslinde y la Institución del Registro de la Propiedad, como garante de la legalidad, tanto de los actos administrativos que tengan por objeto el espacio físico del litoral, como del tráfico jurídico privado que se desenvuelva en el mismo.
A través de los ejes que se acaban de apuntar, GONZÁLEZ SALINAS articula un cuerpo de doctrina que contiene y sistematiza todo el régimen jurídico actual de la propiedad de las costas, para lo que divide su exposición en un total de ocho capítulos.
En el capítulo I, el autor expone una sistematización o clasificación de los distintos bienes que conforman el dominio público litoral, distinguiendo tresPage 1402 categorías: el dominio público artificial, el dominio público natural y el dominio público por actos de incorporación, en cuyo estudio resulta de especial valor su análisis de Derecho transitorio, así como las numerosas referencias que se hacen a la evolución de la legislación histórica en la materia, sobre la que GONZÁLEZ SALINAS nos anuncia la preparación de otro libro ya en curso. El capítulo II se consagra al estudio del dominio público natural, y en él se acredita...
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