Actuaciones en materia de transparencia y gobierno abierto en Castilla y León
| Autor | Marta López de la Cuesta |
| Cargo | Directora General de Análisis y Planificación de la Consejería de la Presidencia. Junta de Castilla y León |
| Páginas | 1-16 |
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Las relaciones de los gobernantes con la sociedad, la transparencia en la actividad pública, la participación de los ciudadanos en la acción de gobierno pueden cambiar radicalmente con la aparición de las nuevas tecnologías.
Internet, las páginas web, las redes sociales, son herramientas que hacen posible que los ciudadanos puedan conocer en tiempo real las decisiones que se toman, e incluso participar de alguna manera en la adopción de esas decisiones. Esta realidad está en la base del Gobierno Abierto.
El Gobierno Abierto consiste fundamentalmente en abrir, a través de Internet, la gestión de los asuntos públicos a los ciudadanos, de forma que estos puedan, de una parte, tener un mayor conocimiento, información y control sobre las actuaciones de los políticos y gestores públicos, y de otra intervenir, colaborar y participar en la gestión pública.
El Gobierno Abierto cuenta hoy con importantes experiencias comparadas. Su formulación con mayor impacto internacional partió del Memorándum sobre Transparencia y Gobierno Abierto, presentado por el Presidente de los EE.UU. en enero de 2009. Otras naciones como Reino Unido, Australia o Finlandia ofrecen también iniciativas de Gobierno Abierto ya asentadas. Unas experiencias comparadas que, por supuesto, están directamente vinculadas a Internet, a las nuevas tecnologías. Éstas ofrecen oportunidades que hasta hace poco no podíamos siquiera imaginar.
Los principios y las propuestas más importantes del modelo de Gobierno Abierto se encuentran ya presentes en relevantes documentos de la Unión Europea. Entre ellos podemos destacar la Directiva 2003/98/CE sobre reutilización de la información del sector público; la Declaración Ministerial de Granada para la Agenda Digital Europea de abril de 2010 o la Comunicación de la Comisión Europea Datos Abiertos, «Un motor para la innovación, el crecimiento y la gobernanza transparente», de diciembre de 2011.
España ha impulsado diferentes iniciativas legislativas en este ámbito, destacando, entre otras: la Ley 27/2006, de 18 de julio, que incorpora en el ordenamiento jurídico español las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, y los conteni-
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dos de la Convención de Aarhus de 1998 regulando los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la Información del Sector Público, recoge para España las disposiciones de la Directiva 2003/98/CE. Y por supuesto la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 8, establece el conjunto de derechos y deberes contemplados por la Constitución y el ordenamiento internacional al que estamos vinculados y atribuye a los poderes públicos de Castilla y León la responsabilidad de facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Por otro lado, en su artículo 11 establece el derecho general de participación en los asuntos públicos, y en el artículo 12 contempla el derecho de los ciudadanos a una buena Administración, reflejado de manera más específica en el derecho a recibir información suficiente, a acceder a los archivos y registros administrativos o a la formulación de quejas.
Y además, en el artículo 16.21 establece como principio rector de las políticas públicas la plena incorporación de Castilla y León a la sociedad del conocimiento y al uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Estas previsiones estatutarias se han desarrollado parcialmente a través de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, que contempla como principios generales de actuación los de orientación al ciudadano, eficiencia, modernización e innovación, mejora continua, anticipación o proactividad y, sobre todo, los de transparencia, participación ciudadana y colaboración, cooperación y coordinación.
Además, permite la reutilización de la información pública, incorporando los principios de datos abiertos (open data) y contempla de manera expresa el derecho de los ciudadanos a participar en la elaboración, aplicación y evaluación de las políticas públicas de la Administración autonómica.
Las demandas de los ciudadanos hacia sus administraciones, en relación con las nuevas tecnologías, se han ido incrementando con el paso del tiempo. En un primer momento se demandaba simplemente información, y las páginas web se centraron en ese objetivo. Hoy día prácticamente toda la información de las actuaciones de la Administración está en sus páginas web, el reto es organizarlas de forma que los ciudadanos encuentren lo que buscan.
En un momento posterior se empezó a trabajar en el ámbito de la administración electrónica, y en ello estamos avanzando. En habilitar los mecanismos para que los trámites que realizan los ciudadanos en sus relaciones con la
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Administración se puedan gestionar a través de las nuevas tecnologías. Es cierto que todavía queda camino por recorrer, pero los avances son evidentes.
Y el Gobierno Abierto es un paso más allá. Es importante destacar la diferencia entre administración electrónica y Gobierno Abierto.
La administración electrónica tiene como finalidad que los ciudadanos puedan realizar sus trámites con la administración de forma telemática. Afecta, por tanto, a la administración propiamente dicha, a los procedimientos administrativos que se tramitan por la Administración.
El Gobierno Abierto se centra en la acción de gobierno, consiste en acercar el gobierno a los ciudadanos, con transparencia, y fomentando la participación y la colaboración de dichos ciudadanos en la acción de gobierno.
La implantación de modelos de Gobierno Abierto se suele sustentar en tres pilares: transparencia, participación y colaboración. Sin duda la transparencia es no sólo el primer pilar, sino la piedra angular que hace posible la participación y la colaboración. Es evidente que no se puede participar y colaborar en proyectos o acciones de gobierno que no se conocen, por ello la transparencia es el principio al que más atención han prestado los gobiernos.
La Junta de Castilla y León está impulsando la implantación de un modelo de Gobierno Abierto. El proyecto nace como respuesta al compromiso que formuló el Presidente de la Junta, D. Juan Vicente Herrera Campo, en el discurso de investidura de junio de 2011. Allí se comprometió a poner en marcha el Gobierno Abierto en la Junta de Castilla y León a lo largo del año 2012, es decir, en el primer año completo de la legislatura autonómica. En ese momento sólo una Comunidad Autónoma, País Vasco, estaba trabajando en un proyecto similar, denominado «Irekia», por tanto las referencias existentes eran escasas.
Una verdadera apuesta por un Gobierno Abierto exige asumir un verdadero compromiso político que vaya más allá de publicar información en una página web, que hoy está y mañana puede desaparecer sin que nadie esté obligado a responder por ello.
Ese compromiso político se concretó en la aprobación del Acuerdo 17/2012, de 8 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se pone en marcha el Modelo de Gobierno...
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