¿Abolicionismo penal latinoamericano?
| Autor | Roberto Bergalli/Iñaki Rivera Beiras |
| Páginas | 143-154 |
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Tocar el tema del abolicionismo es una tarea complicada en cualquier lugar, sin embargo, en algunos ámbitos es más difícil aún. Si en los «centros» —en términos de Prebisch (1981)— este discurso es cues-tionado, en Latinoamérica algunos consideran que la adopción de esta corriente para «nuestro margen» sería absurda, debido a las grandes desigualdades sociales y los altos índices de violencia que padece la región. No obstante, consideramos que estas circunstancias, lejos de constituirse en razones para descartar el plan-teo abolicionista, se yerguen más bien como un imperativo para repensar el abolicionismo en Latinoamérica no sólo como una «utopía», en el sentido más positivo e impulsador del término, tal como hermosamente lo expresa Galeano (1993) —la utopía como horizonte—;1sino, sobre todo, es para nuestra América una necesidad histórica.
Latinoamérica ha sido objeto —durante unos cinco siglos— de constantes incorporaciones históricas forzadas, le han sido impuestos modelos que no son producto de un desarrollo propio o autóctono y que obedecen a los intereses de las potencias centrales. Los centros han sostenido su bien-estar y «desarrollo» a costa de la periferia, imponiendo una cosmovisión, procesos y praxis determinados, que operan en su propio beneficio. Entre estas imposiciones nos encontramos con las formas-Estado, con el capitalismo y el sistema penal que las protege y coadyuva a la reproducción de sus relaciones y procesos. Estas formas, si bien en apariencia son comunes en los centros y las periferias, difieren en mucho entre los primeros y las segundas; sin embargo, los discursos legitimantes en ambos espacios geográficos siempre son los mismos. Así, por ejemplo, durante las cuatro grandes fa-
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ses de expansión del capitalismo puede apreciarse cómo en la primera de ellas, en la que nace el Estado Absoluto y el mercantilismo económico, ambas formas fueron sostenidas materialmente por los saqueos genocidas realizados en Latinoamérica; en la segunda fase, que tiene como forma política el Estado Liberal, los centros se disputan entre sí su hegemonía, allí las potencias ibéricas salen perdiendo ante las potencias del norte de Europa, las cuales mediatizan los movimientos independentistas de Latinoamérica en pro de sus intereses y llevan a cabo un neo-colonialismo; después de la segunda guerra mundial, el centro se desplaza de Europa a EE.UU., en este momento comienza la tercera fase que tiene como forma política el Estado de Bienestar, que sirvió para calmar al proletariado europeo a través de beneficios sociales financiados gracias a la explotación de la periferia, mientras, que en ésta el «bienestar» no llegaba y en lugar de ello surge, por un lado, el experimento populista latinoamericano (aún en desarrollo), y por el otro, las dictaduras militares que impusieron por la fuerza en la región la siguiente fase de expansión capitalista que vivimos hoy en día: el neoliberalismo (Zaffaroni,1989; Wallerstein, 1995; Amin, 2001; Sousa, 2003).
Durante todas estas fases el discurso legitimador del castigo fue siempre el mismo tanto en el centro como en la periferia: comenzó con la justificación religiosa (delito-pecado), luego racional (retribucionismo ético y jurídico), y final-mente utilitaria-funcional (la prevención). En ocasiones el discurso legitimante y teorizado proveniente de los centros no se reproduce tal cual en la periferia, y termina convirtién-dose más bien en actitudes e ideologías no tan elaboradas, que igual justifican el actual estado del sistema penal. Estas imposiciones del discurso legitimador se hacen efectivas en nuestro margen latinoamericano a pesar de que en éste la operatividad, selectividad y violencia de las formas institucionales han sido y son muchísimo más brutales que en los centros, ya que no goza de los beneficios sociales y materiales del sistema-mundo —lo que reproduce y aumenta la clientela de los sistemas penales: los pobres—, pero tiene lugares privilegiados para la recepción de sus ideologías dominantes y sus formas de control.
Estos discursos legitimadores pudieran tolerarse un poco más en el centro, donde la selectividad opera contra algunas
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minorías, especialmente étnicas, pero en Latinoamérica la situación es otra, debido a que la selectividad del sistema opera contra sus grandes mayorías desposeídas. Los sistemas penales latinoamericanos se caracterizan, entre otras cosas, por la disparidad respecto a los discursos jurídico-penales y su realidad operativa, que es suma y evidentemente violenta, mucho menos sutil que la de los países centrales. El descontrol del sistema, las patéticas condiciones de la vida carcelaria, la prisión preventiva como casi único castigo, la violencia policial normalizada, las ejecuciones extrajudiciales, el terrorismo de Estado y un largo etcétera, denotan el predominio de un «sistema penal subterráneo» (Aniyar, 1987). Esta situación hace que la realidad de los sistemas penales latinoamericanos sea más deslegitimante que cualquier teoría.
Pero además de la grave situación de nuestros sistemas penales latinoamericanos y de nuestra condición periférica, hay otro motivo por el cual consideramos necesario hablar de abolicionismo desde Latinoamérica: la actual situación política de la región.
En líneas anteriores comentamos que el experimento populista se encuentra aún en desarrollo en la región. Ante esta afirmación, es necesario resaltar que este término también ha sido construido por los centros para usarlo de manera peyorativa hacia formas de hacer política cercanas a las masas populares; Laclau (2005) describe didácticamente cómo las élites han estigmatizado los movimientos sociales y a sus dirigentes a través de la utilización de este término. En este sentido este autor explica que el populismo no tiene ninguna unidad referencial porque no está atribuido a un fenómeno delimitable, sino a una lógica social cuyos efectos atraviesan una variedad de fenómenos. El populismo es simplemente un modo de construir lo político, puede entenderse también como la forma de la constitución de...
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