Del abogado autónomo al abogado trabajador por cuenta ajena: la relación laboral especial de los abogados al servicio de despachos profesionales

La concurrencia de las notas de laboralidad reseñadas es lo determinante para calificar una relación jurídica como relación laboral (ex art. 1.1 ET). Sin perjuicio de la importancia de las otras notas tipificadoras del contrato de trabajo en la delimitación del carácter laboral de la prestación de servicios de los abogados (personalidad, voluntariedad y ajenidad), la doctrina y los tribunales laborales han centrado la línea divisoria entre el trabajo autónomo y el trabajo dependiente y por cuenta ajena en la nota de la dependencia⁵⁴, tal y como se verá a continuación.

La nota de la dependencia adquiere peculiares connotaciones en las profesiones liberales, que están sujetas a la lex artis o reglas técnicas de ejecución del trabajo, reglas éstas que confieren al letrado la independencia técnica⁵⁵. Independencia ésta que consagran los artículos 542.2 LOPJ y 1.1 EGAE y, que reitera la DA 1ª Ley 22/2005 «..., y ello sin perjuicio de la libertad e independencia que para el ejercicio de dicha actividad profesional reconocen las leyes o normas éticas o deontológicas que resulten de aplicación».

Con respecto a la profesión liberal de la abogacía, la jurisprudencia entendió, en un primer momento, que la independencia técnica y funcional que debe presidir la prestación de servicios de los abogados era incompatible con el sometimiento del abogado al poder de dirección y organización empresarial. En efecto, la autonomía intelectual impedía que en una relación pudieran apreciarse los indi-Page 163cios tipificadores de la dependencia⁵⁶. La progresiva incorporación de los abogados a las empresas obligó a la jurisprudencia a atenuar la noción de dependencia, comenzando a esbozarse un concepto flexible de dependencia. El concepto de dependencia característico del contrato de trabajo se adaptará para hacerse compatible con las condiciones de ejercicio de las profesiones liberales⁵⁷. Es más, esta también será la razón para redefinir el concepto de dependencia en el Estatuto de los Trabajadores, como inserción de un trabajador en el «círculo rector y disciplinario» del empleador o empresario.

Al respecto, tal y como señala el profesor De la Villa Gil «la dependencia, en cuanto concepto jurídico unitario, es un presupuesto del trabajo que disciplina el Derecho español del trabajo; toda relación de trabajo es una relación dependiente, aunque no todas sean dependientes con la misma intensidad -pues el poder de organización se integra de una serie de facultades concretas, alguna de las cuales puede faltar o quedar paliada-, ni con las mismas e iguales formas, de exteriorización, y pese, pero último, a que alguna de tales formas, o incluso alguna de aquellas facultades, concurran en muy diversas relaciones extralaborales»⁵⁸.

En definitiva de lo que se trata es de valorar el trabajo de los abogados con los mismos parámetros utilizados para medir la laboralidad del resto de los trabajadores asalariados.

Así, tal y como ha puesto de manifiesto la doctrina, la jurisprudencia recurre al método indiciario a la hora de enjuiciar cada caso concreto, y determinar la laboralidad o liberalidad de la prestación de servicios de los abogados. Ahora bien, en el supuesto de la relación laboral especial puede afirmarse siguiendo a Rodríguez-Piñero que «los indicios y notas de dependencia pueden darse incluso más acentuadamente que en el trabajo del abogado al servicio de una empresa» que no sea un despacho de abogados, ya que «la cualificación profesional del abogado juega de forma directa, dado que el empleador voluntariamente se sujeta o sigue los criterios y asesoramiento de su abogado-empleado, en cuyo conocimiento técnico confía», mientras que en los despachos, sus titulares son también abogados y por tanto, «conocedores del oficio»⁵⁹.

La doctrina y los tribunales laborales han considerado como indicios de dependencia laboral la prestación de servicios de los abogados en el centro de trabajo del que es titular el empresario y que posibilita la vigilancia del trabajador por el empresario; la exclusividad y preferencia; el sometimiento a un horario de trabajo y jornada predeterminados; el disfrute de permisos, descansos y vacaciones; la retribución de carácter fijo y periódico; el acatamiento de órdenes e instrucciones en el desarrollo de la prestación de servicios; la facilitación al abogado de los medios materiales y personales necesarios para el desempeño de su tareas; la afiliación a la Seguridad Social; la duración y permanencia de la relación de servicios; la concesión de un apoderamiento a su nombre para disponer de cuentas bancarias de la empresa; el hecho de que el objeto de la empresa consista principalmentePage 164en el asesoramiento jurídico, lo que hace presumir la necesidad de contar en su plantilla con profesionales del Derecho, etc⁶⁰.

Los indicios de dependencia apuntados son valorados por los órganos jurisdiccionales de manera conjunta, sin que ninguno de ellos pueda considerarse por sí sólo determinante de la laboralidad de la prestación de servicios de la abogacía. En tal caso, tal y como señala el profesor Sempere Navarro «la nota de dependencia no se somete a automatismos o fórmulas rígidas y, desde luego tampoco se trata de que concurran todos y cada uno de los indicios señalados para calificar la relación de laboral sino de que a su través accedamos a la conclusión de que existe la típica sumisión del trabajador a los poderes del empleador laboral»⁶¹.

Tal y como se acaba de señalar, el problema de los despachos de abogados con sus abogados-colaboradores es que el titular del despacho era remiso a considerar la relación laboral, prefiriendo recurrir al contrato de arrendamiento de servicios. A ello se unía que respecto de la abogacía, existía «una especie de conciencia forense contraria a la laboralización de estos servicios que se traduce en la relegación a un segundo plano del supuesto de ejercicio profesional encuadrado en la organización y régimen disciplinario de una empresa»⁶⁷. En este sentido, Rodríguez- Piñero señala que «la peculiaridad ha podido estar en un cierto prejuicio, sin base legal pero con apoyo jurisprudencial, de considerarPage 166como regla la condición de profesional liberal del abogado y como excepción su laboralidad, con el consiguiente debilitamiento de la presunción de laboralidad y la imposición de mayor carga al abogado de demostrar la cuestionada naturaleza laboral de su relación de servicios alegando y probando las circunstancias concretas de las que deducir esa laboralidad»⁶⁸.

Sin embargo la jurisprudencia más reciente ha dejado clara la aplicación a la relación contractual del abogado de la presunción iuris tantum de laboralidad del art. 8.1 ET⁶⁹, aplicabilidad que se torna indiscutible con el nacimiento de esta nueva relación laboral especial (STS 3 mayo 2005 RJ 2005/5786 fj 5º). Además, la relación jurídica que une a los abogados con los despachos en los que presta servicios será laboral dependiendo de su naturaleza jurídica, determinada por el contenido real de las prestaciones concertadas y de la concurrencia de los presupuestos que legalmente determinan el tipo contractual, y no del nomen iuris que las partes le hayan otorgado⁷⁰.

En este punto, quizás convenga poner de manifiesto que pese a seguir hablándose de presunción de laboralidad, la doctrina laborista ha sostenido que más que una presunción es un «criterio de favor hacia la naturaleza laboral de la relación de servicios»⁷¹. En este sentido afirma Rodríguez-Piñero Royo que «si se cumplen todos los requisitos fijados por el artículo 8.1, nos encontramos ante un verdadero contrato de trabajo, pero no porque se presuma por mandato legal, sino porque se cumplirían todos los requisitos legalmente fijados para la existencia de este tipo de contrato»⁷².

El concepto de abogado se desprende de lo dispuesto en la LOPJ y en el EGAE, así conforme al art. 542 LOPJ «corresponde en exclusiva la denominación y función de abogado al Licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico». Dicho concepto puede albergar la duda de si quedarían incluidos en la relación laboral especial los abogados inscritos en los colegios profesionales como no ejercientes. Incógnita que debe despejarse en el sentido de que la nueva relación laboral sólo afecta a abogados ejercientes ya que el art. 9.1 EGAE es claramente taxativo al decir que «son abogados quienes, incorporados a un Colegio español de Abogados en calidad de ejercientes y cumplidos los requisitos necesarios para ello, se dedican de forma profesional al asesoramiento, concordia y defensa de los intereses jurídicos ajenos, públicos o privados»⁷⁶. Corroborándose dicha afirmación en el párrafo segundo del citado precepto al afirmar que «corresponde en exclusiva la denominación y función de abogado a quienes lo sean de acuerdo con la precedente definición, y en los términos previstos por el artículo 436 (actual 542) de la LOPJ»⁷⁷.

Como consecuencia de la exigencia de la condición de abogado, debe sostenerse que todo abogado «ejerciente», con experiencia o sin ella, que preste sus servicios para un despacho deberá ser contratado como relación laboral especial, con independencia de que para el abogado novel se haya previsto la modalidad de contrato de trabajo en prácticas del art. 11 ET (desarrollado reglamentariamente por el art. 9 RD 1331/2006)⁷⁸. Téngase en cuenta que las relaciones entre pasante (sea éste un Licenciado en Derecho o un novel abogado en ejercicio) y el despacho de abogados encajan en los supuestos de laboralidad del art. 1.1 ET. Ahora bien, en un caso como relación laboral común y, en el otro, como contrato en prácticas conforme a lo dispuesto en el art. 6 RD 1331/2006⁷⁹.

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En la actualidad los requisitos exigidos para el acceso a la abogacía son: el título de Licenciado en Derecho o los títulos extranjeros que hayan sido homologados (art. 542.1 LOPJ, art. 6 y 13.1 c) EGAE); prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución Española y al resto del ordenamiento jurídico (art. 544.1 LOPJ, art. 16.1 EGAE); y, la incorporación a un colegio español de abogados en calidad de «abogado ejerciente» (art. 544.2 LOPJ, art. 9.1 EGAE).

En este punto deben tenerse presente dos circunstancias que incidirán con profusión en la regulación ad futurum del acceso a la colegiación y por ende, en la relación laboral especial, siendo ambas consecuencia de la integración en la Unión Europea y siendo su objetivo -común- el de garantizar la fluidez en la circulación y el establecimiento de estos profesionales⁸⁰. La primera, como consecuencia de la integración en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, el título de Licenciado en Derecho conforme al RD 1424/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el Título Universitario Oficial de Licenciado en Derecho y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a su obtención y homologación, se verá sustituido por el título de Grado⁸¹.

La segunda, conforme a lo dispuesto en la nueva Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, será requisito imprescindible para la colegiación en los correspondientes colegios profesionales la obtención del título profesional de abogado (art. 1.4 Ley 34/2006)⁸². La Ley 34/2006 tiene como objetivo la formación profesional práctica y la necesaria homogeneidad en la evaluación de tal capacitación para equipararse a los profesionales de la UE.

Así, conforme a lo dispuesto en el art. 2 Ley 34/2006 tendrán derecho a obtener el título profesional de abogado las personas que se encuentren en posesión del título universitario de licenciado en Derecho, o del título de grado que le sustituya y que acrediten su capacitación profesional mediante la superación de la correspondiente formación especializada y la evaluación regulada por esta ley. Añade el art. 4.2 de la citada Ley que «constituirán requisitos indispensables para la acreditación de los referidos cursos que éstos comprendan la realización de un período de prácticas externas» y que incluyan la realización de la evaluación de la aptitud profesional, que tiene por objeto «acreditar, de modo objetivo, formación práctica suficiente para el ejercicio de la profesión de abogado –, así como el conocimiento de las respectivas normas deontólogicas y profesionales».

Concluyendo, con el nuevo régimen impuesto en la Ley 34/2006 de acceso a la profesión de abogado, el título profesional de abogado, que será necesario para el ingreso en los correspondientes Colegios profesionales, es necesario estar en posesión del título de Licenciado en Derecho (o el título de grado que le sustituya) y obtener la capacitación profesional.

La capacitación profesional consiste en superar un curso de formación especializada, que incluye un período de prácticas externas, y superar las pruebas de evaluación. De la nueva ley de acceso a la abogacía puede des-Page 169tacarse que la ley remarca la importancia de la formación práctica de estos profesionales para garantizar su capacidad de prestar la asistencia jurídica necesaria en aras a garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el art. 24 CE. La nueva ley conjuga la formación universitaria con la práctica profesional haciendo especial hincapié en este último extremo⁸³.

A efectos de la delimitación de la relación laboral especial de la abogacía conviene dejar constancia que las prácticas externas conducentes al título profesional de abogado, previstas en el art. 6 de la Ley 34/2006, «en ningún caso implicarán relación laboral o de servicios»⁸⁴. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la DA 2ª RD 1331/2006 prevé la posibilidad de deducir de la duración del contrato en prácticas el tiempo invertido en la realización de las prácticas profesionales previstas en el art. 6 Ley 34/2006.

El art. 1 RD 1331/2006 incide de manera superlativa en la delimitación negativa. Así, tal y como se verá a continuación, primero esboza unas «pautas de exclusión» y, posteriormente, puntualiza (intenta aclarar) esas pautas, al incorporar una lista compleja de exclusiones.

Siguiendo en este punto al Consejo de Estado debe afirmarse que el ámbito de aplicación de la relación especial corresponde delimitarlo a la Ley 22/2005⁸⁵. De ahí que el desarrollo reglamentario deba ajustarse al precepto legal y que su contenido no pueda añadir nada nuevo a la norma legal.

Tal y como se sostuvo al iniciar el estudio de este epígrafe, la DA 1ª de la Ley 22/2005 exige la concurrencia de tres requisitos para calificar el vínculo contractual como relación especial: que exista un contrato de trabajo con las notas que le son propias según el art. 1.1 ET; que el trabajador sea un abogado y que la actividad profesional pactada sea la propia de la abogacía (de acuerdo con lo establecido en el EGAE); y, que la entidad empleadora sea un despacho de abogados individual o colectivo. A continuación, el estudio se centrará en la delimitación del tercer requisito, esto es, que la entidad empleadora sea un despacho de abogados individual o colectivo. Téngase en cuenta que, tal y como se afirmó en otro momento, la importancia del bufete de abogados como sujeto empresarial y por ende, la relación triangular (bufete, cliente, abogados) son a nuestro entender, los principales criterios delimitadores de la especialidad de la relación laboral.

Tanto la DA 1ª Ley 22/2005 como el art. 1.1 RD 1331/2006 atribuyen la condición de empleador a los despachos de abogados, individuales o colectivos y, para ello emplean un concepto de despacho de abogados exacto al utilizado en el art. 1 ET para definir el término jurídico-laboral de empresario o empleador. De estos preceptos se deduce que los abogados que presten sus servicios a empleadores distintos de los despachos de abogados, quedarán sometidos -si concurren las notas de laboralidad del art. 1.1 ET- a una relación laboral común¹⁰⁹.

Los apartados 2 y 3 del art. 4.2 RD al delimitar el concepto de empleador, afirma nuevamente que serán empleadores «quienes sean titulares de despachos de abogados,Page 175individuales o colectivos». Además, en su intento de clarificar el ámbito subjetivo de la relación especial esboza el concepto de despacho colectivo y, a su vez, asimila a éstos los despachos multiprofesionales legalmente constituidos.

Las normas auténticas para definir los despachos de abogados son las profesionales, de ahí que haya que estar a lo dispuesto en los arts. 27 y 28 EGAE. Así, son despachos individuales, aquellos cuya titularidad corresponde a un único abogado, aunque éste haya constituido una sociedad unipersonal (art.27.1 EGAE)¹¹⁰. Por su parte, un despacho es colectivo cuando agrupa a dos o más abogados, «bajo cualquiera de las formas lícitas en derecho, incluidas las mercantiles» (art. 28.2 EGAE)

La distinción entre despachos individuales y colectivos, efectuada por la ley y reiterada por la norma reglamentaria, «posiblemente tenía sólo la intención de dejar claro que, conforme al EGAE, el despacho seguía siendo individual, en razón de su titular único, aunque en su seno trabajara un colectivo de abogados al servicio de aquél, y que lo que hace colectivo a un despacho es el ejercicio compartido de forma colectiva de la Abogacía mediante «agrupación bajo cualquiera de las formas lícitas en Derecho, incluidas las sociedades mercantiles»¹¹¹.

Secundando el criterio utilizado por la norma profesional¹¹², el art. 4.2 RD considera despacho colectivo «aquel cuya titularidad corresponda conjuntamente a dos o más abogados agrupados, en régimen societario o bajo cualquier otra forma admitida en derecho para el ejercicio profesional de la abogacía de forma conjunta, siempre que así aparezcan identificadas ante los clientes y se atribuyan a la sociedad que eventualmente pudieran constituir los derechos y obligaciones inherentes a la relación establecida con los clientes». Del citado precepto se deducen la existencia de tres requisitos para poder hablar de despacho colectivo, a saber: 1) la agrupación en régimen societario o bajo cualquier otra forma admitida en derecho para el ejercicio profesional de la abogacía de forma conjunta; 2) la identificación conjunta ante los clientes; 3) la atribución a la sociedad que eventualmente pudieran constituir los derechos y obligaciones inherentes a la relación establecida con los clientes. Mientras que los dos últimos requisitos no precisan mayor aclaración, si conviene detenerse en lo que ha de entenderse por «agrupación en régimen societario o bajo cualquier otra forma admitida en derecho»¹¹³.

Siguiendo al profesor Sempere Navarro puede afirmarse que el despacho colectivo puede adoptar la forma de sociedad persona-Page 176lista (civil o colectiva), sociedad mercantil capitalista (anónima o de responsabilidad limitida), sociedad laboral de abogados y, cooperativa de abogados en régimen de trabajo asociado.

Tal y como se acaba de señalar, la interpretación auténtica del concepto despacho colectivo debe extraerse de las normas profesionales, así uno de los requisitos exigidos al despacho colectivo por el art. 28.2 EGAE es que «la agrupación habrá de tener como objeto exclusivo el ejercicio profesional de la abogacía y estar integrada exclusivamente por abogados en ejercicio, sin limitación de número...». Dicho requisito de constitución de los despachos colectivos excluye de tal concepto a la sociedad multiprofesional, definida en el art. 29.1 b) EGAE como aquella agrupación que «tenga por objeto la prestación de servicios conjuntos determinados, incluyendo servicios jurídicos específicos que se complementen con los de las otras profesiones».

En clara contradicción con la regulación contenida en las normas profesionales, el art.4.3 RD asimila a los despachos de abogados -sólo a efectos de lo previsto en este Real Decreto- «los despachos multiprofesionales legalmente constituidos que incluyan entre los servicios profesionales que ofrezcan a sus clientes, los correspondientes al ejercicio profesional de la abogacía, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para esta forma de ejercer la profesión de abogados en las normas que regulan la misma»¹¹⁴.

Pese a las advertencias del Consejo de Estado, el texto definitivo de la norma reglamentaria persiste en la redacción original en clara contradicción con la regulación contenida en el EGAE, lo que ha sido duramente criticado por la doctrina, al entender que el Gobierno se ha extralimitado en la definición del sujeto empleador, lo que genera no sólo dudas de legalidad sino también una diferencia de trato injustificada entre los profesionales al servicio de estas sociedades¹¹⁵.

La Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales intensificará la regulación jurídica del ejercicio colectivo de la abogacía. Así, conforme a lo dispuesto en el art. 1.1. Ley 2/2007, «las sociedades que tengan por objeto social el ejercicio en común de una actividad profesional deberán constituirse como sociedades profesionales»¹¹⁶, ahora bien, esta norma es flexible, en el sentido de que permite la constitución de las sociedades profesionales con arreglo a cualquiera de las formas societarias actualmente vigentes, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Profesionales.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, puede afirmarse que los despachos colectivos de abogados y las sociedades multi-Page 177profesionales aludidos en el art. 4.2 y 3 RD 1331/2006 deberán constituirse en sociedades profesionales o sociedades multidisciplinares¹¹⁷.

La razón de ser de esta nuevas sociedades profesionales se extrae de la Exposición de Motivos de la norma cuando afirma que la ley «tiene por objeto posibilitar la aparición de una nueva clase de profesional colegiado, que es la propia sociedad profesional, mediante su constitución con arreglo a esta Ley e inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio Profesional correspondiente. Para ello, se establece una disciplina general de las sociedades profesionales que facilite el desarrollo de esta franja dinámica de nuestro sistema social y económico y con tan acusada incidencia en los derechos de sus clientes. Así pues, la creación de certidumbre jurídica sobre las relaciones jurídico-societarias que tienen lugar en el ámbito profesional se constituye en uno de los propósitos fundamentales que persigue la nueva Ley. Junto a éste, se hace preciso consignar un adecuado régimen de responsabilidad a favor de los usuarios de los servicios profesionales que se prestan en el marco de una organización colectiva»¹¹⁸.

Sin perjuicio de su aplicación posterior, puede afirmarse la ley consagra la responsabilidad que con carácter ilimitada asumen los profesionales directamente intervinientes en los asuntos de que se derive, con independencia de cuál sea la fórmula jurídica elegida, siendo extensiva incluso al ejercicio colectivo de la actividad sin constituirse en sociedad. Esto significa que el ejercicio de una actividad profesional en este país supone la asunción de forma universal e ilimitada de todos los riesgos derivados de la misma, y por tanto la circulación de todo el patrimonio personal y familiar de los intervinientes¹¹⁹.

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[1] Sobre la historia de la abogacía, GARCÍA DE ENTERRÍA, E., prólogo en el libro de L. Martí Mingarro, El abogado en la historia. Un defensor de la razón y de la civilización, Civitas, Madrid 2001, p. 10, señala que «la abogacía romana se muestra perfectamente desarrollada, acorde con su papel central en el alumbramiento y perfeccionamiento del sistema jurídico. Surge aquí la abogacía como profesión, insertada en su gran creación del proceso como instrumento aplicativo de la justicia».

[2] RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M., «La Constitución Española y la abogacía», Diario La Ley, núm. 5907, 4 diciembre de 2003, p. 1, http://www.laley.net.

[3] En términos semejantes, MARTÍ MINGARRO, L., El abogado en la historia, cit., 159. Añadiendo en la p. 161 que «el compromiso del abogado es el compromiso del análisis, el compromiso del sentido de lo justo, el compromiso de la razón».

[4] BANACLOCHE PÉREZ, J., La tributación de los profesionales liberales, Madrid 1980, p. 13, advierte de la dificultad que plantea la reducción a términos jurídicos de esta expresión, al ser un término acuñado por el lenguaje popular.

[5] El ejercicio de la abogacía se liberaliza definitivamente por el Real Decreto de 31 de marzo de 1863, con lo que «la abogacía gana su perfil moderno, que hará valer sobre todo con su papel preponderante en la sociedad burguesa, como defensor de derechos y libertades al servicio del ciudadano», al respecto, véase, GARCÍA DE ENTERRÍA, E., prólogo al libro de L. Martí Mingarro, El abogado en la historia. Un defensor de la razón y de la civilización, cit., p. 13.

[6] Definición recogida en los Estatutos del Secretariado Europeo de las Profesiones Liberales, Independientes y Sociales, citada por MAMBRILLA RIVERA, V. M., «Régimen general de las profesiones paramédicas», AA.VV., Libre circulación de profesionales liberales en la CEE, Valladolid 1991, p. 203. El profesional liberal puede también definirse, «sobre la base de varias definiciones propuestas en la doctrina» como «quien estando en posesión de un título acreditativo de su formación o cualificación profesional (técnica o intelectual) y previa su inscripción en un registro ad hoc o colegio profesional, presta habitualmente, a título de profesión, servicios, preferentemente intelectuales, a favor de un tercero, a cambio de una remuneración y sin vínculo de dependencia respecto del mismo», LUJÁN ALCARAZ, J., La contratación privada de servicios y el contrato de trabajo, MTSS, Madrid 1994, p. 439.

[7] DELGADO GONZÁLEZ, A. F., Las sociedades profesionales: (el ejercicio en común de las profesiones en España: sus aspectos administrativos, civiles y tributarios), Madrid 1996, p. 21.

[8] OROZCO PARDO, G., «La aplicación del concepto «lex artis» al campo de la actividad profesional. El caso de la profesión médica», en AA. VV., El ejercicio en grupo de profesiones liberales, Granada 1993, p. 511.

[9] Así, conforme al art. 1 y 30 EGAE, el abogado se configura como un servidor de la Justicia y de la Abogacía como un servidor público.

[10] Al respecto, ORTEGA REINOSO, G., «La abogacía, una profesión liberal en cambio», Revista General de Legislación y Jurisprudencia, núm. 2, 2005, p. 252-253.

[11] ORTEGA REINOSO, G., «La abogacía, una profesión liberal en cambio», cit., p. 252. En el mismo sentido IZQUIERDO TOLSADA, M., La responsabilidad civil del profesional liberal, Reus, Madrid 1989, p. 61, sostiene que «en la relación de trabajo, el profesional actúa con absoluta autonomía en la actividad pura y estrictamente profesional, pero con subordinación -cierto que necesariamente flexible y amoldable- en cuanto a sus obligaciones puramente contractuales».

[12] En este sentido OSORIO Y GALLARDO, A., El alma de la toga, Madrid 1922, p. 154, señalaba que «los oficios que operan sobre el espíritu humano son típicamente individuales y deber ser ejercidos con exclusiva libertad y con sanciones exclusivas» (citado por ORTEGA REINOSO, G., «Colaboración entre abogados», Actualidad Civil, núm. 8, 2005, p. 901). En términos semejantes, ALONSO PÉREZ, M. T., «Notas para un estudio sociológico y económico comparado de las profesiones liberales», en El ejercicio en grupo de profesiones liberales, Granada 1993, pp. 15-82, señala que «el abogado ejerce en solitario porque el objeto de ese ejercicio es una actividad impregnada de intuitu personae, que ha de realizar personalmente con libertad de criterio, respondiendo también personalmente de las consecuencias dañosas, y para la que se requiere una formación específica, que se concreta en la obtención de un título universitario, a la que se suma la preceptiva colegiación, sólo posibles por personas físicas».

[13] En otros momentos históricos «la alta cualificación intelectual propia del ejercicio de esta profesión excluía de la contratación laboral y del Derecho del Trabajo las prestaciones de servicios profesionales». Al respecto, vid., MONTOYA MELGAR, A., CÁMARA BOTÍA, A., Abogados: profesión liberal y contrato de trabajo, Tecnos, Madrid 1990, p. 10; MARTÍNEZ GIRÓN, J., La contratación laboral de servicios profesionales, USC, 1988, pp. 21-26. La jurisprudencia reconoce la posibilidad de laboralidad de la abogacía en una antigua sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 1942, que señalaba cómo la LCT de 1931 había extendido su aplicación a los trabajadores intelectuales «no obstante la libertad que en el orden técnico había de tener al desempeñar su función, pero con la subordinación y dependencia del patrono» (citada por MONTOYA MELGAR, A., CÁMARA BOTÍA, Abogados: profesión liberal y contrato de trabajo, op. cit., p. 10).

[14] Téngase en cuenta que, la profesión de abogado puede desarrollarse por cuenta ajena, tanto en régimen de derecho laboral como en régimen de especial colaboración profesional o mediante fórmulas contractuales de naturaleza civil (contrato de arrendamiento de servicios, arrendamiento de obra, mandato u otras formas de colaboración) o mercantil (contrato de agencia y contrato de mediación) o, en régimen de derecho administrativo. Para un breve esquema sobre las fórmulas de prestación profesional de los letrados, véase, PURCALLA BONILLA, M. A., «Abogados, relación laboral especial y prestación de servicios profesionales, Diario la Ley, núm. 6588, 10 de noviembre de 2006, http://www.laley.net, p. 1-4.

[15] Sobre el medio de trabajo, véase, BIEGER, P., El abogado, AA.VV., El oficio de jurista, coord..: L. M. Díez- Picazo, Siglo XXI, Madrid 2006, pp. 28-29.

[16] Ley 22/2005, de 18 de noviembre por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes y regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el ámbito de la Unión Europea (BOE de 19 de noviembre, en adelante Ley 22/2005).

[17] VIÑUELAS ZAHÍNOS, M.T., La libre circulación del abogado en la Unión Europea, Thomson-Aranzadi, Navarra 2004, p. 51.

[18] Sobre la importancia de los principios básicos del ejercicio profesional, MARTÍ MINGARRO, L., «Los abogados ante las nuevas preocupaciones sociales», AA. VV., España ante la Constitución Europea: ciclo de conferencias 2003-2004, Unión Editorial, Madrid 2004, p. 365.

[19] Véase Diario La Ley núm. 6536, «Encuentros profesionales Wolters Kluwer-Expansión: La relación laboral especial de los abogados», http://www. laley.net, p. 6.

[20] ALONSO OLEA, M., «Sobre la realidad social subyacente al Derecho del Trabajo», en Derecho del Trabajo, (Buenos Aires), núm. 3, 1971, p. 145 (citado por CAVAS MARTÍNEZ, F., «Diversificación versus uniformidad...», cit., p. 72).

[21] Sobre el iter normativo de la nueva relación laboral especial, véase GARCÍA PIÑEIRO, N. P., «La relación laboral especial de los abogados al servicio de despachos profesionales: fundamento, iter normativo, fuentes reguladoras y ámbito de aplicación», REDT, núm. 136, pp. 897-954.

[22] En este sentido, DE LA VILLA GIL, L. E., «La relación laboral especial de la abogacía. Una llamada de atención sobre nueve cuestiones polémicas», (AS) Asturias Social, núm. 1, febrero 2007, pp. 93-94, afirma que «según muestra el conocimiento de la realidad social en esta singular parcela de la actividad profesional» era un pequeño número de bufetes el que tenía concertado con sus abogados una relación laboral común. En términos semejantes, «RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, «La relación laboral especial de los abogados que prestan servicios en despachos», Diario La Ley, núm. 6605, 5 de diciembre de 2006, http://www.laley.net, pp. 4-5.

[23] Entre otras, véanse, STC 20/1994, de 27 de enero (RTC 1994/20), f.j. 2º; STC 56/1988, de 26 de marzo (RTC 1988/56); STC 26/1984, de 24 de febrero (RTC 1984/26), f.j. 3º.

[24] STC 49/1983, de 1 de junio (RTC 1983/49), f.j. 5º.

[25] Así, OJEDA AVILÉS, A., «Las relaciones laborales especiales: una perspectiva unitaria», RL, núms. 6-7, 1990, considera el criterio locativo como el «criterio uniforme, al menos normalmente, al regular las relaciones especiales», pp. 227 y 232.

[26] Cfr. STC 56/1988, de 24 de marzo, f.j. 2º. La tripartición fue acuñada por BAYÓN CHACÓN, G., PÉREZ BOTIJA, E., «Manual de Derecho del Trabajo, vol.II, Madrid 1969-1970, pp. 626-627, al hablar de «la especialidad de los contratos a tenor del sujeto (mujeres y menores), del objeto (aprendizaje y grupo) y del lugar (embarco, domicilio, aéreo). Al respecto, MONTOYA MELGAR, A., «Sobre las relaciones especiales de trabajo y su marco regulador», REDT, núm. 109, 2002, p. 9, señala que «no hay..., reglas fijas para atribuir el carácter de especial a una relación laboral: en unos casos, parece que es la peculiar naturaleza de la prestación laboral misma la generadora de la especialidad, en otros, el singular lugar en que se desenvuelve esa prestación; en otros, la particular condición del empresario...».

[27] QUESADA SEGURA, R., «El contrato de servicio doméstico», La Ley, Madrid 1991, p. 50.

[28] «Contratos especiales de trabajo», Catorce lecciones sobre contratos especiales de trabajo, Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, Madrid 1965, p. 19.

[29] Adviértase que en la redacción final del RD ha desaparecido el artículo específico sobre el Fundamento de la relación laboral especial (art. 2 Borrador MTAS, fechado el 19 de julio de 2006; art. 3 Primer Borrador), llevándose el contenido al preámbulo del RD. Esta opción normativa coincide con la utilizada por la mayoría RRDD de relaciones laborales especiales, excepto con el RD 1382/1985, del personal del alta dirección, cuyo art. 2 está dedicado al fundamento de la relación laboral especial.

[30] Cfr. Preámbulo RD 1331/2006.

[31] Cfr. Preámbulo RD 1331/2006.

[32] Así, DE LA VILLA GIL, L. E., sostiene que «el criterio diferenciador de la relación especial de la abogacía se explicita... en tres afirmaciones principales: 1ª) las singularidades en el ejercicio de la abogacía...; 2ª) la especial relación de confianza que se contrae entre el bufete empleador y el abogado trabajador...; 3ª) la participación de los abogados en la administración de justicia...», «La relación laboral especial de los abogados (Comentarios al Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre), Revista de Trabajo y Seguridad Social-CEF, núm. 16, 2007, cit., p. 8.

[33] PRADO LAGUNA, J.L., «Algunas notas sobre la creación de una nueva relación laboral de carácter especial: la de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados», Revista de Derecho Social, núm. 32, 2005, p. 127; PURCALLA BONILLA, M. A., «Abogados, relación laboral especial y prestación de servicios profesionales», cit., p. 11; LLUCH CORELL, F.J., «La prestación de servicios por cuenta ajena de los abogados», marzo 2006, TOL860.978, http://www.tirantonline.com, p. 13.

[34] En el mismo sentido, DE LA PUEBLA PINILLA, A., «El régimen jurídico de la contratación laboral entre abogados (Comentario al RD 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral especial de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos, BOE 18 de noviembre de 2006), RL, núm. 1, 2007, p. 73; la misma autora, auguraba esa conclusión en un artículo publicado al promulgarse la Ley 22/2005, «La nueva relación laboral especial de los abogados que prestan servicios en despachos individuales o colectivos», RL, núm. 4, 2006, p. 65.

[35] PRADO LAGUNA, J. L., «Algunas notas sobre la creación de una nueva relación laboral de carácter especial: la de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados», Revista de Derecho Social, núm. 32, 2005, p. 123.

[36] «La relación laboral especial de los abogados que prestan...», cit., pp. 7-8.

[37] «La relación laboral especial de los abogados que prestan...», cit., p. 8. En términos semejantes, se pronuncia el Consejo de Estado, Dictamen del Consejo de Estado, referencia 2206/2006, pp. 15 y 17.

[38] Bien sea por el sometimiento a las normas que rigen la profesión, bien sea por la colaboración con otros servicios públicos (distintos de la Administración de Justicia), como podría ser en el caso de los médicos con el Servicio Público de Salud.

[39] «La relación laboral especial de los abogados (Comentarios al Real Decreto...)», cit., p. 8.

[40] En este sentido, el Dictamen del Consejo de Estado, cit., p. 15 sostiene que la exclusión de la prestación de servicios de los abogados en los despachos de la relación laboral común y su consideración como de carácter especial no radican, pues, en que no concurran en ella los requisitos básicos de la relación laboral, sino en que, «además de ellos, se dan otros que, por su especial relevancia, han llevado al legislador a prever una normativa diferente (STS 6 de marzo 1984)».

[41] RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M., «La relación laboral especial de los abogados que prestan servicios en despachos», cit., pp. 5-6.

[42] «El ámbito personal del Derecho del Trabajo: tendencias actuales», AS, núm. 3, 2006, p. 51.

[43] En este sentido, GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I., «El Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados», Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 13, 1997, http://www.iustel.com, p. 3; PRADO LAGUNA, J.L., «Algunas notas sobre la creación de una nueva relación laboral...», cit., p. 125.

[44] Bajo la cobertura del equívoco contrato de colaboración que permite el art. 27.3 EGAE «el ejercicio de la abogacía por cuenta ajena en régimen de especial colaboración...»

[45] Realidad social ésta indiscutible entre todos los que se han acercado al tema de la nueva relación laboral especial de la abogacía.

[46] Además, advierte el citado autor que «las relaciones especiales no nacen, en general, de un proceso descendente en el que dejen de ser relaciones laborales comunes, sino, al contrario, de un proceso ascendente en el que dejan de ser relaciones extralaborales», «Sobre las relaciones especiales de trabajo y su marco regulador», REDT, núm. 109, 2002, p. 6. En el mismo sentido, PURCALLA BONILLA, M. A., Abogados, relación laboral especial y prestación de servicios profesionales, cit., p. 8.

[47] DE BUEN, N., Derecho del Trabajo II, 14ª ed., México 2000, p. 415 a 417 (citado por MONTOYA MELGAR, A., «Sobre las relaciones especiales de trabajo y su marco regulador», REDT, núm. 109, 2002, p. 6).

[48] Aún cuando la doctrina y la jurisprudencia admitían la laboralidad de la prestación de servicios, siempre y cuando concurrieran las notas de la laboralidad del art. 1.1 ET. Entre la doctrina, MONTOYA MELGAR, A., CÁMARA BOTÍA, A., Abogados: profesión liberal y contrato de trabajo, Tecnos, Madrid 1990, p. 10, sostienen que «ante la prestación de servicios profesionales a cargo de un abogado, es necesario examinar si reúne o no aquellas notas o elementos exigidos por el ordenamiento y que permitirán su calificación como civil o laboral».

[49] Problemática común a todas las profesiones liberales, al respecto, véase MARTÍN VALVERDE, A., «El discreto retorno del arrendamiento de servicios», Cuestiones de Derecho del Trabajo. Estudios ofrecidos por los catedráticos españoles de Derecho del Trabajo al profesor Manuel Alonso Olea, MTSS, Madrid 1990, p. 229.

[50] Si bien siempre ha sido un tema problemático la laboralidad o liberalidad de la prestación de servicios de los abogados en los despachos, en los últimos tiempos tanto las mencionadas actuaciones de la Inspección de Trabajo como el Auto del TS de 15 de abril de 2004 (JUR 2004/130263) han reavivado la polémica. En efecto, el Auto del TS, conocido como caso LINKLATERS, declaró laboral la relación de una abogada con su bufete. La sentencia de instancia (juzgado núm. 6 de Madrid) estimó la demanda de despido de la letrada, siendo confirmada por la STSJ. Posteriormente el despacho profesional recurrió en casación para unificación de doctrina, manteniendo la incompetencia de la jurisdicción laboral debido al carácter mercantil -y no laboral- de la relación existente entre las partes. El Tribunal Supremo, sin entrar en el fondo del asunto al no concurrir el requisito de contradicción que exige el recurso de casación para unificación de doctrina, declara la competencia del orden jurisdiccional social, al sostener que la trabajadora, en el desempeño de su labor, estaba sometida a las reglas y directrices de la empresa, constituyendo manifestaciones de dicha sumisión: la supervisión y evaluación periódica de la actividad, la retribución fija, el sometimiento a un horario con un exhaustivo control, la realización del trabajo en las dependencias de la empresa..., circunstancias todas ellas que evidencian la pertenencia al círculo de organización y control ajeno y que permiten apreciar la concurrencia de la nota calificadora de la dependencia y por lo tanto de la laboralidad de la relación jurídica.

[51] Entre otras, STSud de 3 de mayo 2005 (RJ 2005/5786), comentada por SEMPERE NAVARRO, A. V., ARETA MARTÍNEZ, M., «Calificación de los servicios jurídicos que presta un abogado de empresa: ¿relación laboral común o arrendamientos de servicios?, Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, núm. 8, 2006, (BIB 2006/787), http://www.westlaw.es. Recientemente, sobre los criterios determinantes de la diferenciación entre contrato de trabajo y arrendamiento de servicios en la abogacía, STSJ Madrid de 31 de octubre de 2006 (AS 2007/257).

[52] Para un estudio de las «zonas grises» entre el trabajo subordinado o dependiente y el trabajo autónomo, véase, MARTÍN VALVERDE, A., «Fronteras y «zonas grises» del Derecho del Trabajo en la jurisprudencia actual (1980-2001), RMTAS, núm. 38, 2002, p. 39.

[53] Al respecto, MARTÍN VALVERDE, A., «Fronteras y «zonas grises»...», cit., p. 24 y ss.; LUJÁN ALCARAZ, J., La contratación privada de servicios..., cit., p. 82, se refiere a «los tres momentos que, normalmente, recorre la inclusión de una relación fronteriza en el ámbito laboral».

[54] Sobre la nota de la dependencia como «decisiva piedra de toque» para distinguir entre el contrato de trabajo y el arrendamiento de servicios, véase, MONTOYA MELGAR, A., CÁMARA BOTÍA, A., Abogados: profesión liberal y contrato de trabajo, Tecnos, Madrid 1990, p. 18. En general, sobre la dependencia como criterio delimitador de máximo valor para delimitar el contrato de trabajo, véase, PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., «El trabajo subordinado como tipo contractual», DL, núm. 39, 1993, afirma que «la persistencia de la subordinación como criterio delimitador del ámbito de aplicación subjetiva del Derecho del Trabajo, es por sí sola, manifestación de su probada eficacia».

[55] Término acuñado por BAYÓN CHACÓN, G., en el ya clásico trabajo sobre «El concepto de dependencia en el Derecho del Trabajo ¿Comienza una evolución jurisprudencial?, Revista de Derecho Privado, 1961, en concreto, p. 460.

[56] En la doctrina, por todos, véase, LUJÁN ALCARAZ, J., La contratación privada de servicios y el contrato de trabajo, cit., p. 445.

[57] MARTÍN VALVERDE, A., «El discreto retorno del arrendamiento de servicios», cit., p. 230.

[58] MONTOYA MELGAR, A., El poder de dirección del empresario, Madrid 1965, pp. 7 y ss. (citado por DE LA VILLA GIL, L.E., «El trabajador a domicilio», artículo recogido en el libro Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Cincuenta estudios del Profesor Luis Enrique de la Villa Gil. Homenaje a sus 50 años de dedicación universitaria, coords.: M. C. PALOMEQUE LÓPEZ, I. GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, CEF, Madrid 2006, p. 623).

[59] «La relación laboral especial de los abogados que prestan servicios en despachos», cit., p. 3. Sobre este particular, BAYÓN CHACÓN, G., afirmaba que «en su aspecto técnico, la dependencia no existe cuando los conocimientos profesionales del trabajador son superiores a los del empresario o representante», «El concepto de dependencia en el Derecho del Trabajo», cit., p. 456.

[60] En este apartado son de consulta obligatoria los trabajos doctrinales de MONTOYA MELGAR, A., CÁMARA BOTÍA, A., Abogados: profesión liberal y contrato de trabajo, cit., pp. 18-25; GARCÍA RUBIO, M. A., «La calificación de los servicios prestados por los abogados: ¿contrato de trabajo o arrendamiento de servicios?», Estudios en Homenaje a la profesora Teresa Puente, coord..: L. Prats Albentosa, vol. II, Departament de Dret Civil, Universidad de Valencia 1996, pp. 665-672; SEMPERE NAVARRO, A.V., ARETA MARTÍNEZ, M., La contratación laboral (especial) entre abogados: presente y perspectivas, Thomson-Aranzadi, Navarra 2006, pp. 43-50, en donde hay una exhaustiva recopilación de toda la jurisprudencia existente hasta el momento en esta materia.

[61] SEMPERE NAVARRO, A.V., ARETA MARTÍNEZ, M., La contratación laboral..., cit., p. 50. En términos semejantes, MONTOYA MELGAR, A., CÁMARA BOTÍA, A., Abogados: profesión liberal y contrato de trabajo, cit., p. 19.

[62] Véase, RD 197/2009, 23 febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del trabajo autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.

[63] Sobre éstos, véase, CEREZO MARISCAL, J. M., RUIZ CIRIZA, J. J., Los «falsos autónomos», dir.: C. Molina Navarrete, Fundación Eurolingua, Jaén 2004.

[64] AA.VV., Un Estatuto para la promoción y tutela del trabajador autónomo, Informe de la Comisión de Expertos para la elaboración de un Estatuto del Trabajo Autónomo, MTAS, Madrid 2006, p. 129.

[65] Al respecto, MONTOYA MELGAR, A., «El ámbito personal del Derecho del Trabajo: tendencias actuales», AS, núm. 3, 2006, p. 46.

[66] Ya que el art. 2 c) de la Ley 20/2007 excluye de su ámbito de aplicación a «las relaciones laborales de carácter especial a las que se refiere el artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo y disposiciones complementarias». En el mismo sentido, véase PURCALLA BONILLA, M. A., «Abogados, relación laboral especial y prestación de servicios profesionales», Diario la Ley, cit., p. 7.

[67] En estos términos, LUJÁN ALCARAZ, J., La contratación privada de servicios y el contrato de trabajo, MTSS, Madrid 1994, p. 295. Se trata, según el citado autor, de «presunciones no legales contrarias a la de laboralidad...de presunciones hominis, ni siquiera formuladas de manera expresa, pero cuyo rastro se puede seguir en la ingente masa de jurisprudencia recaída en el momento de definir las fronteras del contrato de trabajo», cit., p. 294. Sobre la mayor restricción de la presunción de laboralidad en los servicios profesionales, véase, MARTÍN VALVERDE, A., «El discreto retorno al arrendamiento de servicios», cit., p. 231.

[68] «La relación laboral especial de los abogados que prestan servicios...», cit., p. 1.

[69] Por todas, véase, la reciente STSud de 3 de mayo de 2005 (RJ 2005/5786), fj 4º.

[70] En este sentido, sostiene el fundamento jurídico citado anteriormente que «es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que declara la irrelevancia de la calificación que las partes otorguen a un contrato, señalando que la naturaleza jurídica de un ente contractual viene determinada por el conjunto de derechos y obligaciones que se pactan y las que realmente se ejercitan...».

[71] GONZÁLEZ ORTEGA, S., «La presunción de existencia del contrato de trabajo», en Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo. Estudios ofrecidos por los catedráticos españoles de Derecho del Trabajo al profesor Manuel Alonso Olea, MTSS, Madrid 1990, p. 815.

[72] RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C., La presunción de existencia del contrato de trabajo, Civitas, Madrid 1995, p. 130. En el mismo sentido, LUJÁN ALCARAZ, J., La contratación privada de servicios y el contrato..., cit., pp. 281- 282.

[73] STC 168/1985, de 13 de diciembre (RTC 1985/ 168), f.j. 4º «... según las normas de la Abogacía se requiere la colegiación para entenderlo legalmente habilitado...».

[74] Cfr. art. 3 RD 1331/2006.

[75] VALDÉS DAL-RÉ, F., «Objeto del contrato de trabajo y prestación laboral : convergencias y disidencias doctrinales», RL, núm. 4, 2007, p. 7.

[76] Repárese en que la exclusión de la relación especial, no impide incluirlos en una relación laboral común, con los agravios comparativos que pueden ocasionarse en el seno de los despachos profesionales.

[77] Adviértase que «podrán seguir utilizando la denominación de abogado, añadiendo siempre la expresión «sin ejercicio», quienes cesen en el ejercicio de dicha profesión después de haber ejercido al menos veinte años» (art. 9.3 EGAE).

[78] En este punto puede traerse a colación que la figura de «pasante abogado en ejercicio» prevista en el Código de la Abogacía Catalana (Resolución JUS/2588/ 2002, de 10 de septiembre) estaría en contradicción con el espíritu de las Leyes 22/2005 y 34/2006. Téngase en cuenta que la STSJ (Sala C-A) de 16 de noviembre de 2005 ha declarado la nulidad del Código. Sobre este extremo, véase, ESTEBAN LEGARRETA, R., «Una aproximación crítica al ámbito subjetivo de la futura relación laboral especial de los abogados», IUSLabor 4/2006, p. 4.

[79] Es importante poner de manifiesto que desaparece del texto final de la norma toda referencia a las pasantías. Sobre el iter normativo de esta exclusión, véase, art. 2.1 f) y g) y DA 4ª del Primer Borrador, art. 1.3 Borrador MTAS.

[80] Sobre el tema, véase, VIÑUELAS ZAHÍNOS, M.T., La libre circulación del abogado en la Unión Europea, Cuadernos de Aranzadi Social, núm. 21, 2004.

[81] Al respecto, véase, GARCÍA PIÑEIRO, N. P., AGUILERA IZQUIERDO, R., «Marco normativo actual de las enseñanzas universitarias oficiales», Enseñar Derecho en el Siglo XXI. Una guía práctica sobre el Grado en Derecho, pp. 61-86, dirs. J. RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, R. PALOMINO LOZANO, coords. M. GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, S. MESE-GUER VELASCO, Aranzadi, Pamplona, 2009.

[82] Téngase en cuenta que la DF 3ª de la ley establece una vacatio legis de 5 años, con lo que se garantiza que ningún estudiante que actualmente curse Derecho se vea afectado por la nueva norma.

[83] Recientemente sobre este aspecto, véase, MANTECA VALDELANDE, V., «Regulación legal de la profesión y la relación laboral de los abogados», Diario La Ley, 10 de mayo de 2007, http://www.laley.net, p. 1 y ss.

[84] Ahora bien, conviene llamar la atención en el sentido de «si las funciones del licenciado en Derecho contratado laboralmente en prácticas no serán las mismas que las prácticas dirigidas a obtener el título profesional», las cuales, de acuerdo con la Ley 34/2006 no serían laborales. Nos podemos encontrar en la tesitura de que «unos mismos servicios serán retribuidos o no dependiendo de la buena fe de los despachos», al respecto, ESTEBAN LEGARRETA, R., «Una aproximación crítica al ámbito subjetivo –», cit., pp. 4-5.

[85] Dictamen del Consejo de Estado, cit., p. 18.

[86] En estos términos, DE LA VILLA GIL, L. E., «La relación laboral especial de los abogados...», cit., p. 12.

[87] Sobre la materia, véase, AA.VV., Sociedad mercantil y relación laboral, dir.: S. DEL REY GUANTER, La Ley, Madrid 2007.

[88] Sobre la presunción de la no laboralidad en el ejercicio colectivo de la profesión, véase, DURÁN LÓPEZ, F., «Ejercicio de la abogacía y relación laboral», RL, t. II, 2002, p. 1403.

[89] Problema advertido por ESTEBAN LEGARRETA, R., «Una aproximación crítica al ámbito subjetivo de la...», cit., p. 9.

[90] Supuesto éste de colaboración distinto al previsto en el art. 27.3 EGAE «especial colaboración no laboral del abogado». Para ESTEBAN LEGARRETA, R., de la omisión de este supuesto en el texto del RD debe deducirse que el supuesto ha quedado incluido dentro de la relación laboral especial, «Una aproximación crítica al ámbito subjetivo de la...», cit., p. 10.

[91] ESTEBAN LEGARRETA, R., «Una aproximación crítica al ámbito subjetivo de la...», cit., p. 6. Repárese en que tal y como señala el mismo autor, la independencia de los despachos queda o puede quedar muy diluida en las sociedades instrumentales, de medios o de gastos.

[92] DE LA VILLA GIL, L.E., «La relación laboral especial de los abogados...», cit., p. 16.

[93] STSud de 18 de marzo 1998, fj 2º (RJ 1998/3724), citada por DE LA VILLA GIL, L.E., La relación laboral especial de los abogados...», cit., p. 16.

[94] Comienza el art. 1.2 RD diciendo: «De conformidad con lo previsto en el apartado anterior...». En el mismo sentido, RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M., sostiene que «estas exclusiones adicionales no pueden entenderse con un sentido preceptivo e innovador y sólo serán operativas en cuanto normas interpretativas o presuntivas que complementan y nada pueden añadir a lo que establece el texto legal», «La relación laboral especial de los abogados...», cit., p. 9.

[95] Al respecto, véase, DE LA PUEBLA PINILLA, A., «El régimen jurídico de la contratación laboral entre abogados...», cit., pp. 76-77.

[96] Regulándose posteriormente por Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, a la que se aludirá posteriormente.

[97] Al respecto, YANES YANES, P., Comentario a la Ley de Sociedades Profesionales, Tirant lo blanch, Valencia 2007, p. 25.

[98] Ya se ha dicho que la especialidad de la relación laboral estriba en la persona del empleador, el despacho de abogados. De ahí que sea obvia esta exclusión.

[99] Obsérvese que los requisitos que se exigen para excluir a los abogados de las sociedades instrumentales del ámbito de aplicación de la relación especial son los mismos que caracterizan al despacho colectivo como empleador, cfr. arts. 1.2 d) con art. 4.2. inciso segundo RD.

[100] DE LA PUEBLA PINILLA, A., «El régimen jurídico de la contratación laboral...», cit., p. 75.

[101] DE LA VILLA GIL, L. E., «La relación laboral especial de los abogados...», cit., p. 13.

[102] Puestos de manifiesto en el Dictamen del Consejo de Estado, cit., p. 19; en el mismo sentido, RODRÍGUEZPIÑERO Y BRAVO FERRER, M., «La relación laboral especial de los abogados...», cit., p. 9.

[103] Dictamen del Consejo de Estado, cit., p. 19.

[104] Téngase en cuenta que el CGAE propone una enmienda a este apartado exigiéndose como único requisito para la exclusión «que operen individualmente con su propio número de identificación fiscal», justificándola en el sentido de que esta fórmula se acomoda más a la realidad de las formas de cooperación entre profesionales de la Abogacía y evita situación de indefinición o inseguridad jurídica.

[105] DE LA VILLA GIL, L. E., «La relación laboral especial de los abogados...», cit., p. 14. Téngase en cuenta que el propio Consejo de Estado advierte que «podría pensarse en supuestos que, pese a cumplir los términos literales del artículo 1, número 2d), del Proyecto, no podrían excluirse del ámbito de la nueva relación laboral especial de conformidad con la disposición adicional primera de la Ley 22/2005», Dictamen Consejo de Estado, cit., p. 20.

[106] Auto TS de 15 de abril 2004 (JUR 2004/130263), razonamiento jurídico 1º (caso LINKLATERS).

[107] El citado autor sostiene «que estas actividades son externas al contrato de trabajo y que no forman parte del trabajo contratado pero que no impiden la sujeción del contrato al ámbito de aplicación del Real Decreto 1331/2006, e incluso rigen esas actividades en la medida que es el propio Real Decreto 1331/2006 el que las declara «compatibles»», «La relación laboral especial de los abogados que prestan servicios en despachos», cit., p. 9.

[108] Siendo indiferente que «el abogado trabajador reciba o no honorarios de los familiares objeto de la defensa», DE LA VILLA GIL, L.E., «La relación laboral especial de los abogados...», cit., p. 15.

[109] Así sucederá -tal y como ha reconocido la jurisprudencia- cuando ocupe la posición de empresario: la Administración pública, las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, los partidos políticos, las compañías de seguros, un sindicato, los Colegios Oficiales y, cualquier empresa privada para la defensa en juicio y/o asesoramiento jurídico. Ejemplos todos ellos reseñados por SEMPERE NAVARRO, A.V., ARETA MARTÍNEZ, M., La Contratación Laboral (especial) entre Abogados..., cit., pp. 57-58.

[110] Para un estudio en profundidad de la modalidad despacho individual, remito a los autores anteriormente citados, pp. 58-61.

[111] RODRÍGUEZ-PIÑERO, M., «La relación laboral especial de los abogados...», cit., p. 10.

[112] Tal y como había hecho la cláusula Primera apartado 2º de la Resolución de 21 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que imparte instrucciones para la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los Abogados que mantienen relación laboral de carácter especial, en aplicación de lo dispuesto en la DA 1ª de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre de 2005 («... se entenderá por despacho colectivo el compuesto exclusivamente por dos o más Abogados en ejercicio agrupados bajo cualquier forma lícita en derecho, incluidas las sociedades mercantiles, cuyo único objeto sea el ejercicio profesional de la abogacía y reúna todas las condiciones exigidas en el artículo 28 del Estatuto General de la Abogacía, aprobado por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio»).

[113] En la doctrina, véase, ALBIEZ DOHRMANN, K. J., GARCÍA PÉREZ, R., La sociedad profesional de Abogados, Thomson-Aranzadi, Navarra 2005, donde se hace un estudio exhaustivo de la regulación de la sociedad de abogados en el ordenamiento jurídico español, en él afirman los autores que «nuestro sistema es enormemente abierto, lo que significa que tienen cabida cualquiera de las formas de sociedades admitidas en el Derecho español», p. 16; ALBIEZ DOHRMANN, K. J., JAIMEZ TRASSIERRA, M.C., OLARTE ENCABO, S., Las formas societarias del despacho colectivo de abogados, Universidad de Granada, Granada 1992.

[114] Quizás deba advertirse que la Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 21 de noviembre, anteriormente citada, al ofrecer el concepto de despacho colectivo omite cualquier referencia a los despachos multiprofesionales, manteniendo diferencias con el art. 4 RD 1331/2006. Aspecto puesto de relieve por GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E., «La especialidad de dos relaciones laborales especiales...», cit., pp. 13-14.

[115] RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M., «La relación laboral especial de los abogados que prestan servicios en despachos», cit., pp. 10-11; DE LA PUEBLA PINILLA, A., «El régimen jurídico de la contratación laboral entre abogados...», cit., p. 77.

[116] A los efectos de la citada Ley se entiende por actividad profesional «aquélla para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial, o titulación profesional para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial, e inscripción en el correspondiente Colegio Profesional», añadiendo que «se entiende que hay ejercicio en común de una actividad profesional cuando los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le sean atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular de la relación jurídica establecida con el cliente» (art. 1.1 párr. 2º y 3º LSP).

[117] Definiéndolas el art. 3 LSP como las sociedades profesionales que ejercen varias actividades profesionales «siempre que su desempeño no se haya declarado incompatible por norma de rango legal o reglamentario».

[118] Añade la Exposición de Motivos que «esta nueva Ley de Sociedades Profesionales se constituye en una norma de garantías: garantía de seguridad jurídica para las sociedades profesionales, a las que se facilita un régimen peculiar hasta ahora inexistente, y garantía para los clientes o usuarios de los servicios profesionales prestados de forma colectiva, que ven ampliada la esfera de sujetos responsables».

[119] Al respecto, LANDÁBURU CARRACEDO, M. J., «La futura Ley de Sociedades Profesionales. Régimen de responsabilidad de los profesionales intervinientes», DL, núm. 75, 2005, p. 111.