El 11 de septiembre y su repercusión legislativa
| Autor | Manuel Novo Foncubierta |
| Páginas | 131-158 |
LA RESPUESTA DE CANADÁ AL TERRORISMO TRANSNACIONAL... 131
La Inmigration Act establece en su articulado un listado de causas por
las que instancias gubernamentales pueden prohibir al non-citizen la entra-
da o la permanencia en territorio nacional canadiense, declarándose en
estos casos, la necesidad de su inmediata expulsión hacia su país de origen.
Los motivos que sustentan las declaraciones de expulsión en su mayoría
respetan el marco legítimo marcado por los ilícitos penales, y con carácter
excepcional, se incorporan al listado de causas «los riesgos para la segu-
ridad nacional». Tanto unos como otros debían, en todo caso, probarse
posteriormente por el Gobierno a lo largo del proceso de expedición y
revisión, si la hubiese en su caso, del documento de expulsión.
No obstante, el núcleo problemático de la regulación se centraba en la
prueba de los «riesgos para la seguridad nacional» que planteaba el non-
citizen, cuando la carga probatoria gubernamental se basaba en información
confidencial18. En estos casos, se iniciaba un proceso sui generis ante el
Security Intelligence Review Committee19 que, de un lado, le competía la
expedición de este tipo específico de declaraciones junto al ministro de
Inmigración, y de otro, asumía funciones procesales, configurándose como
un tercero supra partes encargado de asegurar el derecho al due process20
del non-citizen.
II. EL 11 DE SEPTIEMBRE Y SU REPERCUSIÓN LEGISLATIVA
La respuesta de Canadá al terrorismo ha sido, como en muchos otros
países, precipitada e intrínsicamente afectada por los atentados del 11 de
septiembre. Como ya ocurrió en anteriores situaciones de alerta nacional,
Canadá padeció inmediatamente las presiones de Estados Unidos dirigidas
a una pronta y efectiva reacción ejecutiva y legislativa. La concatenación
de hechos provocó la aprobación de, en palabras utilizadas por los ponen-
tes del proyecto legislativo en el Senado, una «complex omnibus bill» me-
18 La solicitud gubernamental de no revelar la información confidencial, suministrada por
los propios servicios de inteligencia canadiense o procedente de países extranjeros, basada en
razones de seguridad nacional, traía consigo para la persona sujeta al procedimiento la interdic-
ción de su participación en el trámite probatorio y en cualquier diligencia relacionada con la
prueba secreta.
19 El Security Intelligence Review Committee, creado en 1984, es un órgano independiente,
encargado de elaborar informes al Parlamento de Canadá sobre la actividad de la Canadian
Security Intelligence Service, siendo competente para asegurar la correcta utilización de las
facultades de la agencia de seguridad e inteligencia. La calificación de sui generis del proceso
se debe, tanto en relación al órgano ante el que se sustancia el proceso, como respecto a las
reglas por las que transcurre el proceso de revisión.
20 Este derecho al debido proceso se reconoce constitucionalmente en el art. 7 in fine de la
Carta de Derechos y Libertades, sometiendo cualesquiera restricciones al derecho a la vida, li-
bertad y seguridad de la persona a los principles of fundamental justice, interpretado jurispru-
dencialmente, entre otras, en la sentencia del Tribunal Supremo del Canadá 46, New Brunswick
v. G., de 1999.
132 MANUEL NOVO FONCUBIERTA
diante el procedimiento legislativo de urgencia. Esta ley, que cargaría con
la responsabilidad de responder al fenómeno del terrorismo transnacional,
fue la Anti-terrorism Act, Bill C-3621.
Si bien es cierto que la ATA no constituye la única respuesta de Cana-
dá al terrorismo, sí representa una reestructuración del ordenamiento jurí-
dico de tal calado, que el análisis de cualquier otro estatuto legal pierde,
en teoría, su importancia. Sin embargo, la reforma de la Inmigration Act a
través de la Inmigration and Refugee Protection Act, Bill C-2722, casi
monopoliza, en la práctica, los instrumentos efectivamente utilizados por
las autoridades.
Por las razones expuesta en el párrafo anterior, tanto la ATA por cons-
tituir una reacción legislativa omnicomprensiva, como la IRPA por su
abundante aplicación, y a raíz de ello, las decisiones jurisdiccionales de
fondo constitucional que ha provocado, conforman el contenido de este
epígrafe.
1. Anti-terrorism Act
La ATA23 reformó diez leyes vigentes y ratificó dos convenios inter-
nacionales de Naciones Unidas, de un lado, International Convention for
the Suppression of the Financing of Terrorism, y de otro lado, International
Convention for the Suppression of Terrorist Bombings.
El objetivo mediato de la ley fue el aumento de la seguridad de los
canadienses mediante la inmediata puesta a disposición del Gobierno Fe-
deral y de las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuevas facultades. El in-
cremento del margen de actuación gubernamental y policial se produjo
principalmente gracias a la honda modificación que sufrió el Código Penal,
con las implicaciones procesales, y por consiguiente policiales24, que con-
llevaba. De hecho, la doctrina especializada en la materia ha subtitulado a
la ATA como «la reacción del Derecho penal al terrorismo»25.
Debido a la extensión de la ATA, partiremos en nuestro análisis del
centro de gravedad de la estructura legislativa antiterrorista, la definición
de terrorismo, para más adelante hacer hincapié en otras modificaciones
merecedoras de atención.
21 En lo subsiguiente ATA.
22 En lo subsiguiente IRPA.
23 Esta ley entró en vigor el 15 de octubre de 2001, apenas un mes después de los aten-
tados.
24 El proceso penal canadiense comparte su esencia con el sistema procesal de corte anglo-
sajón, que se basa en los principios del sistema acusatorio.
25 AAVV, Global antiterrorist law and policy, V. V. RAMRAJ, M. HOR, K. ROACH, Cambrid-
ge, 2005.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba