Introducción
| Autor | Juan Calvo Vergez |
| Páginas | 17-26 |
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La presente crisis financiera que, de un tiempo a esta parte, venimos padeciendo ha relevado la existencia de un exceso de capacidad instalada en muchos mercados, pero de forma especial en la industria de los servicios financieros y, más concretamente, en la banca. Estos excesos de capacidad resultan tanto más preocupantes cuanto más bancarizada se encuentra la economía de un país. En este sentido se ha de precisar que en España el sistema bancario adquiere un peso muy importante, superior al que se detecta en otras áreas económicas, especialmente por lo que se refiere a la canalización de los activos y de los pasivos financieros de los agentes económicos1.
Nos hallamos en presencia de una situación en la que la salud del conjunto de las entidades financieras se encuentra amenazada por la existencia de una continua y creciente erosión de los activos, ya sea por morosidad, por fallido, por el aumento de la adjudicación de los activos o por el conjunto de tensiones de liquidez existentes, asociadas en la mayoría de supuestos a los vencimientos de emisiones en los mercados mayoristas2. Cabe aludir,
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además, al surgimiento de un conjunto de nuevas regulaciones que, muy probablemente, obliguen a las empresas bancarias a tomar decisiones de ajuste de su capacidad (menos oficinas, menos plantilla y menos costes) tratando de alcanzar unas nuevas dimensiones que resulten adecuadas al nuevo entorno surgido.
Pues bien, esto es lo que han ido haciendo de un tiempo a esta parte las distintas cajas de ahorro a través del conjunto de procesos de integración que, de un tiempo a esta parte, vienen sucediéndose. Algunas de estas operaciones han buscado, acertadamente a nuestro juicio, tratar de combinar cajas de ahorro con un distinto grado de solvencia y de viabilidad, operándose incluso en determinados supuestos entre cajas de distintas Comunidades Autónomas (CC.AA.), al objeto de tratar de minimizar los costes en términos de desempleo y cierres de oficinas, al menos en una primera etapa3. Ciertamente estas operaciones transregionales ofrecen la ventaja de fortalecer la integración financiera del país. Ahora bien, se trata indudablemente de operaciones complejas, no ya sólo desde una perspectiva económica, sino también financiera y política. Y todo ello con independencia de los mecanismos de influencia de los que dispone el Banco de España para tratar de favorecer una mayor rapidez en este proceso de integraciones4.
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Dados los nuevos requerimientos de capital que exige Basilea III5, y teniendo presente el impacto de la actual crisis financiera en el sector y las dificultades actualmente existentes para obtener financiación en el mercado, la vigente Ley de Cajas de Ahorro pone a disposición de las entidades distintos instrumentos destinados a adaptarse a la nueva situación. Con carácter general la citada Ley permite al sector su bancarización total, es decir, el traspaso de todo el negocio a un banco al objeto de emitir acciones y captar inversión privada (requisito éste de carácter obligatorio en los llamados Sistemas Institucionales de Protección, SIPs) y la conversión de las cajas en fundaciones.
Ahora bien, antes de dar este paso se plantea asimismo una opción intermedia, al amparo de la cual si la caja mantuviese más del 50% del capital de su nuevo banco mantendría su status actual, sin necesidad de tener que convertirse en fundación. Y, con la otra mitad del capital, podría dar entrada a inversores privados que le ayuden a reforzar su solvencia y poder cumplir con los compromisos de Basilea III.
Aquellas cajas que no se integren en un SIP tienen igualmente alternativa al banco, ya que la norma les permite mantenerse como cajas y emitir cuotas participativas con derechos políticos (de carácter muy similar a las acciones) con la finalidad de reforzar así su solvencia. Ahora bien no parece probable que las entidades vayan a optar por esta alternativa, ya que las citadas cuotas participativas constituyen un tipo de título extraño en los mercados internacionales y más difícil de colocar entre los inversores que las acciones de un banco.
En todo caso aquellas cajas que traspasen su negocio a un banco que las aglutine (que, a día de hoy, constituye la fórmula más recomendada por el Banco de España con la finalidad de que las entidades salgan a captar capital privado con el que poder reforzar su solvencia y sustituir los fondos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB) mantendrán su obra social con los dividendos que les aporte el banco. Lo mismo sucederá en el caso de que las cajas pasen a ser fundaciones accionistas del banco común. Y ello sobre la base de que la nueva regulación del sector persigue preservar la función social de las cajas de ahorro consistente en destinar una parte de su beneficio a la obra social.
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Tal y como tendremos ocasión de analizar a través de la presente obra, a lo largo del 2011 se produjo el fin del modelo de cajas que ha imperado hasta la fecha, al pasar a convertirse en cajas-bancos y dejar de ser cajascajas. Incluso parece razonable que aquellas cajas que a lo largo del 2011 no participaron en un SIP transfieran igualmente su negocio financiero a un banco. Por su parte los Sistemas Institucionales de Protección deberán acudir a financiarse a los mercados de capitales internacionales.
Una de las alternativas más probables susceptible de producirse será la apertura del accionariado a grupos internacionales o incluso la salida a bolsa de alguno de los bancos creados por las cajas que hayan optado por la constitución de un SIP.
La Obra Social de las cajas se mantendría gracias al reparto de los dividendos que generase el banco. Inicialmente no se preveía que la reestructuración del sector quitase recursos a la Obra Social, la cual dependería, como ha venido sucediendo hasta la fecha, de los resultados obtenidos. Otra posibilidad, si bien de carácter poco atractiva ante los mercados, era la emisión de cuotas participativas sin derechos políticos. Igualmente se encontraba prevista la participación de las entidades en fundaciones, siempre y cuando controlasen menos del 50% del accionariado del banco. En...
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