Presentación

Autor:Margarita Martínez González/Laura Pedrosa Preciado
Cargo del Autor:Secretaria Judicial/Secretaria Judicial
Páginas:11-12
 
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El ciudadano usuario de la justicia soporta unos costes que deben ser tenidos muy en cuenta a la hora de plantearse la posibilidad de litigar. Sobre los profesionales que defienden y representan a las partes pesa el encargo de informar correctamente a sus clientes sobre esta materia, no exenta de inseguridades, pues es cierto que no se le suele dar la importancia que reviste, al menos en su mero aspecto pecuniario; pero también, desde luego, merece mayor atención jurídica que la dispensada en ocasiones por los propios Tribunales.

Mediante este libro, dirigido a Abogados, Procuradores, Secretarios Judiciales, Jueces y a cualesquiera otros operadores jurídicos interesados, se pretende orientar, a través de un análisis detallado, sobre qué gastos específicos pueden producirse por causa de un litigio y su razón de ser. En particular, de un lado, qué conceptos y cuantías de entre ellos pueden ser recuperados a costa del vencido si se obtiene una sentencia con pronunciamiento favorable, y cuáles corren de cuenta exclusiva del vencedor. Y de otro, en caso de resultar condenado, hasta qué punto se debe hacer frente a los gastos realizados por el adversario. Para ello se revisa la tasación de costas, genuina función del Secretario Judicial, a través de la jurisprudencia y práctica de nuestros Tribunales, así como las partidas más relevantes que pueden integrarla, referidas a honorarios de Abogados y derechos de Procuradores, minutas periciales y la mayoría de los gastos que tienen alguna importancia, entre ellos el IVA, poniéndolos en relación con las normas procesales aplicables a los concretos supuestos, con cita de la doctrina actual. También se ha intentado un acercamiento al estado de la cuestión suscitada por la tasa judicial introducida en nuestro ordenamiento jurídico en 2002 de forma parcial, y recientemente generalizada por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Al día de la fecha, como decimos, se ha extendido la obligación de abonar tasas a todos los ciudadanos usuarios de la justicia, con las exenciones muy concretas contempladas en la Ley, culminando los trabajos que en este sentido se iniciaron con la legislatura. No carece de interés el debate social, político y jurídico que se ha suscitado. Paralelamente, alguna comunidad autónoma ya ha adoptado medidas de imposición de tasas...

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