El diseño e implementación de Códigos

AutorJaime Rodríguez-Arana
Cargo del AutorCatedrático de Derecho Administrativo, Universidad de La Coruña
Páginas69-72

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De un tiempo a esta parte, sobre cuándo el eclipse de los valores y la crisis moral han hecho acto de presencia con inusitada fuerza, ha crecido lógicamente la preocupación por la Ética en todos los ámbitos, también en el sector público.

En 1981, la llamada Mesa Redonda de la Asociación Internacional de Escuelas e Institutos de Administración Pública recomendó reforzar la codificación de los criterios éticos del servicio público. Sobre todo porque en un mundo complejo como el actual, la gestión de los intereses colectivos, que debe enmarcarse en el modelo de la sociedad actual, se encuentra no pocas veces precisamente ante problemas éticos. Porque no solo son necesarios la competencia y los conocimientos, hace falta que esos conocimientos, que siempre son un medio, se utilicen para el bien. De ahí que en su trabajo diario los funcionarios públicos no están exentos de seguir los dictados de su conciencia moral. Tampoco son, los empleados públicos, insensibles elementos de un aparato administrativo que metafísicamente no puede hacer mal. Es más, los servidores públicos están involucrados en el poder público y están obligados a definir objetivos sociales, a configurar políticas públicas o a seleccionar información. Es decir, los trabajadores públicos deben ejercitar juicios éticos con mucha frecuencia y, por ello, parece aconsejable que dispongan de un marco, más bien general pero que oriente la acción, en el que se establezcan con claridad los criterios rectores del servicio público 24 .

La verdad es que no deben existir problemas para establecer normas éticas de servicio público de validez universal desde el momento en que, por ejemplo, tanto dentro o fuera del servicio público se tiene una idea más bien clara de lo que el funcionario debe hacer y de lo que no debe hacer.

La codificación de reglas éticas para el servicio público es una tarea delicada pero necesaria 25 . En un ambiente como el actual, en el que desgraciadamente el dinero y la posesión de bienes tienen un innegable valor, pienso que la codificación de la Ética pública puede suponer un elemento importante en orden a recuperar los verdaderos valores de lo público. Y, en nuestro tiempo, como ha recordado STAHL , las personas bien formadas y justas probablemente reconozcan que se espera más de los funcionarios públicos que de los hombres de negocios 26 . Ello porque, y no deja de ser igualmente penoso, fuera de la Administración Pública se dan «menos» condiciones para actuar con criterios de objetividad o imparcialidad, de forma que los favoritismos, la compra-venta de información privilegiada, sucumbir ante los conflictos de intereses puede ser algo más usual. Y, en muchos casos, este tipo de conductas que, no pocas veces, constituyen el camino para el éxito, son presentadas como algo imitable y que provoca una cultura del éxito y del dinero muy peligrosa. No nos engañemos, este ambiente ha penetrado también en la Administración Pública y es el que puede explicar las desagradables noticias, cada vez más frecuentes, en las que aparecen involucrados algunos altos funcionarios y responsables públicos. Junto a ello, sin embargo, me parece que es de justicia recordar a tantos y tantos funcionarios que viven con verdadera pasión su dedicación a los intereses públicos y que aspiran a identificarse con el bien común antes que con algún interés económico menos recto.

La codificación, por tanto, me parece necesaria y, lejos de constituir una reacción ante algo negativo, debe siempre presentarse como una manera de mejorar la calidad de los servicios públicos y como una forma de garantizar la rectitud ética de los funcionarios públicos 27 . Quizás el contenido y peculiaridades de la codificación debería ajustarse a los distintos colectivos de funcionarios y plantearse con seriedad y con rigor en el marco de las exigencias del bien común y, también, teniendo en cuenta las exigencias de los ciudadanos frente a la Administración. Además, como señalan KERNAGHAN y DWIVEDI, los Códigos de Ética pública pueden favorecer

la responsabilidad administrativa 28 .

En la elaboración de los Códigos de Ética pública deben conjugarse elementos políticos, administrativos y legales. Porque además de asegurar conductas éticas por parte de los funcionarios, es evidente que estas deben articularse en perfecta sintonía con la protección de los derechos individuales de los propios empleados públicos. Así, por ejemplo, como recuerda el profesor ALBERTA , en el

Código canadiense los funcionarios deben gozar en sus actividades privadas de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano salvo que su limitación venga aconsejada por motivos de interés general 29 . Del mismo modo, el Código australiano dispone, en relación con estos derechos, que «cuando el comportamiento personal no interfiere en el cumplimiento correcto de sus obligaciones oficiales y, cuando no perjudica a la integridad o prestigio del servicio, no es de interés ni concierne al organismo en el que el funcionario presta sus servicios» 30 . Es decir, los Códigos de Ética pública, aunque limiten la actividad de los funcionarios, en realidad refuerzan su talante de servidores públicos y confirman la vocación de gestores públicos 31 . Por eso, la aparente limitación se convierte en un elemento positivo a través del cual resplandecen los auténticos valores del servicio público. Valores que, no debemos olvidarlo, deben acompañar al funcionario o gestor público en su actividad privada porque son valores que dignifican al propio hombre y lo perfeccionan como persona.

Como es evidente, las normas escritas permiten conocer con objetividad los criterios de actuación de los funcionarios o gestores públicos. Y, de otra parte, proporcionan un importante mecanismo para la resolución de conflictos. Además, como señalan KERNAGHAN

y DWIVEDI, la existencia de un conjunto de normas éticas por escrito impedirán, o al menos harán más difícil, la corrupción en cualquiera de sus diferentes modalidades 32 . Por otra parte, en muchos casos el Código puede servir al funcionario para rechazar formalmente determinadas propuestas, de manera que los funcionarios saldrán reforzados del aumento de confianza de los ciudadanos hacia la Administración que producen estas medidas. También la codificación permite que los directivos puedan exigir responsabilidades a los empleados públicos por sus actos 33 .

En fin, pienso que los Códigos tienen más ventajas que inconvenientes. Se trata de instrumentos que pueden producir una mejora ética en la actividad de los funcionarios y que, también, podrían permitir recuperar el alto valor que tiene el trabajo al servicio del sector

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público 34 .

En Norteamérica, la mitad de los Estados disponen de textos legales de Ética. Por su parte, el Gobierno federal se ha preocupado del tema y en 1978 se aprobó la denominada ley de Ética en la...

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