Tendencias legales. Hacia la calidad democrática del sistema constitucional

Las disfunciones del sistema democrático y del actual modelo constitucional han derivado en una oleada de reformas legales y medidas políticas, tendentes a restaurar la confianza ciudadana y la credibilidad social en las instituciones. Ante la impresión generalizada de una democracia aparentemente floral, con excesivos fallos sistémicos y multiorgánicos, se plantea necesariamente un revisionismo constitucional y el desarrollo de controles jurídicos para neutralizar los abusos y extralimitaciones desde los poderes públicos. Bajo un panorama insostenible de escándalos y corrupción política, la necesidad actual de juridificar la democracia como muro de contención de sus propias patologías, revela paralelamente la baja calidad del sistema democrático español . Las lagunas jurídicas y constitucionales sobre transparencia, conflicto de intereses y un régimen oclusivo de la participación ciudadana han actuado como detonantes de una aparente toxicidad sistémica. Sin que se haya evolucionado hacia los nuevos parámetros de calidad democrática, desde el compromiso con los derechos fundamentales a la asunción de estándares internacionales de transparencia o responsabilidad social pública. Los agujeros negros de la Constitución y la trastienda de la democracia han potenciado el desarrollo de una política tentacular colonizadora de las instituciones, en una atmósfera de connivencia legal y constitucional (Joan Ridao). Por esta razón, el informe sobre el Sistema de Integridad Nacional de España, denominado “Marco de Integridad Institucional en España: situación actual y recomendaciones”, alerta sobre un excesivo riesgo de politización del sistema que necesariamente debe ser minimizado. El proceso de control jurídico como antídoto frente al “imperio de la política” se ha iniciado mediante la adopción de medidas redemocratizadoras y reformas legales con un impacto constitucional . La regulación de derechos emergentes de información pública, participación ciudadana y la incipiente asunción legal de un modelo de responsabilidad social pública, presentan una dimensión constitucional . En los siguientes epígrafes se verifica un análisis de las últimas tendencias legales para la reactivación del sistema democrático, cuestionando la constitucionalidad de algunas disposiciones reformistas.