• Revista Jurídica de Castilla y León

Editorial:
Junta de Castilla y León
Fecha publicación:
2014-02-19
ISBN:
2254-3805

Últimos documentos

  • La necesaria unificación del régimen aseguratorio de los socios cooperativistas al régimen general de trabajadores por cuenta ajena

    El presente artículo tiene como finalidad explicar los razonamientos jurídi-cos que llevaron a determinados socios cooperativistas a recurrir ante la jurisdicción social la denegación por parte del Instituto Nacional de la Se-guridad Social de la pensión de jubilación anticipada, con motivo de la ex-tinción de sus contratos por un Juzgado de lo Mercantil en virtud de despido colectivo tramitado en el seno de un concurso, así como la solución alcan-zada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. La controversia surgida, y analizada en este artículo, ha sido unificada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sus recientes Sentencias de 20 de noviembre de 2018 (RCUD 3407/2016), 19 de diciembre de 2018 (RCUD 2233/2017) y 7 de febrero de 2019 (RCUD 649/2017). En ellas se han esti-mado los fundamentos jurídicos de los recursos interpuestos por los socios cooperativistas, determinando que esta tipología de socios no está excluida de la posibilidad de la jubilación anticipada, y, por ende, del percibo de la pensión correspondiente.

  • El decomiso de los bienes, efectos o ganancias procedentes del delito

    El presente estudio aborda las diferentes modalidades del decomiso en la legislación española actual: el decomiso genérico, el decomiso ampliado, el decomiso autónomo, el decomiso de terceros y el decomiso como medida cautelar. Para ello ofrece una visión general acerca de la evolución expan-siva habida en la concepción de la figura, desde una naturaleza claramente penal o sancionatoria hacia la cada vez mayor inclusión de caracteres civi-les en su regulación, en consonancia con la legislación comunitaria y bajo la supervisión del TEDH.

  • Incidencia de la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad en el derecho español

    La ratificación por España de la Convención sobre los derechos de las Per-sonas con Discapacidad ha supuesto abandonar el modelo médico o reha-bilitador y acoger un modelo social de protección, en el que impere el prin-cipio de no discriminación de las personas cuya capacidad haya de ser mo-dificada. Jueces y magistrados, a través de la jurisdicción contenciosa, son los únicos legitimados para llevar a cabo tales modificaciones, erigiéndose la curatela como el medio más idóneo para ello por ser una institución flexible pensada especialmente para los casos de incapacidades parciales. Empero haber sido declarada constitucional por el Alto Tribunal la actual normativa existente, el respeto al espíritu de la norma internacional hace necesario que en el futuro el legislador español atienda las acreditadas vo-ces doctrinales que reclaman reformas que logren una mayor agilización en los procedimientos, nuevas terminologías, y una mayor especialización de todos los profesionales intervinientes en los procedimientos de capacidad, entre otras.

  • Apuntes sobre el proceso especial de impugnación de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo

    La Ley 36/2011, de 10 de octubre, de Jurisdicción Social, establece un pro-ceso judicial especial para el trabajador que individualmente pretende im-pugnar las decisiones empresariales relativas a movilidad geográfica, mo-dificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato de trabajo y reducción de jornada. Constituye el objetivo de este artículo analizar el trámite procesal del proceso especial en todas sus fases, sin ol-vidar las cuestiones de derecho sustantivo más relevantes que le afectan.

  • El acoso laboral en el Sector Público y su regulación en el espacio europeo

    La presente comunicación versa sobre la regulación del acoso laboral en el Derecho europeo con especial referencia al Sector Público. Analizaremos en las Directivas Comunitarias y Recomendaciones su defini-ción y marco normativo; evolución y diferencia entre la inicial protección y la actual, distinguiendo entre acoso sexual, por discriminación y acoso mo-ral o psicológico; la delimitación conceptual del acoso moral en el Derecho Comunitario, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los Tratados Constitutivos de las tres Comunidades (CECA, EURATOM y CEE) y la Organización Internacional del Trabajo. Por último, se recoge la referencia al Análisis de Eurofound, los Informes del Director General del Consejo de Administración de la OIT de noviembre de 2016 y 2017 sobre la Violencia en el Trabajo y la normativa del Sector Público y el Protocolo de la AGE (Administración General del Estado), y además una relación de sentencias del TJUE.

  • El discurso del odio sexista (en construcción)

    El presente texto aborda la cuestión del discurso del odio en su vertiente sexista/por razón de género, intentando saber si la realidad jurídica espa-ñola permite hablar de un discurso de estas características.

  • Constitución y contrato social

    El cuadragésimo aniversario de la Constitución ha coincidido con un renacimiento de las teorías del contrato social. Son muchos quienes reclaman que se firme un nuevo pacto en sustitución al que dio lugar a nuestra Norma fundamental, mientras que otros proponen mantener a toda costa el actual. Este artículo subraya el papel conciliador que desempeñó la Constitución en su momento, cuando supuso un punto de inflexión en una historia marcada por el enfrentamiento. Es cierto que, a lo largo de los años, la Norma fundamental ha sufrido desgastes, sobre todo en la articulación territorial del poder. Pero estos problemas deberían abordarse desde el consenso y con modificaciones que, en algunos casos, quizá no alcancen a la norma fundamental. No se trata, pues, de elevar la reforma de la Constitución a categoría de mito, sino de reconocer que el pacto de 1978 sigue vigente en sus aspectos esenciales. No es cuestión, pues, de sustituirlo, sino de renovarlo. Palabras clave: Constitución, contrato social, historia constitucional, Estado, Comunidades Autónomas, lealtad federal, reforma constitucional.

  • Loot boxes: juegos de azar encubiertos al alcance de menores

    La revolución digital alcanza todos los aspectos de nuestra vida. Los menores de edad no son una excepción. Actualmente gran parte de su tiempo lúdico y de sus relaciones sociales se gestan en línea, a través de redes sociales y videojuegos. En otro plano distinto, el juego de azar online es un sector que está en auge, y que presenta un importante crecimiento económico. Este modelo de negocio se encuentra perfectamente regulado en España tras la promulgación de la Ley Reguladora del Juego de 2011 y su amplia normativa de desarrollo. El problema que aquí se trata es que algunas mecánicas de juego de azar se están insertando dentro de los videojuegos a través de las denominadas «lootboxes» o «cajas botín», dando lugar a que los menores se expongan a dinámicas nocivas para su desarrollo. Se trata de un fenómeno muy novedoso, ante el que doctrina y autoridades están comenzando a reaccionar en todo el mundo, si bien la respuesta en muchos casos está aún en una fase embrionaria. Mediante este trabajo venimos a dibujar las bases legales y fácticas de este fenómeno desde la óptica del ordenamiento jurídico español. Palabras clave: Caja botín, menores, juegos de azar, juegos de azar en línea, juego ilegal, juego responsable, consumidores y usuarios, derecho a la información, derecho a la salud, videojuegos.

  • La privación de la patria potestad como medida penal y civil

    La privación de la patria potestad es, con mucho, la medida más restrictiva de los derechos de los progenitores respecto de los hijos menores. Entendida esta institución como un derecho-deber ejercido siempre en interés de los menores, la privación de ella, así como su suspensión o la inhabilitación para su ejercicio, es una decisión que se adoptará siempre en atención a dicho interés superior. Dicha decisión puede adoptarse en el marco de un proceso penal o de un proceso civil de familia. Dentro del proceso penal puede tener la naturaleza de medida cautelar, en cuyo caso hablaremos de suspensión de la patria potestad, o puede ser, terminado el proceso con sentencia condenatoria, una pena, en cuyo caso hablaremos de privación o de inhabilitación de la patria potestad. Como medida cautelar podrá adoptarse en alguno de los siguientes escenarios procesales: en la orden de protección (art. 544 ter de la LECr), o en el marco de los artículos 544 quinquies de la LECr, art. 61 y ss. de la LMPIVG y art. 518 del CC. Estos últimos suponen, en relación con la orden de protección, un gran avance en cuanto a las medidas de protección de menores ya que, a diferencia de la situación anterior a su entrada en vigor, permiten modificar las medidas acordadas anteriormente en un proceso civil y continúan en el proceso penal junto con las medidas cautelares penales. En cuanto a la privación o inhabilitación como penas, estas están establecidas como penas específicas en determinados tipos legales (entre ellos los específicos de violencia de género), o como penas accesorias de aplicación facultativa en los artículos 55 y 56 del CP, habiéndose producido una evolución en su aplicación jurisprudencial a partir del año 2015. La privación o suspensión del ejercicio de la patria potestad como medida civil se distingue fundamentalmente en tres supuestos atendiendo a estudios jurisprudenciales: por encontrarse el progenitor en prisión, por maltrato a los menores o por falta de relación con ellos, lo que supone un incumplimiento reiterado de las obligaciones familiares. Palabras clave: Patria potestad, medida cautelar, pena.

  • Sobre la respuesta penal frente a los incendios forestales

    El código penal ofrece, tras la reforma de 2015, nuevos tipos y herramientas de aplicación frente a los delitos de incendios forestales, aun cuando no siempre pueden ser viables o eficaces, como se analiza. Palabras clave: Incendio forestal, monte, peligro para las personas, propagación, excusa absolutoria.

Documentos destacados