• Revista Jurídica de Castilla y León

Editorial:
Junta de Castilla y León
Fecha publicación:
2014-02-19
ISBN:
2254-3805

Últimos documentos

  • Constitución y contrato social

    El cuadragésimo aniversario de la Constitución ha coincidido con un renacimiento de las teorías del contrato social. Son muchos quienes reclaman que se firme un nuevo pacto en sustitución al que dio lugar a nuestra Norma fundamental, mientras que otros proponen mantener a toda costa el actual. Este artículo subraya el papel conciliador que desempeñó la Constitución en su momento, cuando supuso un punto de inflexión en una historia marcada por el enfrentamiento. Es cierto que, a lo largo de los años, la Norma fundamental ha sufrido desgastes, sobre todo en la articulación territorial del poder. Pero estos problemas deberían abordarse desde el consenso y con modificaciones que, en algunos casos, quizá no alcancen a la norma fundamental. No se trata, pues, de elevar la reforma de la Constitución a categoría de mito, sino de reconocer que el pacto de 1978 sigue vigente en sus aspectos esenciales. No es cuestión, pues, de sustituirlo, sino de renovarlo. Palabras clave: Constitución, contrato social, historia constitucional, Estado, Comunidades Autónomas, lealtad federal, reforma constitucional.

  • Loot boxes: juegos de azar encubiertos al alcance de menores

    La revolución digital alcanza todos los aspectos de nuestra vida. Los menores de edad no son una excepción. Actualmente gran parte de su tiempo lúdico y de sus relaciones sociales se gestan en línea, a través de redes sociales y videojuegos. En otro plano distinto, el juego de azar online es un sector que está en auge, y que presenta un importante crecimiento económico. Este modelo de negocio se encuentra perfectamente regulado en España tras la promulgación de la Ley Reguladora del Juego de 2011 y su amplia normativa de desarrollo. El problema que aquí se trata es que algunas mecánicas de juego de azar se están insertando dentro de los videojuegos a través de las denominadas «lootboxes» o «cajas botín», dando lugar a que los menores se expongan a dinámicas nocivas para su desarrollo. Se trata de un fenómeno muy novedoso, ante el que doctrina y autoridades están comenzando a reaccionar en todo el mundo, si bien la respuesta en muchos casos está aún en una fase embrionaria. Mediante este trabajo venimos a dibujar las bases legales y fácticas de este fenómeno desde la óptica del ordenamiento jurídico español. Palabras clave: Caja botín, menores, juegos de azar, juegos de azar en línea, juego ilegal, juego responsable, consumidores y usuarios, derecho a la información, derecho a la salud, videojuegos.

  • La privación de la patria potestad como medida penal y civil

    La privación de la patria potestad es, con mucho, la medida más restrictiva de los derechos de los progenitores respecto de los hijos menores. Entendida esta institución como un derecho-deber ejercido siempre en interés de los menores, la privación de ella, así como su suspensión o la inhabilitación para su ejercicio, es una decisión que se adoptará siempre en atención a dicho interés superior. Dicha decisión puede adoptarse en el marco de un proceso penal o de un proceso civil de familia. Dentro del proceso penal puede tener la naturaleza de medida cautelar, en cuyo caso hablaremos de suspensión de la patria potestad, o puede ser, terminado el proceso con sentencia condenatoria, una pena, en cuyo caso hablaremos de privación o de inhabilitación de la patria potestad. Como medida cautelar podrá adoptarse en alguno de los siguientes escenarios procesales: en la orden de protección (art. 544 ter de la LECr), o en el marco de los artículos 544 quinquies de la LECr, art. 61 y ss. de la LMPIVG y art. 518 del CC. Estos últimos suponen, en relación con la orden de protección, un gran avance en cuanto a las medidas de protección de menores ya que, a diferencia de la situación anterior a su entrada en vigor, permiten modificar las medidas acordadas anteriormente en un proceso civil y continúan en el proceso penal junto con las medidas cautelares penales. En cuanto a la privación o inhabilitación como penas, estas están establecidas como penas específicas en determinados tipos legales (entre ellos los específicos de violencia de género), o como penas accesorias de aplicación facultativa en los artículos 55 y 56 del CP, habiéndose producido una evolución en su aplicación jurisprudencial a partir del año 2015. La privación o suspensión del ejercicio de la patria potestad como medida civil se distingue fundamentalmente en tres supuestos atendiendo a estudios jurisprudenciales: por encontrarse el progenitor en prisión, por maltrato a los menores o por falta de relación con ellos, lo que supone un incumplimiento reiterado de las obligaciones familiares. Palabras clave: Patria potestad, medida cautelar, pena.

  • Sobre la respuesta penal frente a los incendios forestales

    El código penal ofrece, tras la reforma de 2015, nuevos tipos y herramientas de aplicación frente a los delitos de incendios forestales, aun cuando no siempre pueden ser viables o eficaces, como se analiza. Palabras clave: Incendio forestal, monte, peligro para las personas, propagación, excusa absolutoria.

  • Los Estatutos del personal de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas en relación con los artículos 149.1.7.ª y 149.1.18.ª de la Constitución Española

    La aplicación del art. 149.1.18.ª CE a los parlamentos autonómicos, en materia de función pública, es una cuestión controvertida en la que es patente una fragmentación de la doctrina científica, entre aquellos que defienden que debe existir un tronco común a toda la función pública del Estado lato sensu, siendo competencia exclusiva del Estado, y aquellos que piensan que dicho precepto constitucional no es aplicable a las asambleas legislativas, sin perjuicio de los principios constitucionales que les sean de aplicación. Junto a dicho precepto constitucional que afecta a los funcionarios públicos se aborda el otro gran pilar de los medios humanos al servicio del aparato burocrático integrado por el personal laboral (según establece el art. 149.1.7.ª CE). En definitiva, este estudio trata de aclarar la aplicación de los preceptos constitucionales citados a los parlamentos autonómicos en materia de personal o, o, al menos, de reflexionar sobre ello. Palabras clave: Competencias autonómicas, Estatuto del personal, función pública, Parlamentos autonómicos.

  • La aportación de Castilla y León al régimen jurídico de atención a las víctimas del terrorismo en España: la Ley 4/2017 de 26 de septiembre

    El 2 de octubre de 2017 el BOCyL publicaba la Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León, que se incorpora a un elenco de disposiciones que regulan la especial protección que los poderes públicos dispensan a este colectivo. Protección y rehabilitación; compensación; reconocimiento y memoria; y dignidad son los objetivos que la Junta de Castilla y León se marcó al redactar un proyecto de Ley que, tras las aportaciones de los diversos grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, mereció su apoyo unánime. De este modo se concedió el máximo rango normativo a prestaciones ya existentes, se incorporaron algunas nuevas, y además se adaptaron a la Administración regional las previstas en la legislación estatal. Este trabajo pretende dar claridad a la aparente concurrencia competencial sobre esta materia, a la vez que analiza el derecho autonómico comparado, deteniéndose en particular en la recién aprobada Ley de Castilla y León. Palabras clave: Ley, víctimas del terrorismo, reconocimiento, asistencia, memoria, Castilla y León.

  • Las fisuras del sistema especial de protección de los candidatos y licitadores en la nueva Ley de Contratos del Sector Público

    Las Directivas europeas sobre contratación y sobre recursos, así como las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han supuesto la constante adaptación de la normativa española sobre contratación pública, lo que ha desembocado en un régimen legal de tutela de los licitadores com-plejo y fragmentado, que el legislador no parece dispuesto a solucionar.

  • La elaboración de normas en Castilla y León: impacto de la reforma administrativa tras la Ley 39/2015 y la STC 55/2018

    El procedimiento de elaboración de normas en Castilla y León ha ido evo-lucionando paulatinamente hasta llegar a la regulación vigente, que esta-blece el capítulo III del Título VI de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Go-bierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en la redacción que le otorga la Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas, que se vio condicionada por la necesidad de su adapta-ción a las normas básicas contenidas en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-ciones Públicas. En este artículo se analizan las innovaciones que presenta la LPAC y su proyección sobre la regulación de la elaboración de las nor-mas autonómicas, en particular tras la STC 55/2018, de 24 de mayo, que la matiza significativamente, pues declara su inaplicación a la iniciativa legis-lativa autonómica y la limita a lo básico en las iniciativas reglamentarias. En el caso particular de Castilla y León, junto a ello se ofrece además una visión práctica de los problemas más frecuentes que surgen en la tramita-ción de estas iniciativas normativas.

  • La eficacia directa de las directivas comunitarias y su incidencia en el orden jurisdiccional social

    Las directivas comunitarias son una de las fuentes de derecho derivado de mayor importancia, por ello el reconocimiento de su eficacia directa en toda su extensión, a nivel vertical y o horizontal, va a resultar clave a la hora de impregnar criterios de seguridad, uniformidad y celeridad en su aplicación por parte tanto de los jueces nacionales como de los jueces comunitarios. Analizaremos los últimos dictados del TJUE favorables a tal admisión, en la aplicación de la Directiva 2000/78 en materia de no discriminación en el trabajo, así como la incidencia que la aplicación directa de las directivas comunitarias está teniendo en el orden laboral y muy especialmente en el ámbito de la contratación temporal. Decantarse por la aplicabilidad directa en toda su extensión de las directivas comunitarias, tanto a nivel vertical como horizontal, a nuestro modo de ver supondría dotar de una mayor uni-formidad, seguridad y homogeneidad en el ámbito de las relaciones jurídi-cas entre particulares en relación con la norma comunitaria.

  • Reflexiones sobre la i-recurribilidad de las medidas provisionales civiles

    La LO 8/2015, de 22 de julio, de protección a la infancia y la adolescencia ha regulado, en su artículo segundo, «el interés superior del menor», esta-bleciendo un sistema de garantías procesales para asegurar su aplicación efectiva. El artículo 5.2.e de la misma ley establece que «toda medida en el interés superior del menor deberá ser adoptada respetando las debidas garantías del proceso y, en particular: La existencia de recursos que permitan revisar la decisión adoptada que no haya considerado el interés superior del menor como primordial». Esta alocución de la LO entra en aparente contradicción con la irrecurribilidad de las medidas provisionales civiles consagrada en los artículos 771.4.º y 773.3.º de la LEC. Dicha irrecurribilidad deriva, ade-más, de los problemas surgidos de un sistema procesal caótico anterior a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en lo que al derecho de familia se re-fiere. De otra parte, tanto la práctica procesal como la aplastante objetivi-dad de los datos estadísticos demuestran que dichas medidas no resultan, en realidad, tan provisionales como su nombre indica, y así lo puso de ma-nifiesto el Defensor del Pueblo en su estudio de mayo de 2014 sobre la es-cucha y el interés superior del menor. La cuestión fue planteada también por la Fiscalía General del estado en la Circular 1/2001 sobre la incidencia de la nueva LEC en la intervención del fiscal en los procesos de familia. Este estudio pretende plantear, sobre la base de la exigencia de la LO 8/2015, la conveniencia y posibilidad de revisar los referidos artículos de la ley ritua-ria y plantear una reflexión sobre la posibilidad, o la bondad, de establecer un cauce preferente y sumario de recurso para tales medidas provisionales cuando se considere que no atienden al interés superior protegido. Dicha posibilidad ya se contempla en el derecho comparado.

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