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      • Revista Derecho Social y Empresa

Editorial:
Dykinson
Fecha publicación:
2014-03-20

Número de Revista

Últimos documentos

  • La viabilidad del sistema público de pensiones: cuestiones actuales

    Este estudio panorámico pretende sintetizar las principales controversias suscitadas acerca de la viabilidad del sistema público nacional de pensiones. La inestabilidad del mercado laboral, las bajas tasas de natalidad y sobre todo el envejecimiento de la población conforman un escenario que, a priori, no parece muy alentador para el sostenimiento del sistema de pensiones. Se han acometido reformas importantes, la más profunda entró en vigor en 2013 incluyendo tanto ajustes paramétricos como estructurales. Sin embargo, estas reformas parecen insuficientes para mantener la sostenibilidad del sistema y, en cambio, aumenta el malestar social entre los pensionistas. Este trabajo también muestra propuestas y medidas para mejorar el sistema actual y otras alternativas al sistema público de reparto.

  • The Italian pension system. The relocation agreement: technical aspects and operational processes

    El sistema de pensiones italiano es complejo y en constante evolución. Las reformas, que afectaron al sistema de protección social de los trabajadores encuentra su origen, en el art. 38 de la Constitución Italiana, y en los artículos 4, segundo párrafo, y 35, primer párrafo. Juntos conforman la estructura a través de la cual se logra la protección de cada actividad o función realizada en cumplimiento del deber general que todos tienen para contribuir con el progreso material y espiritual de la sociedad. A partir de ellos, se origina la justificación de la protección de pensiones diseñada y revisada para enfrentar los desafíos que se han creado con los cambios en los sistemas regulatorios y económicos. Lamentablemente, la grave crisis económica ha afectado al mundo laboral, aumentando los niveles de desempleo y, al mismo tiempo, socavando algunas bases de la legislación laboral tradicional en casi todos los países de la Unión Europea. La adaptabilidad de la persona a las inminentes e imprevistas transformaciones del mercado laboral remodela una nueva noción de seguridad social cuyo objetivo es garantizar a los desempleados y desempleadas, métodos adecuados de supervivencia antes de la pérdida del trabajo. Pero no solo eso. Los trabajadores se convierten en receptores de políticas activas para la búsqueda de nuevos empleos y nuestro legislador utiliza un instrumento de origen del norte de Europa: el contrato de reubicación. El Ministerio de Trabajo y el ANPAL, el 11 de junio de 2018, destacó las modalidades de acceso temprano a la asignación de reubicación por parte de los trabajadores en áreas comerciales y perfiles profesionales en riesgo de redundancia. En la circular mencionada, las agencias proporcionan las instrucciones de operación para el uso de los beneficios, tanto para el empresario como para el trabajador.

  • Presentación
  • Avances y retrocesos en la universalización de las prestaciones de asistencia sanitaria. Especial atención a las personas extranjeras

    Desde que se proclamara la Constitución del 78 el Sistema Nacional de Salud ha aspirado a alcanzar la universalización de sus prestaciones. Para tal fin, es imprescindible la ruptura entre el Sistema Nacional de Salud y la Seguridad Social a través de su desvinculación financiera, así como el reconocimiento del derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria a todos los ciudadanos, incluidos los extranjeros con independencia de su situación administrativa en España. En este trabajo de investigación se analiza críticamente el camino trazado a este respecto a través de la normativa, haciendo especial hincapié en el caso específico de las personas extranjeras y en la situación anterior a la reforma de 2012, en contraposición con la misma y con la posterior contrarreforma de 2018.

  • El reembolso del gasto sanitario frente a terceros obligados al pago

    Las personas que no tienen reconocido el derecho a la asistencia sanitaria gratuita o bonificada, como aseguradas o beneficiarias, vienen obligadas a sufragar el importe de la prestación suministrada por los servicios públicos de salud. Existen, no obstante, numerosas situaciones en las que la existencia de un tercero obligado al pago permite a las Administraciones sanitarias reclamar a dichos terceros el coste de los servicios prestados, reclamación que de llevarse a efecto puntualmente contribuiría a reforzar la sostenibilidad financiera del sistema público de salud.

  • El régimen de copago de la prestación farmacéutica y su impacto en las mujeres pensionistas

    En presente estudio analiza si el régimen de copago farmacéutico generalizado establecido en 2012 coloca a las mujeres pensionistas en una situación de desventaja particular respecto de los pensionistas varones, generando discriminación indirecta por razón de sexo. Asimismo se estudian las medidas adoptadas por las comunidades autónomas para atender las necesidades de las personas más vulnerables. La investigación se enfrenta al obstáculo de que no siempre los datos oficiales se ofrecen desagregados por sexo, incumpliendo la normativa estatal sobre la materia.

  • Trabajadoras asalariadas y autónomas ante la protección por maternidad: la subsistencia de estereotipos sexistas en la ley y en la jurisprudencia

    En este trabajo se analizan los estereotipos de género presentes en la normativa reguladora de la protección por maternidad en el trabajo asalariado y autónomo, así como en la doctrina del TJUE y del TC que la interpreta. Los prejuicios sexistas impregnados en la cultura, en las normas y en las resoluciones judiciales siguen atribuyendo a la madre trabajadora el rol de cuidadora prioritaria, rol que se silencia y enmascara tras el argumento de la necesidad de tutelar “las particulares relaciones” entre la madre y la criatura recién nacida. La desigual regulación de los permisos por maternidad y paternidad discrimina indirectamente a las mujeres pues, al imponerles el ejercicio de los derechos de conciliación en caso de parto y convertir al padre en un mero colaborador, hace recaer sobre ellas el coste laboral de la decisión de tener descendencia; coste que es especialmente alto en el trabajo por cuenta propia, lo que desincentiva el autoempleo femenino.

  • La (des)protección social de los cuidadores no profesionales

    Las estadísticas se ocupan cada año de confirmar que el cuidado de personas que no pueden valerse por sí mismas es una tarea realizada principalmente por mujeres, tanto si se trata de trabajos realizados de forma profesional como no profesional por parientes y allegados. En el presente trabajo se analizan las diferentes formas de desprotección social que, todavía en el siglo XXI, sufren los cuidadores de personas dependientes. Y es que a pesar de que esta resulta una tarea esencial para la consecución del Estado de bienestar, muchas veces, y por distintos motivos, las personas que lo realizan quedan alejadas del sistema de protección que actualmente dispensa nuestro sistema de Seguridad Social.

  • La valoración y determinación de la situación de dependencia. Un proceso administrativo con más sombras que luces

    El presente estudio aborda el complejo proceso administrativo en la determinación y valoración de las situaciones de dependencia y/o falta de autonomía personal, pese a que está dotado de una cierta objetividad en su determinación. La realidad se ha venido imponiendo y nos muestra un proceso administrativo muy complejo con ciertas dosis de subjetividad de los evaluadores y con un resultado de inseguridad jurídica para el llamado a ser beneficiario de los derechos reconocidos en la LD. A ello se une también los problemas, a la hora de aceptar o no que haya “pasarelas” con otras situaciones que pueden llegar a coincidir en una persona, como la condición de incapacitado para el trabajo incapacitado judicial o discapacitado con la de dependiente.

  • La jubilación parcial, flexible y activa como fórmulas para el envejecimiento activo

    El presente trabajo analiza las tres figuras de jubilación que configuran jurídicamente el envejecimiento activo: la jubilación parcial (anticipada o diferida), la jubilación flexible o demorada y la jubilación activa. El envejecimiento activo se ha instaurado como el concepto principal sobre el que deben enfocarse los sistemas de pensiones; sin embargo, se trata de un constructo social, de difícil concreción jurídica por implicar un alto grado de indeterminación, dando lugar a situaciones problemáticas de coexistencia entre rentas del trabajo y rentas de sustitución.

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