• Revista de Derecho Político

Editorial:
Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED)
Fecha publicación:
2017-01-31
ISBN:
2174-5625

Últimos documentos

  • Citizenship by investment programmes: naturalización exprés para billeteras pudientes. ¿Una estratificación arbitraria de jure?

    Tradicionalmente, los estudios centrados en las relaciones entre migración y estratificación han prestado especial atención a la influencia de características tales como el origen, la etnia o el género a la hora de determinar la posición dentro de la estratificación migratoria, interesándose, a su vez, particularmente por los inmigrantes que se encontraban en la base de dicha estratificación. Sin embargo, estudios recientes (Shachar, 2011, 2016; Shachar & Hirschl, 2013) han cambiado esta tendencia virando su interés hacia aquellos migrantes situados en la cúspide de la estratificación, beneficiados por la apertura de una vía exprés para la obtención de la ciudadanía en razón de sus excepcionales talentos en ámbitos tan diversos como el deporte, la academia o la industria. Esta nueva forma de acceso a lo alto de la estratificación migratoria, en expansión, existe en todo el mundo y suele darse normalmente de forma particularizada y discrecional. Menos atención han obtenido otro tipo de programas que igualmente facilitan el acceso a lo más alto de la estratificación migratoria, esta vez basándose en la condición económica del postulante. Me refiero a los citizenship by investment programs (CIPs por sus siglas en inglés), los cuales acortan la ruta a la ciudadanía a cambio de inversiones económicas, que se dan de formas altamente diversas dependiendo del país y del programa a la sazón. A pesar de la citada diversidad, aquello que caracteriza a los CIPs es que para estos la capacidad económica del postulante se convierte en la llave que da acceso a la ciudadanía del país que implanta el programa. Facilitando y acelerando la adquisición de la ciudadanía en razón de la capacidad económica, los CIPs conllevan así una estratificación en el acceso a la ciudadanía que es establecida de jure o por ley. Dicha estratificación en la naturalización requiere de una investigación ulterior y suscita diversas cuestiones de gran importancia: ¿es justo eliminar algunos requisitos, tales como los exámenes cívicos y de idioma, a los ciudadanos de chequera, mientras los mismos se mantienen para otros solicitantes de naturalización? ¿Debería la capacidad económica del postulante ser aceptada como el requisito principal a la hora de garantizar la ciudadanía? ¿Son dichas políticas arbitrarias? Este artículo tiene tres objetivos. En primer lugar, presentar el fenómeno de los CIPs, centrándose especialmente en aquellos programas establecidos entre los miembros de la Unión Europea. El interés principal de centrarse en dichos estados es que en su caso las decisiones unilaterales de otorgar la ciudadanía nacional a cambio de una inversión económica conllevan igualmente el otorgamiento de la ciudadanía europea, la cual garantiza derechos supranacionales e impone obligaciones a otros estados miembros. En segundo lugar, comparar los requisitos solicitados a los postulantes generales de naturalización y a aquellos que siguen la vía exprés abierta por los CIPs. Esto se hará a fin de probar que los CIPs comportan una severa estratificación, establecida y plasmada de jure en el acceso a la ciudadanía en favor de los solicitantes que siguen esta vía. Por último, ofrecer argumentos que despierten la sospecha sobre la posible arbitrariedad de dichas políticas de naturalización, arbitrariedad que no tiene cabida ni respaldo legal en el contexto del constitucionalismo contemporáneo.

  • El derecho fundamental a justicia: Revisión integral e integradora del derecho a la tutela judicial efectiva

    El derecho a la tutela judicial efectiva, siendo uno de los derechos de máxima relevancia constitucional, no ha de mantenerse estático, sino que puede evolucionar hacia una vertiente más integradora, dando cabida a las pujantes formas extrajudiciales de resolución de litigios. En ese sentido el presente trabajo propone una evolución del actual derecho, recogido en el art. 24 de la Constitución Española, hacia un derecho fundamental que ofrezca, en su texto y aplicación, todas las variantes de resolución de litigios al justiciable, sean judiciales o extrajurisdiccionales y con ello garantice su consideración global como forma de obtener justicia, junto a la tradicional solución judicial del litigio. La Administración de justicia del siglo XXI, en conexión con la realidad social y el auge de los medios extrajudiciales de resolución de litigios (arbitraje, mediación, conciliación, negociación), ha de sostenerse en el futuro sobre un derecho fundamental a justicia, un derecho de la máxima categoría legal que habilite a que el ciudadano elija libremente la vía de solución del litigio considera más adecuada para la efectiva protección de sus derechos e intereses. En el trabajo se presentan las características y concepto de este posible nuevo derecho fundamental, más amplio e integrador que el actual derecho a la tutela judicial efectiva, y conectado directamente con la cultura de autogestión y discrecionalidad en la aplicación de los derechos subjetivos, lo cual, además, supondrá un nuevo modelo de Administración de justicia, en el cual se incorporen como complementos al proceso todas la opciones extrajudiciales de resolución de litigios que contemple la legislación vigente.

  • Una reflexión desde la teoría de los derechos fundamentales sobre el uso secundario de los datos de salud en el marco del Big Data

    El Big Data ofrece en el ámbito de la investigación en salud grandes oportunidades. La interrelación y explotación de los datos de salud, incluso, correlacionándolos con los no tradicionales, va a permitir avanzar en la lucha contra las enfermedades y a favor de la prevención y predicción en unos términos que seguramente no van a encontrar parangón en la Historia de la Medicina y de la humanidad. Sin embargo, el modelo en el que se han asentado tradicionalmente tanto la investigación en salud, el denominado paradigma Helsinki por referencia a la Declaración del mismo nombre, suscrita por la 18ª Asamblea Médica Mundial en 1964, como la propia regulación jurídica de la protección de los datos de salud parecen no mostrarse adecuados para poder aprovechar tales oportunidades. El equilibrio entre los riesgos para los derechos del individuo y los beneficios para el interés colectivo parece haberse transformado. Ello nos exige reflexionar sobre si cabe desarrollar un nuevo paradigma que permita conjugar las ventajas que para la salud tiene la investigación masiva de datos con la exigida protección de los derechos de las personas. Se trata, en definitiva, de optar, dentro de los márgenes que ofrece la regulación de la protección de datos, por el marco legal más adecuado, atendiendo a las novedades que, al respecto, ofrecen el Reglamento UE y la Ley Orgánica. Como sostenemos en nuestro trabajo, consideramos que el nuevo concepto de la seudonimización ha de ocupar un papel principal dentro de este nuevo modelo.

  • La difícil relación del instituto de la opinión pública y los procesos de comunicación publica en Internet: la desinformación desafiando las garantías constitucionales

    La desinformación desafía las garantías constitucionales de la opinión pública en Internet, principalmente en las redes sociales. Se requiere, además de otras medidas tecnológicas, repensar el derecho fundamental a la información y la formación de la libre opinión pública en las redes. En los soportes digitales los parámetros de tiempo-espacio se han tranformado: el valor del tiempo se cifra en atención y el del espacio en viralidad. Por el funcionamiento técnico de Internet, la viralidad y la visibilidad propicían los cambios de contexto de los mensajes, y la facilidad para difundir "fake news". El contenido del derecho a la información se ve incrementado por un derecho al contexto de la información, y del cual se derivarían nuevos límites por "descontextualización" de la información. Esto, unido al respeto a la privacidad por los algoritmos, podría ayudar a debilitar el impacto de la desinformación en la opinión pública.

  • Secesión y constitucionalismo comparado

    Este artículo examina el vínculo entre secesión y constitucionalismo en democracias constitucionales consolidadas analizando el debate entre el paradigma clásico, representado por el constitucionalismo americano, y el llamado nuevo paradigma, representado por el constitucionalismo canadiense. Mientras que la postura clásica se traduce en una interpretación muy restrictiva que prohíbe la secesión e incluso un referéndum de independencia, el nuevo paradigma intenta acomodar las demandas de secesión si hay una mayoría clara que así lo solicite. En la actualidad diversos ordenamientos jurídicos de democracias europeas se han visto forzados a responder a demandas secesionistas. Algún constitucionalismo, como el británico en el caso escocés, ha seguido el modelo del nuevo paradigma, permitiendo un referéndum de independencia en una parte del territorio nacional, aunque bajo supervisión del gobierno central y excluyendo la posibilidad de un derecho a la secesión (y un derecho a organizar referéndums de independencia) unilateral. En otros países, sin embargo, la posición del gobierno central y de los Altos Tribunales ha sido muy restrictiva. En este sentido, España es sin duda un ejemplo paradigmático, pero en ningún caso excepcional. Sentencias de la Corte Constitucional italiana y del Tribunal Constitucional alemán confirman, aunque con matices, esta posición española. En todos estos casos se ha señalado que, dado que la soberanía reside en el conjunto de ciudadanos, una parte de dicha ciudadanía no puede adoptar decisiones fundamentales que afectan a la totalidad del cuerpo electoral. Estas interpretaciones comunes muestran que el nuevo paradigma no ha venido a sustituir al clásico, sino que en la actualidad ambos conviven en democracias igualmente avanzadas. Además, el artículo también pretende resaltar que a pesar de las diferencias entre un modo de tratar la secesión y otro (paradigma clásico y nuevo), hay determinados rasgos comunes: respeto al Estado de Derecho y papel relevante de las instituciones estatales en el proceso, lo cual excluye cualquier tipo de secesión unilateral.

  • El conflicto entre el derecho al olvido digital del pasado penal y las libertades informativas: las hemerotecas digitales. (A propósito de la STC de 4 de junio de 2018 y de la STEDH de 28 de junio de 2018, caso M.L. y W.W. contra Alemania)

    Con carácter general, la libertad de información es uno de los límites del derecho al olvido digital. La posibilidad de localizar, en la hemeroteca digital de un periódico, una noticia publicada tiempo atrás, utilizando como criterios de búsqueda datos personales, concretamente los nombres y apellidos ha sido el motivo del pronunciamiento del TC. En este supuesto concreto, el derecho al olvido digital lleva aparejada la existencia de un perjuicio para el interesado, tratándose de un aspecto de su vida privada relativo a su pasado penal y por tanto relacionado, con su intimidad. El presente trabajo analiza la STC, de 4 de junio de 2018, que reconoce expresamente el denominado jurisprudencialmente derecho al olvido digital, como una facultad inherente al derecho a la protección de datos personales, y, por lo tanto, como derecho fundamental. Paralelamente examina la STEDH caso M.L. y W.W. contra Alemania de 28 de junio de 2018. En el conflicto entre el derecho al olvido digital del pasado penal y el ejercicio de la libertad de información a través de las hemerotecas digitales, el TC emplea los mismos parámetros que ha venido utilizando en su jurisprudencia tradicional sobre los límites a la libertad de información junto con el paso del tiempo y los efectos de la digitalización de la información. Para concluir que la medida limitadora consistente en desindexar los nombres y apellidos como criterios de búsqueda era proporcionada. No obstante, las hemerotecas digitales, contribuyen de forma sustancial a la preservación y accesibilidad de las noticias y la información. La STC resulta, en este sentido, más garantista para los derechos de la personalidad, y, en especial, para el derecho fundamental a la protección de datos. Sin embargo, el interés de los usuarios de Internet en disponer de la información sobre hechos del pasado queda desvalorizado en la ponderación. Por el contrario, la postura que ha mantenido el TEDH es que la inclusión del nombre de la persona noticiable constituye un aspecto esencial del trabajo de la prensa y de la credibilidad de la noticia, máxime si se trata como en este caso de un procedimiento penal. No resultaría por tanto improbable que el caso español acabara planteándose ante TEDH sobre la base de la importancia del derecho del público a acceder a la información incluso sobre acontecimientos pasados.

  • Las imbricaciones políticas entre la participación ciudadana e Internet

    En este articulo el autor trata de mostrar las relaciones directas que se establecen entre las posibilidades que ofrece Internet y una mejora participativa. La participación ciudadana es un elemento básico en toda construcción democrática, por lo que utilizar las herramientas disponibles con el crecimiento de Internet resulta una cuestión crucial para el progreso democrático. Obviamente la relación con las redes sociales también es ampliamente comentada y estudiada, reflexionando sobre si los avances políticos que conllevan son suficientes para la mejor convivencia colectiva o si, por el contrario, se trata de una proyección de avances aparentes. Finalmente se analiza la cuestión relativa al voto electrónico como paradigma de proceso participativo online destacando sus aspectos positivos y, especialmente, los perjuicios democráticos que conlleva.

  • La protección de las minorías: un desafío en clave de constitucionalismo multinivel

    El tratamiento jurídico-constitucional de las minorías y su protección en un contexto estatal donde la mayoría puede anular lo que es diferente a ella, constituye una problemática a afrontar en auge en la realidad multicultural en la que nos desenvolvemos, profundamente influenciada por los avances en política social y una moderna comprensión del sistema democrático. La protección en el marco jurídico-constitucional de estos grupos, la definición del concepto de "minoría" sin que haya sido posible alcanzar un consenso, así como el limitado reconocimiento en España de su realidad, son objeto de análisis en este trabajo.

  • Gobernanza de los macrodatos y democracia representativa

    El fenómeno de los macrodatos tiene un impacto significativo en el ámbito político-institucional y en los canales tradicionales de representación política. La última elección presidencial de los Estados Unidos es una prueba clara. La campaña electoral que permitió a Trump llegar a la Presidencia es solo el último ejemplo que muestra cómo el uso de los datos está cambiando la relación entre ciudadanos e instituciones. Sin embargo, sería erróneo pensar que el fenómeno mencionado se limita a la realidad de los Estados Unidos. Los macrodatos, como se ha destacado en la literatura, difieren de los datos tradicionales (o datos pequeños) para tres características principales, las llamadas 3V: volumen, velocidad y variedad. El impacto en el lado de las instituciones políticas es considerable, y está determinado sobre todo por la fuerte capacidad predictiva como característica típica de la utilización de los macrodatos. El procesamiento de una gran cantidad de datos termina en una imagen cercana y confiable de lo que sucederá, donde los pequeños datos más tradicionales siempre se han caracterizado por la inexactitud y el desorden. Esto es lo que se aplica a la minería de datos (es decir, el conjunto de técnicas y metodologías destinadas a extraer información de grandes cantidades de datos). En una fase en la que el circuito de representación política parece estar afectado por una crisis irreversible, los macrodatos corren el riesgo de transfigurar la relación entre ciudadanos e instituciones y merece un análisis profundo.

  • El sistema electoral italiano: lo que el legislador hace, el Tribunal lo deshace

    En este escrito se analiza el controvertido régimen electoral de Italia en los últimos cinco años. Después de la importante decisión 1 de 2014 de la Corte costituzionale, el sistema electoral italiano se encontró entre los más inestables, al declararse inconstitucional dos veces la ley electoral. Las últimas elecciones se han llevado a cabo a través de un sistema mixto que ha provocado un estancamiento en la formación del gobierno. La nueva ley electoral ha sido objeto de crítica desde diferentes sectores y parece ser transitoria, en espera de un nuevo y codiciado equilibrio político.

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