• Revista de Derecho Político

Editorial:
Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED)
Fecha publicación:
2017-01-31
ISBN:
2174-5625

Últimos documentos

  • La necesaria reforma de la Universidad española

    En las últimas dos décadas se han producido varias propuestas de reforma del sistema universitario español (SUE) mediante informes, libros blancos y todo tipo de documentos elaborados por organismos oficiales estatales, autonómicos, universitarios y por varias fundaciones. En ellas se han abordado todos los aspectos institucionales de las universidades; incluso se han constituido diversas comisiones de expertos a instancias de las autoridades ministeriales, con poco tiempo de diferencia entre ellas. Las medidas adoptadas en el SUE no han servido para mejorar desde una perspectiva comparada el rendimiento docente, investigador, de innovación o de transferencia de conocimiento. Tampoco han mejorado suficientemente, por ejemplo, los niveles de equidad o la empleabilidad de los egresados de nuestras universidades. Finalmente, la situación del profesorado que se encuentra al comienzo de su carrera es preocupante. En este artículo se presenta una propuesta de reforma del SUE desde la perspectiva de su gobernanza. Para ello, se tratará de discernir las metas a las que se orienta y el funcionamiento de los órganos universitarios. Finalmente, se expondrán los diversos actores existentes y sus interrelaciones. Las principales conclusiones y propuestas de la investigación se refieren a la conveniencia de agotar las posibilidades que ofrece la vigente doctrina del Tribunal Constitucional para dar un mayor protagonismo a los consejos sociales; desarrollar las capacidades institucionales, la gobernanza y los recursos humanos bajo un fuerte liderazgo ejecutivo y una orientación a la eficiencia y la efectividad; transformar en profundidad la ordenación y la gestión universitaria y del personal de Administración y servicios (PAS); modificar y simplificar el modelo de acreditación con el fin de mejorar la eficacia, la internacionalización y la movilidad; así como vincular el rendimiento del personal docente e investigador (PDI) con la eficiencia en la consecución de los objetivos del SUE

  • La dimensión constitucional del principio de transparencia y el derecho de información activa

    La transparencia y el derecho a la información son elementos esenciales en un Estado democrático de derecho. Pero la ausencia por lo general en los textos constitucionales de una formulación explícita de estos principios no es un obstáculo para reconocer su vinculación con principios y derechos constitucionales. La información además es un principio que genera un conjunto de obligaciones para las instituciones públicas, y especialmente a las judiciales y administrativas (información activa). La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno representa una iniciativa importante, si bien sólo parcialmente innovadora. La «información activa» se configura como un principio instrumental y obligatorio para las Administraciones públicas, si bien no como un derecho accionable por el ciudadano. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se convierte en la principal garantía de las obligaciones de información activa que impone la Ley de 2013. El principio de transparencia se aplica igualmente, aunque con algunas especialidades, en la Administración de Justicia. Sin embargo, la relevancia progresiva del principio de trasparencia no permite afirmar la existencia de un verdadero derecho fundamental a la información activa; aunque se pueden defender argumentos que refuerzan su potencialidad jurídica. Finalmente se hace un balance crítico de los déficits y mejoras que necesitaría la vigente legislación

  • Valores educativos, ideario constitucional y derecho de los padres: la cuestión del «pin o censura parental»

    Hablar del llamado «pin parental» es abordar una de las cuestiones de mayor actualidad en España, como lo demuestra que el Ministerio de Educación haya presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra la Instrucción por la que se establece. En la presente cuestión confluyen no sólo las dos visiones que sobre educación y enseñanza se han dado a lo largo de nuestra historia, tanto presente como remota (lo que ya haría relevante la cuestión), y para su justificación se han utilizado dos argumentos, a saber: el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos, recogida en el apartado 3, del artículo 27, de la CE, el primero, y la propia libertad, el segundo. Pues bien, en el presente trabajo se va a analizar si los mismos resultan o no suficientes, así como buscar un equilibrio entre los derechos de los padres y el contenido de los curricula educativos

  • Los derechos humanos en estados excepcionales y el concepto de suspensión de derechos fundamentales

    El trabajo aplica a un caso concreto el principio de interpretación de los derechos fundamentales de conformidad con el Derecho internacional de los derechos humanos. Tras pasar revista, por orden cronológico, a los tratados internacionales más importantes a nivel universal, europeo e interamericano, así como a la doctrina que los interpreta (con especial mención a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos), se concluye que «suspensión de derechos» es un concepto superfluo para una teoría material de los derechos fundamentales y que su utilidad se limita a reforzar sus garantías. Todos los conceptos de derechos fundamentales están relacionados; por ello, se realizan al margen algunas consideraciones sobre el contenido esencial y sobre la restricción de derechos

  • ¿Quién quiere hablar? La problemática de la libertad de expresión en la Atenas clásica

    Durante el siglo v a. C. floreció en Atenas un sistema político en el que las decisiones estatales esenciales se adoptaban mediante la participación de la ciudadanía. Tuvo un enorme impacto histórico, de modo que puede considerarse como auténtico precursor de los sistemas democráticos actuales. La participación pública exige necesariamente un grado de libertad de expresión. Por eso este sistema de la Grecia clásica, pese a carecer de un sistema de derechos fundamentales, fue un laboratorio excelente para entender la problemática del derecho a expresarse: en una sociedad y un espacio temporal reducido, se plantean muchos de los problemas actuales. Sin embargo, no existen en nuestro contexto estudios centrados en este período capaces de sacar conclusiones para la actualidad. En el ámbito de la discusión política en la asamblea se distingue entre la facultad de tomar a la palabra (isegoria) que es común a todos los ciudadanos y los requisitos de contenido del discurso público, agrupados en lo que se llamó parresia: más allá de la prohibición de presentar propuestas contrarias a la esencia del sistema democrático, los discursos públicos no están controlados por normas jurídicas sino por la presión social. Se exige una etiqueta determinada que pasa por no escandalizar demasiado ni ser muy directo en la exposición de las ideas propias. Al mismo tiempo, el auge del teatro y su enorme repercusión en la sociedad nos ofrece algo parecido a un primer medio de comunicación de masas. En el ámbito del teatro hay una fase inicial en la que apenas rigen restricciones jurídicas a lo que se dice en una obra teatral. Si acaso algunas derivadas de la protección de la reputación ajena frente a falsedades. Progresivamente, el temor al impacto político del teatro lleva a dictar normas restrictivas como las que prohíben usar nombres propios. Las amenazas de sanciones, llevan a la desaparición del componente crítico en las obras teatrales. Esa reacción frente a la libertad de expresión coincide con una deriva progresivamente autoritaria que llevará pronto al final del régimen democrático. Se muestra también en una sutil extensión de las normas sobre impiedad desde el ámbito de la religión al del discurso público. Se aplican durísimas sanciones a quienes exponen en público ideas o doctrinas contrarias al régimen vigente. Esas sanciones se presentan como una manera de defender la democracia frente a amenazas aristocráticas pero la historia demuestra que en realidad fueron la antesala de ésta. El estudio pone de manifiesto que la diferencia entre igualdad formal y material en el ejercicio de la libertad de expresión es connatural a todo sistema. Más allá, la experiencia ateniense saca a la luz los riesgos de los mecanismos absolutos de democracia militante que no cuenten con instrumentos de flexibilización que permitan el cambio ideológico y social. Por encima de todo, la experiencia clásica griega pone de manifiesto la necesidad de un concepto normativo de libertad de expresión como derecho fundamental capaz de asegurar permanentemente un espacio de expresión inmune a cualquier injerencia estatal

  • Internet, redes sociales y juicios paralelos: un viejo conocido en un nuevo escenario

    En el presente artículo se estudia la patología informativa que suponen los llamados juicios paralelos, así como sus efectos para los derechos y garantías jurídico-constitucionales. El problema, en los últimos años, lejos de disiparse, parece que se enquista y magnifica, al alcanzar nuevas cotas de audiencia y seguimiento gracias a las características del proceso comunicativo de las redes sociales de Internet. El trabajo parte así del estudio de las transformaciones que las nuevas tecnologías han supuesto para el proceso de comunicación pública y los derechos fundamentales, entre las que destaca el derrumbe del modelo de crítica pública y la liquidación de la institución de la opinión pública libre en la sociedad digital, en la que predomina la desinformación e infoxicación en sus múltiples facetas —posverdad, fake news, conocimiento superficial, bots, etc.—. A continuación, se analizan los efectos de los juicios paralelos sobre los derechos fundamentales y el proceso penal, tanto en su versión analógica como en la digital. Con ello se pretende observar si el mayor seguimiento y retroalimentación que se produce en el contexto digital se traduce también en una mayor afectación de los derechos en juego, lo que se ejemplifica en un caso reciente de relevancia mediática («La Manada»). Finalmente, se formulan propuestas para paliar la situación y salir de la encrucijada

  • La determinación de la edad. Obligaciones, praxis y estrategias de litigio para la efectiva protección de los derechos convencionales de los Menores Extranjeros No Acompañados

    El progresivo incremento del número de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) que llegan a España desde finales de la década de los ochenta, ha puesto en un brete a nuestras autoridades, que desde entonces se debaten entre sus obligaciones tuitivas frente al menor y el necesario, aunque no siempre bien gestionado, control de fronteras. En una primera lectura, la normativa española en materia migratoria y de tutela del menor podría efectivamente calificarse de protectora. Sin embargo, la praxis nos viene demostrando desde hace años que su aplicación no siempre es conforme a los mandatos de la Convención sobre Derechos del Niño, ni al desarrollo que de la misma hace el Comité encargado de controlar su cumplimiento. Las críticas, muchas de ellas centradas en el procedimiento de determinación de la edad, son bien conocidas. Los informes y recomendaciones de instituciones y organizaciones, nacionales e internacionales, se han multiplicado desde que el colectivo de los MENA pasó a catalogarse como nuevo fenómeno migratorio. En todo caso, fue durante 2019 cuando el Comité de Derechos del Niño terminó de perfilar nuestros incumplimientos convencionales en materia de identificación del menor. El problema, una vez más, es delinear las estrategias de cumplimiento de unas resoluciones a las que, tradicionalmente, se les ha despojado de toda fuerza vinculante. El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, se pretende demostrar que a pesar de la apariencia protectora de nuestras normas jurídicas, su aplicación práctica está todavía muy lejos de cumplir con los estándares internacionales en materia de infancia. Con tal finalidad se analizan tanto los instrumentos regulatorios sobre el estatuto y el tratamiento de los MENA en España, como algunas de las últimas resoluciones del Comité de Derechos del Niño dictadas contra nuestro país en materia de determinación de la edad. Por otro lado, con el afán de contribuir a evitar futuros incumplimientos convencionales, y aunque sin olvidar las necesarias propuestas de reforma del sistema normativo, como posibles estrategias de litigio se apuntan el recurso a la doctrina de la res interpretata y una coherente implementación del controvertido control de convencionalidad. El mandato hermenéutico del artículo 10.2 de la Constitución española ha orientado la actuación del Tribunal Supremo en una reciente sentencia sobre un caso directamente vinculado con la insuficiente consideración de la documentación acreditativa de la identidad que presentan los menores migrantes que llegan solos a España. Por su parte, el propio Tribunal Constitucional ha avalado la práctica del control de convencionalidad por nuestros tribunales ordinarios. Sin obviar todas las matizaciones necesarias, la operatividad de ambas estrategias parece estar así fuera de toda duda

  • Freno del Tribunal Constitucional al abuso del veto presupuestario: análisis de la jurisprudencia constitucional en torno al art. 134.6. CE

    Este artículo trata de analizar la jurisprudencia dimanada de nuestro Alto Tribunal en torno al art. 134.6 CE. Este apartado del art. 134 CE constitucionaliza la facultad que ostenta el Gobierno de no prestar su consentimiento a la tramitación de proposiciones de ley que conlleven una afectación presupuestaria. Tras una breve exposición sobre el régimen jurídico del veto presupuestario, se procede a analizar cada una a una de las sentencias emanadas del Alto Tribunal. Dada la función de intérprete supremo que el Tribunal Constitucional ostenta, su jurisprudencia podría incluso llegar a influir en determinadas decisiones políticas. En el presente caso, una interpretación del art. 134.6 CE «pro gobierno» podría haber contribuido —si además confluyen unas determinadas circunstancias políticas— a una utilización del veto como un instrumento político, tal y como ha sucedido en la XII legislatura. En sentido contrario, una interpretación adecuada del precepto —que entendemos se da a partir de la STC 34/18— supondría un freno a dicho uso politizado de la facultad de veto presupuestario que posee el Gobierno. Pensamos que ésta última sentencia enmarca acertadamente el art. 134.6 CE. De dicho enfoque deriva una interpretación constitucional de la facultad de veto presupuestario adecuada y completa. Esta interpretación parte de la singularidad que la Constitución otorga a la ley de presupuestos, y podría frenar el uso abusivo del mismo

  • Estado de alarma y protección de la privacidad en tiempos de pandemia: licitud del tratamiento de categorías especiales de datos

    El presente estudio ofrece una investigación sistemática, exhaustiva y actualizada de la declaración del Estado de alarma y el tratamiento de datos personales relativos a la salud de los ciudadanos afectados y/o potencialmente afectados por la situación excepcional derivada del COVID-19. En concreto, analiza la distinción del estado de alarma con los estados de excepción y sitio y la posible afectación del derecho fundamental a la protección de datos personales en situaciones excepcionales de crisis sanitarias y los efectos que dicha declaración puede tener en la normativa aplicable, emanada, a nivel comunitario, por el Reglamento general de protección de datos o RGPD y, a nivel nacional, como complemento y desarrollo del mismo, en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales o LOPDGDD. Seguidamente, y tomando en consideración toda la normativa, general y sectorial, relativa a la materia de protección de datos y de sanidad, se procede al análisis de las bases legitimadoras procedentes y de las excepciones que, aplicables a situaciones de emergencia sanitaria como la actual, habilitan el tratamiento atendiendo a la naturaleza de quien intervenga como responsable, haciendo especial énfasis en el interés público perseguido por las Administraciones Públicas y en el interés vital del propio interesado

  • Polonia ante el principio de confianza mutua en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE

    En este trabajo, basado en la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal de Derechos Humanos y de la literatura sobre el tema, se describe el principio de confianza mutua en relación con el nivel de protección de los derechos fundamentales, y en particular con el derecho a un juicio justo, en los Estados miembros. El principio de la confianza mutua como «piedra angular» de toda la cooperación judicial en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión Europea dimana de la convicción mutua de que el Estado de Derecho es el fundamento de la integración europea. Mientras tanto, el Tribunal de Justicia de la UE se ha ocupado recientemente de cinco casos relativos a la independencia del poder judicial polaco104. De ello se desprende que Polonia no respeta plenamente el principio de protección jurídica efectiva expresado en el párrafo 1 del artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Además, tampoco garantiza el derecho a un juicio justo según el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Por consiguiente, se plantea la cuestión de los límites de la confianza mutua entre las autoridades judiciales de la UE cuando un Estado miembro no respeta las normas reconocidas por los demás. En el caso C-216/18 PPU, LM, el Tribunal se refirió por primera vez, mediante un fallo preliminar, a los cambios sistémicos en el sistema de justicia de Polonia que socavaban la confianza del tribunal irlandés que ejecutaba la orden de detención europea según las normas procesales polacas. Motivado por la jurisprudencia de Estrasburgo y las posiciones de los tribunales de los Estados miembros, el Tribunal aceptó la revisión judicial dispersa del respeto de los derechos fundamentales en los Estados miembros de la UE. Basándose en sus decisiones en los casos: C-411/10 y C-493/10 N.S. y C-404/15, Aranyosi y Căldăraru, el Tribunal en el caso del PPU, LM indicó los pasos a seguir por el tribunal de ejecución de la orden de detención europea en caso de dudas sobre la imparcialidad del juicio en el estado emisor. En los casos analizados a este respecto involucrando a Polonia, el Tribunal, por una parte, contrarrestó el riesgo de una suspensión general de la confianza mutua en relación con uno de los miembros de la Unión Europea y, por otra parte, contrarrestó el riesgo de normas diferentes de protección del derecho fundamental a un juicio justo. En conclusión, corresponde a los tribunales nacionales examinar con equidad si el tribunal del Estado miembro cuya decisión procesal les corresponde ejecutar ha llevado a cabo todos los actos exigidos de conformidad con la letra de la ley. La jurisprudencia en los casos polacos refuerza la convicción de esos tribunales nacionales de que la presunción de observancia del derecho a un juicio justo en Polonia es refutable, por lo que la confianza en las normas procesales polacas debe ser limitada

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