• Revista de Derecho Político

Editorial:
Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED)
Fecha publicación:
2017-01-31
ISBN:
2174-5625

Últimos documentos

  • Online-offline. Las garantías para el acceso a internet y para la desconexión, bloqueo, filtrado y otras restricciones de la red y sus contenidos

    Internet es un nuevo paradigma y su acceso ha pasado a ser una necesidad esencial humana que debe estar garantizada como derecho humano y con protección constitucional iusfundamental. Este derecho de acceso a internet va tomando forma a partir esencialmente de las libertades informativas. El análisis intenta construir y conformar las muy variadas garantías de muy diversa naturaleza que se van destilando para garantizar el libre acceso a internet, así como su dimensión prestacional o social y las obligaciones para garantizar el acceso que asumen los poderes públicos directamente o a través de operadores de comunicaciones. De la mano de la UE, la regulación española de telecomunicaciones ha sido la más seria hasta la fecha para la garantía del servicio público del acceso a internet como «servicio universal» (Tít. III, arts. 23-28 LGT). El emergente derecho de acceso se perfila también en negativo a partir de muchas regulaciones de las restricciones de internet en la regulación internacional, europea y española, un terreno relativamente opaco bajo el velo de la regulación técnica y de órganos sectoriales. En todo caso, se ha sostenido que las dudas de constitucionalidad de esta normativa dependerán de la concreta aplicación de la normativa. La naturaleza de derecho fundamental o humano se perfila con mayor claridad a la hora de analizar las garantías frente al apagón, desconexión, cierre, bloqueo, filtro, u otras restricciones de acceso a internet y sus contenidos. Ahí se aprecia más nítidamente la clásica dimensión negativa de las libertades informativas. No obstante, es necesaria una actualización y determinación de estas garantías y se ha intentado construir las mismas en razón del Derecho Europeo. En particular se ha subrayado el necesario protagonismo judicial para la restricción a internet y sus contenidos. El TEDH, el Consejo de Europa, y más tímidamente el Derecho de la UE, ya han avanzado mucho fijando tales garantías, pese a que en España ni la legislación ni la jurisprudencia parezcan percibirlo. Las garantías que aquí se sostienen derivan de las libertades informativas (art. 20. 1º CE) interpretadas merced al artículo 10. 2º CE. En todo caso, se ha expuesto que el Derecho Constitucional español tampoco ha actualizado para internet las fuertes garantías que previó el constituyente en 1978. Aquí se aboga por una actualización digital de la prohibición de censura o del secuestro judicial de las publicaciones. El legislador español no se toma la cuestión en serio. El artículo 8 Ley 34/2002 sigue suscitando muchas dudas respecto de qué tipo de autoridad puede restringir internet y el artículo 81 Ley orgánica 3/2018 reconoce un derecho de acceso a internet vacuo o simbólico, y además no es de carácter orgánico. Finalmente se concluye que el nuevo artículo 4. 6º LGT aprobado al calor de elecciones y máxima tensión política, no cumple ni de lejos los estándares de calidad normativa ni las garantías que aquí se han sostenido, además de incumplir las exigencias del artículo 86 CE. Además del Gobierno de Cataluña, el Gobierno Vasco lo ha hecho abriendo la posibilidad de negociaciones, por lo que cabe una reforma normativa también apoyada por partido de gobierno. Sin perjuicio de ello, sería deseable a una pronta declaración de inconstitucionalidad por el TC, que sirva, además, para actualizar su deficiente doctrina en la materia.

  • Tiempo y Derecho: fundamento y límites de la retroactividad de la ley

    En el largo proceso de evolución del Derecho y del Estado europeos, el problema de la sucesión de normas en el tiempo ha recibido respuestas muy distintas. En la hora actual debe afrontarse en el seno de cada uno de los ordenamientos jurídicos como una cuestión de derecho positivo. Con estas premisas, el objeto de este trabajo es examinar cómo ha ido cambiando la problemática de la retroactividad de la ley -su fundamento y sus límites- en el marco más amplio del fenómeno derogatorio. Problemática que no se planteó con todas sus consecuencias hasta la Revolución francesa. Hubo un tiempo en que el instituto de la derogación era prácticamente desconocido y la costumbre ocupaba un lugar destacado en el sistema de fuentes. En ese contexto, la posibilidad de que el derecho modificara situaciones jurídicas pasadas era muy limitada. Fue la época del Estado jurisdiccional que abarca desde el surgimiento de los primeros estados europeos hasta la Revolución. En una segunda etapa, la del Estado de Derecho con su constitución liberal, la retroactividad de la ley tuvo un fundamento claro: su carácter soberano y unos límites ideológicos definidos: la seguridad jurídica y los derechos adquiridos. La teoría de los derechos adquiridos operó como un límite político e ideológico a la retroactividad, y aunque no pudo configurarse como un límite real y efectivo frente a un legislador considerado soberano, lo cierto es que en la praxis legislativa decimonónica cumplió una función limitadora. El hecho de que la ley fuera aprobada por unos parlamentos (oligárquicos) que representaban sociedades homogéneas (burguesas) determinó el triunfo absoluto de la teoría de los derechos adquiridos. En una tercera etapa, la del Estado constitucional con su constitución democrática, el fundamento y los límites de la retroactividad cambian. La retroactividad se fundamenta ahora en el principio democrático y encuentra su límite en los derechos fundamentales.

  • Modelos económicos neoliberales y cambios constitucionales. La promoción de la mutación jurídica en la perspectiva de la comparación

    El ensayo trata de examinar el impacto del modelo económico neoliberal en los procesos de mutaciones constitucionales a través de un doble cambio, esto es, de perspectiva y método. El cambio de perspectiva propone abandonar las modalidades mediante las que, en la última década, se ha valorado el impacto de los factores económicos sobre cambios constitucionales. En lugar de centrarse en la crisis económica, el ensayo considera la interacción entre la Economía y el Derecho constitucional como un fenómeno históricamente recurrente y facilitador de mutaciones jurídicas. El cambio de método deriva de la aplicación de la comparación jurídica para el estudio de dichos procesos de mutación. A este respecto, la comparación propone re-imaginar política y jurídicamente la relación entre economía, democracia y cambios constitucionales. De esta manera, se propone suavizar el formalismo de la ciencia jurídica tradicional para conseguir valoraciones más amplias de los fenómenos -entre otros, económicos- que empujan a cambios en la esfera de lo jurídico-constitucional. Puesto que la relación entre mentalidad económica y mensuración cuantitativa del Derecho se expresa en gran medida a través del proceso de constitucionalización del principio del equilibrio presupuestario, el ensayo analiza la relevancia de su constitucionalización aplicando el potencial «subversivo» de la comparación: por un lado, ésta facilita el desvelamiento de las ideologías que subyacen a la mensuración cuantitativa; por otro, nos indica las modalidades por las que los actores de las finanzas globales concretan su propia agenda política procurando -o, mejor dicho, imponiendo- cambios relevantes en la esfera del Derecho constitucional.

  • Sociedad del miedo y desafección constitucional

    En este trabajo el autor trata de mostrar la relación entre el miedo y la desafección constitucional. Primero, analiza el paso de la sociedad del riesgo a una sociedad del miedo, y concreta en el riesgo tecnológico, la globalización, la radicalización de identidades y en el rol de Internet. Luego advierte cómo la democracia se está enfrentando ante una política comprometida por el miedo, a la aparición de nuevos conflictos y a las respuestas iliberales que ya se dan. También el autor plantea cómo afrontar constitucionalmente el miedo respecto a la seguridad, al patriotismo constitucional, además de a otras formas de contención y promoción. Por último, el autor insiste en las causas del miedo como motor de la desafección constitucional.

  • Seguridad Social y principio de solidaridad

    En este artículo, después de describir la noción de solidaridad, su origen histórico y rasgos que la caracterizan, se analiza cómo dicho principio ha venido a constituir uno de los fundamentos básicos de los sistemas de Seguridad Social, en su modalidad contributiva y no contributiva. Se examina su incorporación al ordenamiento jurídico español de Seguridad Social: en la Constitución y en la legislación ordinaria. Del análisis realizado se desprende que la solidaridad ha sido un principio que el Tribunal Constitucional y la legislación han consolidado progresivamente como pieza angular de la Seguridad Social, de manera que esta ya no puede entenderse sin referencia directa a la solidaridad interpersonal, interterritorial e intergeneracional Se concluye el artículo con tres reflexiones que afectan al principio de solidaridad: necesidad de reforzarlo en las prestaciones contributivas y no contributivas, mantenimiento del sistema de reparto y mantenimiento del régimen económico de la Seguridad Social como competencia exclusiva del Estado.

  • El derecho a la protección de datos personales y su reflejo en el consentimiento del interesado

    El Reglamento General de Protección de Datos y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales han traído una nueva regulación al ámbito de la protección de datos; dándole, así, cumplimiento y efectividad al derecho de protección de datos, o autodeterminación informativa, cuyo contenido ha estado en constante evolución para poder hacerle frente a los constantes avances tecnológicos. Esta evolución del derecho a la protección de datos será mínima en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no en el caso del Tribunal Constitucional, cuyas resoluciones han ido desarrollando, sin parar, el contenido de este derecho, manteniéndose entre la corriente anglosajona y germana de este derecho fundamental. Como parte del contenido mismo del derecho, además, tendremos el consentimiento del interesado, que será la pieza clave de la protección de datos, pero puede que encontremos algún punto débil en la actual normativa sobre protección de datos en lo que al consentimiento respecta.

  • La influencia de Maquiavelo en los neoconservadores americanos. Coincidencias y discrepancias

    El presente artículo trata de una cuestión pendiente: la comparación sistemática, punto por punto, de las ideas acerca del derecho y la política de Nicolás Maquiavelo, representante de la teoría política renacentista, y los neoconservadores americanos. A pesar de la separación de varios siglos, existen grandes semejanzas entre el autor florentino de la transición del siglo XV al XVI y los neoconservadores americanos del siglo XXI. La metodología seguida es el análisis comparativo de las ideas del florentino y los neoconservadores en cada uno de los apartados del trabajo. La conclusión relevante consiste en que las ideas de Maquiavelo sobre la sabiduría política, especialmente la capacidad de predicción y resolución de hechos políticos futuros, no está presente en los neoconservadores, que en este aspecto se muestran olvidadizos discípulos del maestro florentino, mientras que existe una gran coincidencia en el relativismo moral, la relación de la virtud y la fortuna, la historia como método y la milicia ciudadana.

  • La modificación del artículo 168 de la Constitución Española a través del procedimiento ordinario de reforma

    La escasa activación del poder de reforma en el ordenamiento constitucional español ha sido justificada por parte de la doctrina, entre otros motivos, por la excesiva rigidez y complejidad de nuestros procedimientos de reforma, y más específicamente el consagrado en el art. 168 CE. En este trabajo reflexionamos sobre la modificación de este precepto, habida cuenta de la existencia de un debate clásico acerca del procedimiento más adecuado para acometer dicha labor. Más específicamente, planteamos la posibilidad de que, en determinadas ocasiones, su reforma se lleve a cabo a través de la técnica procedimental prevista en el art. 167 CE. Nuestra propuesta, basada en una interpretación literal del precepto combinada con una interpretación teleológica nos permite, de un lado, preservar el respeto hacia el tenor literal de la norma y, de otro, tener presente la finalidad con la que esta fue incorporada en nuestra Constitución.

  • Algunas propuestas graduales de democratización del procedimiento de reforma constitucional

    En los últimos años, una parte de la doctrina constitucional española ha centrado su atención en el procedimiento de reforma constitucional de la Constitución española de 1978 planteando diversas propuestas de reforma. La práctica totalidad de los investigadores que han dedicado esfuerzos a la cuestión lo han hecho partiendo de una concepción de Constitución de acuerdo con la cual el proceso por el cual se conforma es considerado secundario, cuando no irrelevante, o restando importancia a la posibilidad de participación ciudadana directa. El objeto de este artículo es plantear una serie de propuestas graduales de democratización del procedimiento de reforma constitucional desde un enfoque diferenciado del de la mayoría de la doctrina. Por un lado, se asume que una Constitución no se caracteriza únicamente por ser un conjunto de normas fundamentales que encabezan un ordenamiento jurídico, sino que es un texto que, para ser tal, requiere de un procedimiento democrático y participativo en el que pueda hacerse efectiva la máxima según la cual una Constitución es un acuerdo de la sociedad sobre cómo debe regirse y gobernarse el Estado. Por otro lado, la metodología de análisis que se emplea, prácticamente inexplorada por la doctrina española, parte de los análisis del campo de estudio comúnmente conocido como constitution-making. Derivado de ello, los resultados a los que se llega difieren sustancialmente de lo planteado hasta el momento.

  • Fueros, tiempo e integración constitucional

    El presente trabajo pretende realizar un acercamiento a la cuestión foral, desde el punto de vista de la integración constitucional. Para ello, realiza en primer lugar una aproximación histórica al régimen foral hasta la aprobación de la Constitución española en 1978. En segundo lugar, propone una nueva interpretación del régimen foral previsto en la Norma Fundamental, teniendo en cuenta el concepto de tiempo constitucional y su importancia en la tarea de dar estabilidad al Estado, la sociedad y la política. En tercer y último lugar, advierte los problemas actuales en torno la reforma de la Constitución territorial española y la pretensión de sustituir la historia institucional por el mito nacionalista.

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