• Revista de Derecho Político

Editorial:
Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED)
Fecha publicación:
2017-01-31
ISBN:
2174-5625

Últimos documentos

  • El derecho de emergencia constitucional en España: hacia una nueva taxonomía

    Lla normalidad constitucional consiste en la aplicación habitual y general de una serie de reglas jurídicas preestablecidas, ello con el objetivo de ordenar la pacífica convivencia ciudadana. Sin embargo, existen situaciones de peligro extraordinario en las que deberá estar justificado que las reglas habituales cedan en gran medida, ello con el objetivo de lograr una pronta restauración de la normalidad político-constitucional. Aunque anticipar todas las circunstancias excepcionales susceptibles de producirse es tarea del todo imposible, va en beneficio de la seguridad jurídica la previsión de, al menos, las amenazas más comunes. En esa regulación consiste lo que la doctrina española mayoritaria conviene en denominar estado de excepción o derecho de excepción, entendidos en sentido amplio. Este trabajo rehúye la anterior concepción terminológica, y lo hace en el marco de una nueva propuesta taxonómica aplicable al ámbito de la anormalidad constitucional. Así, partiendo de la diferenciación entre situaciones de emergencia constitucional reglada y no reglada, defendemos que la verdadera situación jurídica de excepción se manifiesta cuando, no existiendo regulación aplicable frente a la amenaza concreta, la reacción estatal no encuentra más límites que el respeto al principio de proporcionalidad en la defensa de los valores democráticos consagrados en la Constitución. Es esto, además, lo que impide afirmar la suspensión total del derecho frente al hecho excepcional no regulado, perteneciendo todas estas premisas jurídicas a lo que nosotros entendemos que es el derecho de emergencia constitucional.

  • Una revisión de la excepcional potestad del Pleno de la Cámara ex artículo 150 del Reglamento del Congreso de los Diputados

    El artículo 150 del Reglamento del Congreso de los Diputados establece que, cuando la naturaleza de un proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconseje o la simplicidad de su formulación lo permita, el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única. En este trabajo se analiza, de una parte, si la decisión de optar por este cauce procesal abreviado es un juicio meramente político que debe adoptar el órgano plenario y, si al hacerlo de ese modo, se está dando cumplimiento o no al cometido que el Reglamento Parlamentario encomienda a la Mesa de la Cámara. Concretamente, examinamos si para que el Pleno pueda finalmente decidir que la tramitación de una concreta iniciativa sea a través de esta vía procesal extraordinaria es inexcusable la propuesta previa de la Mesa de la Cámara y si este órgano de gobierno puede y debe revisar la concurrencia de los presupuestos habilitantes previstos por el Reglamento Parlamentario antes de hacer la propuesta. Proponemos al respecto una reinterpretación del alcance de esta facultad de la Mesa separándonos del criterio doctrinal mayoritario. Asimismo, acometemos un análisis detallado de la fase del procedimiento en la que se debe decidir la tramitación de una iniciativa por el procedimiento en lectura única para, seguidamente, plantear aquellas soluciones alternativas que, en nuestro criterio, resultan más oportunas y compatibles con la actual redacción del Reglamento Parlamentario. Finalmente se analiza si la decisión que adopta cada una de las Cámaras acerca de la tramitación de una iniciativa legislativa por esta vía procesal abreviada en un determinado momento y ante la concurrencia de unas concretas circunstancias vincula o no a la otra Cámara con respecto a esa misma iniciativa. Estudiaremos, asimismo, el valor que adquiere el precedente parlamentario en relación a otras iniciativas de similar condición y pondremos de manifiesto la relevancia que alcanza la dicotomía existente entre mayorías simples y reforzadas con respecto a la toma de decisiones relativas a la adopción de este cauce procesal extraordinario.

  • Gestación por sustitución internacional e interés superior del menor: doctrina del TEDH y respuesta de las autoridades españolas

    Las diferencias en el tratamiento legislativo que los Estados dan a la gestación subrogada dan lugar a desplazamientos de personas residentes en países donde esta figura está prohibida, o carece de regulación, hasta países en los que este tipo de contratos están permitidos. Precisar la filiación de los menores nacidos como fruto de estos acuerdos en el Estado de residencia de sus padres intencionales plantea problemas jurídicos de extraordinaria complejidad, y las respuestas de los ordenamientos internos y los tribunales nacionales a esta situación pueden poner en riesgo los derechos de respeto a la vida privada y familiar de estos niños. Ello ha motivado diferentes pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, si bien ha entendido que la eventual legalización de la gestación por sustitución es una cuestión que corresponde decidir libremente a los Estados, exige que su negativa a admitir la validez de estos contratos no se traduzca en la desprotección de los menores involucrados. Desde que dictara sentencia en los casos Mennesson y Labassée c. Francia en 2014, quedó establecido que negar toda posibilidad de reconocimiento de un lazo paternofilial entre un niño nacido por gestación subrogada y su padre intencional, cuando éste hubiera aportado su material genético, sería contrario al derecho del menor al respeto de su vida privada, que requiere que toda persona pueda establecer su identidad. En caso de no existir vínculo genético alguno entre el niño y los padres intencionales, su jurisprudencia no nos permite aún extraer una respuesta clara acerca de los límites de la actuación estatal. En lo que se refiere a los casos en los que el padre comitente sea, además, padre biológico del niño, la reciente publicación del Dictamen de 10 de abril de 2019 ha resuelto algunas incógnitas que quedaron abiertas tras los pronunciamientos anteriormente citados: en virtud del art. 8 CEDH, sobre los Estados parte no solamente pesa la obligación de permitir el establecimiento de la filiación del menor a favor de su padre biológico, sino también el deber de permitir que se reconozca o constituya ex novo un vínculo jurídico a favor de la madre comitente. El respeto al Convenio exige dar cobertura jurídica a este vínculo maternofilial, pero no impone un medio determinado para ello, siendo suficiente que el medio elegido sea eficaz y no dilate la situación de inseguridad jurídica en el tiempo. De este modo, cabe que el Estado reconozca la filiación que consta en una decisión extranjera, o que permita su constitución por otras vías, como la adopción; ambas alternativas darían cumplimiento a las exigencias del CEDH. Es preciso señalar, no obstante, que no todos los medios a disposición de los Estados dan un mismo grado de satisfacción a los derechos en juego. En este sentido, la respuesta que actualmente dan las autoridades españolas a este tipo de situaciones, a pesar de cumplir el estándar mínimo de protección fijado por el Tribunal de Estrasburgo, no parece una solución idónea para la mayor satisfacción de los intereses de los menores.

  • Liberalización de los servicios transfronterizos en el Derecho de la Unión Europea

    El trabajo aborda la metodología, sistema conceptual y estructuras argumentativas empleadas por el Tribunal de la Unión en el examen de la liberalización o libre prestación de servicios transfronterizos entre Estados de la Unión, que pone en juego al Estado de acogida y al Estado de origen del prestador, precisando las condiciones del principio de igualdad de trato o trato nacional y en qué escenario se introduce el principio de proporcionalidad. El control judicial de la libre prestación de servicios envuelve un juicio de equiparación en el trato, que sigue el patrón metodológico de un juicio de igualdad: supone la exigencia de una equivalencia en el trato (liberalización de cargas) entre los servicios transfronterizos y los servicios internos, que rechaza la injustificada discriminación u obstaculización en contra del servicio transfronterizo frente al servicio interno. El juicio de equiparación con el nacional presupone aceptar la validez de la norma nacional sobre la prestación del servicio, en una eventual "situación interna". Si el actor pone en cuestión la norma nacional en liza entonces debe dirimirse la cuestión sobre el Derecho de la Unión en un previo juicio de proporcionalidad. La libre prestación de servicios transfronterizos supone, de ordinario, el ejercicio de una actividad por cuenta propia con carácter temporal, frente a la vocación de permanencia que caracteriza el establecimiento del empresario para el ejercicio de una actividad económica por cuenta propia, en el Estado de recepción. En los supuestos típicos de libre prestación de servicios el elemento subjetivo es un empresario no establecido en el territorio del Estado de destino del servicio.

  • La noción de seguridad en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: referencias al derecho a la tutela judicial efectiva

    El concepto de seguridad entraña una serie de interrogantes que guardan relación, en primer lugar, con el alcance de su propio significado. Algunos de esos dilemas derivan de una mera constatación: la realidad social, política, económica y cultural actual demuestra que pocas nociones, como la de seguridad, resultan ser tan presentes en todos los ámbitos en los que se desarrolla el ser humano. En un cierto sentido, la seguridad lo abarca todo y todo puede ser reconducido a esa necesidad humana, básica y primordial. Así lo entendieron pensadores de la importancia de Macchiavelli, Hobbes o Locke que, entre otros, colocaron la seguridad al origen del Estado moderno. Todas esas razones y circunstancias nos permiten entender por qué la seguridad constituye hoy un bien jurídicamente relevante, reconocido, desde perspectivas distintas, en nuestros textos constitucionales y en tratados internacionales de particular trascendencia, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Así, por una parte el Tribunal Constitucional español (TC) y por otra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se han preocupado de delimitar el significado jurídico de esa noción, cada uno desde sus respectivos ámbitos de competencia. En este sentido, el TC ha interpretado la noción de seguridad contenida en la Constitución española de 1978 (CE), otorgándole un triple significado: el de principio básico del ordenamiento jurídico ("seguridad jurídica"), el de derecho fundamental (Art. 17.1 CE), y el de "seguridad ciudadana" (Arts. 104 y 149.1.29 CE). Asimismo, el TEDH reconoce que la seguridad, en el marco del CEDH, destaca por su naturaleza triple: nuevamente la de derecho fundamental (Art. 5 CEDH); la de límite claramente establecido en lo que atañe al ejercicio de determinados derechos consagrados en el Convenio (Arts. 6, 8-11, Art. 2.3 Prot. Ad. nº 4 y Art. 1.2 Prot. Ad. nº 7 CEDH) y la de límite implícito a la eficacia de una determinada garantía de naturaleza procesal: el derecho a la asistencia letrada (Art. 6.3.c CEDH). En relación a este último caso, el TEDH (STEDH de 13 de septiembre de 2016, asunto Ibrahim and others vs. the United Kingdom) se ha preocupado de señalar que la existencia de "causas imperativas" ("compelling reasons" en el texto de la sentencia) relacionadas con la necesidad de proteger la seguridad nacional, justificarían la suspensión temporal del derecho a la asistencia letrada, no obstante la letra del Art. 6 CEDH no ampare dicha interpretación. El estudio se articula en torno a estos aspectos y concluye con algunas reflexiones sobre la incapacidad (o la falta de voluntad) del TC y del TEDH de adoptar la noción de "seguridad humana" como criterio interpretativo en la labor de defensa de los derechos humanos, y sobre los peligros que entraña premiar lógicas utilitaristas en el desarrollo de esa misma labor.

  • La Seguridad Nacional y la excepción en el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA)

    Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 hasta las recientes crisis de refugiados en la UE, las distintas fases del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) han propiciado continuas excepciones radicadas en seguridad, limitando gravemente los derechos de los solicitantes de protección internacional. Las políticas de seguridad nacionales en el ámbito del asilo se han ido conectando cada vez más al procedimiento de tramitación y, en su caso, de reconocimiento del estatuto de protección internacional. A priori, este nexo causal puede criminalizar a un colectivo especialmente vulnerable, desvirtuando el "mínimo denominador común" de la normativa comunitaria, lo que ha generado que el actual marco jurídico resulte especialmente fragmentado, incoherente e incluso, contrario al propio espíritu del SECA cuando la efectividad del mismo pivota en torno a la seguridad nacional. La inminente reforma del SECA pretende proporcionar verdaderas mejoras en la relación seguridad nacional y protección internacional. Se prevé una progresiva traslación de los problemas competenciales relativos a la seguridad desde el seno de los Estados miembros hacia el ámbito comunitario. Pretenden abordarse estas cuestiones "por defecto", no solo gracias a un mayor perfeccionamiento del régimen competencial, sino también en virtud de una actuación mejorada de los nuevos organismos y agencias que aseguran un efectivo control de las fronteras exteriores de la UE. Ahora bien, esta no ofrece respuestas adecuadas a nuevos retos como la radicalización o reclutamiento de solicitantes de protección internacional y refugiados. Esto exige el diseño de un novedoso "marco proactivo o preventivo" que permita afrontar por parte de los Estados miembros imprevistas acciones terroristas o de delitos de especial gravedad.

  • Medio ambiente, solidaridad y dignidad humana en la Constitución brasileña

    El presente artículo aborda la relación entre dignidad humana, solidaridad y medio ambiente desde la categorización de las disposiciones ambientales constantes en el sistema constitucional brasileño vigente. Primeramente, analizamos un conjunto determinado de conceptos claves para comprender la discusión de las cuestiones ambientales en el ámbito constitucional, es decir, la consagración de los derechos fundamentales de tercera generación basados en la solidaridad y su respectiva conexión con la dignidad humana, lo que nos conduce a la definición del mínimo existencial ambiental. Posteriormente, ingresamos en los rasgos generales del Texto Constitucional brasileño, como forma de mejor entender su tipología y, por consecuencia, la estructuración de la temática ambiental. Finalmente, dedicamos el ultimo capitulo a la categorización del orden constitucional ambiental positivado, a partir de la investigación de la idea de desarrollo sostenible y su conexión con determinados derechos fundamentales, especialmente, los relacionados con la propiedad y el libre ejercicio de las actividades económicas, constatando también sus vínculos con la dignidad humana y solidaridad.

  • La definición constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva

    El derecho a la tutela judicial efectiva ha sido escasamente estudiado por la doctrina del Derecho Constitucional. Sin embargo, este derecho está presente en la mayor parte de las demandas que llegan al Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo, y por ende en la mayoría de las sentencias que aquél dicta. El contraste entre uno y otro dato se debe a la percepción que existe acerca de la naturaleza predominantemente procesal de este derecho. Esta percepción aboca en muchas ocasiones a una mala comprensión del citado derecho. La finalidad del presente trabajo es delimitar el derecho a la tutela judicial efectiva desde su naturaleza constitucional, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Se afirmará que el derecho a la tutela judicial efectiva abarca todo el proceso y que, por tanto, no es posible delimitar este derecho a partir del tradicional esquema basado en la distinción entre un contenido de naturaleza constitucional y un contenido de legalidad «ordinaria». Por el contrario, lo que distingue al derecho a la tutela judicial efectiva es la perspectiva que obliga a adoptar a quien desee fundamentar en él su argumentación. El derecho a la tutela judicial efectiva no permite revisar el acierto de las resoluciones judiciales, sino la razonabilidad de la argumentación desarrollada por los órganos judiciales para fundamentar sus resoluciones. De esta manera, la argumentación basada en el derecho a la tutela judicial efectiva distingue varias vertientes en este derecho y aplica una serie de tests, que dan la medida de la razonabilidad exigida a las resoluciones judiciales en cada caso. El presente trabajo detalla, precisamente, estas vertientes y tests. Ello da lugar a que la doctrina sobre el derecho a la tutela judicial efectiva sea imprecisa, ya que emplea conceptos tales como la razonabilidad, la proporcionalidad, la eficacia o la finalidad de las actuaciones judiciales y el contexto de los casos, entre otros. Sin embargo, esta característica no puede sorprender, ya que es inherente, precisamente, a su no siempre bien comprendida naturaleza de derecho fundamental.

  • ¿Cómo se nombra discrecionalmente el Poder Judicial? El Consejo General del Poder Judicial y la Judicial Appointment Commission en el Reino Unido

    Cuando hablamos de independencia judicial es importante desgranar los múltiples parámetros que son decisivos para su análisis. Uno de los más importantes es la forma en que se nombran los Jueces y Magistrados en un determinado modelo. Los procedimientos son decisivos para poder conseguir jueces justos, legítimos, representativos e independientes. Varios aspectos deben considerarse y respetarse en los procedimientos de selección de la judicatura: el mérito y la capacidad, la especialización y el firme compromiso con la diversidad. Y todo ello en el ánimo de lograr una judicatura representativa de la sociedad real.

  • Cláusulas antidiscriminatorias y motivos de discriminación en las Constituciones europeas

    Casi todas las constituciones europeas incluyen referencias expresas a la prohibición de discriminación, normalmente a través de la incorporación de cláusulas específica y exclusivamente orientadas a ello. A su vez, en la mayoría de dichas disposiciones constitucionales se incorporan listados de los factores o elementos que se consideran especialmente proclives a motivar una discriminación o diferencias que meritan una especial protección por parte del ordenamiento jurídico. Comparar y sistematizar los motivos concretos de discriminación que las constituciones europeas mencionan plantea en primer lugar una serie de dificultades metodológicas sobre las que es preciso advertir. Además de las barreras lingüísticas propias del análisis de textos producidos en idiomas diferentes, es necesario definir el ámbito de estudio tanto por la vertiente normativa como por la geopolítica. Una vez realizadas las necesarias acotaciones conceptuales previas, puede concluirse la existencia de ciertos patrones comunes tanto en cuanto a la redacción de las cláusulas constitucionales antidiscriminatorias como en cuanto a los listados de las diferencias expresamente protegidas o motivos de discriminación. Así, en la actualidad, muchas constituciones europeas incluyen referencias expresas a la igualdad entre hombres y mujeres, más allá de la inclusión de factores como el género o sexo entre los motivos explícitos de discriminación. Por lo que respecta a éstos, los factores cuya consideración se considera discriminatoria más ampliamente citados en las constituciones europeas incluyen la religión, el sexo o género, los rasgos fenotípicos, la lengua, las opiniones y convicciones, las condiciones sociales o económicas y el origen nacional o étnico. La posible agrupación de al menos tres cuartas partes de los motivos citados en torno a los factores mencionados demuestra patrones muy comunes al respecto en el Derecho constitucional comparado. Al mismo tiempo, solo parte de las constituciones incluyen cláusulas abiertas o motivos residuales, lo que puede dificultar la apreciación de discriminaciones múltiples de tipo interseccional. Es preciso también adaptar estas normas y su interpretación ante posibles discriminaciones futuras basadas en el uso masivo de datos individuales referidos simultáneamente a varios motivos de discriminación.

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