• Revista de Derecho Político

Editorial:
Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED)
Fecha publicación:
2017-01-31
ISBN:
2174-5625

Últimos documentos

  • Populismo y sentido contemporáneo de lo político

    Nadie duda que los actuales fenómenos populistas han generado esperanza en unos y preocupación en otros. Incluso entre quienes genera esperanza parece necesario tomarse en serio la preocupación ajena. En este punto, el populismo actual supone negar un estado de cosas que parecía inconmovible. De ahí que valga la pena hacer un esfuerzo por comprenderlo. En este sentido, el propósito de este trabajo es doble. En primer lugar, vamos a afrontar el problema de la conceptualización del populismo. Para eso se sigue un doble acceso. Por un lado, se pretende mostrar la heterogeneidad de los populismos mediante una aproximación, a través de los estudios más canónicos, a sus principales manifestaciones históricas. Por otro lado, dicha heterogeneidad se manifiesta también en los intentos de caracterizarlo. A este respecto, la literatura académica es tan abundante y los rasgos que se le han dado son tan numerosos, que nos centraremos en algunos elementos fundamentales. En concreto, la cuestión de sus causas, su condición de fenómeno reactivo (o anti), la figura central del líder carismático populista y la comprensión del pueblo que subyace. Con esta doble vía de acceso al problema se pretende mostrar que el debate ha llegado a un callejón sin salida y se propone una manera operativa de evitarlo. Las dificultades de su conceptualización dan la medida del segundo propósito de estas líneas. Y es que como parece inasible, se hace más perentorio comprender bien cómo el populismo presente desafía las democracias liberales contemporáneas. Este reto ha sido analizado de nuevo de manera abundante. Tras mostrar algunos ejemplos de los distintos niveles de análisis posibles, se presenta uno propio que intenta llegar al fondo de la cuestión: el populismo es ante todo un síntoma de las dificultades de nuestra comprensión de lo político, de esa que forma parte de nuestro imaginario y que hunde sus raíces en el pensamiento moderno.

  • La crisis de la democracia representativa. nuevas relaciones políticas entre democracia, populismo virtual, poderes privados y tecnocracia en la era de la propaganda electoral cognitiva virtual, el microtargeting y el big data

    El trabajo que presentamos trata de contemplar como la erosión del sistema representativo de partidos políticos ha deteriorado gravemente la confianza de los ciudadanos en su efectividad y responsabilidad, hasta el extremo de que nuevos movimientos sociales y políticos propugnen retornar a modelos de democracia directa. Defendemos aquí que ello no es posible, ni deseable precisamente en un momento en el que los nuevos medios técnicos hacen más posible que nunca la aparición de populismos articulados sobre bases tecnológicas que son de una extraordinario peligro para las democracias del siglo xxi. Para ello estudiamos algunas de las ideas centrales de la democracia representativa y de la democracia directa, poniéndolas en conexión con el poder que las nuevas tecnologías como el Big Data, la propaganda cognitiva electoral y otras técnicas de comunicación electrónica virtual están desplegando sobre nuestras modernas democracias de opinión. Tratamos de poner en evidencia algunos de sus riesgos más relevantes sugiriendo, también, algunos instrumentos para mejorar la siempre perfectible tanto como necesaria democracia representativa, basada en partidos políticos más responsables donde el mandato imperativo de partido sea atemperado por instituciones como el Recall de cada vez mayor uso en el marco del Derecho Constitucional comparado. Aspectos como el rediseño de la privacidad forman parte, brevemente, de la investigación ya que en una ecología de nuevos medios técnicos de procesamiento de la información sólo una intensificación normativa del respeto de la privacidad puede ser la única estrategia de contención de un futuro que sin ella afectaría gravemente a la dignidad humana.

  • Calidad democrática, sistema institucional y modelo territorial vasco

    La tesis que se defiende en este trabajo es que el complejo modelo institucional y territorial vasco funciona aceptablemente bien, a pesar de sus luces y sombras, y puede ser un ejemplo de la idea ampliamente generalizada de cómo un modelo de organización territorial descentralizada (y sus complejas, pero al mismo tiempo, valiosas formas de interacción entre los distintos niveles de gobierno), pueden mejorar la calidad del gobierno de sus instituciones, ayudar en el desarrollo humano, económico y social, aumentar la transparencia, administrar los recursos disponibles para ofrecer mejores servicios públicos y, en definitiva, mejorar la calidad democrática de la sociedad.

  • La participación de las personas con discapacidad en la institución del jurado: A propósito de la ley orgánica 1/2017, de 13 de diciembre

    Hasta fecha muy reciente, las personas con discapacidad han estado excluidas en España de la participación en la Administración de justicia a través de la institución del jurado que prevé el artículo 125 de la Constitución, pues el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado establecía como requisitos para ser jurado «encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos» (apartado segundo), lo que excluye a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial que hayan sido privadas de su derecho de sufragio por resolución judicial conforme a lo previsto en la legislación electoral, así como «no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de Jurado» (apartado quinto). Esta exclusión era consecuencia del modelo médico de la discapacidad, bajo cuya vigencia se pensaba que la supuesta falta de aptitud para el ejercicio de un derecho debía suponer su restricción, sin considerar la posibilidad de arbitrar medios que paliasen esa falta de aptitud. La aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 13 exige garantizar a las personas con discapacidad la posibilidad de desempeñar sus funciones en los procesos judiciales, hizo patente la necesidad de revisar esta regulación, habiéndose planteado en los últimos años diversas propuestas de reforma legislativa, que han desembocado finalmente en la aprobación de la Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre. Esta Ley mantiene como requisito para ser jurado el pleno ejercicio de los derechos políticos, pero ha modificado sustancialmente el apartado quinto del artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que hoy establece como requisito para ser jurado «contar con la aptitud suficiente», añadiendo a continuación que las personas con discapacidad no podrán ser excluidas por esta circunstancia, y que se les deberán prestar los apoyos y ajustes necesarios para que puedan ejercer sus funciones. Así pues, el presente estudio se detiene en el análisis de ambos incisos del nuevo artículo 8.5. Por lo que se refiere al primero de ellos, se pone de relieve que no puede requerirse para ser jurado capacidad intelectual o cognoscitiva alguna distinta de la lectoescritura, exigida también por el artículo 8, si bien se añade, como aptitud necesaria para ejercer la función de jurado, la capacidad de prestar atención durante un período prolongado de tiempo, cuya carencia puede darse en personas con y sin discapacidad. Por otro lado, se examinan cuáles son los ajustes razonables que habrían de asignarse a las personas con discapacidad que fueran designadas jurados, analizando particularmente los problemas que plantean aquellos que consistan en la asistencia de una tercera persona, que podrían poner en cuestión aspectos esenciales del funcionamiento del jurado como el secreto o la imparcialidad.

  • Un análisis del impacto del derecho en las personas con un diagnóstico psiquiátrico: la capacidad jurídica y el sujeto de derechos reinterpretados a la luz de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

    La construcción de la capacidad jurídica sobre el concepto de persona racional y capaz excluye a las personas con una enfermedad mental. A pesar de que la noción de enfermedad mental es en sí misma altamente subjetiva y dependiente de contextos históricos y socioculturales, la representación en el imaginario social de las personas con una enfermedad mental tiende a identificarlas por las características negativas que se asocian a sus diagnósticos. El artículo repasa cómo estas nociones jurídicas tradicionales, junto con la representación del enfermo mental en el imaginario colectivo, tienen un impacto en la manera como el derecho ha tratado a las personas con un diagnóstico psiquiátrico, regulando las cuestiones que les conciernen de forma normativamente diferenciada, y justificando limitaciones de derechos en este sentido. El trabajo focaliza el análisis de este tratamiento diferenciado en la institución de la incapacitación civil y en el criterio de interpretación del mejor interés, que son rechazados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) y reemplazados por modelos de apoyo a las decisiones y por el criterio de la voluntad y las preferencias. Estos nuevos parámetros de interpretación de la capacidad jurídica y, por lo tanto, de la constitución del sujeto de derechos, son incompatibles con la perspectiva tradicional y dominante en los sistemas jurídicos actuales, aunque conviven hasta el momento en nuestro ordenamiento jurídico. El artículo repasa también la jurisprudencia más destacada hasta el momento sobre esta cuestión y destaca el valor de los tribunales para adecuar las instituciones actuales a los nuevos parámetros de interpretación. Finalmente, hace una reflexión sobre cómo la implementación de este cambio de paradigma en el entendimiento de la capacidad jurídica y del sujeto de derechos puede tener un impacto en el modo en que la sociedad percibe a la persona con una enfermedad mental, y en su propia identidad, hacia una transformación de la representación de la enfermedad mental en unos términos menos negativos.

  • Suplicatorio y politica: Praxis parlamentaria y claves del debate doctrinal sobre el control jurisdiccional de la potestad denegatoria de los suplicatorios

    El presente artículo aborda algunos problemas entre política y derecho que genera la decisión parlamentaria en la concesión o denegación de los suplicatorios. Por ello, analiza la praxis de los suplicatorios tramitados por el Congreso de los diputados y el Senado hasta la fecha, poniendo énfasis en la doctrina emanada de las decisiones adoptadas por las comisiones parlamentarias competentes. Para profundizar en la interacción entre suplicatorio, política y derecho, el artículo indaga en los pasos cualitativos y saltos prominentes de la evolución de la jurisprudencia constitucional sobre los límites de la facultad de las Cámaras para conceder o denegar el suplicatorio. Recaba y sistematiza el tratamiento académico de los puntos clave del debate emanado de estos sucesivos pronunciamientos del TC: las implicaciones de esta jurisprudencia en relación a los postulados constitucionales de independencia y ordenación de los poderes del Estado, las definiciones de criterios jurídicos que han de inspirar y guiar a las Cámaras para autorizar o denegar el suplicatorio, la concreción del modelo y la estructura de ponderación aplicables en los casos de colisión de dos derechos fundamentales (en este caso, los arts. 23 y 24 de la Constitución española [CE]).

  • La propuesta de un tribunal internacional contra el terrorismo: retos jurídicos y políticos

    La propuesta presentada por España y Rumanía para la creación un Tribunal Internacional contra el Terrorismo es una respuesta jurídica clásica a una de las mayores amenazas de la actualidad. Desde principios del siglo xx numerosos proyectos han tratado de incluir el crimen de terrorismo en una jurisdicción internacional de alcance general, ya sea como competencia exclusiva o como parte de una lista más amplia de crímenes. Diversos obstáculos jurídicos y políticos han evitado cualquier avance en este ámbito. En el presente artículo se analizan cuáles son los principales elementos de la nueva propuesta y los problemas que plantean, para así determinar la viabilidad que tiene para pasar de una situación de lege ferenda a lege data. El debate principal gira en torno a la definición del crimen de terrorismo; su naturaleza; la relación de este nuevo tribunal con los ya existentes; la herramienta para su fundación y el conocido impasse político sobre el terrorismo de Estado y los movimientos de liberación nacional. El estudio de estos elementos muestra el objetivo de obtener el mayor consenso posible en torno a esta propuesta en detrimento de la eficacia, si bien ciertos aspectos propios y foráneos acaban erosionando esta meta y hacen surgir serias dudas sobre el éxito del proyecto. Independientemente del resultado final, el proyecto merece una especial consideración por ofrecer una respuesta basada en el imperio de la ley en la lucha contra una amenaza que está provocando la disipación de ciertos principios básicos para la convivencia pacífica de la comunidad internacional.

  • La jurisprudencia del tribunal constitucional, conmemoración de la constitución: Intervención con motivo del cuarenta aniversario de la Constitución
  • La revocatoria de mandato en colombia: diseño institucional y resultados de su aplicación

    Desde los años 90, tras la crisis del modelo de representación de masas característico de los Estados de Bienestar y el arribo de la llamada democracia de audiencia53, propia de los Estados de la Era Global, varios países de América Latina emprendieron reformas constitucionales en las que, entre otros cambios, incorporaron mecanismos de participación y control ciudadano asociados a las concepciones participativa y directa de democracia, como ser: la iniciativa popular, la consulta popular, el presupuesto participativo y la revocatoria de mandato, entre otros. Esta última herramienta de accountability societal vertical permite a los ciudadanos destituir a los representantes por ellos elegidos a través del voto en un referéndum, el que es convocado luego de que sus promotores hayan logrado reunir la cantidad de firmas mínimas requeridas para dar curso a la iniciativa popular de solicitud. Colombia la incorporó en su Constitución de 1991, pero solo para destituir a gobernadores y alcaldes. Es decir, autoridades ejecutivas del nivel subnacional, excluyendo por tanto al presidente y a los legisladores de todos los niveles. En el año 1994 dos leyes reglamentaron su ejercicio: la ley número 131 y la 134. En los años 2002 y 2015 se aprobaron modificaciones tendientes a disminuir sus requisitos: la ley número 741 y la 1.757, respectivamente. No obstante, habiéndose presentado numerosas solicitudes en sus más de 20 años de vigencia, ningún gobernante fue revocado hasta ahora. Este artículo se aboca por tanto a analizar, en primer lugar, el diseño institucional de la revocatoria de mandato en Colombia, para determinar si el mismo ha tendido a facilitar o a dificultar su uso por parte de la población. En igual sentido, se abordaron las sucesivas modificaciones realizadas a través de las mencionadas leyes, las que se orientaron a reducir requisitos claves como: la cantidad de firmas necesarias para acompañar la solicitud, la participación mínima exigida en el referéndum para validar la votación, el número de votos necesarios para destituir al mandatario, entre otros. Asimismo, se estudia el desempeño empírico de esta herramienta durante el período 1997-2015. Los resultados obtenidos indican que, a pesar de las reformas reglamentarias que redujeron en forma progresiva sus requisitos de implementación, y habiéndose presentado numerosas solicitudes, ningún mandatario fue revocado. Entre sus causas se identifica el incentivo político que el reemplazo del revocado vía elecciones implica para sus opositores interesados en arribar anticipadamente al poder. Sin embargo, el uso político electoral de este mecanismo, a manos de ex y futuros candidatos al cargo, no ha sido acompañado en las urnas de un apoyo popular suficiente para alcanzar las adhesiones mínimas requeridas para la revocación. De este modo, la revocatoria de mandato en Colombia funcionaría menos como un mecanismo de control ciudadano que como un instrumento de disputa política intra-élite.

  • Laudatio del profesor Giuseppe de Vergottini

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