• Revista Crítica de Derecho Inmobiliario

Editorial:
Colegio de Registradores de la Propiedad
Fecha publicación:
2008-09-01
ISBN:
0210-0444

Últimos documentos

  • Responsabilidad del anfitrión por los efectos introducidos en las viviendas de uso turístico

    La falta de una legislación estatal que regule las viviendas de uso turístico ha conllevado una discusión sobre la naturaleza jurídica y, con ella, sobre el régimen jurídico aplicable al contrato por el que se cede el uso de este tipo de viviendas. Pese a su consideración mayoritaria como contrato de hospedaje, hay una obligación esencial del hospedero que no le es aplicable al anfitrión de una vivienda de uso turístico: la custodia de los efectos introducidos por los huéspedes

  • Derecho romano de obligaciones - Continuidad y modificaciones en la tradición jurídica europea
  • El nuevo derecho a la portabilidad de los datos personales en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016

    Este trabajo analiza el derecho a la portabilidad reconocido por el artículo 20 del Reglamento general de protección de datos, a saber, un derecho a recibir determinados datos personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos —o a que sean transmitidos directamente— a un tercero. Para ello se examinan diferentes cuestiones, siendo las principales el concepto de datos personales y la delimitación de cuáles son susceptibles de portabilidad, las condiciones previas para que el interesado ostente el derecho, el contenido de este, y los límites a los que está sometido. Posteriormente, se abordan tanto los objetivos y beneficios del derecho a la portabilidad de los datos, como sus debilidades y potenciales efectos colaterales negativos

  • Análisis de los remedios de la Directiva (UE) 2019/771, de 20 de mayo de 2019

    La Unión Europea adoptó la Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes (DCCB), por la que se deroga la Directiva 1999/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo. La DCCB incorpora el principio de armonización máxima y, en una línea continuista con la Directiva 1999/44/CE, instaura una jerarquía de remedios para subsanar la falta de conformidad. Sin embargo, a pesar de que la DCCB está pensando en las compraventas de bienes transfronterizas con consumidores, no dedica reglas específicas para supuestos que en las compraventas a distancia pueden ser una fuente de litigios: el lugar donde el consumidor debe poner los bienes a disposición del vendedor, una eventual distribución de los gastos de recogida del bien defectuoso cuando este se encuentre lejos del establecimiento del vendedor o las consecuencias del retraso del vendedor en la puesta en conformidad del bien defectuoso

  • La hipoteca sobre varias fincas en garantía de un único crédito: distribución de responsabilidad, cancelación parcial y ejecución

    Este trabajo trata de dar respuesta a los principales interrogantes que plantean aquellos supuestos en los que una hipoteca grava una pluralidad de fincas en garantía de un único crédito, bien desde el mismo momento de su constitución o bien de forma sobrevenida como consecuencia de la división o segregación de la finca tras la constitución de la hipoteca. El primero de ellos es relativo a la distribución de la responsabilidad hipotecaria, y, en concreto, a su carácter preceptivo o facultativo, así como al modo en el que debe llevarse a cabo tal distribución. El segundo se refiere a la posible admisibilidad de la cancelación parcial de la hipoteca a solicitud cualquier interesado cuando se haya satisfecho la parte del crédito que grava una de las fincas hipotecadas. La pluralidad objetiva en la hipoteca también plantea algunos interrogantes durante el proceso de ejecución, y, en particular, dos: si el acreedor puede dirigirse por la totalidad de la deuda contra todas y cada una de las fincas o, por el contrario, debe dirigirse contra cada finca por la cantidad por la que está gravada; y, si en el supuesto de que la cantidad correspondiente a una de las fincas haya sido satisfecha, puede el acreedor dirigirse también contra esa finca. En todo ello juega un papel importante la existencia o no de distribución de la responsabilidad hipotecaria entre las fincas y la posible presencia de terceros poseedores. A lo largo del trabajo se van proponiendo soluciones a todos los problemas mencionados

  • Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
  • El derecho de visita de los abuelos: su denegación por favorecer la inestabilidad y el desarrollo del menor

    Cuando existe una ausencia de comunicación y de relación de la abuela con su hija durante muchos años, y esta se ha cronificado, incluso si la hija, madre de los menores, tiene una percepción de haber sido víctima de maltrato por parte de su madre mostrando un temor insuperable hacia ella sin ser posible la restauración de la relación, se deniega el derecho de visitas entre la abuela y los menores con base a la existencia de justa causa, a contrario sensu, del artículo 160 Código civil al poner el acento en el interés superior del menor. Se considera que se coloca a los menores en una situación de vulnerabilidad importante, pues se les sitúa en medio de un conflicto grave, que afecta a su desarrollo ya que carecen de herramientas para gestionar dicha situación

  • El interés del menor y el régimen de visitas, comunicación y estancia de los abuelos yotros parientes y allegados

    El presente estudio se va a centrar en el análisis de las relaciones personales de los abuelos con los nietos, y asimismo, de otros parientes o allegados. La falta de una regulación completa sobre la materia en nuestro Código civil y la importante litigiosidad existente determina que su construcción jurídica sea fruto de la casuística, esto es, ateniendo a las circunstancias del caso, y sobre todo al interés superior del menor de edad. De ahí que, no solo tengamos presente en nuestro trabajo las aportaciones doctrinales existentes en relación con la materia, sino también la jurisprudencia que se ha desarrollado en relación a la misma tras las sucesivas reformas de derecho de familia que, han ido dando cuerpo a este tipo de relaciones personales

  • Revisión jurisprudencial del índice IRPH en los préstamos hipotecarios

    Los préstamos hipotecarios, o préstamos garantizados con hipoteca, se caracterizan por ser préstamos a largo plazo debido a lo elevado de la cuantía de la obligación asegurada. Por ello, el tipo de interés de estos préstamos suele ser variable, y sometido a los vaivenes y fluctuaciones de la moneda en que se concedió el préstamo. Esos intereses remuneratorios se calculan, sumando un diferencial a alguno de los índices de referencia que recoge la ley: sea el EURÍ- BOR; el MIBOR; el CECA, o el IRPH (índice de referencia del préstamo hipotecario), que miden el precio del dinero. Este último índice de referencia, para el cálculo de los intereses en un préstamo garantizado con hipoteca, ha estado en el punto de mira: primero, por su cuestionada validez, y más recientemente, por los perjuicios que supone al consumidor, ya que los intereses debidos conforme a su cálculo son muy superiores a los generados por el EURÍBOR, por ejemplo. La reciente STJUE de 3 de marzo de 2020 aclara las cuestiones sobre su validez y abusividad por falta de transparencia, arrojando luz sobre el asunto. En este trabajo hacemos un repaso a todas las cuestiones jurisprudenciales controvertidas sobre el mismo, tratando de concluir sobre su viabilidad y oportunidad

  • Algunas cuestiones sobre la protección de determinados familiares mediante la sustitución fideicomisaria

    En relación a la Ley 41/2003, de 18 de noviembre reforma, podemos destacar algunas ideas. En primer lugar, hay que resaltar que permite alterar el tradicional principio de la intangibilidad de la legítima. En segundo lugar, hay que poner de manifiesto que, con esta reforma en concreto, el sujeto al que se pretende proteger no es aquel a quien, en principio, trata de tutelar toda la Ley (la persona con discapacidad), sino otro distinto que no tiene que coincidir con aquel: el incapacitado judicialmente. También es resaltable el que se trata de una reforma parcial del Derecho de sucesiones

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