• Revista Crítica de Derecho Inmobiliario

Editorial:
Colegio de Registradores de la Propiedad
Fecha publicación:
2008-09-01
ISBN:
0210-0444

Descripción:


Últimos documentos

  • Intimidad, grabación de imagen y sonido y prueba en el proceso, de Lucía Costas Rodal
  • Irretroactividad y Actos Jurídicos Documentados en el Real Decreto-ley 17/2018

    Irretroactividad de la regulación del pago del impuesto de actos jurídicos documentados en el Real Decreto-ley 17/2018.

  • Nulidad de la condición general de asunción de gastos de los préstamos hipotecarios y la controvertida imposición y abono del impuesto de actos jurídicos documentados conforme a las SSTS de 23 de diciembre de 2015, de 15 de marzo de 2018, de 16, 22 y 23 de octubre de 2018, de 27 de noviembre de 2018, de 23 de enero de 2019 y resto de jurisprudencia del Tribunal Supremo

    Tras la sentencia del Alto Tribunal de 23 de diciembre de 2015 que declaró la nulidad de las condiciones generales que imponían al consumidor la asunción indiscriminada y sin matices de todos los gastos relacionados con la formalización e inscripción del préstamo y su garantía hipotecaria, la configuración del sujeto pasivo y la consecuente obligación de pago del impuesto de actos jurídicos documentados ha seguido generando controversia e inseguridad jurídica porque se han producido pronunciamientos judiciales bien dispares en las diversas instancias. La jurisprudencia tradicionalmente había considerado que el sujeto pasivo de este impuesto era el prestatario. Pero, ante la falta de pronunciamiento de la citada sentencia sobre quien debía abonar el comentado impuesto una vez declarada nula la condición general por abusiva, se dictaron resoluciones contradictorias en los Juzgados de Primera Instancia y las Audiencias Provinciales, estableciendo unas que debía pagarlo el prestamista (las menos) y otras el prestatario (que eran la mayoría). En dos sentencias de 15 de marzo de 2018, la Sala Primera del Tribunal Supremo estableció que en ausencia de pacto se debe asumir el coste del timbre de la matriz de la escritura del préstamo hipotecario de la cuota fija por mitades entre el prestatario y el prestamista. Asimismo, estas resoluciones determinaron que la cuota variable del impuesto de actos jurídicos documentados debe abonarse por el prestatario. No obstante, el 16, 22 y 23 de octubre de 2018 la Sala Tercera del Alto Tribunal sorprendió con tres pronunciamientos, declarando que el sujeto pasivo a estos efectos es el prestamista. Tres sentencias posteriores de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2018 ratificaron el criterio de que debe ser el prestatario quien asuma tal pago. Recientemente, la Sala Primera del Alto Tribunal ha confirmado en cuatro resoluciones de 23 de enero de 2019 que el sujeto pasivo del referido impuesto es el prestatario. Sin perjuicio de lo anterior, el Real Decreto Ley 18/2018 ha establecido sin efecto retroactivo que el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos en estos casos es el prestamista. Este artículo pretende abordar minuciosamente la problemática de la abusividad de la imposición del pago del impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios con consumidores, analizando el estado actual de la normativa y de la jurisprudencia que se ha dictado en la materia, para clarificar la situación presente, apuntando las certidumbres, incertidumbres y posibles soluciones sobre este aspecto controvertido de este tipo de pleitos.

  • La función calificadora del registrador: errores y responsabilidad

    El registrador de la propiedad tiene una doble condición de funcionario y profesional. Sin embargo, solo se ve sometido a la responsabilidad por los errores cometidos en el desempeño de su función calificadora, donde actúa como profesional. No se puede olvidar que la función calificadora del registrador es uno de los soportes de la fe pública registral, pues aquellos derechos que el registrador inscribe tras su calificación positiva quedan bajo la salvaguardia de los tribunales y se tienen por ciertos y veraces (art. 38 LH). Luego, es normal que si el registrador inscribiera un derecho que no debiera, o viceversa, denegará la protección registral derivada de la inscripción a otro, esto supondría un perjuicio para su titular, del que debe responder el registrador. Analizamos en este trabajo, los supuestos en los que el registrador incurre en tal responsabilidad cuando desempeña su función calificadora como profesional independiente y autónomo del Derecho.

  • Riesgos geográficos que presenta el crowdfunding de inversión y de créditos para proyectos inmobiliarios

    El crowdfunding es una manifestación de la economía colaborativa. En España está regulado el crowdfunding de inversión y de créditos a través de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. El propio fenómeno basado en la tecnología digital y la regulación española (consecuencia de la integración en la UE) permite una cierta globalización del fenómeno. No obstante, la UE querría alcanzar una globalización total del mismo mediante la creación de un espacio paneuropeo en que operasen los proveedores de servicios de financiación participativa (PSFP) dotados de una etiqueta europea, la cual les permitiría realizar operaciones de intermediación en todo el territorio europeo por encima de las fronteras del país donde el PSFP tuviera su sede. Este mercado integrado sería un lugar abierto a PSPF de nacionalidad no comunitaria, y donde podrían solicitar financiación empresas promotoras europeas o no, así como invertir inversores europeos y extracomunitarios, todo lo cual implica una globalización mundial del fenómeno, siendo el territorio comunitario «la incubadora» para una economía de escala y un efecto red importantísimo de los grandes operadores Fin Tech de servicios de financiación participativa. Sin embargo, la fragmentación del mercado de financiación participativa en el territorio de la UE es natural y lógica, justificada por la idiosincrasia y necesidades de cada mercado nacional. El anonimato de internet y la globalización (riesgos geográficos) generan mayor inseguridad al consumidor que la seguridad que aparentemente pretende ofrecérsele mediante regulaciones armonizadoras, siendo más vulnerable a situaciones de fraude, las cuales unidas a un posible concurso de acreedores del PSPF podría determinar un riesgo financiero sistémico en todo el territorio de la UE. Pues el PSPF capta grandes masas de inversores mediante su economía de escala y por otro lado, las PYMES (potenciales clientes de los PSFP como promotores de proyectos) representan más del 98 % de todas las empresas en Europa.

  • De la música al ruido y del ruido a las inmisiones dañosas: intromisión a la intimidad personal y la prueba de la intensidad, gravedad y habitualidad

    El ordenamiento jurídico en materia de inmisiones acústicas, provenga de la UE, o tenga carácter estatal, sea autonómico o local, sobre aquellas actividades que sobrepasan los límites de lo tolerable, constituye en la actualidad un sólido fundamento jurídico en la tutela de los derechos que se pueden ver involucrados en dichas inmisiones. Con estos antecedentes normativos, en estas líneas tendremos ocasión de constatar la procedencia del resarcimiento de los daños desde la perspectiva de la responsabilidad civil extracontractual. En este punto, concursa una línea jurisprudencial incontestable en la materia, donde si tras la valoración de la prueba se acredita la causalidad de los ruidos y de los daños, ha lugar al resarcimiento correspondiente. En particular, y si lo que fuese en inicio una interpretación musical —con instrumentos como el piano, arpa o como en el caso que pretendemos subrayar, un saxofón y guitarra eléctrica—, la melodía pasase a transformarse en «ruido», al concurrir intensidad, gravedad y habitualidad constitutiva de intromisión en el derecho a la intimidad, ha lugar al resarcimiento de la víctima, la imposición de obras de insonorización o la obligación de cesar en dicha actividad. De ahí el derecho a «ser dejado en paz», el «derecho al silencio».

  • Hacia una versión convergente de los modelos tradicionales de transmisión de la propiedad de las cosas muebles

    Aun cuando han sido tres los modelos históricos más conocidos en torno a la transmisión de la propiedad de las cosas muebles -consensual, causal, abstracto-, y se han presentado como inconciliables, lo cierto es que en momentos como los actuales donde la integración y unificación legislativa se han convertido en potenciales objetivos de actuación, es hora de aunar soluciones y buscar elementos de convergencia para allanar el camino en la armonización jurídica y poder alcanzar, sin prisa pero sin pausa, la tan ansiada unificación legislativa, cuando menos en un espacio regional.

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    Se analizan en este comentario los requisitos de georreferenciación de fincas y de edificaciones en relación con los expedientes de reparcelación partiendo de la novedosa regulación contenida en la Ley 13/2015.

  • Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, coordinado por Juan José Jurado Jurado
  • La modificación de la orientación sexual de los padres y el interés superior de los menores

    Debe tomarse como principio básico el superior interés de los hijos para declarar que la reanudación de la relación materno filial con la madre no custodia es una exigencia acorde con las necesidades de los niños para superar el traumatismo psicológico que están viviendo originado por la modificación de la orientación sexual de la madre no gestante. Tras la ruptura matrimonial y la existencia de conflictividad entre las dos exesposas debe nombrarse un coordinador parental que facilite una relación personal positiva entre ambas, imprescindible para el ejercicio de una coparentalidad responsable en beneficio de los hijos

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