• Observatorio de Políticas Ambientales

Editorial:
CIEMAT - Centro de Investigaciones, Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Fecha publicación:
2016-10-01

Últimos documentos

  • Presentación
  • Miembros del observatorio de políticas ambientales
  • Introducción: la revisión europea de la ejecución ambiental
  • El avance del protocolo de montreal hacia la mitigación del cambio climático (Enmienda de Kigali)
  • Unión Europea: inicio del debate sobre la transición energética

    La Unión Europea una año más ha dedicado buena parte de su trabajo a las iniciativas en materia de clima y energía, dada su posición de liderazgo mundial en materia de emisiones, eficiencia energética y energías renovables. Sin embargo, en este año destaca el paquete de iniciativas de la Comisión sobre energía limpia, con el que comienza el debate sobre la transición energética en la Unión Europea; cuestión que seguirá en primera línea durante los próximos años. Además, la Comisión ha publicado un buen número de informes sobre la aplicación de varias Directivas ambientales y otros textos, que le permitirán proponer, en su caso, modificaciones de las mismas u otras nuevas.

  • Tribunal Europeo de Derechos Humanos: nuevos avances en la ponderación del concepto de sostenibilidad

    La jurisprudencia medioambiental del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se encuentra en un auténtico proceso de evolución en la consideración de conceptos como el de sostenibilidad y calidad de vida. La sensibilidad del Tribunal de Estrasburgo hacia lo social nos ofrece diferentes ejemplos en la jurisprudencia del último año. Así, en la sentencia recaída en el caso Ivanova y Cherkezov c. Bulgaria, de 21 de abril de 2016, considera que ha habido una violación del derecho al respeto del domicilio por la orden de demolición de unas viviendas ilegales. El equilibrio entre los derechos de los que pueden perder su domicilio como consecuencia de una demolición y el interés público en la implementación efectiva de la normativa sobre edificación no puede resolverse con una norma absoluta que no permita excepciones. Por el contrario, el fin legítimo de revertir el declive de las zonas empobrecidas de los centros de las ciudades y mejorar la calidad de vida, será suficiente para impedir a una familia decidir libremente su residencia, como se resuelve, de una manera muy controvertida, en la sentencia recaída en el caso Garib c. Holanda, de 23 de febrero de 2016. La clásica doctrina López Ostra ha tenido presencia -una vez más- a través de la sentencia recaída en el caso Otgon c. Moldavia, de 25 de octubre de 2016, en la que se considera la violación del derecho al respeto del domicilio y de la vida privada y familiar por los daños a la salud de una madre y su hija - que incluso exigieron su ingreso hospitalario- al consumir agua del grifo de su casa, contaminada por infiltraciones fecales en las canalizaciones del edificio. De la misma manera se concluye que ha habido una violación del Convenio en materia de propiedad por los daños ocasionados por la Administración en un edificio ilegal como consecuencia de un corrimiento de tierra ocasionado debido a las obras de construcción de una escuela pública, en la sentencia Keriman Tekin y otros c. Turquía, de 15 de noviembre de 2016. Desde la perspectiva del derecho al respeto de los bienes también cabe mencionar la sentencia S.C. Fiercolect Impex S.R.L. c. Rumanía, de 13 de diciembre de 2016, en la que se considera que no ha habido una violación por la confiscación de los bienes a una empresa de chatarra que operaba sin licencia; y la sentencia Petar Matas c. Croacia, de 4 de octubre de 2016, en la que por el contrario, sí observa que ha habido violación por la moratoria impuesta a una empresa en el uso de un edificio como taller de coches, a la espera de la evaluación del valor cultural del inmueble. Finalmente, la sentencia recaída en el caso Costel Popa c. Rumanía, de 26 de abril de 2016, ofrece un supuesto sobre denegación del registro de una asociación ambiental debido a la sospecha gubernamental de que realmente se trataba de una organización con fines políticos.

  • Tribunal de Justicia: la aplicación de los principios de la unión europea como parámetro de interpretación de las normas de la unión

    Durante el año 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado casi 40 sentencias de gran utilidad para conocer la interpretación del ordenamiento jurídico de la Unión en materia de medio ambiente e instar a los Estados miembros a cumplir con sus disposiciones, ya sea mediante su correcta transposición, su exacta aplicación, o, en el peor de los casos, porque haya mediado una condena por incumplimiento. Con la finalidad de conocer y aplicar bien las normas, el Tribunal nos recuerda que no es suficiente con la literalidad de las disposiciones, sino que es preciso acudir a los principios que rigen el Derecho de la Unión Europea.

  • Alemania: últimas reformas para afrontar el apagón nuclear y combatir el cambio climático

    En Alemania las actuales acciones jurídico-políticas en materia de protección ambiental se pueden reconducir básicamente a dos grandes fines, estrechamente conectados entre sí. Por un lado, se están realizando importantes esfuerzos por aclarar las medidas que hay que ejecutar y las responsabilidades (incluso de índole económica) que hay que determinar como consecuencia del abandono de la energía nuclear. Y por otro, se intentan reforzar los mecanismos de lucha contra el cambio climático, lo que además se encuentra muy vinculado a la transformación de las fuentes de producción energética. En este ámbito, tras un significativo pronunciamiento judicial europeo, el Estado alemán se ha visto impelido a reformar su legislación a fin de que el fomento del uso de las energías renovables se realice con estricto respeto de las normas europeas de la competencia.

  • Portugal: el año de la 'descentralización ambiental'
  • Venezuela: minería, derechos humanos y ambiente

    El presente trabajo se propone explicar la convulsionada situación que ha experimentado la materia ambiental durante el año 2016, desde la perspectiva internacional de los tratados sobre derechos humanos y el ambiente; así como de la perspectiva nacional a partir de lo dispuesto en la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, los decretos de estados de excepción y los decretos de ejecución, siendo que estos actos jurídicos de inferior jerarquía han sido avalados por las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que han reconocido su constitucionalidad.

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