• Observatorio de Políticas Ambientales

Editorial:
CIEMAT - Centro de Investigaciones, Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Fecha publicación:
2016-10-01

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  • Venezuela: minería, derechos humanos y ambiente

    El presente trabajo se propone explicar la convulsionada situación que ha experimentado la materia ambiental durante el año 2016, desde la perspectiva internacional de los tratados sobre derechos humanos y el ambiente; así como de la perspectiva nacional a partir de lo dispuesto en la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, los decretos de estados de excepción y los decretos de ejecución, siendo que estos actos jurídicos de inferior jerarquía han sido avalados por las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que han reconocido su constitucionalidad.

  • Aragón: una gestión ambiental marcada por el contexto presupuestario y la situación en minoría del ejecutivo autonómico
  • Legislación básica de medio ambiente

    En el año 2016 no ha habido novedades de relieve en la normativa básica con rango de Ley. En cambio, a finales de año se publicaron varias normas reglamentarias con carácter de legislación básica, entre las cuales merecen destacarse el Real Decreto 389/2016, por el que se aprueba el nuevo Plan Director de la Red de Parques Nacionales, y el Real Decreto 638/2016, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

  • Canarias: escaso interés por la política ambiental
  • Actuación ambiental del estado: políticas de un gobierno en funciones

    El presente capítulo se ocupa del análisis de la actuación ambiental del Estado en el año 2016, con especial énfasis en sus vertientes de planificación y programación. Pasa revista de manera sintética a las principales novedades en los diferentes subsectores ambientales -, y también trata la integración de los elementos ambientales en otras políticas sectoriales (especialmente en energía, vehículos y transportes, turismo y pesca). El análisis realizado muestra la limitada relevancia de la actuación ambiental del Estado en un año marcado por un Gobierno en funciones y con las consiguientes limitaciones presupuestarias y de acción.

  • Cantabria: ajustando el procedimiento de evaluación ambiental
  • Jurisprudencia constitucional: las competencias ejecutivas del estado en materia ambiental
  • Castilla y león: confirmación jurisprudencial de la política de residuos

    2016 ha sido un año de escasa actividad normativa ambiental, tanto desde la perspectiva legislativa como reglamentaria. Si algo hay que destacar es el nuevo plan de gestión del lobo y las diversas regulaciones para la adopción de medidas compensatorias por daños causados por especies silvestres, así como –por su alcance mediático- la prohibición de dar muerte al denominado “Toro de la Vega” de Tordesillas. La Administración regional ha aprobado, sin embargo, varias estrategias no vinculantes que pretenden marcar las futuras políticas autonómicas sectoriales con incidencia ambiental (educación ambiental, producción ecológica…). Merece la pena destacar la importante actividad judicial en materia de residuos, que viene a confirmar la validez del Plan de Residuos y a justificar una aplicación flexible de la normativa, primando los contenidos sobre los aspectos meramente formales.

  • Una piedra de toque de la jurisprudencia ambiental: los pronunciamientos sobre el almacén temporal centralizado de residuos radiactivos

    La jurisprudencia ambiental del Tribunal Supremo durante el año 2016 ha sido básicamente continuista. Esto supone, entre otras cosas, un considerable rigor en la exigencia de las evaluaciones ambientales de planes potencialmente lesivos para el medio ambiente, como los instrumentos urbanísticos, y el reconocimiento de amplios márgenes de actuación a la Administración ambiental en la delimitación de los regímenes de protección de los espacios naturales. En este contexto, el choque entre la protección de los espacios naturales y la gestión segura y eficiente de los residuos radiactivos proporciona un elemento de contraste –una piedra de toque, como la que se utiliza para ensayar la pureza de los metales-, que permite contrastar las pautas anteriores cuando el conflicto ya no es entre desarrollo económico y protección ambiental, sino entre valores ambientales en conflicto.

  • Castilla-La Mancha: escasez legiferante no exenta de catástrofes y polémicas ambientales

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