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      • Observatorio de Políticas Ambientales

Editorial:
CIEMAT - Centro de Investigaciones, Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Fecha publicación:
2016-10-01

Número de Revista

Últimos documentos

  • Acceso a la justicia: aciertos y desaciertos en la jurisprudencia

    La jurisprudencia dictada en el año 2018 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea refuerza la lucha contra las barreras económicas en la condena en costas y el acceso a la información sobre las iniciativas legislativas de la Comisión sobre acceso a la justicia ambiental. En cambio el Tribunal Supremo restringe el acceso al contenciosoadministrativo en la defensa ambiental, de forma importante, a los ayuntamientos y, en menor medida, a las ONGs. También mantiene las barreras económicas de un régimen de condena en costas inapropiado para la defensa ambiental. Pero consolida una interpretación favorable del supuesto ex lege del derecho de acceso a la justicia gratuita de las ONGs en medio ambiente

  • Montes: la aprobación del reglamento UTCUTS y el necesario impulso de la gestión forestal
  • Navarra: una ley foral de residuos ambiciosa en los objetivos e incierta en los medios para lograrlos

    La aprobación de la Ley Foral de Residuos y su fiscalidad ha sido lo más relevante en el ámbito de la política normativa ambiental de Navarra. Y lo ha sido por ser una ley largamente esperada (es la primera ley foral de residuos en esta materia) y por poner fin a la parálisis legislativa que duraba casi tres lustros. La actividad jurisprudencial en materia ambiental ha sido cuantitativamente importante, aunque en este año no se han generado contribuciones verdaderamente trascendentales sobre la interpretación y aplicación de la normativa ambiental

  • El acceso a la información ambiental en España: situación actual y perspectivas de futuro

    Este trabajo, a partir del análisis de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, de su aplicación y de la jurisprudencia recaída en la materia, realiza un balance de la regulación del acceso a la información ambiental en España y de su aplicación. Se analiza tanto la vertiente activa del acceso a la información ambiental (la obligación de recogida y difusión de información ambiental por parte de las autoridades públicas) como su vertiente pasiva (el derecho de acceso a la información ambiental previa solicitud), destacándose los avances que ha supuesto esta legislación y sus virtualidades, pero sin ocultar los problemas de aplicación a que todavía se enfrenta, los desafíos y los retos pendientes

  • Red natura 2000: infraestructura verde y el alcance de una evaluación adecuada

    Este trabajo presenta las principales novedades de Natura 2000 durante el 2018, con la tradicional actualización de datos de la Red, y haciendo especial referencia a dos ámbitos: el estudio de la denominada Infraestructura verde, introducida en nuestra legislación en el año 2015, y que pretende convertirse en garante de la conectividad ecológica y la restauración del territorio. Por otra parte, a través de la valoración de dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se aclara la interpretación del concepto “evaluación adecuada” en los casos de ejecución de proyectos en espacios Red Natura 2000, en concreto, los consistentes en deposiciones de nitrógeno. El acotamiento de la información que debe suministrar el promotor del proyecto es otro de los aspectos destacables, unido a las consecuencias del entrecruzamiento entre la Directiva de Hábitats y la Directiva de Evaluación ambiental. En esta confluencia, sobresale el examen de las principales novedades introducidas en nuestra normativa de evaluación ambiental

  • País Vasco: sentencias sobre Urdaibai y la incineradora de Zubieta

    A la espera de que se presenten en sede parlamentaria los proyectos de ley de administración ambiental y de conservación de la naturaleza, la actividad normativa ambiental se ha reducido a las escasas referencias que se incluyen en leyes sectoriales aprobadas que inciden en el uso territorio (la ley de puertos y transporte marítimo y la reforma de la ley reguladora del plan general de carreteras) y a la habitual implementación de la planificación en materia de ordenación territorial y de protección de espacios. Más interés tiene la conflictividad judicial en la materia, dentro de la cual destacan por su importancia, las sentencias dictadas en relación a la impugnación del plan rector de uso y gestión de la reserva de la biosfera de Urdaibai y a la controvertida implantación de una planta incineradora en Zubieta (Donostia-San Sebastián)

  • Participación pública: novedades en el vigésimo segundo aniversario del convenio de AARHUS

    Las siguientes páginas examinan las principales novedades en relación con la regulación del derecho de participación en materia de medio ambiente y su aplicación a lo largo del año 2018. En el veinte aniversario del Convenio de Aarhus, los avances más significativos se han producido en el ámbito internacional con la adopción de un nuevo Acuerdo Regional que sigue sus pasos en América Latina y el Caribe: el Acuerdo de Escazú, sobre cuyas disposiciones en materia de participación pública se centra este trabajo. En la esfera nacional se examinan las modificaciones operadas en materia de participación pública en la Ley de evaluación de impacto ambiental, así como algunas resoluciones judiciales aplicando las disposiciones sobre participación pública en materia de medio ambiente

  • Ruido: una política europea de difícil aplicación local

    Un año más dos tendencias contrapuestas se ponen de relieve en estas páginas: el incremento progresivo de las exigencias europeas en materia de contaminación acústica y la dificultad de implementarlas a nivel local. Dan prueba de ello, por un lado, la guía sobre contaminación acústica editada por la Organización Mundial de la Salud que pone el acento en la necesidad de reducir significativamente los valores máximos de ruido recomendados para infraestructuras de movilidad. En el otro extremo, la Agencia Europea de Medio Ambiente, que pone de manifiesto la dificultad de asumir el objetivo de disminuir significativamente la contaminación acústica para 2020. Elemento que también confirma la jurisprudencia de las diferentes instancias, desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta los tribunales superiores de justicia, que dan fe de la gran dificultad para aplicar estas políticas a nivel local

  • Comunitat Valenciana: la definitiva protección de su litoral

    En el año 2018, la política ambiental de la Generalitat Valenciana tuvo un importante logro, la aprobación de la planificación de la infraestructura verde del litoral. Esta planificación supone la definitiva protección de las costas y de una notable zona de refuerzo y conectividad. Es, por ello, una planificación de gran alcance territorial, que va más allá de los espacios afectados por la legislación estatal. Su regulación incorpora la sostenibilidad, esperada durante largo tiempo, y garantiza la protección de los espacios abiertos que todavía existen. No obstante, como era de esperar, ha generado muchos conflictos, planteándose dudas sobre la licitud de sus acciones. Todo ello ya está ante los tribunales. En este trabajo, pretendo exponer algunas de las cuestiones esenciales de esta nueva planificación territorial y ambiental

  • Presentación

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