• IDP. Revista de Internet, Derecho y Política

Editorial:
UOC
Fecha publicación:
2011-06-21
ISBN:
1699-8154

Descripción:

IDP. Revista de Internet, Derecho y Política pretende ser una plataforma de reflexión y discusión sobre el contenido y alcance de los cambios que las tecnologías de la información y la comunicación -y, en particular, el fenómeno de Internet- conllevan en los campos del derecho, la política y la Administración pública.

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    En una investigación anterior planteaba algunos de los nuevos retos a los que se enfrentaba la Unión Europea (UE) en la elaboración de políticas de comunicación debido a la expansión de desinformación. La UE, alarmada por la difusión masiva de noticias falsas durante las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, o sobre el Brexit en el Reino Unido, comenzó a trabajar para detener este fenómeno en Europa. El primer paso fue reconocer la magnitud del problema, para poder afrontarlo: al respecto, el Parlamento Europeo adoptó en junio de 2017 una resolución en la que instó a la Comisión Europea a analizar el marco jurídico existente en la lucha contra la desinformación, valorándose incluso la posibilidad de intervenir a nivel legislativo a fin de detener este fenómeno. Luchar contra la desinformación es una carrera de fondo que difícilmente va a la velocidad de los avances tecnológicos y de consumo de noticias, pero es fundamental mantener la legalidad en las acciones para frenarla porque pueden convertirse en justificación para limitar la libertad de expresión o la privacidad, poniendo en peligro derechos humanos fundamentales.

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    El Tribunal de Justicia de la UE reconoce que el acceso, la conservación y cesión de datos personales electrónicos, una de las diligencias de instrucción cada vez más utilizada en el proceso penal, constituye una injerencia en los derechos fundamentales a la vida privada y familiar y a la protección de datos de carácter personal, de forma que si una autoridad pública pretende obtener tales datos precisa de una autorización judicial que debe respetar en todo caso el principio de proporcionalidad y establece, como criterio de apreciación de la proporcionalidad, la gravedad de los delitos. Parece, pues, que el acceso a datos personales electrónicos en la investigación penal deberá limitarse estrictamente a fines de prevención y detección de delitos graves o el enjuiciamiento de tales delitos. De ahí surge la duda que se pretende resolver en este trabajo: ¿el juez de instrucción únicamente puede autorizar la obtención de datos personales electrónicos conservados por prestadores de servicios de comunicaciones cuando se estén investigando delitos graves?; o, en una investigación penal, ¿cabe autorizar una diligencia de obtención y acceso a datos personales electrónicos cuando el delito no es grave? El TJUE ha dado recientemente una respuesta que es preciso analizar, pues sirve para fijar importantes criterios que debe utilizar el juez de instrucción en el juicio de proporcionalidad que fundamenta la autorización de este tipo de diligencias de instrucción.

  • La desconexión digital de los trabajadores. Reflexiones a propósito de su calificación como derecho y su instrumentación

    La desconexión digital ha sido regulada en la reciente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, como un derecho reconocido legalmente de los trabajadores en aras de garantizar el respeto del tiempo de descanso. Sin embargo, su contenido no ha sido definido por el legislador y traslada esta responsabilidad a los agentes sociales y a los empleadores, quienes, a través de la negociación colectiva y la elaboración de políticas empresariales internas, están llamados a desempeñar un papel fundamental en la configuración y exigencia de este nuevo derecho. Ante tal escenario, este artículo aborda si la calificación como derecho ofrece una solución ajustada al propósito que se persigue con la desconexión digital, añadiendo además un análisis crítico del papel que desempeñan la negociación colectiva, la representación de los trabajadores y los empresarios, así como sus implicaciones jurídicas, en la regulación de la desconexión digital.

  • El proceso judicial electrónico y su encaje en el ordenamiento jurídico español: estudio comparado con el proceso electrónico británico

    España está capacitada para iniciar un proceso judicial electrónico automatizado, similar al implementado en el Reino Unido. En el presente trabajo se expone de manera paralela el análisis del proyecto británico y una propuesta de lege ferenda para la inclusión de esta modalidad en el ordenamiento jurídico español. Esta se iniciaría solamente para reclamaciones de cantidad y procesos monitorios y podría continuar con la resolución electrónica de los procesos por sanciones administrativas de tráfico, finalizando este primer estadio de su desarrollo con la resolución de algunos de los procesos civiles recogidos a través de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, incluyendo una propuesta final para habilitar a la ciudadanía para introducir denuncias administrativas o penales en línea. De esta manera, acercaríamos definitivamente el acceso a la justicia a los ciudadanos y ciudadanas, pretendiendo una suerte de autodefensa regulada y garantizada por los jueces y tribunales a la par que cercana a la ciudadanía a través de una plataforma informática segura e intuitiva.

  • Construyendo un P2P accommodation 4.0 frente al COVID-19: Proptech, autorregulación y Tokenización

    Este trabajo presenta diversas propuestas para la regulación del alojamiento colaborativo, considerando el necesario distanciamiento social del COVID-19 como una oportunidad. Para ello, se emplean soluciones existentes en el Derecho comparado europeo y de los Estados Unidos, junto con aplicaciones prácticas de las nuevas tecnologías. En este sentido, se examinará la desregulación en España y las propuestas novedosas surgidas en Andalucía y Cataluña, junto con una autorregulación mediante los mecanismos reputacionales de las plataformas P2P. Finalmente, se aplicarán diversas tecnologías emergentes en el alojamiento colaborativo, como la tecnología blockchain, la Tokenización y la Proptech, en particular el Internet of Things.

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    La criptoeconomía es un nuevo concepto técnico-económico que está emergiendo con fuerza gracias a los últimos avances tecnológicos, como el blockchain. La criptoeconomía permite crear nuevos entornos colaborativos a gran escala basados en sistemas descentralizados. Sin embargo, al igual que la economía tradicional, este nuevo paradigma económico también está sujeto a las normas y leyes tributarias. En este artículo, nos proponemos, pues, revisar algunas de las posibilidades que nos brinda esta nueva tecnología desde un punto de vista fiscal, con el objetivo de determinar en qué casos los beneficios económicos obtenidos deben estar sujetos a tributación, siempre según la legislación y doctrina española. Palabras clave: fiscalidad, criptomonedas, economía colaborativa

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    El presente texto es una aproximación crítica al Derecho del ciberespacio. A tal fin, se estudian en el mismo las normas principales que lo componen, tanto nacionales como internacionales, para posteriormente abordar algunos problemas que la comunidad de expertos ha detectado sobre ambos sectores. Finaliza con unas conclusiones que sintetizan los hallazgos resultantes. Palabras clave: derecho, ciberespacio, soft-law

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    El legislador nacional ha sido incapaz de trasladar, en tiempo y forma, a nuestro ordenamiento jurídico ciertas directivas. De modo que el presente artículo se centra en la demorada e insólita incorporación de la Directiva 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, por la que se modifican el Reglamento núm. 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la anterior Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados. Su concreta transposición ha tenido lugar mediante el discutible cauce de un Real Decreto-ley de reciente convalidación (RDL 23/2018, de 21 de diciembre) tras diversos conatos fallidos y ante el temor de padecer la imposición de una sanción por parte de la Comisión Europea, previa incoación del correspondiente procedimiento formal de infracción. Este estudio pretende llevar a cabo un análisis crítico y clarificar algunos de los aspectos principales de la nueva reforma relativos a la transformación operada en la misma noción de viaje combinado, en particular, la integración de determinados conceptos como los servicios de viaje vinculados, sus eventuales exclusiones –establecidas o no en la actual normativa– y otros extremos de relevancia a la luz del mentado cuerpo legal y de los principales trabajos preparatorios que le anteceden. Palabras clave: viaje combinado, transposición, servicios de viaje vinculados, exclusiones, contrato, Real Decreto-ley

  • Análisis crítico de la plataforma europea de resolución de conflictos en línea

    Una condición insoslayable para el funcionamiento del mercado único digital en la Unión Europea es incentivar el comercio electrónico transfronterizo y al mismo tiempo brindar la máxima protección a las empresas, pero particularmente a los ciudadanos europeos, quienes son la parte más vulnerable en este tipo de transacciones y los que, por tanto, necesitan mayor protección y seguridad. Es así como la Comisión Europea, como parte de su estrategia para lograrlo, crea la plataforma europea de resolución de conflictos en línea. Dada la relevancia de esta iniciativa, no solo a nivel regional, sino en el mundo, este trabajo hace un análisis crítico de la plataforma en sus primeros años de funcionamiento, a fin de poner de manifiesto sus fortalezas y las oportunidades de mejora, para así establecer hacia dónde debe encaminar sus esfuerzos para lograr a cabalidad su cometido. Palabras clave: plataforma europea, comercio electrónico, ODR, solución de conflictos.

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