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      • Gabilex. Revista del gabinete jurídico de Castilla la Mancha

Editorial:
Gabinete juridico de la junta de comunidades de castilla la mancha
Fecha publicación:
2017-01-12

Número de Revista

Últimos documentos

  • Los contratos de operador de nombres de dominio de internet desde el punto de vista de la administración pública

    La comercialización de los nombres de dominio de internet genéricos de primer nivel exige, según el sistema diseñado por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, la realización de varios tipos de contratos. Uno entre la Corporación y el operador de registro, para la delegación; otro entre el operador de registro y los registradores; y un tercero entre estos y los destinatarios finales. Cuando el operador de registro es una administración pública española, el primero de estos contratos debe calificarse, necesariamente, como un contrato privado, a la luz de la Ley de Contratos del Sector Público, mientras que el segundo es uno de los negocios excluidos de la misma

  • La necesidad de la planificación de la contratación como garantía de transparencia, del uso estratégico de la contratación pública y del uso adecuado de los procedimientos de contratación

    La aprobación y entrada en vigor de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 - LCSP -, ha supuesto un desafío y una ventana de oportunidad. El desafío de abordar cambios importantes, incluso de mentalidad, y la oportunidad de conseguir que la contratación pueda ser, de una vez por todas, el instrumento estratégico más importante para la implantación de políticas públicas

  • Valores económicos de los contratos: coste y beneficio (el precio)

    El objetivo de este documento es proporcionar un significado para el término «precio general de mercado», que ahora es indeterminado en el artículo 102.3 de la Ley 9/2017. Asimismo, tratará de explicar el concepto y significado de «valor razonable» y definirá las características de la admisibilidad de los costes en los contratos públicos y la forma de calcular el beneficio del contratista

  • Consideraciones a tener en cuenta respecto de la solvencia por parte de los operadores económicos

    En el día a día de los procedimientos de licitación, y más tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, los operadores económicos deben tener en cuenta una serie de premisas que se han destacado en el presente artículo para intentar facilitar las interacciones de los mismos con los órganos de contratación. Este artículo pretende poner en contexto aquellos puntos que más preocupan a los licitadores e intenta ofrecerles respuestas para que puedan consultarlas en su operativa diaria

  • LCSP y registros oficiales de licitadores

    Un año después de la entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el presente artículo pretende ofrecer una visión de conjunto sobre el origen y el actual marco normativo del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Repasando las opciones tomadas por las distintas Comunidades Autónomas, dando cuenta del funcionamiento del registro durante este periodo de tiempo, recogiendo los distintos pronunciamientos y prácticas al respecto de la exigencia de la inscripción en el Registro, y ofreciendo la visión que desde la perspectiva de los licitadores existe al respecto tanto de la obligatoriedad de la inscripción como del funcionamiento del Registro

  • El test de los criterios de adjudicación

    Los criterios de adjudicación son un punto crítico en los procedimientos de adjudicación. En este trabajo propongo la utilización de una lista de comprobación o checklist para asegurar que los criterios propuestos al tiempo de elaborar el pliego son válidos desde el punto de vista del derecho de la contratación pública, y al tiempo de su aplicación para valorar las ofertas y adjudicar el contrato

  • Responsable del contrato "in vigilando"

    Sin menoscabo de la capacidad autoorganizativa de la Administración respecto del funcionamiento de sus servicios, la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público incorporó en las partes del contrato una nueva figura, denominada "responsable del contrato", vinculada al propio órgano de contratación, en la función de dirección y vigilancia de los contratos del sector público, incorporándose a otras figuras que intervienen en la ejecución de los mismos. La Ley 9/2017, soluciona el posible conflicto de competencias entre el "responsable del contrato" y la Dirección Facultativa en los contratos de obras, añadiendo novedosamente otra figura, distinta del "responsable del contrato" en los casos de concesiones de obra pública y de concesiones de servicios, que actúe en defensa del interés general, para obtener y para verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, especialmente en lo que se refiere a la calidad en la prestación del servicio o de la obra." Bien está todo lo que coadyuve al control de la ejecución de los contratos para mejor cumplimiento de la obligación de la Administración en lo que a "in vigilando" corresponde

  • La resolución de los contratos públicos

    Bajo el principio de pacta sund servanda, la resolución contractual solo es posible si los supuestos están recogidos dentro de la ley o en los pliegos como obligación esencial. La resolución de los contratos se configura, de manera general, como una potestad administrativa. Es obligatorio seguir las reglas y procedimientos establecidos en la ley. Existe determinada tipología contractual a la que se le aplican reglas específicas

  • La protección de datos personales en la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público

    A través de este artículo se analiza la incidencia que tiene la protección de datos personales en el ámbito de la contratación pública, y, en concreto, la regulación que se contiene en la LCSP, la cual se ha visto también directamente afectada por normas nacionales y europeas que han sido dictadas en materia de protección de datos personales

  • Control y gobernanza de la contratación pública un año después

    El devenir de la situación financiera en toda la Unión Europea y su implicación directa en la contratación pública como medio de gasto, supuso la priorización del control de esta, tanto en la normativa europea como en su trasposición al derecho nacional, con tal urgencia que algunas de las normas referidas al control entraron en vigor antes que el resto de la LCSP. Sin embargo, la práctica y otras cuestiones ajenas al gasto público han dejado tal premura en muy poco; lo cual no quiere decir que no se haya hecho nada, pero si menos de lo que la nueva legislación prometía

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