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      • Anuario de Derecho Civil

Editorial:
Boletín Oficial del Estado
Fecha publicación:
2008-11-12
ISBN:
0210-301 X

Descripción:

Anuario fundado por don Federico de Castro y Bravo, se dirige tanto a estudiosos como a prácticos del Derecho. Contiene estudios monográficos sobre temas clásicos y de actualidad. Ofrece información sobre legislación y jurisprudencia comunitarias, bibliográfica (libros, revistas españolas y extranjeras) y jurisprudencial (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencias...) en estudios jurisprudenciales, comentarios y extractos de sentencias.

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Últimos documentos

  • Sentencias
  • El divorcio sin juez en el Derecho español y francés: entre el divorcio por notario y el divorcio por abogado. Dificultades teóricas y prácticas

    En Francia y en España la ley ha consagrado el divorcio por mutuo acuerdo fuera de sede judicial. Sin embargo, la regulación que ambos ordenamientos jurídicos han llevado a cabo hace que las similitudes sean mínimas y las diferencias muy marcadas. Especialmente en lo que se refiere al papel que desempeña el notario, fiel a la esencia de la función del notariado latino en España y muy aminorada en Francia, que ha preferido situar en el centro del sistema al abogado, consagrando un divorcio por acto de abogado y no un divorcio notarial. Esta diferente concepción, provoca dificultades en la práctica que en parte derivan de la calificación de este divorcio como «privado»

  • La recuperación de la regla venta quita renta en los arrendamientos de vivienda

    La regla venta quita renta expresa una posible solución al conflicto trilateral que surge cuando, durante la vigencia de un arrendamiento, el propietario-arrendador lleva a cabo un acto de disposición del bien arrendado a favor de un tercero. Conforme a ella, el adquirente puede no estar obligado a respetar el arrendamiento celebrado por el transmitente. Una de las principales modificaciones incluidas en la Ley de Arrendamientos Urbanos por la Ley 4/2013, de 4 de junio es, precisamente, la relativa a la enajenación de la vivienda arrendada a un tercero. De este modo, para los contratos celebrados con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma, la oponibilidad del arrendamiento frente a terceros se vincula a su constancia registral. El presente trabajo examina el fundamento jurídico de la regla venta quita renta, su nacimiento, su crisis y su recuperación en los arrendamientos de vivienda a través de la relación entre los artículos 7.2 y 14 LAU con el artículo 1571 CC. En concreto, se propone una reinterpretación del artículo 14.2 LAU que exige una nueva delimitación de su ámbito de aplicación y la revisión de los requisitos que se le exigen al adquirente para que pueda dar por concluido el arrendamiento no inscrito

  • Régimen jurídico aplicable a los internamientos involuntarios en centros geriátricos: especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

    La regulación de los internamientos involuntarios contenida en el artículo 211 del Código Civil fue modificada por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, siendo dicho artículo derogado y sustituido por el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, según el cual requiere autorización judicial el internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí. El artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, no se refiere al internamiento involuntario de ancianos que padecen un trastorno psíquico en centros geriátricos. La doctrina y jurisprudencia están divididas en cuanto a la aplicación de este precepto a este tipo de internamientos. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre los internamientos involuntarios en múltiples ocasiones, indicando los requisitos que debe tener el internamiento para ser conforme al artículo 17 de la Constitución, refiriéndose la sentencia 13/2016, de 1 de febrero, a la posibilidad de que las residencias geriátricas puedan ser el centro al que se refiere el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De acuerdo con la legislación aplicable a estos internamientos, así como la jurisprudencia, podemos destacar la necesidad de su reforma para adecuarla a la Constitución y a los tratados internacionales ratificados por España, dentro de los que destaca la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006

  • Enriquecimiento injustificado en la encrucijada: historia, Derecho comparado y propuestas de modernización
  • La transacción expresa y tácita
  • Cláusulas abusivas y empresario adherente
  • Revistas españolas
  • El consentimiento informado y el rechazo a la intervención o tratamiento médico por el menor de edad tras la reforma de 2015: estudio comparado con el common law

    En el presente artículo nos proponemos estudiar detenida y detalladamente el régimen jurídico aplicable en España al menor de edad en lo que a la prestación del consentimiento informado y el rechazo al tratamiento o intervención médico-sanitaria se refiere, realizando una comparativa entre la regulación sobre el particular antes y tras la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que confiere una nueva redacción al artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. La abordada en el presente trabajo constituye una de las cuestiones más problemáticas de las que plantea en la práctica la obtención del consentimiento informado por los profesionales sanitarios. Por esta razón, consideramos necesaria la exposición del régimen jurídico vigente en España y su comparación con el tratamiento conferido a dicho asunto en el common law inglés, con el fin de poder inferir de tal visión comparativa unas conclusiones que nos permitan mejorar el tratamiento jurídico que en nuestro país se confiere a la problemática examinada.

  • El control de transparencia (material) en la cláusula suelo: su análisis a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, de la doctrina científica española, y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 1

    Ejercitada una acción colectiva de cesación de cláusula suelo (condición general) en préstamo hipotecario a interés variable celebrado con consumidores, en su S, 1.ª, P, 09.05.2013, el Tribunal Supremo aplicó un control de transparencia, independiente del control de incorporación, y declaró nulas las cláusula suelo de las que conoció. Fue una sentencia emblemática, que generó un gran debate entre nuestros autores. Entre otros extremos, el Tribunal Supremo consideró que la cláusula suelo formaba parte del objeto principal del contrato. Según el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal, si aquellas se redactaron de modo claro y comprensible. El legislador español no ha transpuesto expresamente dicho artículo 4.2 y este silencio legislativo, junto con otros datos, ha dado lugar a distintas interpretaciones del Derecho nacional. La primera temática del trabajo versa sobre el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE: su origen, cómo se ha entendido incorporado al Derecho español y con qué su alcance, la existencia de algunas propuestas jurídicas para su expresa incorporación al Derecho español, y la oportuna doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia. Con el rango de segunda temática, expongo las distintas tesis de los autores, y sus argumentos, acerca de cómo han de controlarse las cláusulas sobre los elementos esenciales (objeto principal) del contrato celebrado con condiciones generales, cuando no son transparentes. Aplicando el control de transparencia, distinto del de inclusión, el TS no actuó en el vacío, pues tuvo en cuenta a cierta doctrina. La tercera temática del trabajo consiste en exponer la jurisprudencia del Tribunal Supremo, desde la citada STS, 1.ª, P, 09.05.2013 hasta el año 2017, lo que permite percibir su evolución y pronunciamientos (cómo progresivamente y con una mayor nitidez perfila el control de transparencia, cómo entiende que incide la sentencia estimatoria de una acción colectiva en el posterior ejercicio de la acción individual del consumidor, la exigencia de la transparencia en las subrogación y novación del préstamo hipotecario). Como cuarta temática, demandada la regulación del control de transparencia, expongo, al respecto, una Proposición de ley del Grupo Parlamentario socialista de 2017, cuyas reglas no sorprenden a esas alturas del trabajo y, dado que el Tribunal Supremo se ha pronunciado, en diversas ocasiones, sobre el papel del notario en el cumplimiento de la exigencia de transparencia, expongo la oportuna regulación del Proyecto de Ley regulador de los contratos de crédito inmobiliario de 2017. Acabo el trabajo con unas conclusiones y consideraciones finales.

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