• Revista Jurídica sobre Consumidores y Usuarios

Editorial:
Editorial vLex
Fecha publicación:
2018-03-20
ISBN:
2604-3998

Descripción:

La "Revista Jurídica sobre Consumidores y Usuarios" dirigida por Federico Adán Doménech, Profesor Agregado, acreditado como Catedrático de Derecho Procesal de la Universitat Rovira i Virgili, es una publicación de carácter cuatrimestral cuya finalidad es analizar, de forma monográfica, diferentes temas de actualidad que afecten a los derechos de los consumidores y usuarios, desde una triple dimensión: doctrinal, legislativa y jurisprudencial.

Los autores de la revista son expertos de reconocido prestigio y experiencia, entre otros, Magistrados, Profesores Universitarios, Letrados de la Administración de Justicia y Abogados expertos en la materia.

La revista destinada a profesionales del derecho, está compuesta por una sección llamada “Tribuna de actualidad” en la que el director plantea una cuestión jurídica de actualidad que se suscita en el ámbito del derecho de consumidores y usuarios.

En el bloque llamado "Foro Doctrinal” se recogen distintos artículos elaborados por expertos y profesionales de reconocido prestigio, especializados en el tema a tratar.

En el tercer bloque “Actualidad Jurisprudencial” se seleccionan las resoluciones judiciales más destacadas sobre el tema de actualidad. En la sección “Tribuna del Consumidor” se publican varias consultas planteadas por abogados del consumidor resueltas en un formato breve y conciso con referencias a la legislación y jurisprudencia más reciente.

En el apartado “Actualidad formativa” se presenta una selección de los eventos más importantes en materia de consumidores y usuarios.

Director
Federico Adán Doménech. Profesor Agregado, acreditado como Catedrático de Derecho Procesal de la Universitat Rovira i Virgili

Comité editorial
José Ramón de Blas Javaloyas. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Elche.

Manuel Díaz Muyor. Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Pablo Girgado Perandones. Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad Rovira i Virgili

Mariló Gramunt Fombuena. Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona. Presidenta Tribunal Arbitral de la Agencia de Consumo de la Generalitat de Catalunya.

María Luengo Palomino. Letrada de la Administración de Justicia. Coordinadora provincial de Tarragona.

Joan Perarnau Moya. Magistrado de la Audiencia Provincial de Tarragona.

Guillermo Royo García. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Palma de Mallorca.

Blanca Torrubia Chalmeta.. Directora del Máster Universitario en Abogacía y del Máster en Gestión y Solución de Conflictos UOC. Profesora agregada de derecho mercantil UOC.

Federico Adán Doménech. Profesor Agregado, acreditado como Catedrático de Derecho Procesal de la Universitat Rovira i Virgili. Director de la Revista.

Últimos documentos

  • La sentencia abanca corporación bancaria: una aproximación distinta del tribunal de justicia a la cláusula de vencimiento anticipado

    Se analiza la sentencia Abanca Corporación Bancaria del Tribunal de Justicia (asuntos C-70/17 y C-179/17) con la finalidad de resaltar aquellos aspectos que resultan novedosos en relación con todos los pronunciamientos previos que el Tribunal de Luxemburgo había dictado en relación con la cláusula de vencimiento anticipado por impago de una cuota.
 En este examen se explica cómo el Tribunal de Justicia ha aplicado la jurisprudencia Kásler admitiendo una serie de especialidades en relación a la cláusula controvertida. Finalmente, se hacen una serie de reflexiones sobre lo que debe resolverse por los órganos jurisdiccionales nacionales tras la sentencia, en especial, sobre el problema de la apreciación de si el contrato de préstamo hipotecario subsiste o no tras la declaración de abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado. El examen de la sentencia se completa con su interacción con los tres autos de 3 de julio de 2019 dictados en los asuntos Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C-167/16), Bankia (C-92/16) y Bankia (C-486/16) con los que se cierra un ciclo de cuestiones prejudiciales relativas a la cláusula de vencimiento anticipado.
 PALABRAS CLAVE: Vencimiento anticipado, Subsistencia, Disposición no supletoria.

  • Cautas aproximaciones a la sentencia del TJUE sobre la cláusula de vencimiento anticipado

    El pasado 26 de marzo de 2019 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicó la Sentencia en la que se daba respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español por auto de 8 de febrero de 2017 sobre la cláusula de vencimiento anticipado en los préstamos hipotecarios. 
 La cuestión prejudicial surge en un contexto procesal complejo ya que, por una parte, las entidades financieras habían iniciado a partir de 2008 procedimientos de ejecución hipotecaria frente a los prestatarios que no podían hacer frente al pago de sus obligaciones y, por otra parte, muchos prestatarios, amparados por la legislación sobre protección de consumidores, habían planteado demandas de juicio declarativo ordinario solicitando la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado incluida en sus escrituras de préstamo.
 El pronunciamiento del TJUE puede tener trascendencia en la determinación de las pautas de interpretación de los contratos suscritos con consumidores, pero no resuelve el problema de las ejecuciones hipotecarias en curso, ejecuciones en las que tendrá más importancia el régimen Transitorio de la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, redactada y aprobada antes de que se dictara la Sentencia del TJUE.
 Es importante el papel que ha de jugar el Tribunal Supremo a la hora de integrar en su jurisprudencia la STJUE de 26 de marzo de 2019.
 PALABRAS CLAVE: Consumidores. Préstamo Hipotecario. Vencimiento anticipado. Cláusulas abusivas. Procedimiento de ejecución.

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    Finalmente llegó, la resolución que tenía que poner fin a miles y miles de procesos de ejecución hipotecaria que se encontraban suspendidos en nuestros órganos judiciales. Suspensión, en espera de si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en adelante TJUE, nos marcaba las pautas sobre si debían los órganos judiciales proceder al sobreseimiento de la ejecución hipotecaria, o, por el contrario, proseguir la misma, cuando la ejecución se basaba en una cláusula, cuya redacción contenía elementos que la abocaban a su declaración de abusividad.
 Estos elementos se concretaban en la permisibilidad que ostentaba el acreedor, de proceder al vencimiento anticipado ante cualquier impago, incluso uno sólo o cuando se permitía, para hacer efectivo el vencimiento, un número de cuotas impagadas que no se ajustaban a la proporcionalidad exigida tanto en relación a la duración como a la cuantía de la totalidad del préstamo hipotecario valorado en su globalidad.
 Así, el 26 de marzo de 2019, el TJUE dicta la sentencia que resolvía la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, en adelante TS, mediante su auto de 8 de febrero de 2017. Resolución que plantea diferentes interrogantes, que en el presente comentario analizamos.
 PALABRAS CLAVE: Ejecución hipotecaria, sobreseimiento, vencimiento anticipado, consumidor, subsistencia contrato.

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 PALABRAS CLAVE: Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario; cláusulas abusivas; cláusula suelo; cláusula de gastos hipotecarios; cláusula de vencimiento anticipado; comisión de apertura.

  • La publicidad del crédito inmobiliario en la ley 5/2019, de 15 de marzo, y sus normas de desarrollo

    Con la finalidad de que el potencial cliente disponga de información suficiente y veraz para fundamentar su decisión de contratar determinado crédito inmobiliario se contienen en el art. 6 de la Ley 5/2019 y en sus normas de desarrollo previsiones tendentes a protegerles frente a prácticas publicitarias desleales o engañosas y a facilitarles la comparación entre diferentes productos. A su estudio se dedica este trabajo.
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    Desde el inicio de la crisis económica hasta la actualidad han proliferado reformas procesales asistemáticas para hacer frente al problemas de los desahucios de viviendas habituales. El número de desahucios se mantiene en unos niveles desorbitados, lo que demuestra el escaso número de personas que pueden beneficiarse de las soluciones propuestas. Ante la ineficiencia de los mecanismos estatales, el legislador catalán ha desarrollado medidas alternativas de manera ingeniosa. Sin embargo, cualquier solución del legislador catalán que afecte a los mecanismos procesales hay que considerar que excede su competencia legislativa. El legislador estatal ha volcado la atención en los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias. En cambio, no ha previsto ninguna solución parecida con relación a los desahucios derivados de impago de alquiler. La legislación catalana apunta en la buena línea de ofrecer un tratamiento unitario al problema de los desahucios, ya derive de impagos de hipoteca o de alquiler. La introducción de los mecanismos de segunda oportunidad para las personas físicas, en el marco de los juicios concursales, puede servir para encauzar las diversas soluciones dispersas sin necesidad de tensionar otros cauces procesales. Teniendo en cuenta que el ámbito subjetivo común, de las diversas medidas apuntadas, viene condicionado a “supuestos de especial vulnerabilidad económica”, el marco procesal adecuado radica en el juicio concursal, el cual es suficientemente flexible para encajar las distintas soluciones procesales propuestas. Lege ferenda, bastaría con prever en el marco del plan de pagos de la LC, ya fuera en el contexto del acuerdo extrajudicial de pagos, o en el consiguiente concurso consecutivo, una partida en concepto de pago/renta que garantizase una vivienda habitual a cualquier persona física sobreendeudada, atendiendo a la capacidad económica de la misma. Ello permitiría garantizar una vivienda, al tiempo que se compensaría al tenedor inmobiliario que no puede hacer uso de ella, a modo de alquiler o, en el mejor de los casos, permitiendo la recuperación de la vivienda, si se puede completar el plan de pagos. 
 PALABRAS CLAVE: personas físicas, sobreendeudamiento, desahucio, hipotecario, concursal

  • La expropiación forzosa del uso de las viviendas obtenidas en garantía de créditos hipotecarios

    Este artículo analiza la posibilidad de ejercer la potestad expropiatoria para la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria. Si bien dicho análisis parte de cómo se regula esta cuestión en la Ley 2/2017, de 17 de febrero, de emergencia social de la vivienda de Extremadura, las conclusiones pueden resultar extrapolables a las regulaciones de otros legisladores autonómicos que, al igual que el extremeño, han apostado por este modelo de intervención pública en el mercado de la vivienda, aunque sin demasiado éxito ya que el Tribunal Constitucional ha declarado su invalidez. En un momento en el que todo apunta a que el Estado está también interesado en legislar en la materia, pues un examen de los programas electorales de los principales partidos políticos nos lo sugiere, pensamos que merece la pena reflexionar sobre las discrepancias competenciales suscitadas en este ámbito, así como debatir hasta qué punto los principios de buena regulación, en especial el principio de proporcionalidad, podrían influir en el ejercicio de la iniciativa legislativa en este campo. Palabras claves: vivienda; expropiación; la función social de la propiedad privada; principios de buena regulación; proporcionalidad; recursos de inconstitucionalidad.

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    Aunque la legislación sobre arrendamientos de vivienda ha sido modificada pendularmente no ha sabido encontrar un equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes para lograr que el alquiler sea una alternativa real al régimen de propiedad y dar cobertura al arrendatario como parte débil del contrato de alquiler. Para poder conseguirlo, debemos tener en cuenta el derecho comparado de los países con altas tasas de alquiler como Alemania, Suiza y Austria. Así, habría que modificar la actual legislación para, por un lado, ofrecer estabilidad (fomentar los contratos indefinidos), asequibilidad (promover sistemas de renta referenciada, pago fraccionado y limitado de la fianza) y flexibilidad (facilitar el desistimiento y el subarrendamiento, la realización de las obras) al arrendatario; y, por otro lado, rentabilidad (sistemas de renta referenciada a precios de mercado), garantías y seguridad (depósitos, seguros de caución, recuperación ágil de la vivienda) al arrendador. La creación de un Registro de alquileres serviría para inscribir los contratos, podría funcionar como Registro de malas prácticas arrendaticias y como fuente estadística. Palabras clave: alquiler, vivienda, arrendamiento, estabilidad, asequibilidad.

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