La terminación anormal del proceso

Autor:Ainhoa Gutiérrez Barrenengoa; Javier Larena Beldarrain; Oscar Monje Balmaseda; Jorge Blanco López
Páginas:291-297
RESUMEN

1. Introducción 2. La renuncia 3. El allanamiento 4. El desistimiento 5. La transacción 6. La caducidad 7. La satisfacción extraprocesal de pretensiones 8. Las crisis procesales Bibliografía

ÍNDICE
CONTENIDO

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1. Introducción

Frente a la sentencia, que caracteriza la forma típica de terminación del procedimiento civil, se aprecian diversas formas de finalización de éste, de naturaleza y condiciones muy diversas como ya veremos, las cuales son comúnmente denominadas como "formas de terminación anormal del proceso", precisamente por su carácter atípico y extraordinario.

Vamos a ir analizando pormenorizadamente cada una de estas figuras, a los efectos de fijar sus causas y consecuencias más relevantes.

2. La renuncia

Figura regulada en los arts. 19.1 y 20.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , los cuales señalan, respectivamente, que "los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la Ley lo prohíba o establezca limitaciones por razón del interés general o en beneficio de tercero"; y que "cuando el actor manifieste su renuncia a la acción ejercitada o al derecho en que funde su pretensión, el Tribunal dictará sentencia absolviendo al demandado, salvo que la renuncia fuere legalmente inadmisible. En este caso, se dictará auto mandando seguir el proceso adelante".

De estas disposiciones se deduce que la renuncia no es más que un abandono definitivo de lo pretendido, que en todo caso deberá ser expreso, dada la trascendencia de tal declaración, al ser causa inmediata de una sentencia absolutoria a favor del demandado. En este sentido, podrá ser total o parcial, con la consiguiente absolución plena o en parte. Page 292

Por tal motivo, si dicho acto se lleva a cabo mediante Procurador, éste deberá estar apoderado especialmente a tal efecto (art. 25.2.1º LEC ).

Asimismo, al tratarse de un acto unilateral del demandante, no se requerirá el consentimiento de la otra parte para que surta efectos, pudiéndose llevar a cabo en cualquier momento del proceso, incluida la fase de ejecución de la sentencia (art. 19.3 LEC ).

Queda claro en todo caso, que la renuncia implica la imposibilidad de acudir a un proceso posterior con el fin de dilucidar la cuestión renunciada, al entenderse que el fondo ya ha sido resuelto, con efectos de cosa juzgada. Igualmente, las costas, como es lógico, se impondrán al actor.

3. El allanamiento

Podemos definirlo a tenor de lo establecido en el art. 21.1 LEC , como la manifestación de voluntad del demandado a través de la cual se muestra conforme con la pretensión del actor. Por ello, y como reverso, podríamos decir, de la renuncia, su efecto lógico es la sentencia estimatoria de la tutela solicitada por la parte demandante.

Al igual que hemos referido en el caso de la renuncia, el allanamiento dada su naturaleza, es un acto unilateral expreso que en ningún caso requerirá consentimiento de la parte actora, siendo necesaria también la concurrencia de poder especial si se llevase a cabo a través de Procurador. Asimismo, su validez estará supeditada al hecho de que verse sobre una materia que fuere disponible, sin llegar a contrariar el interés o el orden público, ni resultar perjudicial para tercero.

Conforme a lo establecido en el art. 21 LEC , el allanamiento podrá ser total o parcial. En este último caso, el Tribunal, a instancia del demandante, podrá dictar de inmediato auto acogiendo las pretensiones que hayan sido objeto de dicho allanamiento. Para ello será necesario que, por la naturaleza de dichas pretensiones, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales continuará el procedimiento.

Del mismo modo, en los caso de litisconsorcio pasivo, se entiende que el allanamiento efectuado por uno de los codemandados en nada afecta a los demás, cuyas pretensiones seguirán el curso normal del proceso. Page 293

Normalmente, el allanamiento dará lugar a la condena en costas del demandado pero, si se produjere con carácter previo a la contestación de la demanda, no procederá la expresa condena en costas, salvo que el juez apreciare mala fe en el demandado, entendiéndose que ésta concurre si antes de presentar la demanda se hubiere formulado requerimiento fehaciente y justificado de pago a la parte demandada, o si se hubiera dirigido contra ella una demanda de conciliación (art. 395.1 LEC ).

Si el allanamiento tiene lugar una vez contestada la demanda, se procederá a condenar en las costas al demandado (art. 395.2 LEC ).

4. El desistimiento

Es la declaración de voluntad del actor por la cual manifiesta su intención de no querer continuar con el proceso previamente iniciado por él. En tal sentido, presenta una diferencia fundamental con respecto a la renuncia, ya que el actor podrá en este caso plantear en el futuro la misma demanda.

La razón de este último aserto reside en el hecho de que el desistimiento no da lugar a una sentencia absolutoria sobre el fondo, como en el caso de la renuncia, sino que aquél queda imprejuzgado, terminando el proceso con una resolución que adopta la forma de auto (art. 20.3 LEC ).

Quizá la característica más notable de la figura que nos ocupa, sea su carácter bilateral, ya que requerirá el consentimiento de la parte demandada para desplegar todos sus efectos. Se considera que ésta última puede tener un interés legítimo en que el asunto sea resuelto definitivamente mediante sentencia de fondo con efectos de cosa juzgada.

A pesar de lo dicho, cabe el desistimiento unilateral si tiene lugar con anterioridad a que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda o para comparecer al juicio, si se trata de un proceso verbal. También cabe esta posibilidad si el demandado se encuentra en rebeldía.

En general, el escrito de desistimiento se trasladará a la parte demandada por el plazo de diez días, de forma que, si no manifiesta oposición a tal respecto, el Tribunal procederá a sobreseer el procedimiento mediante auto. Caso de producirse oposición el Juez resolverá lo que estime oportuno. Si las partes intervienen a través de Procurador, éste requerirá estar apoderado especialmente tanto para desistir como para aceptar el desistimiento de la contraparte. Page 294

En caso de existir un litisconsorcio activo, se requerirá forzosamente la conformidad de todos los codemandantes para poder ejercitar el desistimiento. De igual manera, si fueren varios los demandados deberá existir acuerdo entre ellos para aceptar.

Si el desistimiento es unilateral, se condenará en costas al actor y si media consentimiento de la parte demandada, no se producirá condena expresa a este respecto (art. 396 LEC ).

Cuando el desistimiento tenga lugar en segunda instancia o el recursos posteriores, su efecto será el de producir la firmeza de la resolución recurrida. En estos casos, no se requerirá el consentimiento de la parte recurrida, con lo que la condena en costas recaerá exclusivamente sobre el recurrente que desiste.

5. La transacción

Tal como la define el art. 1.809 del Código Civil , la transacción es el contrato por el cual las partes dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que ya haya comenzado.

A resultas de la definición legal, se observa la existencia de dos tipos concretos de transacción: la extrajudicial y la de índole puramente judicial. La primera es la celebrada al margen del proceso, influyendo en él de forma meramente indirecta, mientras que la segunda es aquélla objeto de homologación judicial, que adquiere por tal motivo fuerza ejecutiva. En tal caso, el Juez examinará previamente la concurrencia de los requisitos de capacidad jurídica y poder de disposición de las partes o de sus representantes debidamente acreditados, que asistan al acto (art. 415.1 LEC ).

Al igual que hemos visto en las figuras anteriores, se requerirá a estos efectos poder especial en el Procurador (art. 25.1 LEC ), dado que la transacción celebrada dará lugar al sobreseimiento del proceso (art. 428 LEC ).

6. La caducidad

El transcurso del tiempo sin que se produzca actividad procesal alguna proveniente de las partes, dará lugar, por una simple razón de seguridad jurídica, a la caducidad del proceso. Page 295

En este orden de cosas, el legislador es taxativo cuando afirma que se tendrán por abandonadas las instancias y recursos en toda clase de pleitos si, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produce actividad procesal alguna en el plazo de dos años, cuando el pleito se hallare en primera instancia; y de uno si estuviera en segunda o pendiente de recurso extraordinario por infracción procesal o de recurso de casación (art. 237.1 LEC ). Los plazos señalados se contarán a partir de la última notificación realizada a las partes.

Contra el auto que declare la caducidad cabrán los recursos de reposición y de apelación.

En cualquier caso, no se producirá la caducidad de la instancia o del recurso si el procedimiento hubiere quedado paralizado por fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable a la voluntad de partes e interesados (art. 238 LEC ). Tampoco es aplicable la caducidad referida en fase de ejecución.

En cuanto a sus efectos, si tiene lugar en segunda instancia o estando pendientes recursos extraordinarios de casación o de infracción procesal, se tendrán por desistidos éstos o la apelación interpuesta, alcanzando firmeza inmediata la resolución recurrida.

Si la caducidad se produjere en primera instancia, se entenderá que se ha desistido de la misma, sin perjuicio de la posibilidad de interponer una nueva demanda en el futuro, mientras no caduque la acción que fundamente la misma.

Asimismo, la caducidad no implica condena expresa en costas con lo que cada parte pagará las causadas a su instancia y las comunes por mitad (art. 240 LEC ).

7. La satisfacción extraprocesal de pretensiones

Se alude a esta posibilidad en el art. 22 LEC , a cuyo tenor, cuando por circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvención, dejare de haber un interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida, porque se hayan satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor y, en su caso, del demandado reconviniente o por cualquier otra causa, se pondrá de manifiesto esta circunstancia al Tribunal y, si hubiere acuerdo de las partes, se decretará, mediante auto, la terminación del proceso. Page 296

El auto en cuestión tendrá iguales efectos que una sentencia absolutoria firme, sin que proceda condena en costas.

Si alguna de las partes sostuviere la subsistencia de interés legítimo, negando motivadamente que se haya dado satisfacción extraprocesal a sus pretensiones o con otros argumentos, el tribunal convocará a las partes a una comparecencia con ese único objeto, en el plazo de diez días. terminada la misma, el Tribunal decidirá mediante auto, en los diez días siguientes, si procede o no continuar con el juicio, imponiendo las costas de estas actuaciones a quien vea rechazada su pretensión (art. 22.2 LEC ).

Contra el auto que ordene proseguir con el juicio no cabrá recurso alguno, mientras que frente al que acuerde su terminación, podrá interponerse recurso de apelación.

8. Las crisis procesales

Son aquellas situaciones procesales que, como señalan DE LA OLIVA y DÍEZ-PICAZO, "respecto de la regular y ordinaria sucesión de los actos del proceso en orden a la sentencia sobre el fondo, suponen óbice, dilación, suspensión o paralización".

Se distinguen así, siguiendo a los autores citados, tres tipos de crisis procesales: la prejudicialidad, los incidentes y la suspensión del proceso por acuerdo entre las partes del mismo.

En cuanto a la primera, se produce cuando la decisión de fondo de un procedimiento requiere, necesariamente, la resolución de otra cuestión sustantiva que podría haber suscitado o podría dar lugar en el futuro, a otro procedimiento.

Los incidentes, por su parte, como establece el art. 387 LEC , son aquellas cuestiones distintas de las que constituyen el objeto principal del pleito, pero que guardan con él inmediata relación, así como las que se susciten respecto de presupuestos y requisitos procesales de influencia en el proceso.

Finalmente, la suspensión por acuerdo entre las partes no es más que una excepción al impulso procesal de oficio, que se inicia a instancia de parte, concediéndose mediante auto por el Tribunal, el cual alzará la suspensión pedida si cualquiera de las partes lo solicitase (art 179.2 LEC ). Page 297

En todo caso, dicha suspensión no perjudicará al interés general o a tercero y no se prolongará más allá de sesenta días, si bien si ninguna parte pide la reanudación, se procederá al archivo de autos hasta dicho momento, o hasta que tenga lugar la caducidad del procedimiento (art. 19.4 LEC ).

Bibliografía

AA.VV. (DE LA OLIVA SANTOS A. y otros), Derecho Procesal Civil. El proceso de declaración, Ramón Areces, Madrid, 2.000.

AA.VV., Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil , Dykinson, Madrid, 2.000.

ASENCIO MELLADO, J. M., Derecho Procesal Civil (Parte primera), 2ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2.000.

CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.-GIMENO SENDRA, V.-MORENO CATENA,V., Derecho Procesal Civil. Parte General, 3ª ed., Colex, Madrid, 2.000.