El recurso de suplicación en materia de Seguridad Social

El artículo 189 de la Ley de Procedimiento Laboral dispone que son recurribles en suplicación, las Sentencias que dicten los Juzgados de lo Social en los procesos que ante ellos se tramiten, cualquiera que sea la naturaleza del asunto, salvo las dictadas en reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 300.000 pesetas (1.803 euros). La adaptación de la Ley de Procedimiento Laboral a la moneda euro está prevista en el Proyecto de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la Oficina Judicial de 27 de marzo de 2009. Dado que no se distingue la materia, cabe concluir que serán recurribles en suplicación, las Sentencias que se dicten en materia de Seguridad Social, cuya cuantía litigiosa exceda de 1.803 €.

La determinación de la cuantía litigiosa para acceder al recurso de suplicación, ha planteado dudas respecto de las prestaciones periódicas de Seguridad Social, cuando el objeto del litigio no versa sobre el reconocimiento o la denegación de la misma, sino sobre su cuantía. Y se afirma que las dudas se originan en relación con las prestaciones periódicas, porque cuando la prestación consiste en una cantidad a tanto alzado, la cuantía vendrá determinada por su importe, que será la diferencia entre lo reconocido por la Entidad Gestora y lo reclamado, pues si no ha sido reconocida cabrá recurso de suplicación, con independencia de la cuantía. Esta determinación no ofrecía dudas con el texto de la Ley de Procedimiento Laboral de 1980, que en el artículo 178.3 establecía que para determinar la cuantía litigiosa en estos casos de prestaciones periódicas de Seguridad Social, había que computarse las diferencias en la prestación reclamadas en un periodo de un año. El problema surge con la Ley de Procedimiento Laboral de 1990, que suprime esta precisión legal y no la sustituye por ninguna otra. Esta laguna también se encuentra en el texto de la vigente Ley de Procedimiento Laboral de 1995. La supresión por el legislador de la regla contenida en el texto adjetivo laboral de 1980, permitía dos interpretaciones.

1. Que la laguna legal debía ser integrada por lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de acuerdo con la Disposición Adicional Primera de la Ley de Procedimiento Laboral, que le atribuía en la Ley de 1990 y, le atribuye en la actual, carácter supletorio. Como la situación era anterior a la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, había de acudirse a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 en cuyo artículo 489 contenía las reglas sobre el valor de las demandas para determinar por él la cuantía. Y, concretamente, en el párrafo sexto disponía que «en los juicios sobre el derecho a exigir prestaciones periódicas se calculará el valor por el importe de una anualidad multiplicado por diez, salvo que el plazo fijado fuera inferior, y por diez se multiplicará también la anualidad si la prestación fuere vitalicia». El acceso al recurso de suplicación, aplicando esta regla, estaba garantizado prácticamente en todos los casos, pues la mayoría de las reclamaciones excederían del límite legal de 300.000 pesetas o 1.803 €. Este criterio fue mantenido por algunos Tribunales Superiores de Justicia. En este sentido, se pronunciaron el Auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 18 de diciembre de 1990 y el Auto del Tri-Page 79bunal Superior de Justicia de La Rioja de 9 de marzo de 1991.

2. Otros pronunciamientos judiciales, mantuvieron la aplicación del ya derogado artículo 178.3 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1980 y calcularon el importe de la prestación periódica a los efectos del acceso al recurso de suplicación, en relación con lo reclamado en un año. Mantuvieron este criterio el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 9 de abril de 1991 y el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 14 de noviembre de 1991.

   Un sector de la doctrina¹, sostuvo que no cabía aplicar un precepto derogado y que la aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil para integrar la laguna legal, procedía por imperativo legal. Ahora bien, distinguía según que la prestación periódica tuviera una duración conocida o no. Y así, en el primer caso, habría de multiplicarse la diferencia entre lo reconocido por la Entidad Gestora y lo reclamado por el número de pagos a efectuar, para calcular la cuantía de la reclamación a efectos de determinar la admisibilidad del recurso. Y si la prestación periódica era vitalicia, la diferencia ente lo reconocido y lo reclamado debía multiplicarse por las diez anualidades.

   Esta cuestión ha sido resuelta por reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en el sentido de que han de computarse las diferencias reclamadas en el periodo de un año.

   Es interesante destacar porque resuelve también otro problema, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2007.

   El actor, que tenía reconocida la pensión de jubilación, solicitó la revisión del porcentaje de la base reguladora que le había sido asignado, reclamando la totalización del periodo de seguro, por la realización de trabajos en el extranjero y, concretamente, en la demanda pedía que se le reconociese el derecho al 100 % de la base reguladora de la pensión de jubilación y que la prorrata temporis a cargo de la Seguridad Social española, ascendiera también a este porcentaje, así como el abono de las diferencias desde el reconocimiento de la prestación, que se extendía a los tres años anteriores. El Juzgado de lo Social estimó parcialmente la demanda y la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Galicia no admitió el recurso de suplicación por razón de la cuantía, computando, a tal efecto, el importe de las diferencias económicas reclamadas por el actor correspondientes a un año, siguiendo el criterio de las Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de febrero del 2001 y de 31 de enero del 2002. Esta Sentencia fue recurrida por el demandante en casación para la unificación de doctrina, presentando como sentencia contradictoria la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, de 29 de octubre de 2004 (Recurso 5896/2003). La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, de 26 de junio de 2007, que se analiza, consideró que la doctrina acertada era la sentada en la Sentencia de la misma Sala de 29 de octubre de 2004, -seguida, esencialmente, por las Sentencias de 12 de julio del 2005 (Recurso 2465/2004) y de 22 de septiembre del 2005 (Recurso 2479/2004)- y, estimando el recurso de casación, anuló la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia para que, admitiendo el recurso de suplicación, entrara a resolver las restantes cuestiones debatidas. A los efectos que nos interesan, declara el Alto Tribunal que para determinar la cuantía en relación con la admisibilidad del recurso de suplicación en las prestaciones periódicas de Seguridad Social, -cuyo objeto no sea el reconocimiento o denegación del derecho o laPage 80discrepancia en cuanto al grado, pues en estos casos, cabe siempre el recurso de suplicación-, han de distinguirse dos supuestos:

1. Cuando la prestación ha sido concedida con anterioridad y, en el litigio se cuestiona solo una diferente base reguladora o cualquier otra circunstancia que incida en el importe de la prestación que ya se disfruta, pero no se determina la cuantía de lo reclamado. En tales casos la sentencia de instancia debe tener el mismo tratamiento, a los efectos del recurso de suplicación, que una reclamación de cantidad en forma de prestación periódica, y habrá de atenderse al importe anual de las diferencias, que era el criterio establecido por el artículo 178.3 de la antigua Ley de Procedimiento Laboral de 1980. En este sentido, se pronuncian, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 1993 (Recurso 422/93), de 12 de febrero de 1994 (Recurso 698/93), de 21 de septiembre de 1999 (Recurso 5014/97), de 20 de marzo de 2000 (Recurso 3038/99), de Sala General de 31 de enero de 2002 (Recurso 31/01), de 20 de febrero de 2002 (Recurso 3493/00), de 14 de mayo de 2002 (Recurso 1984/01), de 25 de mayo de 2002 (Recurso 3218/01), de 7 de octubre de 2002 (Recurso 120/02) y de 8 de octubre de 2002 (Recurso 4126/01).

2. Los supuestos en los que, aun discutiéndose diferencias en las prestaciones periódicas de Seguridad Social, sí se hace constar en la demanda el importe reclamado o, se facilitan los datos que permiten su cálculo mediante una simple operación aritmética. En estos casos, no hay que acudir a las reglas de cuantificación establecidas para la indeterminación del petitum. Cuando se reclama un importe determinado o determinable hay que estar a él y su acceso al recurso deberá valorarse conforme a la regla general del artículo 189.1 párrafo primero de la Ley de Procedimiento Laboral. Así lo declaran también las Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 1999 (Recurso 5014/97), de 20 de febrero de 2002 (Recurso 3493/00), de 25 de mayo de 2002 (Recurso 3218/01) y de 27 de octubre de 2003 (Recurso 4441/02), entre otras.

   La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2007 que se examina, considera que el demandante ejercitaba dos acciones, una de cuantía indeterminada, a saber, el reconocimiento de una superior pensión de jubilación y, otra consistente en el abono de los atrasos que, al referirse a un periodo concreto, sería de cuantía determinable. El artículo 190.2 de la Ley de Procedimiento Laboral establece que si el actor formulase varias pretensiones y reclamare cantidad por cada una de ellas, se sumarán todas para establecer la cuantía. Aplicando este precepto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2007 concluye que, como el actor reclamaba en la demanda, -como se indicó anteriormente-, las cantidades correspondientes a los tres años anteriores, es decir, desde que le fue reconocida la pensión de jubilación, se trataba de una demanda de cuantía determinable, por lo que estaría encuadrada en el segundo de los supuestos reseñados y, para la determinación de la cuantía, a los efectos del acceso al recurso de suplicación, habrían de multiplicarse las diferencias entre lo reconocido por la Entidad Gestora y lo reclamado por las tres anualidades y, declara el Alto Tribunal, que a esta cantidad se le sumaría el importe de las diferencias de pensión correspondientes a un año, de acuerdo con el artículo 190.2 de la Ley de Procedimiento Laboral. Téngase en cuenta que el importe de una anualidad de diferencias no superaba el tope legal de los 1.803 €. De este modo, considera que sí cabía el recurso de suplicación y, casa y anula la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Esta Sentencia mantiene que se ejercitan dos acciones de reclamación de cantidad y se aplica el criterio cumulativo, por lo que tras calcular las cantidades reclamadas de manera determinada o determinable, multiplicando las diferencias reclamadas por el periodo al que se refieren desde el reconocimiento de laPage 81prestación, se le suma el importe de una anualidad de las diferencias, correspondiente al supuesto no cuantificable, aplicando lo que preveía el anterior artículo 178.3 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1980. Calcula la cuantía computando los criterios aplicables a las dos acciones ejercitadas, a saber, el reconocimiento de una prestación superior, de un lado y, de otro, el abono de las diferencias respecto de la prestación que ya se ha percibido.

   Pues bien, esta doctrina jurisprudencial, en principio clara, queda enturbiada por la posterior doctrina de unificación, como se verá. En la Sentencia que he analizado, no se plantea el problema que se expone a continuación, porque la cuantía de los atrasos reclamados era superior al límite de acceso al recurso de suplicación de 1.803 €, por lo que, aunque el Tribunal Supremo no hubiese mantenido el criterio cumulativo, es decir, que al importe de las tres anualidades reclamadas había que sumarle el importe de las diferencias de un año, la solución hubiese sido la misma, a saber, que cabía recurso de suplicación. Sin embargo, cabría plantearse qué ocurriría en el caso en el que los atrasos reclamados fueran inferiores a esta cantidad y el importe de una anualidad de las diferencias de prestación reclamadas también. En estos supuestos, ha de resaltarse la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2008, que sostiene que cuando se reclama el importe de los atrasos de un año y el reconocimiento de las diferencias de la prestación, no pueden sumarse ambas cuantías. Por lo tanto, mantiene el criterio no cumulativo que sería contrario al de la Sentencia que se ha examinado anteriormente, la de 26 de junio de 2007, en la que se sumaban ambos importes. El Tribunal Supremo después de afirmar que se ejercitan por el actor dos acciones, concluye que no es de aplicación el artículo 190.2 de la Ley de Procedimiento Laboral. En el supuesto enjuiciado las pretensiones deducidas son también dos: el incremento de la base reguladora de la pensión de jubilación y, los atrasos de un año. El importe de lo reclamado, en cómputo anual, por las diferencias entre la base postulada y la reconocida era inferior a los 1.803 € y, evidentemente, coincidía con los atrasos de un año, que también se reclamaban. Por separado, ninguna de las pretensiones tendría acceso al recurso. El Tribunal Supremo declara que las Sentencias de la Sala IV que optaron por la acumulación cuantitativa de ambas magnitudes (importe de la diferencia de prestación y cuantía de lo reclamado en concepto de atrasos) se dictaron en casos en los que la cantidad en concepto de atrasos derivaba de plazos superiores al año. Pero que, cuando se reclama el reconocimiento de una superior base reguladora y el abono de los atrasos de un año, es precisamente el importe de la diferencia de prestaciones correspondientes a un año el que determina la procedencia o improcedencia del recurso de suplicación, por lo que no procede aplicar la regla de acumulación de cuantías establecida en el artículo 190.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, pues la realidad es que no se trata de dos pretensiones diferenciadas, sino de una sola y de su consecuencia. Y, por lo tanto, desestima el recurso de casación, considerando que no cabía el recurso de suplicación, como declaró la Sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia.

   Esta Sentencia cambia totalmente el criterio, ya que de aplicarse el artículo 190.2 de la ley adjetiva laboral y sumarse ambas cantidades, al igual que se hizo en la Sentencia de 26 de junio de 2007, la solución hubiese sido la contraria, pues sumando ambas cantidades, sí que se superaba el importe legal que permite el acceso al recurso de suplicación. Al ser la Sentencia de 26 de febrero de 2008 posterior, las dudas que se suscitan son numerosas, pues podría interpretarse que, en el caso de que se reclamaran los atrasos correspondientes a un determinado periodo superior a un año, tendrían que descontarse los de un año. Es decir, si como en la Sentencia de 26 de junio de 2007, se reclamaban las diferencias de base reguladora de la prestación de jubila-Page 82ción y el abono de los atrasos, al aplicar el criterio cumulativo del artículo 190.2, habría de descontarse el importe del periodo de un año de atrasos, pues como afirma la Sentencia de 26 de febrero de 2008, en caso contrario, estarían computados dos veces, pues la reclamación de un año de atrasos es la consecuencia de la reclamación de la superior pensión.

   Considero que las dos acciones ejercitadas sea cual sea el periodo reclamado de atrasos, -superior o inferior a un año-, se refieren a pretensiones iguales que merecen un único tratamiento. De este modo, podría entenderse que, si conforme a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 26 de febrero de 2008, la reclamación de los atrasos es una consecuencia de la acción de reclamación de las diferencias de pensión, la cuantificación a efectos del acceso al recurso de suplicación, debería ser siempre la del importe de las diferencias en un año. No obstante, a mi juicio, esta conclusión no es acorde con lo preceptuado en el artículo 190.2 de la Ley de Procedimiento Laboral y, por lo tanto, creo que en estos supuestos existe una acumulación objetiva de acciones, una de cuantía determinable, a saber, la reclamación del reconocimiento de una mayor pensión y, otra de cuantía determinada, la reclamación del abono de los atrasos. A los efectos del acceso al recurso de suplicación, la cuantificación de la primera, aplicando la reiterada doctrina jurisprudencial sentada al efecto y reseñada anteriormente, sería igual al importe de las diferencias entre lo reconocido y lo reclamado en un año. Y, la cuantía de los atrasos sería el resultado de multiplicar el importe de esa diferencia por el periodo reclamado. Cualquiera que sea este periodo, según mi criterio, es de aplicación el artículo 190.2 de la Ley de Procedimiento Laboral y, por lo tanto, han de sumarse ambas cantidades, no compartiendo, por ende, la doctrina sentada en la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, de 26 de febrero de 2008.

El artículo 189.1 b) de la Ley de Procedimiento Laboral establece que, procederá en todo caso el recurso de suplicación y, por lo tanto, cualquiera que sea la cuantía del asunto, «en los procesos seguidos por reclamaciones, acumuladas o no, en los que la cuestión debatida afecte a todos o a un gran número de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad Social, siempre que tal circunstancia de afectación general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes».

Ya el artículo 153 de la Ley de Procedimiento Laboral aprobada por el Decreto 909/1966, de 21 de abril, recogió por primera vez, la afectación general como causa sustentadora del acceso al recurso de suplicación, con independencia de la cuantía del litigio, sólo referida a los procesos de Seguridad Social y no a los derivados del contrato de trabajo, a los que se extendió a partir del mandato contenido en la Disposición Adicional Novena de la Ley de Relaciones Laborales 16/1976, de 8 de abril, que se recogió en la Ley de Procedimiento Laboral de 1980. En este texto no se hacía referencia a la notoriedad, ni a la alegación y prueba de la afectación general, ni al contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes. Durante la vigencia de esta última norma, el Tribunal Constitucional dictó Sentencias relevantes interpretativas del reseñado artículo 153 del texto procesal, desde el punto de vista de la Constitución. Y esta doctrina constitucional se plasmó en la Ley de Procedimiento Laboral de 1990 y en la vigente de 1995, en las que se adicionó que la afectación general que permitía el acceso al recurso de suplicación debía ser notoria, alegada y probada en juicio o tener un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes. Y así, la Sentencia del Tribunal Cons-Page 83titucional 79/1985, de 3 de julio, declaró que existía afectación general en los procesos seguidos por más de dos mil trabajadores de una empresa en reclamación de las retribuciones devengadas durante el cierre patronal acordado por la empresa, ante el atentado terrorista que acabó con la vida de un alto directivo de la misma. Mantuvo el Tribunal Constitucional que existía en los litigios un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes, por lo que cabía apreciar la afectación general, en orden a permitir el acceso al recurso de suplicación, que no cabía por razón de las cuantías reclamadas. Por otro lado, la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/1986, de 19 de mayo declaró que si no hay notoriedad, la afectación general ha de ser alegada y probada. Se refería al acceso al recurso de suplicación en los procesos entablados por los trabajadores de un Banco, reclamando la Cesta de Navidad, que percibían de su empresa, antes de que se fusionara con otra entidad bancaria.

Como se ha indicado anteriormente, a raíz de esta doctrina del Tribunal Constitucional, se redactó el texto del artículo 188.1 b) de la Ley de Procedimiento Laboral de 1980 y el actual artículo 189.1 b) de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, adicionando que existe afectación general cuando sea notoria, sea alegada y probada o tenga un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes.

La cuestión de la afectación general como presupuesto de acceso al recurso de suplicación, cualquiera que sea la cuantía del asunto debatido, ha sido interpretada de manera muy diversa por la jurisprudencia de la Sala IV del Tribunal Supremo, que en ocasiones mantuvo un criterio estricto como en las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictadas en recurso de casación para la unificación de doctrina, de 13 de abril de 1994, de 4 de noviembre de 1996 y de 29 de junio de 1998 y, en otras, sostuvo una interpretación más flexible de la afectación general, como en las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictadas en recurso de casación para la unificación de doctrina, de 27 de mayo de 1994, de 28 de marzo de 1995 y de 27 de febrero de 1997. Como puede observarse era absolutamente necesaria la adopción de un criterio unánime y uniforme en esta materia, lo que se llevó a cabo en nueve Sentencias de Sala General de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 15 de abril de 1999, dictadas en recurso de casación para la unificación de doctrina frente a varias Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, sobre los límites de la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial y que se decantaron por una interpretación estricta de la afectación general para acceder al recurso de suplicación. Esta doctrina jurisprudencial fue la seguida por numerosas Sentencias posteriores del Alto Tribunal, siendo destacable la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, de 15 de abril de 2003 que recoge un resumen de la misma. Se exigía para apreciar la afectación general, la existencia de un nivel de litigiosidad real sobre la cuestión debatida en el proceso por un gran número de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad Social. Con carácter general, al considerarse la afectación general una cuestión fáctica y no jurídica, debe ser alegada y probada en juicio por la parte que pretenda hacerla valer para recurrir en suplicación. Excepcionalmente, la notoriedad está exenta de prueba, pero debe ser alegada expresamente en la demanda o en el juicio. Tampoco precisa de prueba el contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes, pero todas las partes intervinientes deben así reconocerlo en el acto del juicio. Por lo tanto, esta afectación general no podía ser apreciada de oficio por el Juez y, el Tribunal ad quem sólo podía entrar a analizar la existencia de afectación general, al resolver un motivo concreto de recurso esgrimido al respecto o, si no constaba en los hechos probados, ya que si se declaraba acreditada, había de estarse a lo declarado probado.

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Esta interpretación estricta de la afectación general impedía en numerosas ocasiones el acceso al recurso de suplicación, por lo que no se daba debido cumplimiento a la finalidad uniformadora del artículo 189.1 b) de la Ley de Procedimiento Laboral, puesta de manifiesto por la Sentencia del Tribunal Constitucional 79/1985, de 3 de julio, que declaró que el objetivo de la norma era evitar resoluciones judiciales contradictorias, que adquirían firmeza, al no ser susceptibles de recurso, en supuestos en los que estaban afectados un gran número de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad Social, lo que no garantizaba el principio de seguridad jurídica ni de igualdad de todos ante la ley. Junto a ello, fueron numerosas las objeciones de que fue objeto la doctrina jurisprudencial expuesta.

En esta situación se produjo la transferencia de competencias, funciones, servicios y del personal del Instituto Nacional de la Salud a las Comunidades Autónomas, lo que originó un gran número de recursos de casación, más de dos mil en los años 2003 y 2004, en procedimientos de escasa cuantía, pero en los que debía resolverse previamente sobre la existencia de afectación general². Todas estas circunstancias evidenciaron la necesidad de rectificar la doctrina al respecto, sentada a partir de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, de 15 de abril de 1999, lo que tuvo lugar en la Sala General celebrada el 24 de septiembre de 2003, donde fueron objeto de votación y fallo, 20 recursos de casación sobre esta materia. Cabe destacar como relevante la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, de 3 de octubre de 2003, recaída en el Recurso 1011/2003, que declaró:

1. La afectación general no constituye un hecho sino un concepto jurídico indeterminado, por lo que habrá de ser valorado jurídicamente en cada caso concreto.

2. No es necesaria la existencia real de litigiosidad, sino que basta con que exista una situación de conflicto que puede ser extrajudicial y, por lo tanto, existir aunque el pleito no se haya iniciado.

3. La notoriedad de la afectación general no tiene que ser absoluta y general, por lo que no ha de ser alegada ni probada, sino que el órgano judicial deberá valorar su existencia de acuerdo con la naturaleza de la reclamación y los demás elementos que concurran y que obren en las actuaciones.

4. Tampoco necesita ser probado el contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes.

5. En consecuencia, el órgano judicial puede apreciar la afectación general de oficio y el Tribunal ad quem, al ser una cuestión de orden público procesal, porque afecta a la competencia funcional, puede y debe examinarla.

   Esta doctrina jurisprudencial es la mantenida por la Sala IV del Tribunal Supremo actualmente, siendo destacable, entre otras, las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictadas en recurso de casación para la unificación de doctrina, de 20 de enero de 2009, 10 de febrero de 2009 y 18 de marzo de 2009.

   Por consiguiente, con independencia de la cuantía, en los procesos de Seguridad Social en los que la cuestión litigiosa no verse sobre el reconocimiento o la denegación de una prestación, en cuyo caso cabe siempre la suplicación, cuando la controversia debatida afecte a todos o a un gran número de beneficiarios de la Seguridad Social, cabrá recurso de suplicación siempre que concurran alguna de estas tres circunstancias, que deben ser interpretadas conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta:

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1. Que la afectación general fuera notoria.

2. Que haya sido alegada y probada en juicio.

3. Que posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes. Debe tenerse en cuenta que no basta con que las partes hayan prestado conformidad, sino que debe existir también este contenido de generalidad, es decir, han de concurrir los dos requisitos. Se trata, como se ha indicado, de una cuestión que afecta al orden público procesal, pues incide en la competencia funcional y no puede dejarse a la voluntad de las partes litigantes, lo que ocurriría si sólo se exigiese esta conformidad. La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2006 analiza esta cuestión. El demandante había prestado servicios para la empresa demandada hasta que pasó a percibir la prestación de desempleo y luego a la situación de prejubilación en virtud de expediente de regulación de empleo que autorizó la extinción de las relaciones laborales de 631 trabajadores de su plantilla, que mostrando su conformidad con el expediente, se acogieran voluntariamente al sistema de prejubilaciones. El actor solicitó la jubilación y el Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoció una prestación descontando un 8% por cada año que le faltaba para el cumplimiento de la edad de jubilación. El demandante reclamó la aplicación de un porcentaje superior por considerar que el cese no era voluntario, resultando así una diferencia mensual que, multiplicada por 14 no superaba la cuantía, que el artículo 189.1º de la Ley de Procedimiento Laboral establece como límite a efectos de acceder al recurso de suplicación. Por ello, el primer problema que se planteó en el recurso consistió en determinar si contra la sentencia dictada en la instancia procedía el recurso de suplicación; cuestión a la que se le dio una respuesta afirmativa porque, aunque efectivamente la cuantía litigiosa no superaba el límite indicado, lo cierto es que el acceso al recurso se produce en virtud de lo dispuesto en el artículo 189.1º.b) de la Ley de Procedimiento Laboral, por afectar la cuestión debatida a un gran número de trabajadores. Tal afectación general surge aquí en atención a una evidencia compartida, pues la cuestión debatida tiene por sí misma un contenido de generalidad que las partes no han cuestionado en ningún momento. En el mismo sentido, se pronunció la Sala IV del Tribunal Supremo en sus Sentencias de 30 de enero de 2006 y de 6 de febrero de 2006.

De acuerdo con el artículo 189.1 c) de la Ley de Procedimiento Laboral serán recurribles en suplicación, en todo caso, los procesos que versen sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a obtener prestaciones de la Seguridad Social, incluidas las de desempleo, así como sobre el grado de invalidez aplicable.

En la interpretación de esta norma, se han suscitado fundamentalmente, dos cuestiones prácticas. En primer lugar, si se puede extender, por analogía, la aplicación de este artículo al reconocimiento o a la denegación de derechos laborales o, si sólo es aplicable el precepto al reconocimiento o denegación de prestaciones de Seguridad Social. La cuestión fue resuelta por la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, de 13 de septiembre de 1999, que declaró que la norma no es extensible por analogía a los derechos laborales, ya que, en primer lugar, el tenor literal del precepto es claro; en segundo lugar, excede de los límites de la interpretación analógica del artículo 4.1 del Código Civil; y, por último, las normas de excepción y el artículo 189.1 c) de la Ley de Procedimiento Laboral, participa de este carácter, han de ser interpretadas restrictivamente.

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Otra cuestión que cabe plantearse consiste en si es aplicable esta norma a los supuestos de reconocimiento o denegación de la incapacidad permanente total cualificada y de gran invalidez, pues a veces han sido encuadrados respectivamente, en la incapacidad permanente total y la incapacidad permanente absoluta. Se trata de determinar si, a estos efectos, constituyen grados de invalidez. En ambos casos la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se ha inclinado por entender que las reclamaciones jurisdiccionales con este contenido versan sobre grados de invalidez y son por tanto recurribles en suplicación. En este sentido, se ha pronunciado la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, de 22 de mayo de 1995, para una reclamación de incapacidad permanente total cualificada, y la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de julio de 1994, para una reclamación de gran invalidez.

De conformidad con el artículo 192.1 de la Ley de Procedimiento Laboral: «El recurso de suplicación deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado o representante, al hacerle la notificación de aquélla de su propósito, de entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o representante ante el Juzgado que dictó la resolución impugnada, dentro del indicado plazo». Esta materia no tiene ninguna particularidad en los procesos de Seguridad Social.

Por el contrario, este artículo 192 contiene a continuación las dos peculiaridades más relevantes de esta modalidad procesal en lo que afecta al recurso de suplicación, a saber, el ingreso del capital coste de la prestación en la Tesorería General de la Seguridad Social y la presentación en el Juzgado del resguardo acreditativo por el condenado al pago y, la presentación de la certificación de que comienza y se mantendrá el abono de la misma durante la sustanciación del recurso, si el abono debe hacerlo la Tesorería General de la Seguridad Social.

La obligación que vamos a analizar se refiere al requisito que ha de cumplirse para recurrir en suplicación las sentencias dictadas en materia de Seguridad Social en las que se condene a un tercero al abono de las prestaciones. Es distinta de la obligación de consignar el importe de la condena que se regula en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral, en sede de disposiciones comunes al recurso de suplicación y al de casación.

El artículo 192.2 de la Ley de Procedimiento Laboral establece que: «En las sentencias dictadas en materia de Seguridad Social que reconozcan al beneficiario el derecho a percibir prestaciones, para que pueda recurrir el condenado al pago de dicha prestación será necesario que haya ingresado en la Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente el capital importe de la prestación declarada en el fallo, con objeto de abonarla a los beneficiarios durante la sustanciación del recurso, presentando en el Juzgado el oportuno resguardo que se testimoniará en autos, quedando bajo la custodia del Secretario».

El condenado al abono de la prestación reconocida podrá ser el empresario, una Mutua o cualquier otra entidad que no tenga el carácter de Entidad Gestora, ya que en éste último caso, no es necesario el ingreso del capital coste de la prestación y basta que se presente el certificado acreditativo de que comienza el abono de la prestación y que lo proseguirá durante la tramitación del recurso, a tenor del artículo 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral.

El trámite que debe seguir el Juzgado para que la parte condenada al abono de la prestación pueda ingresar el capital coste en la Tesorería General de la Seguridad Social es el previsto en el artículo 192.3 del citado texto adjetivo que dispone que: «En el supuesto referido en el número anterior y una vez anunciado el recurso, el Juez dictará providencia ordenando que se dé traslado a la Entidad Gestora o servicio común para que se fije el capital importe de la pensión a percibir. Recibida esta comunicación, la notificará al recurrente para que en el plazo de cinco díasPage 97efectúe la consignación requerida en la Tesorería General de la Seguridad Social, bajo apercibimiento de que de no hacerlo así se pondrá fin al trámite del recurso».

Pues bien, la aplicación de estos preceptos plantea distintas cuestiones controvertidas que se analizan a continuación.

1. Uno de los problemas que suscita el requisito establecido para recurrir en suplicación en el artículo 192.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, consiste en determinar si es necesario ingresar el capital coste del recargo de prestaciones de la Seguridad Social. En los litigios sobre recargo de prestaciones, la empresa impugna la Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social que le impone el recargo por incumplimiento de las normas de salud laboral, siempre que se haya producido un accidente de trabajo y, entre éste y la reseñada infracción normativa, se aprecie la existencia de un nexo causal. Cuando la Sentencia del Juzgado de lo Social desestima la demanda de la empresa y confirma el recargo, surge la duda de si la empresa que recurre en suplicación debe ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social el importe del capital coste del recargo, es decir, si ha de aplicarse el artículo 192.2 de la Ley de Procedimiento Laboral a estos supuestos. La falta del cumplimiento de este requisito de admisibilidad del recurso de suplicación suele ser invocada en el escrito de impugnación del recurso de suplicación por el beneficiario del recargo, que será el trabajador accidentado o, en su caso, sus herederos. La doctrina de suplicación no ha sido unánime en esta materia. Y así, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 8 de julio de 2008 declara que no es exigible el ingreso del capital coste del recargo de prestaciones cuando la Sentencia del Juzgado de lo Social confirma el recargo y, consiguientemente, desestima la demanda de la empresa, porque el artículo 192.2 de la Ley de Procedimiento Laboral exige la existencia de una sentencia condenatoria. Por el contrario, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 12 de mayo de 2005, no admite el recurso de suplicación formulado por una de las empresas condenadas al abono del recargo, por no haber constituido el capital coste en la Tesorería General de la Seguridad Social. Debemos tener presente que la exigencia formal contenida en el artículo 192.2 y en el artículo 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral se refiere al mismo supuesto, con la diferencia de que en el primer precepto el condenado debe ser un tercero y en el segundo la Entidad Gestora. Y así, si el condenado es un tercero deberá realizar el ingreso del capital coste y, si es la Entidad Gestora, bastará con que presente el certificado acreditativo del abono de la prestación durante la sustanciación del recurso de suplicación. Pues bien, se indica lo anterior, porque la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, de 22 de abril de 2004, se pronuncia sobre la necesidad de que la Entidad Gestora presente el certificada acreditativo de que inicia y continuará el abono del recargo de la prestación a la que ha sido condenada, durante la tramitación del recurso. Y declara que no debe cumplirse este trámite formal del artículo 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral en los supuestos de recargo de prestaciones, pues estos no tienen la naturaleza jurídica de prestación, sino que constituyen un incremento a cargo del empresario, que no se incluye en la acción protectora de la Seguridad Social, aunque se tome como módulo de cálculo el importe de la prestación. Trasladando esta doctrina al supuesto del artículo 192.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, se puede concluir que no se exige el ingreso del capital coste del recargo de prestaciones para recurrir en suplicación.

   A mi juicio, para recurrir en suplicación las Sentencias de los Juzgados de lo Social que recaigan en los procesos tramitados sobre recargo de prestaciones, no es exigible el ingreso del capital coste al que hace referen-Page 98cia el artículo 192.2 de la Ley de Procedimiento Laboral. La norma reseñada exige el cumplimiento de este requisito formal para recurrir en suplicación las sentencias dictadas en materia de Seguridad Social que reconozcan al beneficiario el derecho a percibir prestaciones. El recargo de prestaciones se impone a la empresa y, en estas sentencias no se reconoce al beneficiario el derecho a percibir prestaciones sino que respecto de las prestaciones ya reconocidas con anterioridad o las que se reconozcan en un futuro, derivadas del accidente de trabajo, producido por la infracción de las medidas de seguridad, se declara al empresario responsable del abono del recargo. Tanto si la demanda ante el Juzgado de lo Social se formula por el empresario que impugna la resolución administrativa que impuso el recargo, solicitando que se deje sin efecto o se disminuya el porcentaje declarado, como si la demanda se interpone por el trabajador accidentado o sus herederos impugnando el porcentaje del recargo declarado en la resolución administrativa, solicitando que se incremente, lo cierto es que, en ningún caso, el pronunciamiento judicial versará sobre el reconocimiento de prestaciones a los beneficiarios, que es el supuesto para el que el artículo 192.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, exige el ingreso del capital coste para recurrir en suplicación, por parte del condenado al abono de la prestación reconocida. Por consiguiente, considero que el artículo 192.2 de la Ley de Procedimiento Laboral no es aplicable al recurso de suplicación que se interponga frente a las Sentencias del Juzgado de lo Social que se pronuncien sobre el recargo de prestaciones, con independencia de que ésta sea estimatoria o desestimatoria.

2. Obligación de ingresar el capital coste de la prestación de Seguridad Social por el Estado. En los supuestos en los que el Estado actúa como empresario, si incumple sus obligaciones de Seguridad Social con los trabajadores, puede resultar condenado al abono de prestaciones de la Seguridad Social. En estos casos, se suscita la cuestión relativa a la necesidad del cumplimiento por el Estado de la exigencia formal contenida en el artículo 192.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, es decir, si debe ingresar el importe del capital coste para recurrir en suplicación la sentencia que lo condena al abono de la prestación que reconoce a favor de un beneficiario. A estos efectos, se ha de tener en cuenta que el artículo 12 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas establece que: «El Estado y sus Organismos Autónomos, así como las entidades públicas empresariales, los Organismos Públicos regulados por su normativa especifica dependientes de ambos y los Órganos Constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garantía previsto en las Leyes». La controversia se centra en determinar si el ingreso del capital coste de la prestación reconocida constituye un depósito, caución, consignación o cualquier otro tipo de garantía. Pues bien, esta cuestión ha sido resuelta por la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, de 20 de septiembre de 2004 que declara la obligación del Estado de ingresar el capital coste cuando sea condenado al abono de una prestación de Seguridad Social, pues considera el Alto Tribunal que la naturaleza jurídica del requisito contemplado en el artículo 192.2 de la Ley de Procedimiento Laboral no es de caución, garantía, depósito, consignación, sino que estamos en presencia de una ejecución provisional de la sentencia, que tiene como finalidad garantizar al beneficiario el percibo de la prestación que le ha sido reconocida durante la tramitación del recurso de suplicación, por lo que el Estado condenado al abono de una prestación de Seguridad Social, para recurrir en suplicación, deberá ingresar el capital coste de la misma, de conformidad con el artículo 192.2 de la Ley de Procedimiento Laboral.

3. La posibilidad de sustituir el ingreso del capital coste por el aseguramientoPage 99mediante aval bancario. El artículo 192.2 de la Ley de Procedimiento Laboral se refiere solamente al ingreso del capital coste en la Tesorería General de la Seguridad Social. Sin embargo, el artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral, permite sustituir la obligación de consignar el importe de la condena por aval bancario. Cabría plantearse si es posible admitir la sustitución por aval del ingreso del capital coste. Y, según mi criterio, no es posible admitir esta sustitución del ingreso del capital coste por la presentación de aval bancario, dada la distinta finalidad de ambas formalidades. Cuando el legislador exige para recurrir en suplicación la sentencia que condena al pago de una cantidad, en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral, la consignación del importe de la condena y, permite la sustitución de la consignación por aval bancario, la finalidad que pretende, a saber, garantizar el pago de la cantidad otorgada en la sentencia, si se desestima el recurso de suplicación, se obtiene no solamente mediante el ingreso en metálico de tal cantidad sino a través de otros medios conocidos y seguros de garantía, como el aval bancario. Sin embargo, cuando la sentencia que se va a recurrir en suplicación no contiene una condena al pago de una cantidad de dinero, sino al abono de una prestación de Seguridad Social, el objetivo perseguido al exigir el legislador el ingreso del capital coste en la Tesorería General de la Seguridad Social, en el artículo 192.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, es garantizar el abono al beneficiario de la prestación durante la sustanciación del recurso. Y este objetivo no se vería cumplido si en lugar del ingreso del capital coste se admitiese la prestación de un aval bancario. Por esta razón, no se contempla la posibilidad de sustitución por aval del ingreso del capital coste de la prestación en el artículo 192.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, cuya interpretación gramatical, además, es clara en el sentido de no permitir la sustitución. En este sentido, se ha pronunciado el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León de 28 de marzo de 1995, que no admitió esta posibilidad y desestimó el recurso de queja interpuesto frente al Auto del Juzgado de lo Social que no admitió el recurso de suplicación por no haberse ingresado el capital coste por la Mutua de la prestación de Incapacidad Permanente Total reconocida. La Mutua presentó un aval bancario por el importe del capital coste de la prestación y el Juzgado de lo Social consideró que no se había cumplido la exigencia formal del artículo 192.2 de la Ley de Procedimiento Laboral.

El artículo 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral dispone que: «Si en la sentencia se condenara a la Entidad Gestora, ésta quedará exenta del ingreso prevenido en el número 2, pero deberá presentar ante el Juzgado, al anunciar su recurso, certificación acreditativa de que comienza el abono de la prestación de pago periódico y que lo proseguirá puntualmente durante la tramitación del recurso. De no cumplirse efectivamente este abono se pondrá fin al trámite del recurso».

Se refiere a las prestaciones de pago periódico por lo que no será un requisito necesario en aquellas que se abonan a tanto alzado, como la Incapacidad Permanente Parcial. Además, es importante determinar las prestaciones que debe abonar la Seguridad Social para dar cumplimiento a esta norma, concretamente, si en el caso de que la prestación se reconozca con efectos retroactivos, -que será lo habitual-, debe pagar la Entidad Gestora también los atrasos devengados hasta la fecha de la sentencia y, ha de concluirse que no, ya que el precepto sólo obliga al abono de la prestación reconocida desde la fecha de la sentencia y durante la sustanciación del recurso de suplicación. Y esta es la extensión que es objeto de garantía para los beneficiarios mediante lo previsto en el artículo 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral.

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La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, de 30 de noviembre de 2005 ha declarado que la no presentación de la certificación y la falta del abono de la prestación objeto de la condena durante la sustanciación del recurso tiene como consecuencia la inadmisión del mismo.

El Auto del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2001 estudia cuándo la irregularidad en el cumplimiento de este requisito es subsanable o insubsanable y declara que, aplicando la doctrina jurisprudencial establecida para los supuestos de consignación, sólo será un requisito insubsanable la falta del abono de la prestación desde que se inicia el recurso y durante la sustanciación del mismo. Cualquier otro defecto que no suponga la falta de abono, dará lugar a que se le otorgue a la Entidad Gestora un plazo para que subsane el defecto. Lo relevante es que se abone la prestación objeto de la condena durante la sustanciación del recurso, como indica la última locución del artículo 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral.

De conformidad con el artículo 193.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, el órgano judicial tendrá por no anunciado el recurso de suplicación, por Auto, que será recurrible en queja, en los siguientes supuestos:

1. Si la resolución impugnada no fuera recurrible en suplicación.

2. Si el recurrente infringiera su deber de consignar o de asegurar mediante aval bancario la cantidad objeto de condena.

3. Si el recurso no se hubiera anunciado en el plazo de cinco días.

4. Si no se hubiera ingresado el capital coste de la prestación de la Seguridad Social o, si la Entidad Gestora no presentara la certificación acreditativa de que comienza el abono de la prestación y que continuará abonándola durante la sustanciación del recurso de suplicación.

Por lo tanto, en los procesos de Seguridad Social, la omisión de consignar el importe de una prestación de Seguridad Social a tanto alzado, de conformidad con el artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral y, la omisión de ingresar el capital coste de acuerdo con el artículo 192.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, suponen defectos insubsanables, que conllevan la inadmisión del recurso de suplicación. Así lo han declarado la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, de 31 de enero de 2000 y la Sentencia del Tribunal Constitucional 274/1993 de 20 de septiembre, que declaró que la inadmisión del recurso no suponía una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

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En relación con la certificación acreditativa del abono de la prestación del artículo 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral, si se paga un importe de prestación menor al reconocido, se trata de un defecto subsanable, según ha declarado el Auto del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1999.

El artículo 194.3 establece que el Juez concederá a la parte el tiempo que considere pertinente para la aportación de los documentos omitidos o para la subsanación de los defectos apreciados, que en ningún caso será superior a cinco días. Son defectos subsanables los siguientes:

1. La insuficiencia de consignar la condena o de asegurarla mediante aval bancario.

2. No presentar el resguardo del depósito.

3. No acreditar la representación debida por el que anuncia el recurso.

Si transcurrido el plazo otorgado por el órgano judicial, no se subsanara el defecto, se pondrá fin al trámite del recurso y, se declarará la firmeza de la sentencia por Auto, que podrá recurrirse en queja ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

El artículo 199 de la Ley de Procedimiento Laboral establece que si se admite el recurso,Page 104la Sala dictará Sentencia dentro del plazo de diez días, que se notificará a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. Una vez firme la sentencia, la Sala devolverá los autos, junto con la certificación de aquélla, al Juzgado de procedencia para su ejecución.

Los artículos 201 y 202 de la Ley de Procedimiento Laboral contienen el destino que ha de darse al depósito y a la consignación, dependiendo del fallo de la Sentencia dictada por la Sala. De estos preceptos se extrae que, si la parte recurrente había constituido el depósito y la consignación, en metálico o por aval bancario, del importe de la condena, han de distinguirse los siguientes supuestos:

1. Si la Sentencia de la Sala desestima el recurso de suplicación y confirma la sentencia recurrida, la parte recurrente pierde el depósito constituido para recurrir; se le dará el destino legal a la consignación en metálico, cuando la sentencia sea firme; y, si la consignación se ha asegurado con aval bancario, se ordenará en la Sentencia de la Sala que se mantengan los aseguramientos prestados hasta que el condenado cumpla la sentencia o, hasta que, en cumplimiento de la misma, se acuerde la realización de estos aseguramientos.

2. Si la Sentencia de la Sala estima parcialmente el recurso de suplicación y revoca parcialmente la sentencia recurrida, disminuyendo el importe de la condena, se devuelve la totalidad del depósito a la parte recurrente; y, se devuelve la consignación en el importe de la diferencia entre las dos condenas o, se cancelan parcialmente los aseguramientos en esta cantidad, una vez que la sentencia sea firme.

3. Si se estima íntegramente el recurso de suplicación y se revoca la sentencia recurrida, que se deja sin efecto, se devuelve la totalidad del depósito y la consignación en metálico a la parte recurrente o, en su caso, se cancelan los aseguramientos.

El artículo 233 de la Ley de Procedimiento Laboral establece que en la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia que resuelva el recurso de suplicación, se impondrán las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita. Rige, por lo tanto, el principio del vencimiento. Las costas incluirán los honorarios del abogado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso, sin que dichos honorarios puedan superar la cantidad de 100.000 pesetas, es decir, 600 €.

El tema de la condena en costas a la Entidad Gestora ha originado una reiterada y consolidada doctrina jurisprudencial de la Sala IV del Tribunal Supremo. Es interesante resaltar la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, de 21 de febrero de 2000 que declara que no se le aplica a las Entidades Gestoras y a la Tesorería General de la Seguridad Social, como Servicio Común, el criterio del vencimiento en relación con la imposición de costas, al gozar del beneficio de justicia gratuita y, adiciona que ello no impide que puedan ser condenados cuando su actuación sea temeraria. Efectivamente, el criterio del vencimiento para la imposición de las costas en el recurso de suplicación excluye a los que gocen del beneficio de justicia gratuita, de acuerdo con el artículo 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral. Pues bien, el artículo 2 b) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita concede el beneficio de justicia gratuita a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social en todo caso, por lo que no se le imponen las costas aunque resulten vencidas en el recurso de suplicación, salvo que se aprecie por el Tribunal temeridad o mala fe, como han declarado, entre otras, las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictadas en recurso de casación para la unificación dePage 105doctrina, de 23 de octubre de 2001 (Recurso 3594/2000) y de 5 de diciembre de 2000 (Recurso 4423/1999).

Y por último, como especialidad en materia de costas en los procesos de Seguridad Social, se ha de tener en cuenta que los Servicios de Salud de las distintas Comunidades Autónomas a los que les han sido transferidas las competencias del Instituto Nacional de la Salud, gozan también del beneficio de justicia gratuita y merecen la consideración de Entidades Gestoras, según han declarado, entre otras, las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictadas en recurso de casación para la unificación de doctrina, de 10 de julio de 2008 (Recurso 3835/2007) y de 24 de septiembre de 2007 (Recurso 1943/2006).