Seguridad inteligente como herramienta para implementar el gobierno abierto en las ciudades
| Autor | Rafael Enrique Valenzuela Mendoza |
| Páginas | 121-139 |
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La sociedad de nuestro tiempo viene heredando ciertos problemas intergeneracionales, como son la corrupción, la captura de organismos reguladores de la economía, el clientelismo político y el patrimonialismo, entre otros males que aquejan a la sociedad actual. Algunos de esos problemas han sido atendidos de manera relativamente exitosa. La ciencia y la tecnología han mostrado que las soluciones innovadoras a ciertos problemas han mejorado nuestra calidad de vida. Muchas de estas soluciones tuvieron su origen en la sociedad, al margen e incluso a pesar del gobierno. En el terreno de las ciencias sociales, las herramientas tecnológicas han revolucionado el entorno en el cual nos desarrollamos los seres humanos. Pero no han implicado necesariamente una mejor calidad de vida.
La transformación de nuestros gobiernos y las grandes reformas en las administraciones públicas, se han visto precedidas por cambios sociales. Esto indica que las sociedades se mueven hacia nuevas formas de convivencia, cooperación, control y colaboración. Las administraciones públicas del siglo ??i están tomando medidas y realizando ajustes para enfrentar los nuevos y viejos retos que implica la gestión de lo público. La aceleración de tales ajustes es, por lo general, lenta e incremental y hace pertinente cuestionarnos: ¿cómo mejorar la calidad de las administraciones públicas ante realidades inestables y complejas?
El gobierno abierto como paradigma del quehacer público en el siglo ??i se presenta como parte de la respuesta a este interrogante. Pero no de forma a priori ni carente de condiciones, y mucho menos como la solución a todas las patologías de la administración pública. Es posible mejorar la calidad de nuestras administraciones públicas, a través del gobierno abierto, previa definición de estrategias que hagan factible la implementación de este concepto. Para ello
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requerimos comprender el concepto mismo como resultado de un contexto de cambio social.
El gobierno abierto se ha definido como una doctrina o filosofía política basada en la apertura (Calderón, 2012), como resultado del uso intensivo de las nuevas tecnologías (Gasco, 2013) y otros menos lo definen como política pública, herramienta de la gestión pública o bien modelo de gestión social e innovación pública.
Tenemos un concepto que, por el transcurso del tiempo, dejó de estar en construcción. Aun cuando cuenta con muchas definiciones, no es un concepto polisémico, sino que faltan ejercicios y desarrollos posteriores que lo aterricen y preparen el terreno para su operatividad. En la práctica, suele observarse el uso de la etiqueta open de forma indiscriminada, lo que parece ser más una moda que un concepto explicativo (Cejudo, 2015). Esta brecha entre el concepto y su práctica permite observar que las redes temáticas son fundamentales para avanzar en la discusión del gobierno abierto mediante su vinculación con las comunidades de práctica.
Para definir «gobierno abierto», es preciso reconocer algunas de las principales corrientes que anteceden y favorecen la comprensión de la definición que se adopte de gobierno abierto. Esto viene a favorecer su definición, posterior aplicación y evaluación de su implementación.
En términos contemporáneos y próximos a nuestro tiempo, el antecedente del gobierno abierto se ubica en diversas corrientes sociales, teóricas y políticas. Por una parte, el multicitado estudio de Parks (1957), descubierto por Jiménez (2013), indica la primera vez que aparece por escrito el término Open Government1. De esta manera, se observa que los primeros debates del gobierno abierto obedecen en un primer momento a la transparencia. Así, se asimiló por años que referirnos a gobierno abierto era referirse a gobiernos transparentes, que combaten la corrupción. Sin embargo, la transparencia ha sido insuficiente para mejorar la percepción de la corrupción. Es paradójico que países que son una referencia en materia de transparencia son también conocidos por actos de corrupción sin sanciones.
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Durante los últimos treinta años, el transitar hacia sociedades en las cuales sus ciudadanos exigen la defensa de sus derechos humanos y políticos activó un derecho crucial en toda democracia con el cual la participación se trasladaría a nuevas zonas de participación como la política pública. Me refiero al derecho de acceso a la información pública, el cual posibilitó la configuración de una participación ciudadana basada en la propuesta, un poco menos que en la protesta. Una ciudadanía informada supone más posibilidades de influir en la hechura de la decisión gubernamental. No obstante, los gobiernos han mostrado fuertes resistencias a compartir el poder que brinda el decidir los asuntos colectivos. Al menos en Latinoamérica, los gobiernos se han limitado a consul-tas ciudadanas no vinculantes, y en el mejor de lo casos a formas de contraloría social o veedurías públicas con diseños institucionales defectuosos. A pesar de lo anterior, diversas experiencias locales muestran nuevas formas de participación ciudadana 2.0 (Criado y Villodre, 2015), con las cuales los ciudadanos irrumpen en la escena pública para construir, crear y gestionar diversas soluciones a sus problemas a partir de datos e información públicas.
Así se introduce el segundo componente del gobierno abierto: la participación ciudadana que, organizada en grupos, coaliciones y colectivos, ha potenciado el uso de la información pública para controlar al gobierno, pero también para colaborar con el gobierno. Las lógicas de control son propias de modelos de rendición de cuentas, donde persisten problemas de transparencia y acceso a la información pública. Rendir cuentas consiste en transparentar el ejercicio presupuestal en toda su dimensión. Esto permite al ciudadano conocer el desempeño de sus administraciones públicas. Bajo el modelo de rendición de cuentas, la transparencia es más un fin que un medio.
Por otra parte, abrir gobiernos es transformar el ejercicio de gobierno en modelos colaborativos centrados en los ciudadanos. Bajo el modelo open, la transparencia es un medio para mejorar el desempeño de las administraciones públicas y no solo para conocer lo que hacen y cómo lo hacen. La participación ciudadana se propone colaborar transformando la información pública, los datos, los documentos y los sitios web en medios e insumos de soluciones innovadoras a los problemas colectivos. El gobierno abierto pone los medios para potenciar soluciones en sentido colaborativo. Ante la mermada capacidad del Estado, la cogestión de soluciones y la transformación de la organización pública es la ruta para implementar exitosamente, asuntos que antes reservados solo al Estado. El cambio social que ello implica requiere de ciertos valores de convivencia entre desiguales dentro de un sistema que busca igualdad de oportunidades. La libertad permite una sociedad abierta a la reflexión, la propuesta, la crítica y expone su razón al gobierno para diseñar e implementar ciertas soluciones.
Los ciudadanos que apuestan por la apertura del gobierno se han agrupado esencialmente alrededor de los siguientes temas:
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Transparencia. La exigencia de mayores niveles de transparencia en las decisiones públicas, en particular las que tienen impacto en la vida de las personas.
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Cibernética. Representada por hackers y distintos movimientos sociales a favor del software libre de licencia, que abanderan el acceso y apropiación de la tecnología como vía para democratizar la vida en sociedad.
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Datos abiertos. La liberación de datos en formato abierto, y a partir de su reutilización, obtener conocimiento útil para generar valor social, pero también cierto valor económico y gubernamental.
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Gobierno electrónico. La modernización del Estado y la exigencia de administraciones públicas modernas, digitales y abiertas a la colaboración 2.0 mediante cambios en los modelos de gestión de lo público apuntalaron la colaboración como componente esencial.
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Gestión de la política pública. Una administración donde la participación ciudadana exige conocer cada vez más mediante el derecho de acceso a información pública, requiere una ciudadanía informada que le otorgue contenido social y no solo gubernamental a la política y los servicios públicos. En este sentido, la gestión flexible e innovadora de los asuntos públicos implicó menos gobierno y más ciudadanía, dando origen a la cogestión de asuntos colectivos.
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La globalización. Este fenómeno orilló a empresas, gobiernos y organizaciones del tercer sector a funcionar en forma de red, bajo una perspectiva más relacional entre actores, líderes, consumidores y ciudadanos. Las nuevas tecnologías juegan un rol central en ambientes colaborativos y competitivos en forma de red.
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Gobernanza colaborativa. Una corriente que busca potenciar las relaciones público privadas. Se concibe como un arreglo institucional en el que la creación de valor público se impone respecto a la creación de valor privado. Esta forma de gobernanza no niega la importancia del sector privado en diversas formas de asociación para atender sectores estratégicos donde el Estado se ve limitado en sus capacidades.
El punto en común es que el gobierno abierto es la condición exigida para lograr realizar cada uno de estos conceptos. Visto el antecedente temático, indica que la apertura del gobierno es la condición para lograr otros fines, como los siete que...
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