La prueba en segunda instancia

Autor:Manuel Richard González
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  1. Introducción

    El ámbito del recurso de apelación se regula en la LEC de acuerdo a un sistema mixto que permite el acceso a la segunda instancia de hechos nuevos, o «nova reperta», dentro de los límites y condiciones que establece la Ley. También se otorgaráel recibimiento a prueba con relación a aquéllas cuya práctica no se pudo realizar en la primera instancia del proceso.

    Son requisitos de la admisibilidad de la prueba en la alzada que los hechos sean nuevos y además de influencia en la decisión del pleito, o que el hecho, sin ser nuevo, hubiese permanecido ignorado para la parte que lo propone y fuese de influencia notoria en la decisión del litigio[178].

    Las normas de la prueba en segunda instancia, que se hallan reguladas en sede del juicio de mayor cuantía ( arts. 860 a 871 LEC ), recogen la tradición de la LEC de 1855, y establecen unos supuestos determinados o concesiones al «ius novorum» que permiten a las partes introducir nuevos hechos en la alzada. En el resto de procedimientos, verbal, menor cuantía e incidentes, no se establece propiamente un procedimiento de prueba, sino que sus respectivas normas se remiten en mayor o menor medida a las establecidas para el juicio de mayor cuantía. Obsérvese, por tanto, que no es que existan cuatro procedimientos distintos de prueba, sino que existe uno al que más o menos se remiten las normas de tres clases distintas de juicios.

    Con base en estas normas, el problema no es aplicar uno u otro procedimiento de prueba, sino integrar, a veces de modo forzado, las normas previstas para la sustanciación de la alzada para cada clase de juicio, con las que se prevén para el juicio de mayor cuantía.

    Estos problemas, sólo pueden encontrar solución, por medio de una extensión de las normas sobre prueba del juicio de mayor cuantía a cualquier procedimiento de segunda instancia. No creemos que las dilaciones procedimentales surjan por que se apliquen los preceptos del mayor cuantía al resto de juicios. En cualquier caso, se trata de practicar la prueba cuando sea estrictamente necesario sea en un juicio u otro. Téngase en cuenta, que no es posible restringir la práctica de prueba en juicios como el verbal o de cognición. Así, a pesar que la ley limite la prueba en segunda instancia en esta clase de juicios a la denegada o la admitida y no practicada por causa ajena a la parte (art. 733 LEC in fine), el conocimiento de un hecho nuevo, en los términos del artº 862 LEC , debe producir que se abra el pleito a prueba en segunda instancia. De otro modo, la partes acudirán a obtener tutela judicial efectiva por medios del recurso de amparo ante el TC, solución absolutamente desproporcionada. Abogamos, por tanto, por una nueva regulación unitaria de la solicitud y práctica de prueba en la segunda instancia del proceso basada en lo previsto en el art. 862 LEC que debe ser de aplicación a cualquier clase de juicio[179].

    En segundo lugar, se plantea la amplitud que quepa otorgar al recibimiento de prueba en segunda instancia. Del literal del art. 862 LEC , que establece que sólo podrá

    otorgarse en los supuestos que allí se disponen, cabe deducir que el recibimiento a prueba en segunda instancia, con la consiguiente entrada, en su caso, de nuevos hechos, debe tener una interpretación restrictiva[180].

    En este sentido, sólo se otorgará el recibimiento del pleito a prueba, al margen de los casos de denegación o falta de práctica de la solicitada en primera instancia, en aquellos supuestos en los que aparezcan nuevos hechos que necesiten ser introducidos en el proceso por medio de la práctica de la prueba en un marco procesal contradictorio. Esta interpretación queda abonada por las características y naturaleza del recurso de apelación en nuestro derecho [181].

    No obstante, téngase encuenta, la doctrina del TC respecto al derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para una defensa adecuada acorde con los intereses de la parte, sujeta a las facultades de los Tribunales respecto al examen de su legalidad y pertinenecia. En consecuencia, debe el Tribunal motivar el rechazo de la práctica de prueba en segunda instancia con base en una interpretación y aplicación razonable de la legalidad en esta materia[182].

    Con relación al procedimiento de petición y admisión de la prueba, la ley dispone que la Sala otorgará el recibimiento a prueba, sin más trámites, siempre que las partes estén conformes en su necesidad y procedencia (art.865 LEC ). Este precepto suscita la duda de si existiendo acuerdo de las partes, debe la Sala recibir ineludiblemente el pleito a prueba. O también se plantea, si en este caso no es necesario que concurran los presupuestos especiales del art. 862 LEC . La solución más equilibrada consiste en considerar, tal y como señala MA FERNANDEZ, que el acuerdo de las partes vincula al Tribunal «ad quem» que no podrá denegar el recibimiento del pleito a prueba, a causa de los requisitos generales relativos a la prueba[183].

    Pero, en cualquier caso, deberán concurrir los requisitos especiales de la prueba en segunda instancia establecidos en el art. 862 LEC [184].

    El problema se agrava con la inoportuna posibilidad de recurrir el auto que deniegue la prueba no sólo en súplica, sino, en su caso, en casación (art. 867 LEC ) lo que puede conducir a la extraña situación de tener que dar conformidad a la prueba en segunda instancia para evitar la dilación que supondría la utilización de los recursos en el supuesto de denegarse el recibimiento a prueba por la Sala «ad quem».

    Por último, téngase en cuenta que, aunque no lo prevea la LEC , de la introducción de nuevos hechos se pueden deducir nuevos pedimentos, que no demandas, tanto por parte del apelante como del apelado que, en cualquier caso, se habrán de poner de manifesto en el acto de la vista oral[185].

    Y, por otra parte, que el artº 863 LEC permite la alegación y prueba respecto de hechos, sin necesidad de recibir el pleito a prueba, en los supuestos de solicitarse la confesión en juicio de la adversa (artº 863.1 LEC ), o respecto a la aportación de ciertos documentos (artº 863.2 LEC ).

  2. El recibimiento del pleito a prueba

    El artículo 862 LEC establece cinco supuestos que facultan a las partes para solicitar que se reciba el pleito a prueba en la segunda instancia del proceso, que se pueden estructurar en tres grupos[186]:

  3. pruebas no practicadas en la instancia por denegación indebida o ímposibilidad de su práctica; b) Los «nova reperta», que el sistema de apelación limitada de la LEC permite introducir en la segunda instancia del proceso como concesiones al «ius novorum»; c) La prueba solicitada por el demandado rebelde[187].

    1- Apertura del pleito a prueba, cuando en primera instancia se desestimó o no se practicó por causa no imputable al solicitante

    Se otorgará recibimiento del pleito a prueba en los siguientes supuestos[188]:

  4. A fin de realizar aquellas diligencias de prueba cuya práctica fue rechazada por el Tribunal de primera instancia. Esta petición de prueba será reproducible en segunda instancia, previo recurso de reposición en primera instancia, contra la providencia de inadmisión (art. 862.1 LEC )[189].

    Solicitada la práctica de la prueba en primera instancia el Tribunal resolverá por providencia, no susceptible de recurso. En la segunda instancia, se deberá

    reproducir la petición ante el Tribuna «ad quem» que revisará las razones que tuvo en cuenta el Juez «a quo» para denegar la práctica de la prueba en la primera instancia[190].

    El Tribunal «ad quem» decidirá acerca de la práctica de la prueba, de acuerdo con los criterios de pertinencia en la forma prevista por los arts. 566 y 567 LEC . En este sentido, son impertinentes las pruebas que no tienen conexión ni enlace con los hechos fundamentales del pleito, o no tienen influencia alguna para resolver la cuestión controvertida[191].

  5. También se podrá solicitar que se lleve a cabo la prueba que no hubiera podido realizarse en primera instancia por causa no imputable al proponente (artº 862.2 LEC ).

    En este supuesto, se solicita por la parte la práctica de la prueba admitida y no realizada, exigiéndose que la falta de realización de la prueba no sea imputable al solicitante[192].

    Respecto a los criterios de otorgamiento de la prueba por este motivo, el TS ha declarado reiteradamente que deben ponerse en relación con: a) el grado de actividad desplegado por la parte que propuso la prueba, ya que la pasividad no puede ser retribuida con la apertura de una fase de prueba en la alzada[193];

  6. la diligencia del órgano «a quo» para la práctica de las pruebas admitidas[194].

    En cualquier caso, téngase en cuenta que sólo está legitimado para la petición de la práctica de aquélla prueba en segunda instancia, la parte que la propuso, ya que entiende el TS que hay que respetar el derecho a la renuncia, explícita o implícita, de la propia prueba[195].

    Por otra parte, el órgano jurisdiccional debe justificar motivadamente la denegación de la práctica de estas pruebas[196].

    2- Concesiones al «ius novorum»

    Como se puso de manifiesto en el capítulo primero de este trabajo, no obsta al sistema de apelación que en cada ordenamiento jurídico se establezca, que en determinados supuestos se permita el acceso a nuevos hechos a la apelación. En nuestro sistema de apelación las concesiones al «ius novorum» se limitan a los «nova reperta», asociándose la introducción de estos con el recibimiento a prueba del pleito en segunda instancia. Es decir, se admite la introducción de determinados hechos, con influencia en la decisión del pleito, en la segunda instancia del proceso, previa prueba de aquéllos con plena contradicción entre las partes[197].

    La ley prevé que son susceptibles de ser introducidos en la segunda instancia del proceso aquellos hechos que tengan las siguientes características:

  7. Acaecimiento de nuevos hechos después del término...

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