Prólogo

AutorLuis Ortega Álvarez
Páginas13-16

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Uno de los temas clásicos dentro del conjunto de las ciencias sociales es, sin lugar a dudas, el relativo al papel que juega el Estado y, especialmente, el lugar que ocupa con relación a los otros dos principales elementos de las sociedades democráticas, la propia sociedad y el mercado.

Para la adecuada configuración de dicho papel son claves tres preguntas, la relativa al «cuándo», la relativa al «cuánto» y la relativa al «cómo».

La primera intenta dilucidar los sectores de actividad que están sometidos a la acción del Estado, es decir, a obtener respuesta de cuándo debe intervenir el Estado y cuándo, en cambio, esta actuación queda directamente en manos de la sociedad o se organiza a través del mercado.

La segunda pregunta, referida al «cuánto», nos debe dar respuestas en relación a la intensidad con que esta intervención estatal se manifiesta, que puede oscilar desde actividades exclusivamente reservadas al Estado, incluidos sectores económicos completos en régimen de monopolio, hasta un mero control de publicidad de la actuación privada a través de un sistema de registro.

La tercera pregunta se dirige a analizar la forma concreta en la que el poder público realiza su intervención, especialmente referida al tipo de organización que utiliza y a las relaciones, esencialmente jurídicas y económicas, que establece con esa organización.

La figura teórica de la externalización se relaciona de forma sustancial con esta última pregunta y está especialmente referida a la dimensión de la organización interna de las Administraciones Públicas para realizar gestiones directas

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de actividades y servicios. Dicho de otro modo, la externalización propone una revisión en términos de eficacia y de eficiencia, de qué parte de una organización administrativa puede ser desgajada de esta para que su actuación interna pueda ser realizada por el sector privado mediante una relación contractual.

La decisión de la externalización tiene, por tanto, un componente de análisis teórico en la necesidad de distinguir aquellos servicios o actividades que pueden considerarse auxiliares o instrumentales y aquellos otros en los que la naturaleza de la actividad, ligada al ejercicio del poder público sustancial, exige que esa parte de la organización permanezca en mano pública.

Se trata de una figura próxima a las técnicas clásicas de la concesión administrativa de gestión de servicios o a los contratos de realización de obra pública, y a las nuevas figuras...

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