Prólogo
| Autor | Yolanda García Calvente |
| Cargo del Autor | Doctora en Derecho. Universidad de Málaga |
Las relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos son siempre complejas y delicadas. La distinta posición que ambas partes ocupan en sus relaciones, aparecen ciertamente desequilibradas, no sólo en términos jurídicos sino también en términos reales. Por una parte, el conjunto de potestades y privilegios de que goza la primera, en razón a la tutela del interés general, resulta a veces desproporcionado, en comparación con la posición del ciudadano que administra su interés individual, colocándola en una situación de preeminencia, muy distinta a los equilibrios que suelen presidir las relaciones entre particulares.
Por otra parte, también los poderosos medios con que cuenta la Administración en el desarrollo de sus funciones, son muy superiores a los que normalmente pueden utilizar los particulares en el ejercicio de sus derechos.
Por ello, en el ámbito del Derecho Público, las distintas legislaciones tratan de establecer toda una serie de procedimientos y garantías para que estos naturales desequilibrios no se traduzcan en un debilitamiento de las posiciones jurídicas de los ciudadanos frente a la Administración pública, haciendo compatible el respeto a los intereses individuales con el interés general.
En este orden de cosas, resulta primordial el conocimiento de la actividad de la Administración Pública por parte de los ciudadanos, no sólo para que estos puedan comprobar su correcto proceder, sino, y lo que es más importante, para que puedan evaluar los previsibles efectos de tal actividad en la esfera jurídica y patrimonial propias.
Resulta obvio, por tanto, la importancia que tiene para los ciudadanos el conocimiento del actuar de la Administración, sobre todo cuando este les afecta particularmente. Por ello, se ha establecido todo un conjunto de mecanismos para garantizar ese conocimiento, los mas genuinos de los cuales pueden considerarse comprendidos bajo la denominación conjunta de «actos de comunicación».
Con ellos se quieren regular los actos y procedimientos a través de los cuales la Administración lleva a conocimiento de los administrados sus decisiones y actos de una forma reglada que conjugue las necesarias garantías de los derechos y la obligada eficacia del actuar administrativo.
La trascendencia de estas figuras se pone de manifiesto a poco que se considere su relevancia y se observen las constantes modificaciones legislativas de que son objeto, en la búsqueda de unos instrumentos adecuados a las distintas singularidades de la relaciones administrativas, lo que contribuye muy poco a la tarea de sistematizar y homogeneizar de forma coherente las normas que las regulan.
Esta dispersión normativa, unida a su gran importancia práctica, genera no pocos conflictos que están en el origen de numerosos pronunciamientos jurisprudenciales en los que se discute sobre los requisitos y la eficacia de estos actos de comunicación, que deben garantizar la correcta defensa de los intereses de los particulares.
Sin embargo, la atención que la doctrina ha prestado a estos problemas ha sido escasa. Tal vez por la falsa intuición de que se trata de una cuestión de escasa relevancia científica o dogmática, considerada de orden menor, y también por la aludida dispersión normativa de que es objeto. Pese a todo, esta situación está empezando a cambiar, en el convencimiento de la trascendencia de estos procedimientos y de que los principios de justicia a que debe sujetarse todo el actuar administrativo operan también en este ámbito.
En este orden de planteamientos, la presente monografía tiene por objeto el estudio sistemático de la comunicación de los actos administrativos producidos en el ámbito tributario; un sector particularmente sensible a las decisiones administrativas por los efectos inmediatos que suelen producir en la esfera económica de los ciudadanos.
Se trata de un completo y documentado estudio, de indudable...
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