Los servicios de información jurídica al consumidor de las Administraciones Públicas

Abogados Civil

Resumen

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En este artículo se analizan las causas de la desigualdad en las relaciones entre empresas y consumidores y se pone de relieve la necesidad de la protección jurídica de estos últimos, no sólo mediante la promulgación de normas, sino también mediante la información sobre las mismas y el asesoramiento sobre su aplicación. En este sentido, el papel de las Oficinas de Información al Consumidor puede ser muy relevante.

The article analizes the reason of the une-ven relationship between consumers and en-terprises pointing out the need of consumer legal advice, not only through the promulga-tion of norms, but also by giving information, about their aplication. In this sense, the consumer intormation offices may play a new im-portant role.

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Extracto

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Los servicios de información jurídica al consumidor de las Administraciones Públicas

1. Las políticas públicas de protección al consumidor y los contenidos Informativos

El mandato constitucional del artículo 51 compromete a todos los poderes públicos a promover la información a consumidores y usuarios, que ha sido explícitamente reconocida como un derecho básico de éstos en el artículo 2.º de la Ley 26/84 1. Derecho al que se viene catalogando como "instrumental" y decisivo para la realizabilidad de los demás.

Ante tan generalizada opinión, cualquier política pública de protección al consumidor tenderá a presentar la información como uno de sus componentes fundamentales. Por ello quizá sea conveniente advertir que la clave para distinguir el signo social de tal o cual política no radicará en una abstracta valoración del grado de importancia que reconozca al derecho a la información. Más bien lo que vendría a distinguirlas serían los contenidos, finalidades y mecanismos que pusieran en marcha para garantizar su ejercicio por la ciudadanía. La diversidad posible se ancla en el pluralismo político -reconocido como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, español (artículo 1.a de la Constitución) - que permite a los poderes públicos, particularmente a las Administraciones Públicas, gobernadas por distintos grupos y orientaciones políticas, delinear sistemas de información al consumidor muy distintos entre sí. Distinción que derivará de los contenidos y procedimientos informativos así como de los objetivos que se persigan con los esfuerzos tenden tes a hacer efectivo el derecho a la información. A título de ejemplo se podría decir que cabría dentro del marco constitucional, tanto pensar que tal efectividad redunde en "un mejor funcionamiento del mercado y en interés de los empresarios" 2 como orientarlo al fomento de la participación de consumidores y usuarios en la planificación de la actividad económica general, y la reducción del poder de la empresa privada 3.

A juicio de quien esto suscribe, las políticas progresistas y modernizadoras tendrán como un elemento definidor la inclusión prioritaria en el objeto y fines de la información el difundir el conocimiento de los derechos de consumidores y usuarios y de los procedimientos para ejercerlos. Dicho de otro modo: que potencien la información jurídica y el asesoramiento en materia de consumo a los ciudadanos y a las asociaciones de consumidores y usuarios.

Tal significación puede atribuírsele aunque sólo fuera por el hecho cierto de que la desinformación y falta de asesoramiento jurídico constituye uno de los factores que contribuyen poderosamente a mantener la posici&o...

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