Novedades legislativas y jurisprudenciales del año 2018
A las puertas del año 2019 presentamos una breve recopilación de los cambios legislativos y jurisprudenciales más relevantes que nos ha dejado el 2018 por ámbitos del derecho.
Si algo ha marcado el pasado año en el ámbito legal ha sido la gran polémica suscitada a raíz de los cambios interpretativos del Tribunal Supremo respecto del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la constitución de préstamos con garantía hipotecaria.
A pesar de que a comienzos de año la Sala Civil del Supremo estableció que el pago del impuesto incumbía al prestatario, en octubre la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictaminó todo lo contrario: el pago debía asumirlo el banco.
Ante tal giro jurisprudencial, y tras avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de los recursos pendientes en esa materia, el Pleno de la Sala III acordaba por 15 votos a 13 desestimar los recursos planteados y volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios era el prestatario.
Finalmente, el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, publicado en el BOE el 9 de noviembre de 2018, modificó la normativa del impuesto y estableció que el sujeto pasivo será el prestamista cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria.
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Jurisprudencia relevante:
STS nº 147/2018 Sala Civil de 15 de marzo de 2018
STS nº 148/2018 Sala Civil de 15 de marzo de 2018
STS nº 1505/2018 Sala Contencioso-Administrativo de 16 de octubre de 2018
STS nº 1523/2018 Sala Contencioso-Administrativo de 22 de octubre de 2018
STS nº 1531/2018 Sala Contencioso-Administrativo de 23 de octubre de 2018
El 1 de enero de 2018 entró en vigor la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del Libro Sexto del Código Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.
Publicada en el DOGC el 22 de febrero de 2017, el objeto de la norma era aprobar la regulación de los contratos de compraventa, de permuta y de mandato, modificar e incorporar los contratos regulados por leyes especiales y sustituir la Compilación del Derecho Civil de Cataluña.
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La Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de enero de 2018 declaró inconstitucional y nulo el art. 76.e) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, que concede al asegurado el derecho a acudir al arbitraje.
La resolución indica que la norma establece un sistema imperativo para una sola parte en una relación jurídica bilateral, lo que equivale a admitir que una de las partes ope legis pueda imponer a la otra el cauce arbitral, admitiendo ex lege la exclusión del derecho a la tutela judicial efectiva para una parte si así lo decide la otra.
El 12 de junio de 2018 entró en vigor la Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
La norma, aplicable a las cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que se suscriban o ya suscritos, perseguía eliminar las discriminaciones que ocasionan las cláusulas contractuales abusivas que obligan a declarar determinadas enfermedades, como el VIH, la hepatitis C, la diabetes o la intolerancia a la glucosa.
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El 15 de abril de 2018 entró en vigor el Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.
La reforma introduce la regulación la regulación de los operadores de gestión independientes como alternativa a la gestión colectiva ofrecida por las entidades de gestión.
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El 2 de julio de 2018 entró en vigor la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.
La reforma nacía fruto de la necesidad de crear mecanismos legales ágiles en la vía civil que permitieran la defensa de los derechos de los titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, cuando se trata tanto de personas físicas como de entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla o entidades públicas...
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