La neutralidad impositiva y el ahorro previsión
| Autor | José Andrés Sánchez Pedroche |
| Cargo del Autor | Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Castilla-La Mancha |
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LA NEUTRALIDAD IMPOSITIVA Y EL AHORRO PREVISIÓN
III.1. INTRODUCCIÓN
En las páginas precedentes hemos dado cuenta de la importancia del ahorro familiar y de las preferencias que los españoles mostramos por el ahorro materializado en la vivienda habitual. Debemos señalar, sin embargo, que aun cuando el ahorro inmobiliario constituye, como decimos, una preferencia clara en el diseño de sus estrategias económicas, las familias diversifican su ahorro dirigiéndolo hacia otros objetivos (279). Es más, puede decirse que en la composición del ahorro de las familias españolas, pesan más los activos financieros que los reales (280). Así, por ejemplo, en 1997, el porcentaje de activos financieros sobre el total de activos se elevaba al 73 por 100, en tanto que los activos reales habían descendido hasta un 27 por 100 (281). Y desde entonces, los activos financieros de las familias continúan creciendo (282), debido en gran parte a la revalorización de las acciones, cuyo precio aumentó entre finales de 1997 y mediados de 1999 un 45 por 100 (283). La evolución que en este sentido cabe inferir de la realidad es que no solamente han crecido los activos financieros en poder de las familias españolas, sino que se ha producido una recomposición del ahorro familiar motivado por la mayor rentabilidad que durante estos últimos años ha experimentado la bolsa, en detrimento de los depósitos y la renta fija (284). En ese contexto de crecimiento sostenido de la renta variable se ha producido un paralelo incremento de la inversión financiera en seguros y fondos de pensiones, productos financieros destinados a asegurar el ahorro a largo plazo en previsión de contingencias futuras, inevitables y básicas. Así, por ejemplo, en el período comprendido entre los años 1992 a 1998, las acciones sobre el total de activos de las familias crecieron del 9 por 100 al 18 por 100; los fondos de inversión del 8 por 100 al 22 por 100 y los fondos de pensiones y seguros del 9 por 100 al 13 por 100 (285).
En este cambio de tendencia influye, desde luego, la creciente cultura financiera que han experimentado en el último lustro los hogares españoles (286), pero todavía lo hace más decisivamente el tratamiento fiscal que pueda darse a las distintas alternativas de materialización del ahorro (287).
En España, se instauran los mecanismos de previsión social y, en concreto, los planes de pensiones, en el año 1989. Los estudios realizados desde entonces hasta nuestros días revelan algunos datos interesantes:
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Que el volumen de activos materializados en estos instrumentos financieros es todavía el más bajo de Europa junto con países como Noruega, Bélgica y Austria.
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Que pese a ello se observa un fuerte ritmo de su crecimiento favorecido por los incentivos fiscales que sucesivamente se han aprobado (288).
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Mientras que a finales de 1990, algo más de 600.000 residentes habían invertido una cifra modesta, alrededor de 3000 millones de pesetas, apenas diez años más tarde, es decir, a finales de 1999, los suscriptores de fondos de pensiones superaban ya los cuatro millones y el patrimonio invertido superaba los cinco billones de pesetas. Si bien la mayoría de ellos (casi un 90 por 100) se trataba de un plan de pensiones sistema individual (289).
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Los motivos de ese crecimiento espectacular no solo tienen que ver con los incentivos fiscales que a esta forma de ahorro finalista se le asocia, sino también con la inquietud con la que los ciudadanos asisten al debate recurrente e inconcluso sobre el futuro del Sistema de Seguridad Social en un contexto marcado por el descenso de la natalidad y el incremento de las expectativas de vida.
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En todo caso, el capital acumulado por el ahorro representado por estos instrumentos financieros finalistas comporta una mejora sustancial de futuras inversiones, teniendo en cuenta, además, que se trata de un ahorro que no suele exportarse y que contribuye de esta manera al crecimiento económico de nuestro país (290).
Las razones que pueden estar detrás del aumento del ahorro finalista materializado en los planes de pensiones está directamente relacionado con la problemática social y económica de la familia. Efectivamente, la familia constituye el punto convergente de un sistema de reproducción y de un sistema de alianzas sociales que vertebra la cohesión social entre las generaciones. Pero la caída intensa y prolongada de la natalidad puede poner en cuestión, a largo plazo, la supervivencia de la propia sociedad y, por otra parte, la prolongación de las expectativas de vida sugiere un futuro en el que los ancianos predominarán demográficamente, revistiendo, sin embargo, una importancia social claramente marginal si no se modifican las condiciones actuales de su participación en la economía y la política (291).
Por lo que se refiere a lo segundo, es decir, al envejecimiento, las poblaciones de los países industriales desarrollados están experimentándolo en un proceso constante y sostenido que va a acelerarse en las próximas décadas (292). Conviene hacer notar que la principal parte de este crecimiento no corresponderá a los mayores más jóvenes, sino a los que superarán el umbral de los 79 años. Es más, según la O.N.U., la población española se convertirá en la sociedad más envejecida del mundo en torno a la mitad de este siglo. El proceso de envejecimiento de la población española arranca algo más tarde que el de otros países europeos, pero se ha desarrollado a un ritmo mucho más rápido (293). La evolución demográfica de un país depende de tres variables: la natalidad, la mortalidad y las migraciones (294). Respecto de las migraciones hemos pasado de ser un país emisor a un país receptor (no nos queda otro remedio) (295). Las dos primeras variables, natalidad y mortalidad han ido descendiendo en España hasta situarse en cotas nunca antes conocidas. Las perspectivas de futuro para España apuntan inexorablemente hacia una población envejecida con altas tasas de jóvenes inmigrantes (296).
Ese envejecimiento puede condicionar seriamente la evolución futura de la economía, porque, al contrario de lo que ha ocurrido en otras épocas, dicho proceso se produce en una tesitura de baja fecundidad y de baja mortalidad, lo que demuestra que en el nuevo equilibrio demográfico, el predominio de los mayores, como afirmábamos con anterioridad, será muy importante. La realidad de los costes económicos que comportará el aumento del número de personas de elevada edad no debe ocultar el gran avance que ello supone en las expectativas de vida de los ciudadanos. Pero además, ese crecimiento absoluto de la población mayor coincide con un descenso de los nacimientos, de forma que mientras la pirámide de población crece por la cima, se estrecha por la base. España en este sentido si dentro de poco será el primer país del mundo en población envejecida es trágicamente el último del mundo en tasa de fecundidad, cuando apenas en 1970 éramos el segundo de Europa en índices de nacimientos, sólo superados por Irlanda (297).
En ese contexto de baja natalidad (298) y baja mortalidad, con cotas elevadas en la esperanza media de vida (299) surge la interrogante inevitable acerca de las expectativas futuras del sistema público de Seguridad Social en el que cada vez menos personas activas soportan a una población pasiva que aumenta progresivamente (300). En tal sentido, cabe señalar que se ha producido una inequívoca mejora económica en las pensiones públicas aproximándose la renta media de los hogares encabezados por personas mayores con la renta media de la población total, debido al incremento de las prestaciones de la Seguridad Social. Ahora bien, algún país europeo como Suecia ha introducido reformas en sus sistemas de pensiones con el fin de garantizarlas en un contexto de envejecimiento lento, sostenido y masivo de la población, adoptando un sistema mixto, de acuerdo con el cual los cotizantes destinan el 2, 5 por 100 de su salario bruto a un fondo de pensiones privado mientras que el restante 16 por 100 cubre las pensiones públicas de reparto basadas en el salario percibido antes de la jubilación. Y un similar proceso se está viviendo en Alemania (con el acuerdo de la socialdemocracia gobernante con el apoyo de los verdes). Italia, por su parte, sin instituir como estos países un pilar de previsión privada obligatoria, decidió en 1995 reforzar el fundamento actuarial de su sistema, pagando a los nuevos pensionistas prestaciones ligadas más a las contribuciones devengadas que a los salarios percibidos (301). En España, sin embargo, se ha optado por consolidar el sistema de pensiones contributivas heredado de los años sesenta, dentro de la línea consensuada por las principales fuerzas políticas en el Pacto de Toledo (302).
Ahora bien, las proyecciones disponibles aportan indicios de que la tranquilidad financiera que procura dicha opción tiene unos límites temporales reducidos (303). La insuficiencia financiera del sistema obligará bien a aumentar las cotizaciones, bien a reducir las prestaciones, o bien a complementar los recursos contributivos derivados de la imposición general (304). Y cualquiera de esas opciones tendría consecuencias negativas para las familias: el aumento de las cotizaciones perjudicaría a los hogares activos, la reducción de las prestaciones mermaría los ingresos de los pensionistas, disminuyendo su capacidad de compra y, por tanto, también la demanda interna; y la utilización de recursos del erario público afectaría negativamente a unos y otros porque redundaría probablemente en un aumento de la presión fiscal y/o un ascenso de los tipos de interés como consecuencia de la necesidad de recurrir a la deuda pública, salvo que el sistema presupuestario de déficit cero pueda soportarlo (305).
Las razones que pueden estar en la génesis de este grave problema que se cierne sobre la protección social de los ciudadanos en un futuro relativamente cercano —pese a la hasta ahora buena coyuntura económica y de afiliación a la Seguridad...
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