I. La legitimación procesal en etapa impugnativa

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I LA LEGITIMACIÓN PROCESAL EN ETAPA IMPUGNATIVA

1. Introducción

1 a) Planteamiento general

Conceptuado el recurso como continuación de un mismo proceso, la mayoría de los casos demuestra que los sujetos coinciden como partes en las diversas etapas procesales. La materia se solucionaría definiendo al «legitimado para recurrir» como aquel que fue parte en la instancia. En ésta tuvo que realizarse el examen extenso sobre la legitimación para accionar pero, una vez concluido, deja de ser necesario volver a él. Si en aquel momento pudo aplicarse un componente material o sustantivo de la relación, la posibilidad es ahora inviable. Es decir, si la relación jurídico material previa, derivada de un contrato de seguro, por ejemplo, legitimaba para iniciar un proceso (objeto civil acumulado al penal).

El uso del concepto de parte reduce a lo estrictamente procesal la consideración del legitimado para recurrir, a la vez que anticipa su resolución.348 En consecuencia, a priori quedan excluidas las legitimaciones ex novo, esto es, las ordenadas a establecer contacto con la causa de la litis. Obviamente, es posible que se haya sido parte en virtud del objeto civil acumulado al penal, de éste, o de ambos a la vez. El examen de la legitimación impugnativa sólo exigiría comprobar la condición de parte procesal. La simplicidad dogmática es evidente para el iudex a quo, en la medida que examinó el supuesto al inicio del proceso.

En buena lógica, el uso del concepto de parte no permite desprenderse de esa definitoria relación con el objeto del proceso. En principio, por tanto, quien fue parte civil en el proceso penal, no podría estar legitimado para impugnar contenidos penales. A su vez, quien pretendía una pena, no podrá más tarde impugnar el contenido civil acumulado. Otra cuestión que dificulta este tema es, en realidad, una excepción al mismo: la legitimación impugnativa de terceros o sujetos no parte.

Este conjunto de problemas no permite respuestas simples, y exige la separación nítida de las hipótesis que ofrece, realmente, el objeto civil acumulado en etapa impugnativa, cuestiones que con cierto detenimiento se abordarán más adelante. En cuanto a los terceros resulta significativa, por ejemplo, la lectura del art. 854 LECr , si bien de su texto no se deducen, entre otros elementos de interés, cuáles serán los medios de defensa que los sujetos referidos podrán utilizar en su propio provecho.

Al estudiar la materia de la legitimación afrontamos dos grupos de problemas. Por un lado, surge la legitimación material, distinguida de la procesal, a la par que se establecen diferencias entre la legitimación para iniciar el proceso y la de perpetuarlo por la vía de recurso. Por otro lado, se generan diversas apreciaciones según nos encontremos en sede penal o la civil.

Todos estos elementos cobran especial virulencia en el recurso penal, en virtud de razones heterogéneas. En primer lugar, una concepción heterodoxa de la acción penal, como dualidad de naturaleza mixta, comporta establecer lazos con un elemento material que, en la generalidad de la doctrina, resulta extraño como legitimación procesal. En segundo lugar, habida cuenta la posibilidad de acumular al objeto penal un objeto civil, en el mismo enjuiciamiento criminal, se hace necesario matizar las particularidades de uno y otro. A medida que avancemos en cada uno de los desarrollos propuestos, apreciaremos el modo en que la regla conceptual defendida incide para el objeto civil, a diferencia del penal. En tercer lugar, y como resulta obvio, debe separarse lo que significa la legitimación impugnativa de la legitimación para accionar. Sin embargo, ambas se confunden cuando estudiamos al tercero, quien en la etapa de recurso realiza su incorporación al proceso. Y no sólo eso. Si el recurso supone una continuación del proceso, prosigue el ejercicio de la acción que le dio vida. Esto significa que la legitimación impugnativa se apoya, inevitablemente, en la construcción realizada de la legitimación ad agire, pues aquélla prosigue ésta. Ello no obstante, la importancia que otorgamos a la resolución jurisdiccional, como objeto del recurso, evita tomar partido sobre la compleja discusión referida a la legitimación en la primera instancia.

Renunciando a una concepción ortodoxa de la materia, se propone una regla de legitimación que utiliza de lo expuesto en la medida de sus necesidades. Es posible que una impresión inicial pueda generar confusión o, lo que es peor, considerar confusa nuestra exposición. Conviene entonces adelantar los pasos que van a conducir nuestro desarrollo.

Primero, ofreceremos una rápida panorámica doctrinal sobre estos temas, base teórica a partir de la cual operaremos la variación de perspectivas cuando ello sea necesario (I.1.b). A continuación estableceremos una distinción fundamental, a nuestro modo de ver, para con el presupuesto del gravamen o perjuicio (I.1.c). Consideramos que éste participa de un contenido netamente objetivo, mientras que la legitimación, unida como regla general al concepto de parte procesal, lo hace desde una óptica subjetiva. Ello no obstante, como sea que el sujeto (pasivo en la primera instancia, principalmente) constituye para nosotros un elemento del objeto procesal, la legitimación se une a él. Esto impone discriminar las características indirectas de tal enlace, inexistentes para con el gravamen, que está relacionado directamente con el objeto del proceso y el objeto del recurso.

Tras el planteamiento de la cuestión subjetiva se apuntará la hipótesis del tercero recurrente (I.1.d). Al no ser parte procesal hasta la interposición de su recurso, el tercero no participa de la claridad conceptual de la regla subjetiva. No por ello, sin embargo, pierde su distinción con el elemento objetivo que configura el gravamen. Pero este sujeto participa de elementos propios de la legitimación para accionar, pues penetra ex novo en el proceso. La matización, de todas formas, no impide mantener la línea fundamental que define la legitimación impugnativa en diversidad con la ad agire.

Es en ese momento cuando resulta idóneo plantear el carácter pasivo de la legitimación impugnativa, que a nuestro entender sólo puede describirse a través de la legitimación activa, previamente definida. Cerraremos el conjunto de estas primeras valoraciones con la importancia de delimitar la función a quo, ajena al fondo del asunto, partiendo del elemento fundamental de la regla acogida: la resolución jurisdiccional u objeto del recurso (I.1.e).

Consideramos que el desarrollo expuesto permite la profundización conceptual de los elementos en presencia. De ese modo analizaremos la legitimación activa (I.2), la pasiva (I.3) y la particularidad de los terceros recurrentes (I.4).

El concepto de legitimación activa (I.2.a) retoma la discusión doctrinal sobre si la legitimación trata una cuestión de forma o de fondo. Es necesario reincidir en el particular, pues se hace indispensable para conocer el ámbito de actuación competencial del juez a quo y, con él, del órgano ad quem. No se tratará de posicionarnos sobre la discrepancia doctrinal, sino de observar las consecuencias que se obtienen en sede impugnativa. En este sentido, resulta de indudable valor centrar la cuestión en el objeto del recurso, la resolución jurisdiccional. Sobre este elemento central girará la innecesariedad de construcciones civiles, el valor de la determinación del sujeto con relación a la cosa juzgada y la inversión de las posiciones subjetivas con respecto a la colocación defendida en la primera instancia. Como es lógico, el contenido subjetivo concluirá irremediablemente la distinción con el elemento objetivo que constituye el gravamen.

A continuación redundaremos en el carácter de parte exigido al recurrente, algo que inevitablemente lo relaciona con el inicio del proceso (I.2.b). Sin salir del matizado examen meramente procesal, y no de fondo, que significa la legitimación para el iudex a quo en la etapa de admisión, apreciaremos cuáles son los lazos, aún válidos, con el concepto de legitimación procesal originaria. La pretendida importancia de la determinación legal juega un papel capital a la hora de configurar el recurso del tercero, pues éste no puede introducirse en la regla del legitimado como parte (I.2.c).

Antes de ahondar en el desarrollo del tercero anotaremos tres reflexiones sobre el legitimado pasivo (I.3). En primer lugar, daremos contenido al concepto por medio del ya referido legitimado activo (I.3.a.). En segundo lugar, excluiremos de la definición un elemento que, para nosotros, pertenece al mismo objeto del recurso: el juez a quo (I.3. b). Por último, se apuntará la hipótesis de la inexistencia de un sujeto pasivo efectivo (I.3.c).

Conviene adelantar que, principalmente a partir de aquí, la puesta a prueba de la tesis defendida nos ha llevado a la elaboración de ejemplos ciertamente rebuscados. Antes bien, partiendo de una definición genérica que persigue una evidente simpleza, no se haría necesario continuar adelante. Nuestro ánimo exhaustivo, en cambio, persigue agotar cualquier posibilidad práctica, por extraña que pudiera parecer a primera vista....

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