El juicio sobre la admisión de los medios de prueba

Autor:David Velázquez Vioque
Cargo del Autor:Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Mollet del Valles
RESUMEN

Este estudio sistematiza el régimen jurídico del juicio de admisión de los medios de prueba. Parte de dos presupuestos: uno de carácter formal, consistente en la previa proposición de los medios de prueba por las partes; y otro de carácter sustantivo, referido a la fijación de los hechos controvertidos. La admisión, o en su caso, inadmisión de los medios de prueba se traduce en una resolución oral -e inaudita parte-, individualizada -sobre cada medio de prueba-, motivada -singularmente en caso de denegación-, expresa y recurrible -señalando las ventajas de la recurribilidad de la admisión de las pruebas-. Precisa el alcance, doctrinal y jurisprudencial, de los conceptos de pertinencia, utilidad y legalidad como parámetros de admisión de los medios prueba, así como el alcance al máxima pro probatione, evitando su automatismo judicial y reduciéndola a sus justos límites, resultantes de la existencia de una duda sobre los presupuestos legales de admisión en relación con un medio de prueba y descartándola en supuestos claros de admisión o inadmisión. Rechaza, por fin, la admisión condicionada de los medios de pruebas, por ser contraria al carácter categórico de las resoluciones judiciales y los principios de oralidad y concentración que presiden la fase de admisión de pruebas en la vista y la audiencia previa. I. Presupuestos: proposición por las partes y fijación de hechos controvertidos. II. Caracteres de la resolución sobre la admisión o inadmisión de los medios de pruebas: I. Oral (¿puede pronunciarse una parte sobre las pruebas propuestas de adverso?). 2. Individualizada. 3. Motivada. 4. Expresa. 5. Recurrible. III. La inadmisión de los medios de prueba por "impertinente, inútil o ilegal". IV. Alcance de la máxima in dubio pro probatione. V. Posibilidad de diferir el juicio sobre la admisión de los medios de prueba a un momento posterior a la audiencia previa o la vista: la admisión condicionada de la prueba. VI. Conclusiones. Vil. índice sistemático de Jurisprudencia citada. VIII. Bibliografía.

CONTENIDO

I. PRESUPUESTOS: PROPOSICIÓN POR LAS PARTES Y FIJACIÓN DE HECHOS CONTROVERTIDOS

La trascendencia de delimitar con precisión los presupuestos y límites del juicio de admisibilidad de la prueba como acto procesal subsiguiente a la proposición de ésta y que tiene lugar tanto en el juicio ordinario (artículo 429.2 LEC ) como en el juicio verbal (artículo 443.4.1 LEC ),(1) deviene evidente por diversos motivos que pueden agruparse en dos con carácter fundamental. Así, dicha relevancia viene determinada tanto por la conceptuación del derecho a la admisión de la prueba como elemento del contenido del derecho genérico a la prueba reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución (2), como, en segundo término, por la vinculación del resultado del proceso al correcto juicio sobre la admisión o denegación de las pruebas propuestas(3).

Dicho juicio viene precedido por dos presupuestos claramente delimitados: la fijación de los hechos controvertidos, en aplicación de la regulación contenida en los artículos 281.3, 428.1 y 443.4 de la LEC . y la necesidad de proposición de los medios de prueba por las partes (teniendo en cuenta que en la prueba acordada ex officio iudicis se confunden los trámites de proposición y práctica de prueba).

Especial relevancia ostenta sin duda la fijación de los hechos controvertidos como presupuesto del juicio de admisibilidad, en atención a las notables ventajas que ésta conlleva. Así, como ha destacado Abel Lluch(4), dicha fijación no solamente contribuye a facilitar el juicio sobre la admisión de los medios de prueba, sino que la misma permite la reducción del acto del juicio o la vista a la práctica de los medios de prueba adecuados, la evitación de medios de prueba cuya práctica no aportará elementos decisivos de cara a la sentencia o el soslayar la introducción de material innecesario y perturbador para el juicio fáctico y jurídico que implica la sentencia.

No requiriéndose solicitud de recibimiento a prueba, se producirá de manera automática ante la ausencia de conformidad en los hechos, incluso para la acreditación de los hechos nuevos o de nueva noticia del artículo 286.3 LEC (5).

Igualmente, el presupuesto de fijación de los hechos controvertidos permite excluir de principio, a excepción de los procesos especiales no dispositivos en que el Juez no está vinculado por la conformidad, aquellos hechos sobre los que exista plena conformidad de las partes, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 281.3 de la LEC .

A este respecto, Montero Aroca(6) ha censurado la parquedad de esta norma, en cuanto que no se trata únicamente de declarar exento de prueba un hecho por no ser controvertido, sino de que se prohiba la prueba sobre el mismo al constituir un hecho admitido, fijándose de este modo un límite legal al juicio de admisión con prohibición expresa de admitirtales medios. Dicha prohibición derivaría del entendimiento de que la necesidad de prueba se refiere sólo a los hechos controvertidos, por lo que los supuestos del artículo 281.3 de la LEC entran dentro del ámbito de la prueba impertinente.

La fijación de los hechos controvertidos permite por tanto delimitar el thema probandi, aquello que se ha llamado "el presupuesto de la disconformidad"(7), llevando a cabo una notable actividad preparatoria de la prueba que en ocasiones será de evitación, cuando las únicas pruebas propuestas sean documental y pericial y no se hayan impugnado documentos o solicitado la presencia de peritos, en aplicación del artículo 429.8 de la LEC .

Por lo que respecta a la proposición de prueba, la misma se limita a un requisito básicamente formal, en cuanto deberán observarse los requisitos de tiempo y forma regulados en el artículo 284 de la LEC (8). Sólo una vez que cada parte haya propuesto los medios de prueba de que intente valerse en el proceso, surgirá el deber del órgano judicial de decidir sobre la admisibilidad de los mismos.

A este respecto, debe ponerse de manifiesto la correlación existente entre la resolución sobre admisión o inadmisión y la previa proposición: tal resolución ha de referirse estrictamente a las pruebas propuestas por las partes, tanto en los casos de exclusiva iniciativa de parte como en los supuestos de insuficiencia probatoria del artículo 429. de la LEC , no pudiendo por consiguiente acordarse en este momento procesal pruebas distintas de las interesadas o la ampliación o modificación de las ya propuestas(9).

Asimismo, tal correlación implica la exigencia de individualización de ambos actos probatorios, recogida en las previsiones del artículo 284 ("la proposición de los distintos medios de prueba se hará expresándolos con separación") así como en las del artículo 285 ("El Tribunal resolverá sobre la admisión de cada una de las pruebas que hayan sido propuestas").

II. CARACTERES DE LA RESOLUCIÓN SOBRE LAADMISION O INADMISIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBAS

La resolución sobre admisión de los medios de prueba reviste una serie de caracteres que, sintéticamente, son los siguientes(10):

1. Oral: ¿Puede pronunciarse una parte sobre las pruebas propuestas de adverso?

El juicio de admisión o denegación de la prueba propuesta viene presidido por e principio de oralidad (audiencia previa en el juicio ordinario y vista en el juicio verbal) debiendo estarse a lo dispuesto en el artículo 210 de la LEC , al referirse a las resoluciones que deban dictarse en la celebración de una vista, audiencia o comparecencia ante el Tribunal, señalando que se pronunciarán oralmente en el mismo acto, documentándose éste con expresión del fallo y motivación sucinta. La exigencia de documentación de la decisión oral se complementa a su vez con la previsión contenida en el artículo 206.1.2° en cuanto a la adopción de auto para la decisión judicial sobre admisión o inadmisión de prueba", y el requisito de motivación recogido en el artículo 208.2.

Ahora bien, asumida la oralidad de la resolución, se plantea la cuestión problemática consistente en si puede una parte pronunciarse sobre las pruebas propuestas de adverso, con carácter previo al juicio de admisibilidad del Juez.

La respuesta, a este respecto, debe ser negativa. Así, la LEC no prevé dicho trámite de audiencia en estos supuestos, frente a la audiencia de la contraparte prevista expresamente en los supuestos de ilicitud por vulneración de derechos fundamentales del artículo 287.1, así como para proveer sobre la proposición de testimonio por vía de informe de personas jurídicas o entidades públicas del artículo 381.2.

La resolución sobre admisión ha de adoptarse inmediatamente después de la proposición, sin audiencia o contradicción de la parte contraria12, no pudiendo el Juez obviar tal pronunciamiento, en cuanto manifestación de un deber judicial. La contradicción queda reservada en estos casos para el posterior recurso de reposición contra la resolución ya tomada, negándose con carácter previo. En este sentido, la práctica forense extendida que tiende afavorecery propiciar la audiencia de la contraparte no es expresión de un imperativo legal, sino de la simple comodidad del juez, en cuanto de este modo dispone de mayor tiempo para tomar la decisión, así como de los argumentos de la parte adversa.

2. Individualizada

La resolución sobre la admisión o inadmisión de los medios de prueba propuestos debe ser individualizada, en cuanto debe recaer sobre cada una de las pruebas que hayan sido propuestas (artículo 285 en relación con el artículo 284 de la LEC ). Ahora bien, ello no quiere decir que la decisión sea unívoca en relación con un determinado medio de prueba, pudiendo suceder que sólo una parte del mismo sea inadmisible (así, determinadas preguntas en el interrogatorio de las partes o testigos), frente a la admisión del resto13. Ello sin perjuicio de la necesidad de distinguir entre el juicio de admisión de los medios de prueba que requiere una resolución individualizada y expresa y el juicio de admisión sobre las concretas preguntas del interrogatorio de parte y de testigos, en que el silencio del juez equivaldrá a su admisión tácita, en orden a preservar la fluidez del acto.

El tenor literal de la Ley ("cada una") plantea la problemática que puede acaecer en aquellos supuestos, frecuentes en la práctica judicial ordinaria, en que en la proposición de pruébase obvia por las partes la fórmula "documental por reproducida" u otra semejante. En estos casos, ante la falta de una mención expresa a dicha documental, se parte de la base de que no ha habido previamente una resolución propia sobre admisión, ya que ésta exige como presupuesto necesario, como ha quedado antedicho, la fijación de los hechos controvertidos(14).

Sin embargo, estimo que extraer de dicha premisa la inadmisión de la documental reviste un excesivo rigor formalista, en cuanto se procedió previamente a la unión de los documentos aportados con la demanda y contestación pudiendo sin embargo haber sido éstos rechazados con anterioridad, así como teniendo en cuenta que se tuvo conocimiento previo de dicha documental, por lo que en supuestos como el presente, deberán entenderse admitidos tales documentos o dictámenes.

3. Motivada

La necesidad de motivación de la resolución impregna de tal modo su contenido que, más que de un derecho a la admisión de la prueba, debe hablarse en estos supuestos de un derecho a que la inadmisión resulte motivada en la decisión judicial.

En este sentido, reiterada Jurisprudencia ha subrayado que el artículo 24.2 de la Constitución no atribuye un ilimitado derecho de las partes a que se admitan y se practiquen todos los medios de prueba propuestos, sino sólo aquellos que, propuesto en tiempo y forma, sean lícitos y pertinentes, correspondiendo el juicio de pertinencia y la decisión sobre la admisión de las pruebas solicitadas a los órganos judiciales, sin que por parte del TC se puedan revisar las decisiones salvo cuando se hubieran inadmitido pruebas relevantes para la decisión final sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad que incurra en incongruencia, irrazonabilidad o arbitrariedad o cuando la falta de práctica de los medios de prueba sea imputable al órgano judicial(15).

La motivación aparece por consiguiente como necesaria para satisfacer las exigencias del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes del artículo 24.2, no requiriéndose a este respecto una motivación exhaustiva(16), sino aquélla que permita comprobar suficientemente la legalidad del acto en consonancia con los parámetros de admisibilidad contenidos en el artículo 283 de la LEC .

Así, la motivación permitirá recurrir oralmente en reposición al conocerse los motivos del rechazo o la admisión de las pruebas, así como al tribunal de apelación acordar la práctica de prueba indebidamente denegada (artículo 460.2.1a) o al TSJ al conocer del recurso de infracción procesal(17). De este modo no sólo se persigue la eliminación de la arbitrariedad en la toma de decisión, sino la posibilidad de su ulterior control en las diversas instancias.

Si bien no aparece expresamente recogida en la Ley, su exigencia se deriva de lo dispuesto en los artículos 206.1-2a y 208.2, al prever que la resolución judicial sobre admisión o inadmisión de la prueba revestirá la forma de auto, siendo dicha forma de resolución siempre motivada.

Igualmente debe tenerse presente que en orden a apreciar la vulneración del artículo 24.2 se requerirá adicionalmente la acreditación de una indefensión constitucionalmente relevante, aludiéndose por la Jurisprudencia a la necesidad de demostrar que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada era decisiva en términos de defensa pudiendo haber tenido una influencia decisiva en la resolución del pleito(18).

4. Expresa

El carácter imperativo de los términos del artículo 285 es en este sentido manifiesto: el Juez debe pronunciarse inexcusablemente en este momento procesal sobre la admisión o denegación de las pruebas propuestas, sin poder reservar su decisión para un tiempo ulterior, como trataré en el epígrafe dedicado a la admisión condicionada de la prueba.

No procede igualmente justificar en la dificultad del juicio de admisibilidad la ausencia de práctica del mismo(19), debiendo prevalecer el carácter categórico de las resoluciones judiciales, en aras a no ocasionar indefensión al proponente, que en caso contrario no sabrá a qué atenerse en el desarrollo de la prueba, ante la imprecisión evidenciada por el Juez.

5. Recurrible

El artículo 285.2 de la LEC preceptúa que "contra esa resolución (la que resuelve sobre la admisión de cada una de las pruebas que hayan sido propuestas) sólo cabrá recurso de reposición, que se sustanciará y resolverá en el acto, y si se desestimare cada parte podrá formular protesta al efecto de hacer valer sus derechos en la segunda instancia".

Con independencia de la denominación otorgada al recurso y la confusión que suscita respecto de la reposición regulada en los artículos 451 y siguientes de la LEC (20), la posibilidad de impugnar la decisión judicial de admisión de pruebas, no prevista en la anterior LEC de 1881 , resulta claramente beneficiosa.

Así, como ha subrayado De La Oliva Santos, la irrecurribilidad absoluta de las admisiones, con origen probable en la equivocada idea vulgar de que "lo que abunda en materia de prueba, no daña", unido a otros elementos del proceso, favorecía una praxis generalizada de admisión de todas las pruebas propuestas(21).

Frente a ello, la posibilidad de recurrir la admisión de pruebas ofrece tres grandes ventajas: en primer lugar, la evitación de dilaciones indebidas del proceso, con el consiguiente encarecimiento del mismo, al establecer de este modo un filtro adicional en la depuración de las pruebas impertinentes e inútiles, permitiendo eliminar latendencia observada en ocasiones en la práctica de admitir todas las pruebas (especialmente cuando su número no es muy extenso, en el seguimiento de un criterio cuantitativo rechazable), en orden a la evitación de recursos. En segundo término, la clarificación del objeto del proceso, impidiendo el acceso al mismo de material probatorio que, lejos de contribuir a formar la convicción del Tribunal, oscurecerá y dificultará la adecuada comprensión del litigio. Y, finalmente, deben ponderarse las razones prácticas de orden económico, en cuanto que la parte afectada por la admisión de pruebas superfluas, si posteriormente es condenada, habrá de soportar el pago de las costas vinculadas a dichas pruebas, al no excluir el artículo 243.2 de la condena en costas las derivadas de pruebas admitidas como útiles aunque posteriormente se revelaran reiterativas o innecesarias, con la savedad del artículo 363(22).

Ahora bien, ¿es recurrible en reposición la decisión sobre admisión o denegación de pruebas efectuada en el juicio verbal? A este respecto, el tenor literal del articulo 446 parece vedar tal posibilidad, en cuanto establece que contra las resoluciones del tribunal sobre inadmisión de pruebas o sobre admisión de las que se denunciaran como obtenidas con violación de derechos fundamentales, las partes podrán formular protesta a efecto de hacer valer sus derechos en la segunda instancia.

Se pone de este modo de manifiesto la incongruencia que supone que la admisión de una prueba sea recurrible en el juicio ordinario y que sin embargo no sea susceptible ni siquiera de protesta en el verbal, debiendo efectuarse una interpretación integradora y sistemática de la Ley que permita la recurribilidad de la decisión judicial admitiendo la prueba también en el juicio verbal, en atención a los beneficios que la misma conlleva(23).

En esta línea y a pesar del tenor literal del artículo 446, debe tenerse en cuenta igualmente la remisión del artículo 445, no bastando únicamente la protesta, ya que, como ha apuntado Díaz Fuentes(24), podría privarnos de reiterar la solicitud de prueba en segunda instancia al no haber formulado el recurso de reposición, conjugando los artículos 445 y 285.

Por su parte, la Jurisprudencia recaída sobre la materia tras la entrada en vigor del artículo 285.2 ha hecho hincapié en la necesidad de formular recurso de reposición en orden a hacer valer la parte sus derechos en la segunda instancia(25).

En este sentido, se ha resaltado el carácter preceptivo de su sustanciación y resolución en el acto, de tal modo que la impugnación de la admisión de una prueba, efectuada mediante escrito presentado con posterioridad a la celebración de la audiencia previa, debe ser considerada extemporánea(26).

Igualmente, la oralidad del recurso no conlleva que pueda obviarse su expresa interposición, sin que quepa equipararse a ésta el hecho de dejar constancia de una protesta, las interrupciones de los Letrados o la impugnación de documentos admitidos.

Por otro lado, el carácter oral con el que se dota al recurso contra la resolución de admisión o inadmisión de pruebas permite pasar a la siguiente fase probatoria con los recursos resueltos, posibilitando la práctica de aquellas pruebas que habían sido inicialmente denegadas, dada la inmediatez de la resolución. Asimismo la regulación permite un control más efectivo de la prueba acordada ex officio iudicis, dada la peculiaridad de la misma en cuanto carece de fase de proposición, pudiendo las partes efectuar un control del juicio de admisión llevado a cabo por el Juez en estos casos.

III. LA INADMISIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA POR "IMPERTINENTE, INÚTIL O ILEGAL"

El artículo 283 de la LEC consagra los parámetros de admisión de los medios de prueba, concretándolos en la pertinencia, la inutilidad y la ilicitud. La necesidad de delimitar con nitidez el contenido de dichos criterios aparece ya desde la misma redacción desafortunada de la rúbrica del artículo, al referirse únicamente a la impertinencia o inutilidad, obviando la ilegalidad, así como al aludir a la actividad probatoria, cuando hubiera resultado más correcto referirse al medio de prueba(27). No obstante, la definición legal de la pertinencia e inutilidad suponen un paso adelante en dicha comprensión(28).

La delimitación debe partir de un criterio negativo, en cuanto doctrina y jurisprudencia centran su atención en aquello que debe entenderse por impertinente, inútil o ilegal. Así, debe rechazarse en primer término la inadmisión de prueba que se limite a constatar tales parámetros, sin explicitar las razones que han llevado al Juez a apreciar los mismos, como ocurre frecuentemente en la práctica judicial(29).

Por lo que concierne a la pertinencia, mencionada expresamente en el artículo 24.2 de la Constitución , el TC ha establecido que el reconocimiento a utilizar los medios de prueba "pertinentes" no ampara un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada, en virtud de la cual las partes estarían facultadas para exigir cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino que atribuye sólo el derecho a la admisión y práctica de las que sean pertinentes, entendiendo portales aquellas pruebas que tengan una relación con el thema decidendi(30)(31).

Los supuestos concretos que deben encuadrarse en la pertinencia deben partir de la definición legal, es decir, aquella prueba que, por no guardar relación con lo que sea objeto del proceso, haya de considerarse impertinente(32). Dicha noción de pertinencia en sentido estricto no debe confundirse con el "juicio de pertinencia" a que se refiere en ocasiones la Jurisprudencia para englobar el conjunto de parámetros de admisibilidad de una prueba de modo omnicomprensivo(33).

En concreto, debe estimarse como impertinente la prueba que se proponga sobre hechos que no hayan sido previamente introducidos al proceso por las afirmaciones de las partes, o cuya incorporación al proceso no se haya producido en el momento procesal oportuno, o bien no guarden directa ni indirectamente relación con la tutela judicial que se pretenda obtener en el proceso(34). Paradigmático resulta en esta sede el supuesto de desahucio del artículo 444.1 de la LEC , en el que sólo se permite al demandado alegar y probar el pago o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación.

Finalmente, un cuarto bloque vendría determinado a mi juicio por los casos en que la prueba se refiera a hechos no controvertidos, en tanto en cuanto su fijación con carácter previo al trámite de proposición de prueba delimita precisamente el objeto de la prueba. Por consiguiente, las pruebas solicitadas que versen sobre hechos no controvertidos devendrán ya impertinentes, al no versar sobre dicho objeto(35). Dicha impertinencia por falta de controversia puede extenderse a los hechos notorios del artículo 281.4 de la LEC o a la costumbre en cuya existencia y contenido las partes se muestren conformes en virtud del artículo 281.2, en la medida en que dichas circunstancias son puestas de manifiesto por el Tribunal a las partes.

La utilidad, por su parte, alude más concretamente a la relación de idoneidad del medio de prueba con referencia al hecho que se pretende probar, debiendo inadmitirse la prueba por este motivo cuando el medio no es adecuado para acreditar afirmaciones de hechos (reconocimiento judicial para probar la resistencia de unos cimientos), o cuando el medio de prueba propuesto es superfluo, al haberse practicado antes o haberse propuesto dos pruebas periciales con el mismo fin(36).

No obstante, se plantea a este respecto la problemática de discernir con claridad en esta sede qué prueba va a resultar inútil, ante la insuficiencia de los elementos de que dispone el Juzgador. Resulta necesario por tanto restringir la denegación de prueba por causa de superfluidad o innecesariedad, dado el apriorismo que encierra, sin haberse procedido a la efectiva práctica de la misma, debiendo hallarse un adecuado equilibrio en el recurso a tal expediente, ya que por otro lado, como destaca De La Oliva Santos(37), aparece en ocasiones necesario en los supuestos de proposición de prueba de manifiesta y superflua prolijidad(38).

La restricción en la apreciación de inutilidad en esta sede enlaza con la institución alemana de la prohibición de anticipación de la prueba (Verbot der Beweisantizipatíon), conectada a la regulación del parágrafo 244 de la Ley procesal germana, en cuanto, como ha señalado Picó i Junoy, la utilidad de un medio probatorio no puede apreciarse antes de su práctica basándose en juicios apriorísticos de que la prueba propuesta no alcanzará los resultados pretendidos(39).

En todo caso, debe evitarse la tendencia a recurrir al criterio de la inutilidad por razones meramente cuantitativas, ante la abundancia de material probatorio, denegándose la prueba a partir de un cierto número, debiendo sopesarse ante cada medio propuesto la concurrencia en el mismo de los parámetros del artículo 283 LEC , teniendo en cuenta que el tenor literal de la norma alude a este respecto a criterios "razonables y seguros", lo cual no se compatibiliza bien con la denegación inmotivada de la prueba ex abundantia.

En lo referente al criterio de la ilegalidad contenido en el artículo 283.3, y prosiguiendo la necesaria tarea delimitadora, debe procederse a su distinción de la ilicitud contenida en el artículo 287. Así, la ilegalidad hace referencia a la prohibición de la actividad en que el medio consiste (por ejemplo, ilegalidad del interrogatorio de una entidad pública practicado oralmente en la persona del Abogado del Estado, por exigir el artículo 315 LEC . la presentación de una lista de preguntas y no individualizar la persona que debe responder por escrito), frente a la ilicitud relativa a la obtención de la fuente de prueba con vulneración de derechos fundamentales (por ejemplo, aportación al juicio de una correspondencia epistolar en poder de la parte adversa y obtenida de su propio domicilio con ocasión de la sustracción de las llaves por un descuido). Tal diversidad se ve reflejada en el distinto tratamiento legal, ya que, así como el rechazo por ilegalidad sigue las reglas del artículo 285 pudiendo ser declarada de inmediato e inaudita parte por el Juzgador, la denegación por ilicitud permite la audiencia de los litigantes sobre el particular y se produce, en su caso, tras la práctica de las pruebas que en el acto se propusieran sobre el concreto extremo de la referida ilicitud (artículo 287.1)(40).

La expresa regulación del artículo 287 de la LEC determina por consiguiente que debamos negar la posibilidad de que el juez inadmita directamente una prueba por ilicitud, obviando el trámite establecido (como si fuera impertinente o inútil). La necesidad de traslado y contradicción de las partes sobre este extremo, impuesta específicamente por el mencionado artículo, se vería vulnerada ante dicha posibilidad, sobre la cual la Ley por otra parte no se ha pronunciado. Por el contrario, si la ilicitud de la prueba se pusiera de manifiesto una vez practicada toda la prueba y estando los autos conclusos para sentencia, la necesidad de contradicción y salvaguarda del derecho de defensa podría salvarse planteando de oficio o a instancia de parte un incidente de nulidad de actuaciones(41), instrumento que supera las anteriores objeciones y se adecúa al sentido de la Ley.

En conexión con tal requisito debe afirmarse la necesidad de que los medios de prueba se propongan en la forma establecida por la ley, y no por cualquier otra (ejemplo: inadmisión de acta notarial que contenga las manifestaciones de una persona como prueba testifical). La relevancia del parámetro de admisibilidad es mayor aún al consagrarse en el artículo 299.2 de la LEC un sistema de numerus apertus de medios de prueba, por lo que ante la eventualidad en la práctica de proposición de medios de pruebas atípicos, deberá efectuarse un juicio de adecuación del mismo a la legalidad.

IV. ALCANCE DE LA MÁXIMA IN DUBIO PRO PROBATIONE

La máxima in dubio pro probatione responde a la necesidad de interpretar de forma restrictiva los motivos establecidos en el artículo 283, dada la injerencia en los derechos fundamentales que puede conllevar la denegación de prueba, resultando más conveniente incurrir en los casos de duda en exceso que adoptar una postura notablemente restrictiva(42).

Dicha máxima ha sido reconocida igualmente por la Jurisprudencia, habiendo declarado laSTS de 10 de febrero de 1992, fto. jco. 2o (JUR 1992/1080), que "el artículo 24.2 de la CE ha elevado al rango de derecho fundamental el disponer de los medios de prueba pertinentes para la defensa... ello impone una nueva perspectiva y una sensibilidad mayor en relación con las normas procesales atinentes a ello, de suerte que deben ser los Tribunales de justicia los que deben proveer a la satisfacción de tal derecho, sin desconocerlo u obstaculizarlo, siendo preferible en tal materia incurrir en un posible exceso en la admisión de prueba que el de su denegación."(43)

Admitida la virtualidad de la máxima, acrecentada tras la regulación restrictiva de las diligencias finales de oficio en el artículo 435.2 de la LEC , deben no obstante delimitarse sus contornos con nitidez. Así, presupuesto inexcusable de la misma será la existencia de un dubio, la concurrencia en el Juez de una duda acerca de los presupuestos legales de admisión en relación con el medio de prueba propuesto, lo cual no acaece de entrada con los hechos que no han sido fijado como controvertidos.

Se subraya nuevamente de este modo la relevancia de dicha fijación en orden a la delimitación del objeto de prueba, excluyendo desde el principio las dudas que pudieran recaer sobre medios ajenos a tales hechos, así como consagrándose la importancia de proceder a una correcta fijación.

Igualmente, la existencia de duda resultará descartada en los supuestos de manifiesta admisibilidad o inadmisibilidad, debiendo denegarse la prueba en lo casos en que la procedencia de la inadmisión es notoria, como por ejemplo el reconocimiento judicial cuando se requieran conocimientos especializados técnicos. Asimismo la concurrencia del dubio requerirá que la prueba haya sido propuesta en tiempo y forma, observando todos los requisitos legales.

Se trata por consiguiente de no convertir la máxima in dubio pro probatione en un cajón desastre que pudiera justificar la pereza o inaptitud en el juicio de admisión de pruebas, propiciando la admisión de todas las pruebas propuestas (especialmente cuando el Juez detecta que las propuestas no son excesivas, en aplicación de un criterio meramente cuantitativo). Se establecería de este modo una contradicción tanto con la regulación de la LEC que permite el recurso de reposición también contra la admisión de pruebas, como con la propia literalidad del brocardo, que precisa la existencia de una duda como presupuesto fundamental.

V. POSIBILIDAD DE DIFERIR EL JUICIO SOBRE LA ADMISIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA A UN MOMENTO POSTERIOR A LA AUDIENCIA PREVIA O A LA VISTA: LA ADMISIÓN CONDICIONADA DE LA PRUEBA

Un supuesto particular que ha generado problemática es el de la posibilidad de dictar resoluciones judiciales condicionadas en la admisión de la prueba, difiriendo el pronunciamiento a un momento posterior a la audiencia previa o a la vista.

La práctica a que se alude se había utilizado con cierta frecuencia bajo la vigencia de la Ley anterior, a través de la fórmula "sin perjuicio de acordar su práctica para mejor proveer", generando el consiguiente desconcierto en las partes afectadas y habiendo sido censurado su uso por la Jurisprudencia(44).

Dicha posibilidad debe, no obstante, rechazarse, atendiendo fundamentalmente a la indefensión que genera sobre los litigantes, los cuales, al no saber si la prueba que se propuso va o no a ser practicada, no podrán actuar en juicio en consonancia, resultando mermado su derecho constitucional a utilizar los medios de prueba pertinentes.

En efecto, la admisión condicionada no es compatible con el carácter categórico de las resoluciones judiciales, estableciéndose con carácter imperativo en la Ley la necesidad de resolver sobre la admisibilidad de cada uno de los medios propuestos, pronunciándose en un sentido u otro, sin excusas u otras alternativas, ni alegando la dificultad en la toma de decisión. Por el contrario, entre los caracteres de la resolución sobre admisibilidad deben incluirse inexcusablemente los de expresa e individualizada anteriormente reseñados.

A la desaparición de dichas fórmulas condicionadas contribuye igualmente la regulación de las diligencias finales en la LEC , al no poder acordarse como tales, ni a instancia de parte ni de oficio, pruebas que, habiendo sido propuestas oportunamente, no hubieran sido admitidas(45).

Asimismo, la denegación de tal admisión condicionada está en consonancia con el carácter oral del juicio de admisibilidad, con la concentración e inmediatez impuesta en su práctica, que se vería notablemente mermada de procederse a reconocer la posibilidad de diferir tal juicio.

Supuesto distinto es, sin embargo, el constituido por aquellos casos en que se difiere el juicio a la práctica de otras pruebas en ese mismo acto, pero recayendo en todo caso una resolución sobre admisión o inadmisión en el acto de la vista, supuesto en el que la admisión condicionada debería ser acogida (ejemplo: diferir la admisión de un dictamen de especialistas en un proceso contencioso de separación matrimonial al resultado de las pruebas admitidas de interrogatorio de partes y de testigos).

VI. CONCLUSIONES

Primera. El juicio sobre la admisión de los medios de prueba se halla delimitado por dos presupuestos fundamentales: uno de carácter formal, constituido por la previa proposición de prueba por las partes y que determina el pronunciamiento del Tribunal sobre cada una de aquéllas que hayan sido propuestas, y otro de carácter sustantivo, cual es la fijación de los hechos controvertidos. Dicha fijación ostenta una notoria relevancia en cuanto permite delimitar el objeto de la prueba, posibilitando excluir desde un principio aquélla que, de otro modo, dilataría el proceso u oscurecería la resolución de la controversia por el órgano judicial.

Segunda. El juicio de admisión se halla presidido porel principio de oralidad, debiendo destacarse que la resolución se pronunciará inmediatamente después de la proposición, inaudita parte, permitiendo dicha oralidad la resolución de los recursos sobre admisión o inadmisión en el acto, así como que el Juez pueda formular a las partes las preguntas que estime pertinentes en orden a disponer de mayores elementos de juicio. Igualmente la resolución habrá de ser individualizada, pronunciándose, en aplicación del artículo 285, sobre cada una de las pruebas propuestas, si bien entiendo que en los casos en que no se haya apuntado la fórmula "por reproducida" u otra semejante en la audiencia previa, podrá entenderse por admitida al haber sido unida a las actuaciones con conocimiento de las partes.

Por lo que concierne a la motivación, la misma deviene necesaria no sólo para evitar arbitrariedades de la resolución, sino igualmente en orden a permitir un mayor control de la misma a través del ejercicio de los recursos previstos contra la misma. Asimismo, el carácter expreso de la resolución elimina definitivamente la posibilidad de pronunciamientos dubitativos, alejados del carácter categórico propio de las resoluciones judiciales. Finalmente, como altamente positiva debe valorarse la posibilidad de recurrir las resoluciones sobre admisión, evitando de este modo el exceso en la admisión de pruebas propio de la regulación anterior, en aplicación de un criterio cuantitativo, debiendo trasladarse dicha posibilidad al juicio verbal, a pesar del tenor del artículo 446, procediendo a una interpretación integradora y sistemática con base en el juego de los artículos 445 y 285 de la LEC .

Tercera. Procede efectuar una nítida distinción entre los supuestos de inadmisión contemplados en el artículo 283, partiendo de que la pertinencia hace referencia a la relación del medio de prueba con el objeto del proceso, frente a la relación de idoneidad de acreditación que caracteriza a la inutilidad, así como entre la legalidad (sobre la que puede resolverse inaudita parte) de la ilicitud contenida en el artículo 287 y que permite la audiencia. No obstante, estimo que deben restringirse sumamente los supuestos en que se deniegue una prueba por inútil, ante la dificultad de formular dicho juicio sin prejuzgar al mismo tiempo sobre la resolución del pleito. En todo caso, la denegación por los motivos antedichos deberá ir precedida de una motivación, que sin ser exhaustiva, explicite claramente las razones que han llevado a la inadmisión, resultando inadecuada la arraigada práctica de pronunciar las expresiones "impertinente" o "inútil" en el acto del juicio sin mayores precisiones, debiendo el juez, en relación con la ilicitud, seguir necesariamente el trámite del artículo 287 de la LEC .

Cuarta. El alcance de la máxima in dubio pro probatione se halla vinculado a la previa existencia de un dubio en la resolución sobre admisión o denegación de la prueba, lo cual no sucederá respecto de aquélla que, tras la fijación de los hechos controvertidos, resulta manifiestamente impertinente o inútil. Por consiguiente, reconociendo la virtualidad de la fórmula, en cuanto respetuosa con los derechos fundamentales de las partes, no debe convertirse en un mero expediente para justificar la pereza o incorrección en el juicio de admisibilidad, sorteando el deber inexcusable que incumbe al órgano judicial.

Quinta. Debe rechazarse la posibilidad de admisión condicionada de la prueba, difiriendo el juicio sobre la admisión de los medios de prueba a un momento posterior a la audiencia previa o a la vista, en los supuestos relacionados con las anteriores diligencias para mejor proveer, indicándose se acordará para mejor proveer y posteriormente no pronunciándose al respecto. La razón estriba en la indefensión que generan tales pronunciamientos, situando a las partes en una posición de desconcierto que impide actuar en consonancia durante el desarrollo de la vista o el juicio, así como en el tenor literal de la Ley ("el tribunal resolverá"), debiendo ponderarse igualmente la regulación actual de las diligencias finales así como, en todo caso, el carácter expreso y categórico ínsito en toda resolución judicial. No obstante, como supuesto distinto al anterior, sisera admisible diferir el juicio a la práctica de otras pruebas, siempre que recaiga expresamente una resolución sobre admisión o inadmisión en el mismo acto de la vista.

VII. ÍNDICE SISTEMÁTICO DE JURISPRUDENCIA CITADA

  1. Requisitos exigidos con carácter general para la vulneración del derecho a la prueba (nota a pie núm. 2)

    STC de 14 de enero de 2004, F.J. 2o (EDJ 2004/389) STC de 3 de marzo de 2003, F.J. 2o (EDJ 2002/3860) SAP de Álava, secc. Ia, de 10 de junio de 2004, F.J. 2o (EDJ 2004/148005)

  2. La Prueba debe proponerse en la forma y momento legalmente establecidos (nota a pie núm. 8)

    STC de 10 de abril de 2000, F.J. 2o (EDJ 2000/5164)

    STC de 16 de julio de 2001, F.J. 2o (EDJ 2001/26458) STC de 3 de abril de 2002, F.J. 5o (EDJ 2002/7116) STC de 15 de junio de 2002, F.J. 4o (EDJ 2002/29203) STC de 9 de diciembre de 2002, F.J. 4o (EDJ 2002/53568)

  3. Necesidad de denegación motivada de la prueba (nota a pie núm. 15)

    STC de 22 de febrero de 1989, F.J. 2o (EDJ 1989/1959)

    STC de 29 de abril de 1992, F.J. 3o (EDJ 1992/4136)

    STC de 14 de diciembre de 1992, F.J. 2o (EDJ 1992/12342)

    STC de 29 de noviembre de 1993, F.J. 2o (EDJ 1993/10808)

    STC de 6 de junio de 1995, F.J. 6o (EDJ 1995/2462)

    STC de II de septiembre de 1995, F.J. 2o y 3o (EDJ 1995/4483)

    STC de 15 de enero de 1996, F.J. 2o (EDJ 1996/15)

    STC de 25 de febrero de 1997, F.J. 5o (EDJ 1997/144)

    STC de 20 de diciembre de 1999, F.J. 5o (EDJ 1999/40207)

    STC de 14 de febrero de 2000, F.J. 2o (EDJ 2000/1143)

    STC de 26 de marzo de 2000, F.J. 3o (EDJ 2000/2663)

    STC de 16 de julio de 2001, F.J. 2o (EDJ 2001/5164)

    STC de 3 de abril de 2002, F.J. 5o (EDJ 2002/7116)

    STC de 6 de mayo de 2002, F.J. 3o (EDJ 2002/15998)

    STC de marzo de 2003, F.J. 2o (EDJ 2003/3860)

    STC de 14 de enero de 2004, F.J. 2o (EDJ 2004/389)

  4. La motivación no tiene que ser exhaustiva (nota a pie núm. 16)

    STC de 22 de marzo de 2002, F.J. Io (EDJ 2002/5723)

  5. Se requiere acreditar una indefensión constitucionalmente relevante (nota a pie núm. 18)

    STC de 14 de febrero de 2000, F.J. 3o (EDJ 2000/1145) STC de 3 de abril de 2002, F.J. 5o (EDJ 2002/7116) STC de 14 de enero de 2004, F.J. 2o (EDJ 2004/389)

  6. Necesidad de formular recurso de reposición a los efectos de hacer valer los derechos en la segunda instancia, en aplicación del actual artículo 285.2 LEC (nota a pie núm. 25)

    SAP de Murcia, secc. 3a, de 15 de febrero de 2002, F.J. 2o (EDJ 2002/11920) SAP de Toledo, secc. Ia, de 15 de enero de 2004, F.J. 2o (JUR 2004/79895) SAP de Málaga, secc. 4a, de 27 de febrero de 2004, F.J. 2o (JUR 2004/106246)

  7. Necesidad de protesta en el juicio verbal a los efectos de hacer valer los derechos en la segunda instancia (nota a pie núm. 25)

    SAP de Badajoz, secc. 3a, de 10 de febrero de 2004, F.J. 2o (JUR 2004/82369) h) Impugnación en el momento procesal oportuno (nota a pie núm. 26)

    SAP de Toledo, secc. Ia, de 15 de enero de 2004, F.J. 2o (JUR 2004/79895) SAP de Málaga, secc. 4a, de 27 de febrero de 2004, F.J. 2o (JUR 2004/106246)

  8. Sólo se atribuye el derecho a la admisión de las pruebas pertinentes, entendiendo por tales las que tengan relación con el thema decidendi (nota a pie núm. 30)

    STC de 31 de enero de 2000, F.J. 2o (EDJ 2000/407)

    STC de 14 de febrero de 2000, F.J. 3o (EDJ 2002/1145)

    STC de 10 de abril de 2000, F.J. 2o (EDJ 2000/5164)

    STC de 16 de julio de 2001, F.J. 2o (EDJ 2001/26458)

    STC de 15 de junio de 2002, F.J. 4o (EDJ 2002/29203)

    STC de 3 de marzo de 2003, F.J. 2o (EDJ 2003/3860)

    STC de 14 de enero de 2004, F.J. 2o (EDJ 2004/389) j) Confusión entre "pruebas pertinentes" y "juicio de pertinencia" (nota a pie núm. 33)

    STC de 24 de noviembre de 1997, F.J. 2o (EDJ 1997/8138)

    STC de 14 de febrero de 2000, F.J. 3o (EDJ 2000/1145) k) Es inútil la prueba sobre hechos reconocidos (nota a pie núm. 35)

    STS de 9 de julio de 2004, F.J. 4o (EDJ 2004/82607)

    I) Denegación de "abundantísima" prueba documental extemporánea (nota a pie núm. 38)

    STS de 7 de diciembre de 1996, F.J. 2o (EDJ 1996/8353)

  9. Es preferible incurrir en un posible exceso de prueba que en su denegación (nota a pie núm. 43)

    STS de 20 de febrero de 1986, F.J. 8o (EDJ 1986/30) STS de 30 de octubre de 1991, F.J. 3o (EDJ 1991/10314) STS de 10 de febrero de 1992, F.J. 2o (JUR 1992/1080)

  10. La admisión condicionada contradice el sentido categórico de las resoluciones judiciales (nota a pie núm. 44)

    STS de 18 de mayo de 1993, F.J. 5o (EDJ1993/4677)

  11. Las fórmulas del tipo "sin perjuicio de lo que pueda acordarse en su día para mejor proveer" no producían necesariamente indefensión (nota a pie núm. 44)

    STS de 13 de octubre de 1998, F.J. 2o (EDJ 1998/23359) STS de 8 de febrero de 2000, F.J. 4o (EDJ 2000/516)

    VIII. BIBLIOGRAFÍA

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    (1). Así como en el recurso de apelación (artículo 464.1 LEC ) ante la presentación del escrito de ampliación de hechos (artículo 286.3 LEC ), o en cuanto a la solicitud de práctica anticipada de la prueba (artículo 294.2 LEC ).

    (2). Y que se concreta, como ha señalado Picó I Junoy, J., el derecho a la prueba en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil , en "Problemas actuales de la prueba civil", (Abel Lluch, X. - Picó I Junoy, J., coords.), ed. Bosch, Barcelona, 2005, pp. 38, en la necesidad de admitirse toda prueba que respete sus límites intrínsecos y extrínsecos, es decir, aquélla que, solicitada en el momento procesal oportuno, sea pertinente, útil y lícita. Asimismo tal vinculación de contenido se aprecia en los requisitos exigidos jurisprudencialmente para la vulneración del derecho a la prueba, resumidos en la STC de 3 de marzo de 2003, F.J. 2o (EDJ 2003/3860) del siguiente modo: "en primer lugar, que el recurrente haya instado a los órganos judiciales la práctica de una actividad probatoria, respetando las previsiones legales al respecto. En segundo lugar, que los órganos judiciales hayan rechazado su práctica sin motivación, con una motivación incongruente, arbitraria o irrazonable, de una manera tardía o que habiendo admitido la prueba finalmente no hubiera podido practicarse por causas imputables al propio órgano judicial. En tercer lugar, que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito, generando indefensión al actor. Y, por último, que el recurrente en la demanda de amparo alegue y fundamente los anteriores extremos." En el mismo sentido, STC de 14 de enero de 2004, F.J. 2o (EDJ 2004/389). Aludiendo a dicho resumen de requisitos, SAP de Álava de 10 de junio de 2004, F.J. 2o (EDJ 2004/148005).

    (3). Reveladoras a este respecto resultan las palabras de Muñoz Sabaté, Ll, el cual, en su obra Fundamentos de prueba judicial civil L.E.C. 1/2000, ed. Bosch, 2001, pp. 238, manifiesta: "Tengo para mí que no se ha destacado suficientemente ni se ha propulsado una auténtica pedagogía en torno a la trascendencia del acto de admisión o inadmisión de una prueba. Toda una serie de viejos apotegmas: non ius déficit sed probatio; Ídem est non esse et non probare o probare o soccombere evidencian, con literal dramatismo incluso, que la relación lógica entre medios y resultados se traduce la mayor parte de las veces en el proceso en una relación de causa a efecto "prueba-sentencia". El éxito de la acción o de la excepción dependen mayoritariamente de la prueba."

    (4). Abel Lluch, X., Diez Reflexiones en torno al juicio de admisión o inadmisión de los medios de prueba en el proceso civil, en "Libro Homenaje al Profesor Eduard Font Serra", tomo I, Centro de Estudios Jurídicos, Ministerio de Justicia, 2003, pp. 965-966. El autor apunta la necesidad de replantear el juicio de admisión atendiendo a los factores consistentes en la fijación de los hechos controvertidos y los parámetros de admisión de los medios de prueba, prescindiendo tanto de criterios cuantitativos (que llevan normalmente al Juez a adoptar un criterio restrictivo en los supuestos de proposición extensa de medios de prueba, y favorable cuando es escasa) como cualitativos (restrictivos en caso de reconocimiento judicial, ante el coste del desplazamiento, frente al criterio amplio cuando se trata de la pericial de designación judicial).

    (5). En este sentido, Díaz Fuentes, A., La prueba en la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil , Tratamiento y Práctica, ed. Bosch, 2002, pp. 55.

    (6). Montero Aroca, J. y Flores Matíes, J., Tratado de Juicio Verbal, ed. Aranzadi, 2004, pp. 1110.

    (7). Muñoz Sabaté, Ll, ob. cit, pp. 231.

    (8). Exigiendo la solicitud de prueba en la forma y momento legalmente establecidos, SSTC de 10 de abril de 2000, F.J. 2o (EDJ 2000/5164); de 16 de julio de 2001, F.J. 2o (EDJ 2001/26458); de 3 de abril de 2002, F.J. 5o (EDJ 2002/7116); de 15 de junio de 2002, F.J. 4o (EDJ 2002/29203); de 9 de diciembre de 2002, F.J. 4o (EDJ 2002/53568), entre otras.

    (9). Poniendo de manifiesto la correlación entre proposición y admisión, vid. portados, Fernández Urzainqui, F. J., en Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil , Capítulo V. De la Prueba: disposiciones generales, ed. Atelier, 2000, pp. 1323.

    (10). En la exposición de tales caracteres sigo a continuación la sistemática empleada por Abel Lluch, X., Iniciativa probatoria de oficio en el proceso civil, ed. Bosch, Barcelona, 2005, pp. 353 y ss.

    (11). Lo cual, no obstante, contrasta con la exigencia de providencia prevista en el artículo 294.2 de la LEC para la admisión de la solicitud de práctica anticipada de la prueba en la que deberán constar los medios probatorios a practicar, evidenciándose una defectuosa técnica legislativa.

    (12). Así, Fernández Urzainqui, F. J., Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil , ob. cit., pp. 1324.

    (13). En este sentido, Garcinartín Montero, R.., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil , vol. I, ed. Aranzadi, 2001, pp. 1016, aludiendo a los casos en que en los medios de prueba haya distintos objetos.

    (14). Igual problemática se plantea frente a los dictámenes de parte que se aportan con los escritos de alegaciones y, en general, para los aportados en un momento posterior (por ejemplo, el dictamen de designación judicial).

    (15). Así, las SSTC de 22 de febrero de 1989, F.J. 2o (EDJ 1989/1959); de 29 de abril de 1992, F.J. 3o (EDJ 1992/4136); de 14 de diciembre de 1992, F.J. 2o (EDJ 1992/12342); de 29 de noviembre de 1993, F.J. 2o (EDJ 1993/10808); de 6 de junio de 1995, F.J. 6o (EDJ 1995/2462); de II de septiembre de 1995, F.J. 2o y 5o (EDJ 1995/4483); de 15 de enero de 1996, F.J. 2o (EDJ 1996/15); 25 de febrero de 1997, F.J. 5o (EDJ 1997/144); de 20 de diciembre de 1999, F.J. 5o (EDJ 1999/40207); de 14 de febrero de 2000, F.J. 2o (EDJ 2000/1143); de 26 de marzo de 2001, F.J. 3o (EDJ 2001/2663); de 16 de julio de 2001, F.J. 2o (EDJ 2001/26458); de 3 de abril de 2002, F.J. 5o (EDJ 2002/7116); de 6 de mayo de 2002, F.J. 3o (EDJ 2002/15998); de 15 de julio de 2002, F.J. 4o (EDJ 2002/29203); de 3 de marzo de 2003, F.J. 2o (EDJ 2003/3860); de 14 de enero de 2004, F.J. 2o (EDJ 2004/389).

    (16). STS de 22 de marzo de 2002, F.J. I (EDJ 2002/5723): "por lo que es exigible que el Órgano jurisdiccional ponga de manifiesto que la decisión adoptada responde a una concreta interpretación y aplicación del Derecho ajena a cualquier arbitrariedad, constituyendo, por tanto, un deber de los órganos judiciales, y aun siendo ciertamente aceptable una fundamentación concisa, han de exponerse las razones en virtud de las que se decide. ..sin que sea, por tanto, admisible que el Tribunal se limite a decir que el supuesto no es incardinable en determinado precepto sin más."

    (17). Aludiendo específicamente a la necesidad de motivación para la práctica en la alzada de las pruebas indebidamente denegadas, Asencio Mellado, J. M., El proceso civil práctico, La Ley-Actualidad, 2001, pp. 1-76.

    (18). SSTCde 14 de febrero de 2000, F.J. 3o (EDJ 2000/1145); 3 de abril de 2002, F.J. 5o (EDJ 2002/7116) y 14 de enero de 2004, F.J. 2o (EDJ 2004/389).

    (19). Así, Garcimartín Montero, R.., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil , vol. I, ed. Aranzadi, 2001, pp. 1016.

    (20). Apunta la improcedencia del recurso establecido Montero Aroca, J., Procedimiento probatorio (la grandeza de la sumisión a la ley procesal ). La prueba, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2000, Cuadernos de derecho judicial, núm. Vil, pp. 8, subrayando que dada la tramitación escrita que siempre tiene el recurso de reposición en los artículos 451 a 454 de la LEC no debería caber el mismo en los actos orales, en los que se dictan resoluciones orales que se documentan en el acta, sino sólo expresión de protesta, calificando de "extraña" la reposición prevista en el 285.2. Coincide en dicha denominación de "extraño" Moreno Catena, V., "Comentario al artículo 285", en el Proceso Civil, vol. III, 2001, pp. 2219, poniendo de manifiesto la distinta regulación de uno y otro recurso.

    (21). De La Oliva Santos, A., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil , ed. Civitas, 2001, pp. 520.

    (22). En cuanto señala que "Las partes podrán proponer cuantos testigos estimen conveniente, pero los gastos de los que excedan de tres por cada hecho discutido serán en todo caso de cuenta de la parte que los haya presentado".

    (23). En este sentido, Fernández Urzainqui, F. J., Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil , ob. cit., pp. 1329. Por su parte, Abel Lluch, X., La audiencia previa: entre el deseo y la realidad, Revista del Poder Judicial, núm. 69, Primer Trimestre 2003, pp. 366, nota 50, indica que una interpretación sistemática de la LEC , fundada en la remisión del artículo 445 LEC al artículo 285 LEC y con base en el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.2 CE debería permitir igualmente en el juicio verbal una suerte de reposición oral.

    (24). Díaz Fuentes, A., La prueba en la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil . Tratamiento y práctica, ed. Bosch, 2002, pp. 70.

    (25). Vid. al respecto, SAP de Murcia (Sección 3a) de 15 de febrero de 2002, F.J. 2a (EDJ 2002/11920); SAP de Toledo (Sección Ia) de 15 de enero de 2004, F.J. 2o (JUR2004/79895) y SAP de Málaga (Sección 4a) de 27 de febrero de 2004, F.J. 2o (JUR 2004/106246). En cuanto a la necesidad de protesta en el juicio verbal, SAP de Badajoz (Sección 3a) de 10 de febrero de 2004, F.J. 2o (JUR 2004/82369).

    (26). Así, la SAP de Toledo (Sección Ia), de 15 de enero de 2004, F.J. 2o (JUR 2004/79895), indicó que "la impugnación formulada en ese momento procesal es claramente extemporánea (...), sin que por ello pudiera surtir efecto jurídico alguno al haber precluido el trámite procesal para ello." Aludiendo asimismo a la ausencia de interposición de recurso en el momento procesal oportuno, la SAP de Málaga (Sección 4a), de 27 de febrero de 2004, F.J. 2o (JUR 2004/106246).

    (27). Dicha confusión terminológica es trasladable igualmente a otros preceptos de la LEC , como sucede por ejemplo con el artículo 181.2°, que señala entre las misiones del Magistrado ponente las de "Examinar la proposición de medios de prueba que las partes presenten e informar sobre su admisibilidad, pertinencia y utilidad" (cursiva mía), dando a entender que éstas últimas son ajenas a la admisibilidad de los medios de prueba.

    (28). Artículo 283 LEC : "Impertinencia o inutilidad de la actividad probatoria. I. No deberá admitirse ninguna prueba que, por no guardar relación con lo que sea objeto del proceso, haya de considerarse impertinente 2. Tampoco deben admitirse, por inútiles, aquellas pruebas que, según reglas y criterios razonables y seguros, en ningún caso puedan contribuir a esclarecer los hechos controvertidos 3. Nunca se admitirá como prueba cualquier actividad prohibida por la ley."

    (29). Sobre la necesidad de motivación de la resolución de admisibilidad en la Jurisprudencia, vid. supra, nota 13.

    (30). SSTC de 31 de enero de 2000, F.J. 2° (EDJ 2000/407); de 14 de febrero de 2000, F.J. 3° (EDJ 2000/1145); de 10 de abril de 2000, F.J. 2° (EDJ 2000/5164); de 16 de julio de 2001, F.J. 2° (EDJ 2001/26458); de 15 de junio de 2002, F.J. 4° (EDJ 2002/29203); de 3 de marzo de 2003, F.J. 2° (EDJ 2003/3860); de 14 de enero de 2004, F.J. 2° (EDJ 2004/389).

    (31). La razón de ello estriba, como señala la STC de 14 de enero de 2004, F.J. 2° (EDJ 2004/389) citada en último lugar, en el hecho de que "la opinión contraria no sólo iría contra el tenor literal del art. 24.2 CE, sino que conduciría a que, a través de propuestas de pruebas numerosas e inútiles, se pudiese alargar indebidamente el proceso o se discutieses cuestiones ajenas a su finalidad... vulnerándose así el derecho de las otras partes a obtener un proceso sin dilaciones indebidas reconocido también en el artículo 24.2 CE. "

    (32). Manifestación que se recoge igualmente en otros artículos de la LEC . Así, en la prueba de interrogatorio de las partes, que debe versar necesariamente sobre hechos y circunstancias de los que tengan noticia y que guarden relación con el objeto del juicio (artículo 301.1 LEC ) o los peritos sobre hechos y circunstancias relevantes en el asunto (artículo 335.1), así como los testigos, sobre hechos controvertidos relativos a lo que sea objeto del juicio (artículo 360).

    (33). Así, SSTC de 24 de noviembre de 1997, F.J. 2o (EDJ 1997/8138) yl4 de febrero de 2000, F.J. 3o (EDJ 2000/1145), entre otras.

    (34). En este sentido, Fernández Urzainqui, F. J., Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil , ob. cit., pp. 1309-1310.

    (35). Incluyendo la prueba referente a los hechos no controvertidos en la impertinencia igualmente Montero Aroca, J., Procedimiento Probatorio, ob. cit., pp. 7; el mismo, en Tratado de Juicio Verbal, ob. cit., pp. 1110. Por el contrario, incluyendo tales hechos en la prueba inútil, De La Oliva Santos, A., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil , ob. cit., pp. 517, así como la STS de 9 de julio de 2004, F.J. 4o (EDJ 2004/82607), estableciendo que fue correcta la denegación de la prueba testifical pretendida por inútil al ir dirigida a acreditar hechos que ya habían sido reconocidos por los actores, lo que le hacía innecesaria.

    (36). En esta línea, Montero Aroca, J., Procedimiento Probatorio, ob. cit., pp.8, el cual sin embargo pone de manifiesto la peligrosidad de la Jurisprudencia que entiende que el Juez puede no admitir un medio de prueba "cuando dispone ya de los elementos de prueba suficientes para formar su convicción" dada tanto la dificultad para formar su convicción en dicho momento procesal como la posibilidad que se le brindaría al Juez para decidir con qué medios forma su convicción.

    (37). De La Oliva Santos, A. / Díez Picazo Ginénez, I., Derecho Procesal Civil, el proceso de declaración, 2a ed., 2001, pp. 294.

    (38). Así, la STS de 7 de diciembre de 1996, F.J. 2o (EDJ 1996/8353), en relación con las antiguas diligencias para mejor proveen establece que la Sala de apelación no la ha utilizado para dicha fin, admitiendo extemporáneamente una abundantísima prueba documental, sin hacer un estudio previo y un pronunciamiento sobre su muy dudosa admisibilidad.

    (39). Picó I Junoy, J., el derecho a la prueba en el proceso civil, ed. Bosch, 1996, pp. 56; el mismo, en el derecho a la prueba en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil , Problemas actuales de la prueba civil, J.M. Bosch Editor, 2005, pp. 48. El autor destaca cómo el fundamento de la prohibición de la Beweisantizipation reside tanto en la correcta tutela de la imparcialidad del Juez como en el derecho de las partes a probar los hechos discutidos en el proceso.

    (40). No obstante, manifestándose a favor de extender el concepto de prueba ilícita a toda prueba obtenida o practicada con vulneración de derechos subjetivos o garantías esenciales del procedimiento, habilitando el control de oficio en la obtención de las fuentes de prueba, Moreno Catena, V., el proceso civil, vol. III, ed. Tirant lo Blanch, 2001, pp. 2213.

    (41). En este sentido, Abel Lluch, X., Iniciativa probatoria de oficio en el proceso civil, ob. cit, pp. 360 y Fernández Urzainqui, F. J., Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil , ob. cit., pp. 1340.

    (42). Así, Muñoz Sabaté, Ll, ob. cit., pp.38, estima que el favor probaciones puede extenderse a diferentes supuestos contemplados por el derecho probatorio, tales como: I) Atenuación del principio dispositivo, posibilitando una mayor intervención del Juez en la prueba, o cuando esta intervención ya le ha sido dada por la ley una mayor compromiso del Juez en emplearla 2) La práctica sin excesivas reticencias del principio probaciones non sunt coartandae, moderando a la vez los excesos hipergarantísticos 3) Una aplicación flexible de los principios preclusivos 4) Un enfoque más sistemático de la regla de la carga de la prueba a partir de los principios de dificultad y mayor acercamiento 5) Acabar definitivamente con la hipovaluación de las presunciones homini 6) Acentuar la valoración de la conducta procesal de las partes 7) Compensar al actor por la pérdida de oportunidades probáticas que generalmente le reporta la rebeldía del demandado.

    (43). En el mismo sentido, SSTS de 20 de febrero de 1986, F.J. 8o (EDJ 1986/30) y de 30 de octubre de 1991, F.J. 3o (EDJ 1991/10314).

    (44). La sentencia que inició esta línea fue concretamente la STS de 18 de mayo de 1993, F.J. 5o (EDJ 1993/4677), que giró alrededor de la utilización de la fórmula "no ha lugar por ahora sin perjuicio de que en su día pueda acordarse para mejor proveer", indicando que dicha fórmula "se ha implantado y utilizado, cada vez, con mayor frecuencia y constituye, a no dudarlo, una práctica perjudicial para la parte, pues no se le dice definitivamente que no, pero tampoco que sí, lo que entraña, un grado de indefensión, al provocar perplejidad en la proponente que no sabe, de este modo, cuál es la conducta procesal que debe seguir, y, desde luego, contradice el sentido categórico que deben tener las resoluciones judiciales." No obstante, apuntando a que la utilización de tales fórmulas, pese a ser siempre incorrectas, no generaban necesariamente indefensión cuando la denegación de la prueba se producía inequívocamente en un momento inmediatamente posterior, las SSTS de 13 de octubre de 1998, F.J. 2o (EDJ 1998/23359) y de 8 de febrero de 2000, F.J. 4o (EDJ 2000/516).

    (45). Como ha destacado Fernández Urzainqui, F. J., Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil , ob. cit., pp. 1325.