El personal docente e investigador contratado en régimen laboral después de la reforma de la LOU en 2007.

AutorAntonio Baylos Grau
CargoCatedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. UCLM
Páginas37-72

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1. La lucha por el contrato laboral

La configuración en el tardofranquismo de la enseñanza universitaria a partir de la reforma legislativa de los años 70 como un sector educativo en expansión en el que se apoyaba el proyecto tecnocrático de las élites dominantes del momento, hizo crecer de forma impresionante para los parámetros de entonces el número de alumnos. La carga docente recayó en su práctica totalidad sobre profesores jóvenes, mal pagados y precarios, los llamados Profesores No Numerarios, PNNs. Se trata de un efecto de "caducidad" de la vieja universidad elitista2que se abre a las clases medias producidas desde el desarrollismo franquista a través de un proceso que se traduce no sólo en la "masificación" de la enseñanza universitaria, sino también en el acceso al profesorado de sectores de media y pequeña burguesía, no cimentados directamente en las clases dominantes del Régimen como era la norma. En ese sentido este grupo de docentes universitarios incorporaron una cultura opuesta a lo que había caracterizado la situación de atraso y degradación de la Universidad española causada por la desertización de la misma a partir de los procesos de exilio y depuración tras la Guerra Civil y la supresión de las libertades políticas y civiles. Representaron una fuerza de democratización de las estructuras universitarias y de la propia función que esta institución debía cumplir. Naturalmente que eso situaba a este grupo de docentes en un terreno de confrontación con las formas autoritarias del dominio político y les

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exponía a la represión más o menos selectiva en el marco del ascenso imparable de la conflictividad social a partir de 1968-693.

Lo que se autodenominó Movimiento de PNNs tiene como acta de nacimiento la I Asamblea Nacional de Profesores No Numerarios de Universidad, celebrada en Granada, del 11 al 13 de mayo de 1972. Días antes el Almirante Carrero Blanco, Vicepresidente del Gobierno, había realizado unas tronantes declaraciones sobre la situación universitaria, en las que advertía que "la Universidad devuelve a las familias españolas sus hijos mal formados profesionalmente y, quizá, envenenados de cuerpo y espíritu para toda su existencia". Esta torva imagen del profesor desprestigiado en su capacidad de transmisión de conocimientos especializados en su profesión y, paralelamente, sólo hábil intoxicador de las mentes juveniles mediante la instilación de venenos ideológicos constituye un estereotipo al que se ajustará el discurso autoritario del franquismo -y no sólo- hasta su desaparición. Frente a ello, el análisis que de las funciones que cumple el sistema educativo superior realizan los PNNs, es plenamente realista y explica los cambios que se estaban produciendo en aquellos años. "El profesional universitario ya no es aquel individuo privilegiado cuyo título le proporciona la posibilidad de integrarse de manera materialmente satisfactoria en la sociedad. Tiende a desaparecer el profesional liberal, y el titulado universitario se ve obligado en muchas ocasiones, a vender su fuerza de trabajo en situaciones de reñida competencia. La Universidad pierde de esta forma su carácter de formadora de élites y la integración social de los titulados en el sistema comienza a hacerse problemática, convirtiéndose la Universidad en algo incómodo para el sistema". En ese cuadro, el PNN "aparece como un profesorado que viene a solucionar el problema coyuntural que plantea el incremento de la población universitaria. Este carácter eventual y transitorio queda de manifiesto en su ambigua situación a todos los niveles. El profesorado no numerario aparece, pues, en una etapa de crisis de la universidad y queda inmerso dentro de la misma, agudizándose en él todo tipo de contradicciones"4.

Las contradicciones a que se refería este grupo de docentes universitarios tenían que ver con su "difícil posición" entre alumnado y profesorado, que les planteaba problemas de identidad, y fundamentalmente su consideración como fuerza de trabajo despojada de toda señal de status, sin ningún poder de decisión -ni siquiera de participación- en las estructuras académicas, instalada en la precariedad en el empleo y en bajos salarios sin protección social. La reacción frente a esta situación subalterna de

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privación de derechos fue concentrar la acción del movimiento en torno a la reivindicación del contrato laboral. Mediante este enfoque se ponía de manifiesto ante todo el problema de la precariedad en el empleo y los bajos salarios, pero se reconstruía en torno a él un patrimonio de derechos colectivos, que iban desde el derecho de reunión o de asamblea, de organización de la representación del colectivo, en torno a las Coordinadoras que representaban a las respectivas asambleas de PNNs de los diferentes distritos universitarios, hasta los derechos de huelga y de negociación de las condiciones de trabajo con las autoridades políticas. Es decir, se anticipaba la idea de que sólo a partir del trabajo asalariado, expresado mediante su forma jurídica contractual, se podía edificar una identidad democrática y participativa de un colectivo, y que reivindicar este reconocimiento era un acto directamente político, enfrentado de manera directa con la negación de las libertades cívicas que caracterizaba el fran-quismo, pero también con un tipo de organización social y productiva en el relevante sector educativo que funcionaba sobre la explotación acentuada de un trabajo cualificado y relevante. Este proceso de conciencia de grupo y de acción colectiva consecuente en torno a la reivindicación del contrato laboral, exigía un status de ciudadanía de la que se carecía en el país, al tiempo que consideraba plenamente practicable el ejercicio de derechos colectivos que estaban prohibidos por el sistema jurídico y que sin embargo cobraban realidad sin excesivas dificultades. Asamblea y huelga eran los instrumentos del movimiento, que se organizaba en torno a sus representantes elegidos asambleariamente, y en esa informalidad organizativa, fuera de cualquier mecanismo representativo institucional, fueron capaces de ganar visibilidad social a través del conflicto y forzar negociaciones con el Ministerio de Educación y Ciencia en marzo de 1975, por consiguiente aún en un marco político represivo y negador de los derechos de los trabajadores5.

El contrato laboral era por tanto una reivindicación que iba más allá de su pura enunciación y del significado directamente regulativo de la prestación de servicios de los docentes universitarios "de base". Implicaba también un rechazo al sistema de selección y promoción del profesorado, la cátedra vitalicia y la relación funcionarial como símbolos de la burocratización del profesorado y del conformismo académico. En la III Asamblea Estatal de PNNs, celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid en abril de 1975, se explicaban en el Documento Base para el Estatuto del Profesorado Universitario las razones de esa crítica a la relación de servicio del funcionario docente: "Creemos que el status de funcionario, con su carácter vitalicio, no es el adecuado para los profesores, por cuanto implica una tendencia al estancamiento intelectual, una estructuración autoritaria de la enseñanza, una limitación de la capacidad de crítica y una ausencia de agilidad y flexibilidad en las tareas docentes e investigadoras. Por otra parte,

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el sistema de acceso mediante oposición no sólo no favorece el trabajo continuado en equipo, sino que, por el contrario, impide la formación de grupos estables de trabajo, y favorece los esfuerzos individuales en situación de aislamiento concretados en un corto y obsesivo espacio de tiempo. Todo ello sin profundizar en las irregularidades que se producen por la imposibilidad de un control democrático del funcionamiento de las oposiciones"6. La contratación laboral, realizada a través de comisiones de Facultad o Escuela con participación de todos los estamentos universitarios, era por tanto la propuesta alternativa no sólo a la condición de funcionario sino, muy especialmente, a la contratación de naturaleza administrativa que era la que se aplicaba a los PNNs.

La lucha por el contrato laboral, que fue ganando espacios cada vez mayores e intensidad en las medidas de presión, de las huelgas docentes al boicot a los exámenes, suponía además utilizar el cuadro normativo del que se disponía para afirmar un discurso jurídico que legitimaba esa opción en el plano de la legalidad vigente. Es decir, que sin negar que la reivindicación del contrato laboral se concebía como una opción política por un modelo alternativo al vigente en la educación superior española, a su vez ésta se expresaba a través de un discurso "realista" que buscaba su legitimación a partir de las propias coordenadas regulativas que señalaba el sistema jurídico vigente. Frente a las argumentaciones de las autoridades públicas del MEC que insistían que la Administración no podía hacer contratos de tipo laboral, la...

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