Hipoteca inversa y otros instrumentos financieros afines.
| Autor | Ana Isabel Berrocal Lanzarot. |
| Cargo del Autor | Profesora contratada - Doctor de derecho Civil - Universidad Complutense de Madrid - Colaboradora de la Fundación Aequitas |
(Conferencia pronunciada el día 28 de febrero de 2008 en la Academia Sevillana del Notariado)
Antes de proceder al análisis de la institución con carácter previo nos parece conveniente precisar cuál es el contexto en que se desarrollo esta nueva figura; el porqué se opta por su implementación ahora y no en una época pasada. En esencia, precisar la conveniencia o no de su aplicación en una realidad social como la actual.
Nos encontramos en la sociedad española, con un envejecimiento progresivo de la población, fruto de un aumento de la esperanza de vida que han contribuido a incrementar el colectivo de la tercera y cuarta edad –pues se habla de envejecimiento del envejecimiento-, y, al que acompaña la aparición de numerosas enfermedades neurodegenerativas, como el alzheimer, demencia senil, parkinson, pick; o asociadas a la edad como patologías cardiovasculares, del aparato locomotor (artrosis, osteoporosis); y de órganos de los sentidos (sordera, cataratas). En España se estima que en sólo 20 años (los transcurridos entre 1970 y 1990) el grupo constituido por las personas mayores de 80 años se ha duplicado, pasando de medio millón a más de 1,1 millones de personas, y todo hace prever que su número superará los 2 millones en el año 2010, lo que en términos relativos supone que, para esas fechas, el 5% de los españoles, tendrá más de 80 años . En el 2016 una población de 6,4 millones de mayores de 70 años (2,8 millones será mayores de 80 años). Las tasas anuales de crecimiento acumulado entre 2006 y 2016 serán 1,7% y de 3,76% respectivamente. Para el 2025 habrá unos 10 millones de personas mayores. Se calcula que para el año 2026 existirá alrededor de 2 millones de personas mayores con problemas dependencia (en sus diversos grados) de los que requerirán un cuidado personal alrededor de un millón. (CES, Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral, España 1998 CES, Madrid 1999). Efectivamente, el proceso de envejecimiento de la población española está incrementando progresivamente en número de personas en situación de dependencia, es decir, aquellas que puedan realizar actividades de la vida diaria y que, precisan ayuda para ejecutarlas. Envejecimiento y dependencia constituyen un auténtico reto para la familia y política social del país.
En todo caso, además del alargamiento de la esperanza de vida, otro factor de tal envejecimiento es la reducción creciente de las tasas de fecundidad: hay menos jóvenes y, por tanto, una mayor desproporción entre edades. En este sentido, el Informe de Naciones Unidas sobre envejecimiento de la población Mundial (1980-2050) advierte que los intensos cambios demográficos obligan a la totalidad de las sociedades a reestructurarse para encontrar nuevas formas de vivir, trabajar y a tender a otras personas.
No obstante, un aumento de la población inmigrantes está ralentizando nuestra tasa de envejecimiento y la proporción de los pensionistas sobre los activos. También es cierto que si estos inmigrantes hacen suya la tendencia española con relación a la fecundidad, en unos 30-35 años tendremos pensionistas boom de una cuantía importante.
Asimismo, se constata la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores entre otros factores por la mejora en la atención sanitaria; y, de nuevas formas de discapacidad como las lesiones cerebrales y medulares por accidentes de tráfico o de trabajo, que han contribuido, asimismo, a multiplicar las situaciones de dependencia.
El desafío que constituye el envejecimiento de la población y la protección de los discapacitados/dependientes tiene un impacto en los sistemas de protección social, en los presupuestos de las finanzas públicas, en la estructura económica de casa país (inversión, ahorro y consumo) y, sobre todo en las finanzas familiares. Responder al desafío de envejecer y a todo lo que conlleva, supone reestructurar política, sistemas económicos, políticas sociales y relaciones familiares.
En la actualidad estamos asistiendo a una modificación sustancial de la estructura familiar, reemplazando la asistencia de la dependencia prestada a través de cuidados informales por familiares, por su institucionalización, creando situaciones de mayor vulnerabilidad en quienes se encuentran en situación de dependencia. Simplificando drásticamente, podríamos afirmar que, por lo que se refiere a nuestro país, se ha pasado –a partir de principios del siglo XX- de una familia patriarcal a una familia nuclear . Es decir, de una familia pluripersonal que constituye una unidad de prestación de servicios sociales, se ha pasado a una familia progresivamente reducida –la mayoría de las veces centrada solo en la pareja-, que carece de medios y de estructura para atender y prestar algún tipo de servicios sociales. Esta nueva sociedad, integrada mayoritariamente por familias nucleares exige de la comunidad, es decir, de su estructura jurídica –el Estado-, que se encargue de prestar toda la gama de servicios sociales antes prestados por quienes integraban las familias patriarcales . La estructura familiar en España ha sufrido una verticalización: menos hijos y más generaciones de la misma familia viviendo a la vez, por una mayor longevidad. Cada vez es mayor el número de parejas sin hijos o con un solo hijo, que no tendrán hermanos ni sobrinos. Y este estiramiento de la estructura familiar con más generaciones vivas, provoca que, incluso los cuidadores de los mayores dependientes sean a la vez personas con una cierta edad. Envejece la sociedad, envejece la estructura familiar; envejece los que ya son ancianos y envejece la fuerza del cuidado familiar y social. Factor, asimismo, también determinante de este cambio en la estructura familia, lo constituye la potencial cuidadora que representaba la mujer y su incorporación al mundo laboral. El cambio está, pues, ligado al deseo de realización profesional, a la situación familia y a sus niveles educativos y de formación, de un grupo de población que siempre ha permanecido en el hogar familiar. Esta mayor participación femenina fuera de tal hogar, conlleva un cuidador menos, lo que hace necesario un replanteamiento del modelo tradicional de atención a los dependientes. Una vez en la actividad laboral es más difícil que la abandone, cuando cambia su situación familiar y algún miembro de la familia sea dependiente por razón de alguna discapacidad o por la edad avanzada. Lo cierto es que hasta ahora las políticas públicas se han organizado tradicionalmente partiendo del patrón de los cuidados a los dependientes sobre la base de una solidaridad familiar, con una intervención de aquellas de forma subsidiaria ante tales situaciones de dependencia.
Por otra parte, para muchos mayores en España, la jubilación o el retiro no supone entrar en un período de contención de gastos sino todo lo contrario, ya que en éste se debe hacer frente a gastos derivados de nuevas necesidades de salud, atención o dependencia, o simplemente de ocio, y, por lo tanto, la obtención de rentas complementarias se convierte en una necesidad acuciante para un buen número de ellos.
A medida que los individuos viven más años de jubilación, la cuestión de cómo financiar el futuro va cobrando mayor pertinencia. En 2005 una mujer de 65 años en España puede esperar como media vivir aproximadamente al menos 20 años más, en contraste con 1960, cuando la mujer de 65 años sólo tenía una esperanza de vida de 10 años más. Este aumento de la longevidad se observa paralelamente en otros países de la OCDE, lo que obliga a todos los países a reestructurarse para encontrar nuevas formas de financiación de la época de retiro.
La Encuesta de Presupuestos Familiares de 2004 muestra la realidad social de la población mayor española. La principal fuente de ingresos en los hogares de mayores de 65 años es la pensión de jubilación.
Para el 80% de las personas mayores de 65 años en España la fuente principal y pensión de la Seguridad Social. Así, más de 4.885.354 millones de pensionistas por jubilación cobran de media en 765,36 euros mensuales a 1 de noviembre de 20071. Ahora bien, enviudar supone un descenso del 22% de ingresos para los hombres y del 44% para las mujeres, existiendo una parte importante, mayoritariamente mujeres, que deben recurrir a ayudas económicas. En concreto, de 2.235.600 millones de viudas, la pensión de viudedad no supera un promedio de 500,02 euros al mes de media a 1 de noviembre de 20072. El 39% de la población jubilada estima que su pensión es insuficiente; y otro 62% considera que no va a cubrir sus necesidades durante todo el tiempo de retiro.
Por tanto, el grupo de población mayor dominante está formado por personas que disponen de ingresos mayoritariamente provenientes de pensiones medias o medias-bajas, en el que sólo una de cada cuatro personas mayores declaran tener capacidad de ahorro y cuyas expectativas para disfrutar de los servicios adecuados a sus necesidades están muy condicionados por la disponibilidad de recursos económicos. Y...
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