Introducción
| Autor | Il·lustre col·legi de l'advocacia de Barcelona |
| Páginas | 7-16 |
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El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, edita anualmente su propio Informe sobre el Estado de la Justicia, en el que se hace un análisis de la actividad judicial de los órganos jurisdiccionales de nuestro país.
Para ello, se recogen una serie de datos que por sus características propias y diversidad de fuentes, podríamos agrupar en dos grandes bloques. Por un lado, se aglutinan los datos que hacen referencia al funcionamiento de los órganos judiciales que se integran en cada una de las cuatro Jurisdicciones, que se analizan de forma detallada en Capítulos separados, y de forma comparativa en un apartado de Conclusiones Generales. Dicha información, se extrae del propio CGPJ que, desde el año 1995, publica en el apartado de estadística judicial de su página web institucional. Sobre estos datos, se han elaborado una serie de gráficas en las que se analiza la actividad judicial de cada Jurisdicción en términos cuantitativos, clasificando el movimiento de los asuntos en cuatro grandes categorías:
- Asuntos pendientes al iniciar el ejercicio.
- Asuntos ingresados.
- Asuntos resueltos.
- Asuntos pendientes al finalizar el año.
A partir de los mismos, se aplican una serie de indicadores judiciales con el fin de valorar la adecuación entre los recursos que se destinan a la Administración de Justicia y la litigiosidad real del momento. Las tasas de resolución, pendencia y congestión, nos permiten medir la calidad de la Justicia en términos de eficacia y capacidad resolutiva.
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Por otro lado, con el fin de contextualizar y entender mejor la realidad sobre la que se desarrolla la litigiosidad judicial, se hace referencia a otro grupo de datos de carácter variado, pero que tienen en común el hecho de referirse a las circunstancias sociales y económicas relativas al periodo temporal en el que se registra la actividad de nuestros Tribunales. Situar los datos judiciales en el entorno, no solo jurídico sino también social, en el que se desarrollan, nos va a permitir elaborar un análisis más detallado del comportamiento de los mismos.
Completa el estudio, las constantes referencias a los cambios normativos más importantes e influyentes en la actividad propia de los órganos jurisdiccionales. A lo largo de los últimos años, nuestro ordenamiento jurídico ha experimentado un furor legislativo notable. Pese a que los cambios normativos responden a la necesidad del Derecho en adaptarse a una realidad cada vez más compleja y global, lo cierto es que no todas las reformas que se han promulgado, han contado con el apoyo que sería deseable por parte de los operadores jurídicos implicados, así como de la ciudadanía en general. Sobre ello se hace referencia una vez más en la presente edición del Informe ICAB, a medida que se va avanzando en el estudio de cada una de las cuatro Jurisdicciones. Esto último, enlaza precisamente con la motivación de elaborar un Informe estadístico desde el propio ICAB.
El ICAB es una es una corporación de derecho público de carácter profesional, fundada el 17 de enero de 1833, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines públicos y privados, de acuerdo con la normativa profesional y colegial.
En cuanto a las funciones públicas del ICAB, éstas despliegan sus efectos en dos direcciones. Por un lado, en beneficio de la Sociedad, el ICAB se organiza para la defensa de las libertades públicas y los derechos de los ciudadanos, a través de la vigilancia y el control deontológico de la actividad que llevan a cabo sus colegiados. Por otro lado, en beneficio de sus propios colegiados, el ICAB lleva a cabo toda una serie de actuaciones con el objetivo de posibilitar a los Abogados y a las Abogadas, estar en constante formación y reciclaje profesional, en aras de que éstos puedan prestar un servicio público de calidad a la ciudadanía.
No hay que olvidar que, a pesar de que la abogacía es una profesión liberal que se ejerce de forma independiente, los Abogados y las Abogadas tienen un papel de colaboradores necesarios en la función jurisdiccional. En efecto, estamos ante un colectivo en el que su...
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