El ilícito constitucional

AutorBernardo G. Mugarza
Cargo del AutorSocio colaborador de la R.A.J.L.
Páginas35-46

No cabe duda de que la gran cuestión política a la que se lleva enfrentando España durante los últimos treinta años es el envite secesionista, con su aspiración de romper la integridad territorial y de soberanía de la primera nación que se constituyó en Estado moderno. Si se analiza este proceso, lo primero que sorprende no es el hecho de que determinadas partes del territorio nacional quieran independizarse alegando los más peregrinos argumentos, suceso que no es nuevo en la historia política ya que prácticamente todo país ha tenido que defender su territorio en alguna ocasión frente a enemigos exteriores o interiores, sino la torpeza y debilidad de los diferentes gobiernos a la hora de defender la unidad e integridad nacional. Torpeza y debilidad que en cualquier otro país civilizado hubiese dado lugar a la correspondiente exigencia de responsabilidad penal o por lo menos política. La táctica empleada por estos gobiernos puede resumirse en pocas palabras: los nacionalistas exigen y el Estado cede. Ya desde la misma redacción de la actual Constitución española de 1978, la relación ha sido de cesión y da la impresión de que mientras los nacionalistas sabían perfectamente lo que pedían, aquellos que tenían que velar por la nación española, no se daban cuenta de lo que otorgaban. Poco a poco y sobre la base de aquellas cesiones, determinadas autonomías han ido avanzando en el proceso de "construcción nacional", por lo que las cesiones pasadas se convierten sólo en el punto de partida de las nuevas exigencias, hasta llegar a ser reconocidos como auténticos Estados soberanos que es su verdadero objetivo y del que se saben muy cerca. Mientras se pone la atención y se discute sobre la posible independencia, van adquiriendo cada vez más atributos de auténtico Estado. Logrado este reconocimiento, la independencia de hecho es secunda-Page 36ria, ya que va implícita al tener las cualidades estatales. Sólo dependerá de las conveniencias, sobre todo económicas, del momento.

Si la claridad debe ser requisito de toda norma, mucho más en las normas constitucionales que establecen los fundamentos y organización de un Estado. Sin embargo, junto a los principios lógicos de unidad de poder, de población y de territorio que componen el Estado, se introdujeron otros contradictorios con aquellos. Sirva como ejemplo la irresponsable cesión de las competencias en educación o la introducción en el artículo segundo del término nacionalidades. Este mismo artículo segundo, que en ocasiones es presentado como una garantía de la unidad de España, puede llegado el caso, ser interpretado de manera que quede totalmente vacío de contenido. Así fijándonos en la redacción del mismo:

    "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

El artículo habla de la nación española como "patria común e indivisible de todos los españoles", lo cual es histórica y políticamente correcto; pero si lo único que cuenta es el propio texto constitucional tal y como nuestra clase política se empecina en pregonar a los cuatro vientos; si la defensa de la unidad nacional depende únicamente de las disposiciones de un texto legal, que para mayor disparate es tremendamente ambiguo, entonces poca defensa efectiva va a tener nuestra nación. Este artículo segundo se limita a fundamentar la Constitución en la unidad nacional, es decir, que la garantía es para la propia Norma, la cual dejaría de ser válida en caso de secesión (cosa obvia por otra parte porque habría que modificarla de manera sustancial), pero garantía para la integridad territorial ninguna. Rota España ¿a quién le importa que la Constitución que ha permitido tal disparate deje de tener validez? ¿Y qué importaría a los secesionistas que dejara de existir ese cuerpo legal?

Incluso donde el texto constitucional es claro, como en el artículo 8.1:

    "Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional", no faltan intérpretes que hacen decir a la ley, lo que de ninguna manera puede establecer. Este artículo 8.1, en nuestra opinión por supuesto, sólo puede interpretarse de dos maneras a tenor de su texto: Page 37
  1. Como garantía auténtica de la soberanía, independencia, integridad territorial y del ordenamiento constitucional: en este sentido la Constitución establece como misión de las Fuerzas Armadas la defensa de los elementos nacionales. La misión se la encomienda directamente, es decir, no lo subordina a previa "autorización" legal o gubernamental. Además, obsérvese que no se menciona en este artículo a los cuerpos policiales, ni aun siquiera los militarizados.

  2. Como mero ejecutivo de las disposiciones del gobierno o del aparato legislativo, por lo que no sería garante de nada sino simple instrumento o medio. Esta interpretación partiría de la premisa de que cualquier actuación de las Fuerzas Armadas debe ser en cumplimiento de órdenes del poder civil.

    En nuestra opinión, la interpretación correcta debe ser la primera. Por un lado, debe recordarse la época en que tal artículo fue redactado, de forma que asegurara al Ejército que el tema autonómico no se iba a salir de determinados márgenes. Por otro lado, es lógico pensar que el gobierno de una nación siempre va a actuar en defensa de los intereses de la misma, razón por la cual nunca tendría que darse el caso de unas FFAA actuando sin el respaldo del poder civil en un supuesto en que peligrara alguno de los elementos citados; es más, en el caso de que se diese el supuesto de que peligrase la integridad nacional en cualquiera de sus elementos y el gobierno no actuase, sería éste quien estaría cometiendo un delito, y al situarse fuera de la ley, perdería toda legitimidad, pero en ningún caso las Fuerzas...

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