Guía para la reclamación del exceso de pago en la plusvalía municipal

Autor:José Busquets
Cargo:Economista y Abogado de Puente & B. Gestión Integral SL
 
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Concepto

El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, es un impuesto regulado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LHL), en su última modificación de fecha 30 de octubre de 2015.

Esta exacción cuya potestad corresponde a los ayuntamientos se circunscribe en su regulación básica comprendida en los artículos 104 a 110 de la misma ley.

Se dice que el fundamento de este impuesto es la participación que el ayuntamiento debe tener en las plusvalías generadas en los terrenos de naturaleza urbana de propiedad particular con ocasión de la actuación urbanística y la realización de obras y servicios públicos por parte de las Administraciones pú­blicas. La razón de ser de todo ello se encuentra en el artículo 47 de la CE, que señala que "la comunidad participará en las plusvalías que genere la actuación urbanística de los entes públicos".

Siendo el hecho imponible, el incremento de valor que ex­perimenten los terrenos de naturaleza urbana a efectos del IBI que se ponga de manifiesto a consecuen­cia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o con ocasión de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos, artículo 104 LHL.

Sujetos pasivosContribuyente y sustituto del contribuyente

Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias, artículo 35.7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (LGT), así la ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de esta ley, artículo 41 LGT.

Tendrán también la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 LGT.

A efectos de notificación, la Administración suele llamar al primero que conste como primero en la titularidad del bien, quedando obligado por la totalidad de la deuda frente a la Administración sin perjuicio de reclamación o repetición posterior al resto de obligados solidarios, salvo que la ley disponga otra cosa, articulo 35.7 LGT.

Será conveniente y necesario valorar cada caso en particular, previo a la iniciación de un proceso contencioso administrativo, para determinar si este nos resarcirá del coste del litigio.

Sucesores y responsables

A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los herederos, no impedirá la transmisión a los sucesores de las obligaciones tributarias devengadas el hecho de que a la fecha de la muerte del causante la deuda tributaria no estuviera liquidada.

Mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante corresponderá al representante de la herencia yacente, artículo 39 LGT.

Respecto a los sucesores de personas jurídicas y de entidades sin personalidad y los responsables solidarios y subsidiarios, se estará a lo que se disponga en los artículos 40 y ss. la misma Ley.

Fases del proceso
Consideraciones previas  

No suelen ser recurribles los actos de la Administración Local sobre tributos locales, aunque sí son recurribles determinados actos de la Administración del Estado relativos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y al Impuesto de Actividades Económicas.

Se recomienda que el escrito de "Rectificación y Devolución", Anexo 1, se presente en el propio Centro ó Dependencia que hubiera dictado el acto administrativo que es objeto de reclamación, para facilitar su rápida tramitación. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria y en la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos está previsto la presentación de reclamaciones y recursos, así como de otros trámites relativos al procedimiento económico-administrativo por vía telemática a través de las correspondientes Sedes electrónicas que se creen al efecto (D.A. 16ª LGT y por derivación en la D.A. 3ª del Reglamento General de Revisión...

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