La gestión pública con vocación de servicio
| Autor | Mercedes Ortiz García |
| Cargo del Autor | Universidad de Alicante |
| Páginas | 280-286 |
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La actual crisis inanciera es el relejo de una crisis económica, a mi juicio, mucho más profunda. La crisis inanciera es el síntoma de que el presente modelo de crecimiento mundial se ha agotado. La capacidad para endeudarse de las economías ricas tiene un límite, límite que hemos alcanzado, como nos lo recuerda la reforma del artículo 135 CE, y todo su desarrollo normativo. Ante un modelo que llega a su in, la pregunta que queda en el aire, entre las sombras de la actual crisis, es ¿qué alternativas se barajan? Ese es el debate europeo que ha quedado pendiente tras el fracaso de la estrategia puesta en marcha en Lisboa en 2000, antes del lanzamiento de la nueva Estrategia Europa 2020. Es en este contexto, en el que la Unión Europea lanzó la Estrategia Europa 2020 para conseguir la recuperación económica sostenible a través del aprovechamiento de los puntos fuertes de nuestra sociedad y reconducción de los débiles. Esta estrategia tiene tres objetivos principales: el crecimiento económico -basado en el I+D+i-, el crecimiento sostenible -promoviendo una economía más eiciente, verde y competitiva- y el crecimiento inclusivo -aquel que genera mucho empleo y da resultados económicos y de cohesión social y territorial-.
La nueva estrategia de la Unión Europea señala el modelo de empresa cooperativa, el tercer sector, etc., como instrumentos de cohesión social y de vertebración territorial, que todavía se
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acrecienta si se le respalda con la teoría del valor compartido480. El concepto de «valor compartido» puede ser deinido a través de las políticas y las prácticas operacionales que mejoran la competitividad de una empresa, a la vez que ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales -sin que peligre el ambiente- en las comunidades donde operan. La creación de valor compartido se enfoca en identificar y expandir las conexiones entre el progreso económico y social. La salud de una empresa y la salud de la comunidad donde opera caminan en la misma dirección, se retroalimentan. Una empresa necesita una comunidad exitosa, no solo para crear demanda por sus productos, sino también para brindar activos públicos cruciales y un entorno que apoye al negocio. Y una comunidad necesita empresas exitosas que ofrezcan empleos y oportunidades de creación de riqueza para sus ciudadanos. Se crea valor económico de una manera que también crea valor para la sociedad, al abordar sus necesidades y desafíos. En definitiva, se trata de una aplicación de la teoría de juegos: si todas las empresas persiguieran individualmente un valor compartido conectado con sus propios negocios, los intereses generales de la sociedad serían atendidos.
El valor compartido no debe ser solo una teoría, sino una práctica. Para crearlo, el método es cooperar, compartir, y desde el principio y a lo largo de toda la cadena de valor; es decir, en el conjunto de actividades involucradas en la creación, producción, venta, entrega y respaldo de sus productos o servicios -energía y logística, uso de recursos, abastecimiento, distribución, productividad de los empleados, ubicación...-. En otras palabras, redeiniendo la productividad en la cadena de valor, que es la estrategia que respalda, por ejemplo, a las empresas de servicios energéticos. La Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la eiciencia del uso final de la energía y los servicios energéticos deine la empresa de servicios energéticos (ESE) como «una persona física o jurídica que proporciona servicios energéticos o de mejora de la eiciencia energética en las instalaciones o locales de un usuario y afronta cierto grado de riesgo económico al hacerlo. El pago de los servicios prestados se basará -en parte o totalmente- en la obtención de mejoras de la eiciencia energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento convenidos» (art. 3, apartado i). Y esta misma estrategia debería generalizarse a muchos de los actuales servicios públicos, como puede ser la recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos481, el suministro de agua482, etc. Incluso los beneicios obtenidos gracias a las gestiones de valor compartido podrían volver -en parte, al menos- a la comunidad, si de bienes públicos comunes se tratara. Esta reversión de los beneicios y del valor compartido, por ende, se asegura en gran medida a través de las empresas de la economía social y del tercer sector483.
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Asimismo, esta práctica conlleva a reconcebir productos y mercado. En efecto, el concepto de valor compartido reconoce que las necesidades sociales, y no solo las necesidades económicas convencionales, son las que deinen los mercados. Las necesidades reales de la sociedad son enormes: nutrición saludable, gestión sostenible del agua, gestión y aprovechamiento de residuos, salud, viviendas, seguridad inanciera, protección ambiental, economía de los cuidados... Y posiblemente son las principales necesidades insatisfechas en la economía global.
Y ese valor es compartido también con las instituciones, fundamentalmente, locales, aprovechando los bienes públicos y privados de la comunidad en que se encuentra484. De esta manera se tienden puentes entre las empresas y la comunidad, donde la colaboración pública es fundamental para diseñar la estrategia de desarrollo de su comunidad. En efecto, las políticas públicas deben fomentar ámbitos de valor compartido. En este contexto, las empresas y las Administraciones pueden recuperar el respeto de la sociedad. En definitiva, se trataría de conseguir la combinación inteligente del sector privado y social con el sector público, a in de consolidar la creación de cadenas de valor añadido en nuestra sociedad. De hecho, a esa combinación se le denomina ya el «cuarto sector», como una estrategia híbrida, de innovación social, dentro de las llamadas «economías colaborativas»485.
En este contexto colaborativo se debe enmarcar la iniciativa pública económica, reconocida por nuestra Carta Magna (128.2), de una manera normalizada; y, en...
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