Garantías y derechos del detenido

Autor:Xulio Texeira; Esther González Pillado
Páginas:69-81
RESUMEN

1. Introducción: regulación. -2. Contenido: 2.1 Derecho a ser informado de los hechos que se le imputan, las razones de su detención y los derechos que le asisten. 2.2 Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el Juez y derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse... (ver resumen completo)

ÍNDICE
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1. Introducción: regulación

Los detenidos, por el hecho de la privación provisionalísima de su libertad, no dejan de ser seres humanos y, por tanto, conservan durante el período de detención todos los derechos inherentes a su condición de persona (vida, integridad psíquica y física, dignidad, intimidad, honor...). Sin embargo, como es lógico, sufren una limitación de su derecho a la libertad ambulatoria.

Como consecuencia de esta limitación de libertad, la Constitución y las Leyes le reconocen al detenido una serie de derechos que podemos considerar integrantes de la forma de práctica y mantenimiento de la detención y que pretenden garantizar su situación jurídica.

Dichos derechos y garantías deben ser observados por todas las personas que intervengan en la detención, independientemente de cuál sea el órgano que la acuerde.

La Constitución española , en su artículo 17.3, establece textualmente:

Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca.

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En consonancia con esto, el artículo 24 de la Constitución señala:

  1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

  2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

Estos artículos reconocen al detenido una serie de derechos humanos fundamentales, que también se encuentran recogidos en tratados internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9) o la Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (art. 5).

Los derechos fundamentales del detenido contenidos en la Constitución española están desarrollados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal , donde se enumeran en el artículo 520.2, que establece:

Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

  1. Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el Juez.

  2. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

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  3. Derecho a designar Abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designara Abogado se procederá a la designación de oficio.

  4. Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su país.

  5. Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano.

  6. Derecho a ser reconocido por el Médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones públicas.

    El contenido de este último artículo tiene una extraordinaria importancia en la práctica, ya que sintetiza las garantías y derechos de los detenidos cuando están privados de libertad, por lo que vamos a analizarlos, señalando además los supuestos en que los mismos pueden ser limitados cuando se decreta la detención incomunicada.

2. Contenido
2. 1 Derecho a ser informado de los hechos que se le imputan, las razones de su detención y los derechos que le asisten

La información al detenido tiene un doble contenido: causas que han determinado la detención y derechos; un plazo para efectuarse: de forma inmediata a la detención; y, una forma de practicarse: de modo que le sea comprensible.

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El apartado 2 del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la obligación de la policía, Ministerio Fiscal o Juez de informar al detenido de los hechos que se le imputan y de las razones de su privación de libertad, ya que ésta es la única forma que tiene de conocer la posición en la que se encuentra.

El artículo 537 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que no informe al detenido de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención.

Se deberá facilitar al detenido toda la información básica y fundamental que le permita conocer con exactitud los hechos y su situación jurídica. Esto implica que los agentes de policía que practiquen la detención o las autoridades que la acuerden cuando los tengan a su disposición deben exponerle los hechos por los que se ha procedido a la detención, su precalificación jurídica, la actividad investigadora que se ha desarrollado, la motivación de la detención y cualquier otro dato referente a la persona del detenido que pueda tener incidencia durante la detención.

Esta información debe ser precisa y clara, pues se vulneraría el derecho de defensa si se utilizaran con el detenido expresiones genéricas o inconcretas, que no permitieran conocer con absoluta fidelidad y certeza lo que se está depurando, pues entonces se habría cumplido con una formalidad o con un rito pero no se habrían salvaguardado las garantías procesales de quien se ve sometido a esta medida cautelar.

Respecto a cuáles son los derechos de los que debe ser informado el detenido, lo primero que debe afirmarse es que deben ponerse en su conocimiento todos los derechos que tiene en ese estado de privación de libertad, es decir, que se debe poner en su conocimiento todos los derechos regulados en los artículos 520 a 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que puedan afectar a su situación, sin que pueda reducirse esa información al elenco de derechos específicamente mencionados en el artículo 520.2 de dicha Ley. Esta es la conclusión que se debe extraer cuando...

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