Entre la esperanza, el escepticismo y algunas resistencias: el idioma gallego en el sistema educativo actual

Desde que surgió en la sociedad gallega conciencia sobre la necesidad de preservar la lengua propia y de normalizar su uso, la enseñanza se mostró continuamente como un campo privilegiado para ese proceso, en la medida en que parece la herramienta y el ámbito idóneos para conseguir dotar al alumnado de competencia lingüística plena en gallego, para favorecer actitudes de respeto y adhesión y para fomentar y asentar hábitos de uso.

Es, al mismo tiempo, casi una obviedad señalar el rol desgalleguizador desempeñado por el sistema educativo oficial en la sociedad gallega a lo largo de la historia. Sin irnos más atrás en el tiempo, desde la Ley Moyano hasta la legislación tardofranquista, pasando por la emanada en la propia Segunda República, siempre la lengua en exclusiva para la educación en las escuelas de Galiza fue el español. Aspectos básicos del vivir y del ser colectivo del país (su literatura, su música, su geografía, su medio natural, su historia, etc.) no entraron nunca a formar parte, salvo contadas excepciones, de los currículos oficiales de las correspondientes materias.

Marginación en el proceso de aprendizaje, represión de su uso espontáneo, burla de sus rasgos, difusión de prejuicios sobre su categoría, capacidad y funcionalidad, etc. fueron moneda corriente de pago para el gallego (y lo gallego) en las aulas de todos los niveles educativos, especialmente en el período de la dictadura franquista. Por no ser, no fue ni siquiera materia optativa o de librePage 260elección fuera del horario lectivo... Como ha indicado el profesor y pedagogo Costa Rico, la escolarización en Galiza, «no sólo se realiza en castellano, sino que se hace también incluso en oposición con el gallego, la lengua campesina, marinera y proletaria, considerada impropia del ministerio docente y de su uso para las tareas culturales».

Desde los estertores (controlados, eso sí) de la dictadura franquista hasta hoy, la acción reivindicativa a favor del idioma gallego de numerosas instancias cívicas, sindicales, políticas, etc. forzó soluciones provisionales o de compromiso para que ese auténtico monopolio que el español detentaba en la escuela fuese parcialmente revisado.

Partiendo de análisis hechos por el movimiento gallego de renovación pedagógica “Nova Escola Galega”, podemos decir que el camino seguido por la enseñanza a partir de 1979 para enfrentar la cuestión normalizadora se puede sintetizar en cuatro momentos sucesivos:

1) La incorporación de la lengua y de la literatura gallegas, como materia integrante del currículo, a los planes de estudio de todos los niveles no universitarios del sistema educativo gallego (Decreto de Bilingüismo, curso 1979-1980).

2) La incorporación del gallego, ya implantada la autonomía, como lengua vehicular a las clases de algunas áreas, especialmente las humanísticas, y como lengua de la Administración educativa (art. 12 a 15 de la Ley de Normalización Lingüística, de 15 de junio de 1983, Orden de 1988).

3) La incorporación del gallego como lengua vehicular a las clases de una importante batería de materias —de diferentes áreas científicas— del currículo, y la apertura de la posibilidad de conseguir un uso, mitad por mitad, de las dos lenguas presentes en la sociedad (Decreto 247/1995, modificado por el Decreto 66/1997).

4) La extensión del gallego como lengua vehicular en los distintos niveles en toda una serie de materias, llegando a un mínimo del 50% de la docencia (Decreto 124/2007).

3. Exenciones y sordera como síntoma

La llegada de Fraga Iribarne, a comienzos de los años noventa, a la Xunta de Galiza, marca un punto inevitable en el análisis de la situación del gallego en el sistema educativo, por cuanto con las orientaciones que el villalbés imprime desde el gobierno autónomo se cierra una etapa y se abre otra.

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Si hasta entonces la Administración autonómica gallega, teniendo el mismo color político “popular”, había actuado con cierto compromiso con la causa de la normalización (tímido e insuficiente, sí, pero compromiso al fin y a la postre, como pone de manifiesto la aprobación de leyes como la de Normalización en 1983 y la de uso del gallego en los ayuntamientos en 1988), la nueva Xunta fraguiana elaboró el concepto del “bilingüismo harmónico”, declaró oficialmente extinto el conflicto lingüístico, consideró suficientemente “normalizado” el gallego en los niveles en que estaba y se dedicó a un laissez faire tramposo y a una política de “homenaje” y “exaltación”, totalmente homologable a una fiesta de exaltación gastronómica, que consistía, dicho sea para que se entienda fácilmente, en hablar maravillas del gallego pero no promocionar, fomentar, facilitar, etc. que se hablase y escribiese normalmente en gallego, lo que originó, como lúcida desmontaje analítica, el siguiente “retrouso”: «Al gallego hay que quererlo menos y usarlo más»...

La voluntad “normalizadora” que Fraga y su equipo llevaron a la enseñanza se pone de manifiesto en sendos decretos, el 79/1994 y 247/1995, a cada cual más significativo, por razones bien distintas. El primero de ellos reglamentaba la exención del gallego en la enseñanza no universitaria, ampliando de dos a cuatro años la dispensa para alumnos y alumnas procedentes de otras comunidades y concediéndosela automáticamente a aquellos que presentasen deficiencias auditivas... Era, pues, un velado intento de convertir, por la vía de la sordera o del origen foráneo, el gallego en idioma no obligatorio ni universal en la enseñanza en Galiza.

La publicación de este decreto desató, como es lógico, una intensa campaña de protesta, con recogida de más de 7.000 firmas de profesores, pronunciamientos de numerosos claustros y departamentos, etc. La campaña culminaría con la presentación de una denuncia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, que dictaría en noviembre de 1997 sentencia anulatoria del artículo de las deficiencias auditivas, por considerarlo, citamos literalmente, «absurdo e incomprensible».

No fue la única ocasión en que la falta de voluntad política normalizadora de la Consellería de Educación quedó de manifiesto. Al inicio del curso 1998- 1999, la citada Consellería enviaría a los centros diverso material audiovisual en español para materias de obligado uso del gallego (biología y geología). En el curso 2000/2001 adscribiría inicialmente en exclusiva la materia opcional de Literatura Universal Contemporánea a los departamentos de Lengua Española... y tutto così.

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A su vez, el Decreto 247/1995, de 14 de septiembre (modificado por el Decreto 66/1997), suponía fundamentalmente un aggiornamento de la vieja orden del año 1988 a las disposiciones emanadas de la LOXSE. Presentado por parte de la Administración fraguiana como un gran paso adelante en la normalización social del gallego y como muestra irrebatible de su compromiso con el idioma, su contenido era, en realidad, muy pírrico y timorato, pero lo relevante no era tanto eso como lo que ocurrió posteriormente con su aplicación, o por mejor decir, con su no aplicación.

El Decreto declaraba el gallego lengua oficial de la Administración educativa en Galiza (capítulo I, art. 1). Equiparaba número de horas de enseñanza de la lengua gallega y de la lengua castellana (art. 3) y establecía el deber de impartirlas en la correspondiente lengua (gallego en gallego; castellano en castellano) (art. 3). En educación infantil y primer ciclo de primaria debería usarse «la lengua materna predominante entre el alumnado», aunque el profesorado debería cuidar que los alumnos/las adquiriesen «de forma oral y escrita el conocimiento de la otra lengua oficial de Galicia» (art. 4.1) y debería prestar atención individualizada a los alumnos «que no tengan conocimiento suficiente de la lengua materna predominante» (art. 4.2.). En el segundo y tercero ciclos de primaria deberían impartirse en gallego «dos áreas de conocimiento, cuando menos, siendo una de ellas el área de conocimiento del medio natural, social y cultural» (art. 4.3). En la ESO, se proclamaba, «se impartirá en gallego el área de ciencias sociales (geografía y historia) y el área de ciencias de la naturaleza» (art. 5.1). Dentro de las optativas, se añadía, «se impartirán en gallego las ciencias medioambientales y de la salud y, si es el caso, la optativa ofertada por el centro» (art. 5.2.).

Por lo que respecta al bachillerato, para el primer curso el citado decreto establecía como materias a impartir en gallego (art. 6.1) la común de Filosofía y las específicas de modalidad Tecnología Industrial (para bach. tecnológico), Biología y Geología (bach. de ciencias), Historia del Mundo Contemporáneo (bach. humanístico) y Dibujo Técnico (bach. de artes). Por su vez, para segundo curso marcaba a impartir en gallego (art. 6.2.) la Historia como materia común y, dentro de cada modalidad de bachillerato, la Tecnología Industrial y el Dibujo Técnico (para bach. tecnológico); las Ciencias de la Tierra y el Dibujo Técnico (bach. de ciencias); la Geografía, Historia del Arte e Historia de la Filosofía (bach. humanístico) y, por último, la Historia del Arte (bach. de artes). También se establecía (art. 6.3.) que se impartirían en gallego las optativas de

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Ética y Filosofía del Derecho, Introducción a las Ciencias Políticas y a la Sociología e Historia y Geografía de Galicia.

Por lo que toca a la FP específica de grado medio, se determinaba muy genéricamente que el alumnado recibiría «enseñanza en gallego en las áreas de conocimiento teórico-práctico que faciliten su integración socio-laboral» (art. 6.4.). Finalmente, el artículo 7 de este Decreto sentaba taxativamente que «los alumnos y alumnas no podrán ser separados en centros ni aulas diferentes por razón de lengua», mientras que en el artículo 8 se señalaba que en las áreas a impartir en gallego «se debe procurar que los alumnos y alumnas la utilicen en las manifestaciones orales y escritas» y que los materiales que se empleen en ellas «estarán escritos normalmente en gallego».

Fueron inmediatas las denuncias por incumplimiento flagrante en centros públicos de localidades como Vigo, A Coruña, Ponteareas, Nigrán, Santiago... La “Plataforma polo Ensino en Galego” (nacida en 1987 e integrada por los sindicatos CCOO, CIG y STEG y por los movimientos de renovación pedagógica AS-PG y “Nova Escola Galega”, aunque actualmente inoperativa por diversas razones) inició en 1996 movilizaciones diversas para que el Decreto se cumpliese efectivamente. En paralelo, auspiciados por la “Mesa pola Normalización Lingüística”, se constituyen en ese mismo año dos colectivos, el de “Pais e Nais polo Ensino en Galego” y el de la “Mocidade pola Normalización Lingüística”. Se suceden las recogidas de firmas entre alumnado, padres y madres, docentes, etc. El 22 de abril de 1998 tiene lugar una movilización estudiantil masiva a favor del idioma, a la que seguirán otra semejante el 26 de enero de 2000 y sendas movilizaciones consecutivas (2001 y 2002) el 17 de mayo, “Días das Letras Galegas”, bajo los lemas “O galego no ensino, materia pendente” e “Polo direito elemental a aprender en galego”, respectivamente.

Toda esta intensa y prolongada movilización no fue capaz de mover un ápice la voluntad inequívoca de “mirar para otro lado” de los responsables políticos y administrativos de la Consellería de Educación, todavía en manos “populares”, incluso cuando el propio organismo tenía pruebas más que suficientes del fracaso y del fraude sin paliativos que estaba constituyendo su gestión al respecto.

Efectivamente, en el transcurso del ejercicio académico 1997/1998, la Consellería realiza una encuesta sobre el grado de cumplimiento del Decreto. Los resultados, que hace públicos en diciembre de 1999, son desoladores: a ) sólo enPage 264un 30% de las aulas de infantil y en un 17% de primer ciclo de primaria el aprendizaje de lectoescritura se hace en gallego; b ) un 22,5% de los centros no imparten la materia de Conocimiento del Medio en gallego en segundo y tercer ciclo de primaria; c ) el grado de incumplimiento en el bachillerato es del 46,3%; d ) sólo el 41% del profesorado de bachillerato y el 56% de FP imparte en gallego las áreas que son preceptivas; e ) alrededor del 40% del profesorado declara no sentirse capacitado para impartir docencia en gallego.

Frente a estos datos, se hablará abiertamente ya desde muchos sectores de un incumplimiento flagrante de la legislación vigente, producto de la desidia de la Administración educativa y fruto de la falta de planificación. En paralelo, se conocen públicamente en 1996 los resultados del segundo volumen de la macroencuesta “Mapa sociolingüístico de Galicia”, realizada por la Academia Gallega. En lo referente a la enseñanza, destacaremos únicamente este dato revelador: de los mayores de 25 años que piensan que la escuela influyó en su conducta lingüística, el 94,1% piensa que fue a favor del castellano...

El Instituto Galego de Estatística ofrecerá más datos, derivados de una recogida efectuada en 2003: más del 60% del alumnado gallego declara recibir clase sólo o mayoritariamente en castellano y más de un 15% no recibe ni una sola materia en gallego.

La conclusión a la que había que llegar era clara: la enseñanza no sólo no estaba siendo palanca de avance en la normalización del gallego, sino que perseveraba en ser, en triste continuidad histórica, un elemento clave para su proceso de pérdida intergeneracional y su declive social.

A comienzos del curso 2003-2004, tras constatar que tres de cada cuatro centros no impartían en gallego las materias estipuladas en el Decreto 247/1995, después de ocho años ya de haber sido promulgado, “A Mesa” presentará denuncia judicial contra veinte inspectores educativos por negligencia en la vigilancia del cumplimiento de ese Decreto, dado que en su artículo 11 éste rezaba: «La inspección educativa velará por el cumplimiento de lo establecido en el presente decreto».

Esta denuncia surtirá sus efectos prácticos, a juzgar por lo que la propia “Mesa” señala en su boletín (nº 47, invierno 2004, pág. 8): «pudimos constatar que hubo algunos leves avances, especialmente en lo referido a los libros de texto [...] el cuerpo de inspectores e inspectoras actúa ya en este curso escolar como nunca había actuado antes para velar por los minimísimos legales de docencia prescriptiva en gallego». Con todo, en 2006 el Tribunal Superior dePage 265Xustiza de Galiza desestimará la denuncia. La reacción de la entidad cívica será reiterarla, aunque esta vez delante del Consejo de Europa, alegando incumplimiento por parte de las autoridades educativas estatales y autonómicas de lo dispuesto en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en materia de enseñanza en Galiza, e impulsar una nueva movilización estudiantil, que tiene lugar el 8 de noviembre de 2006 y que consigue un seguimiento muy masivo, de casi el 90%.

Mientras una parte de la comunidad educativa preocupada por la situación del gallego centraba lógicamente sus esfuerzos en denunciar el flagrante incumplimiento de la legislación, como acabamos de relatar, algunos sectores pusieron manos a la obra para presentar alternativas concretas.

En marzo de 1999, el movimiento de renovación pedagógica “Nova Escola Galega” presenta un nuevo Modelo para a normalización lingüística do galego no sistema educativo . Nos interesa destacar de esta propuesta, entre otros muchos posibles, dos aspectos: a ) el análisis previo que realiza sobre el grado de implicación mostrado por la administración educativa en esa labor; b ) el diseño de líneas generales básicas a seguir en la implementación de un modelo de normalización.

Cuanto al primer aspecto, NEG destacaba que la normalización del gallego en la enseñanza había sido hasta esa altura «una experiencia implanificada, procesualmente discontinua, episódica y voluntarista. Implanificada, en la medida en que carece de la definición de objetivos normalizadores, de las estrategias encaminadas a su consecución y de los procedimientos de evaluación que nos permitan conocer los resultados e introducir avances en los procesos. Voluntarista, en la medida en que sigue a ser una opción personal del profesorado». La falta de compromiso y de apoyo por parte de la Administración se evaluaba como «una de las notas características» del período precedente, destacando que «la carencia de un modelo lingüístico normalizador, así como el nivel de incumplimiento de la normativa legal, son dos de los indicadores más claros. Esta actitud por parte de la Administración contribuye a fortalecer creencias y actitudes del profesorado poco favorables al proceso de extensión de la enseñanza en gallego».

Para NEG, ese desinterés de la Administración tenía aún más manifestaciones palpables, entre las que se señalaban «la falta de reglamentación en aspectosPage 266relevantes como la adscripción del profesorado o la no incentivación como mérito docente de la enseñanza en gallego; la ausencia de directrices, prescripciones y pautas claras que orienten la progresión del proceso en el espacio curricular; la debilidad en los requerimientos de competencia oral y escrita en las pruebas de acceso a los cuerpos de profesorado de enseñanza no universitaria; la ausencia de control para que lo dispuesto legalmente se cumpla y la traslación de la responsabilidad en la extensión de la enseñanza en gallego a los centros, más concretamente a los equipos de normalización lingüística; la escasa atención prestada a la formación pedagógica y sociolingüística del profesorado en los cursos de iniciación y perfeccionamiento y la falta de una política de promoción eficaz de la edición de material didáctico en gallego».

Por otra parte, como dijimos, NEG marcará con claridad las líneas maestras del modelo alternativo que propone y que el STEG asumirá como propio. Dicho resumidamente, debe contemplar todo el sistema educativo gallego; debe ser progresivo (previendo situaciones o fases de transición); debe tener en cuenta las distintas realidades lingüísticas existentes entre la población escolar; debe atender a la adquisición de competencias también en otras lenguas extranjeras; debe definir el soporte material y humano que lo dinamice y ponga en práctica y, sobre todo y finalmente, debe fijar un punto terminal normalizador, esto es, un momento en el que, luego del proceso previo, se entiende que todos los alumnos y alumnas consiguieron la competencia necesaria para que el gallego pueda ser ya la lengua de uso en la enseñanza a todos los niveles. NEG propone en su documento que ese momento se fije (como hipótesis más dilatada) en los 12 años, coincidiendo con el fin de la etapa de educación primaria.

En el mes de septiembre de 2004, concretamente el día 22, el Parlamento gallego aprueba, por unanimidad de las tres fuerzas políticas en él representadas, BNG, PSOE y PP, el Plan General de Normalización de la Lengua Gallega. Se trata de un documento de trabajo dividido en siete grandes sectores (Administración; Educación, Familia y Sociedad; Medios de Comunicación e Industrias Culturales; Economía; Sanidad; Sociedad; y, por último, Proyección Exterior), sin carácter normativo, elaborado por un conjunto de comisiones de expertos presididas por el académico Manuel González y que establece objetivos, puntos fuertes y débiles y un total de cuatrocientas cuarenta y cinco medidas concretas de actuación, lógicamente de muy diversa índole y alcance. Su aplicación deberá desarrollarse en los próximos diez años.

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En sus preámbulos se reconocía, hablando de la enseñanza, que la legislación hasta entonces vigente podía no ser la que respondiese adecuadamente a los problemas y retos del idioma gallego en el inmediato futuro; que en muchos centros la legislación al respecto no se cumplía; que la presencia del gallego en infantil y primaria era mínima; que la ambientalidad lingüística era muy favorable al castellano y hacía que muchos padres y madres gallego-hablantes tendieran a favorecer el castellano en las relaciones con sus propios hijos; que faltaba preparación en un sector del profesorado y materiales adecuados a su disposición; que no había auténtica planificación educativa para garantizar que el alumnado desarrollase competencia semejante en las dos lenguas cooficiales; etc., etc. En definitiva, que eran muchos los defectos, disfunciones y fracasos como para que la situación del gallego en la enseñanza siguiese por el mismo camino.

En la perspectiva de corregir la situación, el Plan contemplaba diversas medidas, enunciadas, eso sí, como intenciones más que como preceptos: que se lleve a cabo un plan de información y sensibilización de la comunidad educativa; que el conocimiento del gallego se convierta en requisito imprescindible para acceder a la docencia; que los equipos de NL sean dotados de mayor capacidad, reconocimiento y profesionalización; que cuando menos un 50% de las materias se impartan en gallego en primaria, secundaria y ciclos; que la lengua de Rosalía tenga mayor presencia en el área científico-técnica; que se implemente un incremento significativo del gallego en educación infantil (hasta un 30% de gallego en áreas donde el castellano sea lengua predominante); etc.

Cuando las medidas del Plan aguardaban aún la implementación y el nuevo gobierno bipartito salido de las urnas autonómicas PSOE-BNG estaba, como quien dice, acabando de instalarse en los despachos de San Caetano, el Consello Escolar de Galiza, un ente colegiado creado en 1986 como “foro de participación de la sociedad en la educación” y en el que están representados todos los sectores de la comunidad educativa (profesorado de la pública y la privada, personal de administración y servicios, ANPAS, asociaciones de alumnado, universidades gallegas, sindicatos de profesores, organizaciones empresariales, representantes de las distintas administraciones, titulares de centros privados, movimientos de renovación pedagógica...) emitió su “Informe sobre o estado e a situación do sistema educativo en Galiza”, correspondiente a los cursosPage 2682002-2003, 2003-2004 y 2004-2005, logrando llamar la atención de muchos sectores de la comunidad educativa (y no sólo educativa) sobre la desconsoladora y preocupante radiografía que presentaba sobre la situación particular del idioma gallego en este ámbito.

Efectivamente, el citado Informe alertaba, en primer lugar, sobre el papel desgalleguizador que, después de veinticinco años de régimen autonómico, continuaba a desempeñar la enseñanza, especialmente en infantil y en el primer ciclo de la primaria, llamando la atención, por ejemplo, sobre la absoluta desproporción en el uso de una u otra lengua en el aprendizaje de lectoescritura.

Se hacía eco, igualmente, del hecho de que más de una cuarta parte del profesorado que impartía clases en los tramos no obligatorios declarase carecer de competencia para desarrollar la docencia en gallego. Señalaba, a continuación, la falta de materiales para poder impartir en la lengua propia de Galiza deter- minadas asignaturas, así como la descorazonadora persistencia de prejuicios lingüísticos muy enraizados en la comunidad educativa y escolar. Además, señalaba el incumplimiento general y en altísimos porcentajes por cada nivel de la legislación relativa a las materias que se debían ofrecer en gallego.

Tocante a los equipos de normalización lingüística (ENL), destacaba debilidades importantes en su funcionamiento, desviaciones de su objeto e insuficiencia de medios. Advertía también sobre la necesidad de mejorar la formación sociolingüística del profesorado. Finalmente, el Consello Escolar de Galiza reclamaba posturas y medidas más decididas a favor del gallego por parte de la Administración educativa, para poner remedio a la situación reflejada en su Informe.

En febrero de 2007, los medios de comunicación se hacían eco del consenso conseguido entre las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria autonómica, BNG, PSOE y PP, de cara a la confección, en el marco de la LOE, de un nuevo decreto para el uso y normalización de la lengua gallega en la enseñanza, que tomaría como referencia diversos instrumentos jurídico-normativos vigentes en las Illes Balears, como es el caso de la Ordre nº 17348, de 27 d’agost de 1994, del Conseller de Cultura, Educació i Esports sobre l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua vehicular en l’ensenyament no universitari , que estableció el deber de contemplar el Proyecto lingüístico de centro en el PEC, teniendo como objetivo último e ineludible « assegurar que elsPage 269alumnes tenen al final del període d’escolaritat obligatòria, el domini oral i escrit de les dues llengües postulat en l’article 20.1 de la Llei de normalització lingüística », y que también estableció que se procediese a « la implantació progressiva de la llengua catalana en l’ensenyament i en els actes administratius, socials i culturals ».

Ese nuevo Decreto, el 124/2007, fue firmado el 28 de Junio de 2007 y publicado en el Diario Oficial de Galicia dos días más tarde. El nuevo texto legal dispone que el alumnado de primaria haya de recibir, como mínimo, el 50% de la docencia en lengua gallega, siendo de impartición obligatoria en esta lengua las áreas de Matemáticas, Conocimiento del medio y Educación para la Ciudadanía. En la secundaria, se impartirán en gallego también, como mínimo, el 50% de las materias, debiendo impartirse en la lengua de Rosalía las materias de Ciencias de la Naturaleza (Biología, Geología, Física y Química), Ciencias Sociales (Geografía y Historia), Matemáticas y Educación para la Ciudadanía.

Además, el Decreto dispone que el profesorado en prácticas deberá pasar un curso de formación específico para garantizar su capacitación lingüística e implanta la obligatoriedad de que cada centro educativo elabore un Proyecto lingüístico de centro, como parte del PEC, que ha de contemplar las lenguas que se deben emplear en las áreas, materia, módulos o ámbitos de conocimiento distintos de los señalados en los artículos 7 y 12, medidas de refuerzo y apoyo en lo que afecta al fomento del plurilingüismo, criterios para determinar la lengua predominante del entorno y medidas que se adoptarán con el alumnado que no tenga suficiente dominio de las lenguas cooficiales.

Varias valoraciones provisionales son representativas del estado de ánimo, entre escéptico y esperanzado, con que fue recibido el nuevo Decreto en muchos sectores favorables al gallego. Mientras Nova Escola Galega lo veía como un avance evidente respecto de la situación anterior, siempre y cuando se cumpliese lo establecido en el decreto, y “A Mesa” lo consideraba «un buen punto de partida», el STEG lo calificaba de «poco ambicioso e insuficiente».

El Decreto, claro está, no puede colmar los deseos y aspiraciones de quienes defienden —y me incluyo— la plena (todo lo gradual y acompasada que se necesite, pero plena) galleguización de la enseñanza. Con todo, no se puede menospreciar el efecto que su mera existencia y su inicial aplicación en el presente curso 2007/2008, con todas las insuficiencias e incumplimientos que haPage 270habido, ha causado en sectores sociales absolutamente refractarios (por prejuicios ambientales, ideológicos, familiares, etc.) al idioma gallego.

Efectivamente, entre las consecuencias inmediatas del Decreto cabe señalar, al lado de muy variadas muestras de desagrado y disconformidad entre sectores minoritarios del profesorado (negativa de algunos departamentos de Lengua Española a presentar su programación del curso en lengua gallega, por ejemplo), el surgimiento en varias ciudades del país, con epicentro en Vigo, de una entidad asociativa denominada inicialmente “Tan gallego como el gallego” y posteriormente, desde julio de 2007, “Galicia Bilingüe”, que agrupa pequeños sectores del profesorado, miembros de algunas ANPA, políticos locales “populares”, etc. y que postula, envolviéndose cínicamente en la bandera de la “libertad lingüística” y apelando a un presunto sacrosanto “derecho de elección de los padres” (como en el caso de la objeción a la Educación para la Ciudadanía... y contra lo que ha establecido, con respecto a la obligatoriedad del estudio y aprendizaje de las lenguas cooficiales el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, como la 195/1989, la 214/1989 y la 337/1994), el establecimiento de un sistema de apartheid idiomático, con dos sistemas educativos en paralelo (esto es, aulas diferenciadas), uno en castellano y otro en gallego, a elegir “libremente” por los alumnos y sus padres.

La entidad se opone, en síntesis, a que el gallego avance en la enseñanza, a que sea lengua vehicular en cualquier nivel con carácter general, a que todos los niños y niñas se familiaricen y hagan competentes en gallego, lengua propia de Galiza, no sólo mediante el estudio de la materia en sí, sino también por medio de su empleo y uso habitual en el aula.

“Galicia Bilingüe” ha presentado recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 124/2007, ha elevado un informe propio al Secretariado de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa, tras entender que «los informes remitidos por el Gobierno contienen datos claramente sesgados para tratar de justificar las políticas lingüísticas impositivas (sic)», y, poniendo la guinda a su pastel, ha reclamado recientemente, en rueda de prensa, que se derogue la actual Ley de Normalización y se substituya por una “Ley de Política Lingüística” que ha de girar, siempre según su opinión, sobre presupuestos como los que a continuación se relacionan: rotulación bilingüe en todas las dependencias oficiales; reconocimiento del derecho a la elección de lengua docente a los padres; separación del alumnado en función de la lengua docente elegida; y, (citamos literalmente porque ha de resultar más revelador que mil explicaciones que diésemos sobre el “curioso” con-Page 271cepto de cooficialidad que subyace en el ideario de esta entidad) «que el conocimiento del gallego no sea requisito indispensable para acceder a un empleo público ni sea valorado de manera desproporcionada (sic)».

Este nuevo sarpullido antinormalizador tiene antecedentes en la sociedad gallega, muy minoritarios, pero siempre bien tratados por determinadas terminales mediáticas y por aquellos sectores más hostiles al carácter plurilingüe del Estado y a las lenguas que no son el castellano. Cuando se incorporó oficialmente el gallego como materia a la enseñanza, a comienzos de los años ochenta, la resistencia apareció con el nombre de AGLI (Asociación Gallega para la Libertad de Idioma) —siempre la invocación “libertaria” de por medio...— y en aquel momento se pedía que frente a la “imposición” de su estudio, el gallego fuese materia optativa («gallego para el que lo quiera»).

Lo relevante, en todo caso, es que la vigorosa reacción de esta minoría profundamente contraria al idioma gallego (contestada inmediatamente por numerosas entidades representativas de la comunidad educativa gallega: sindicatos, ANPA, movimientos de renovación pedagógica, entidades estudiantiles, etc.) nos indica a las claras que el Decreto 124/2007 encierra potencialidades normalizadoras muy interesantes y necesarias. Ya que esas potencialidades no pasaron desapercibidas para el fino olfato retrógrado, unitarista y victimista de “Galicia Bilingüe”, los que sí apostamos porque Galiza pueda vivir con normalidad en su lengua debemos hacer ahora todo lo posible para que la aplicación del Decreto no sea el mismo cuento de la buena pipa que nunca acaba de aplicarse, como sucedió con su antecesor...

Comenzábamos aludiendo a la esperanzada brisa que recorrió muchos ánimos gallegófilos cuando se produjo en 2005 un cambio político en el escenario autonómico. El tiempo transcurrido desde entonces permite ya extender un juicio, todo lo subjetivo y parcial que se quiera, que no puede ser sino forzosamente negativo, por decepcionante: pocas, muy pocas cosas han mudado en la política lingüística desplegada por el bipartito, excepción hecha del Decreto que afecta a la enseñanza, cuyo grado de cumplimiento y cuyos resultados efectivos a corto y medio plazo están aún por ver.

¿Pensarán estos servidores nuestros de la “res pública” que sólo de la enseñanza (o para la enseñanza) vive el idioma gallego? ¿Pensarán en la existencia dePage 272otros ámbitos, de otras medidas, de otros agentes y de otros destinatarios para la necesaria planificación lingüística a desarrollar?

Nova Escola Galega, una entidad sociopedagógica emblemática que viene de cumplir su 25 aniversario en fechas recientes, denunciaba el pasado 30 de marzo que la Consellería de Educación estaba dejando la aplicación real del Decreto en “papel mojado”, cuando lo cierto es que, de cumplirse fielmente, podría contribuir eficazmente a la corrección «de la desigualdad lingüística clamorosa a la que se ve sometido el gallego». Mediado el curso 2007/2008, no se llevaron a cabo actuaciones dirigidas a la necesaria divulgación de los contenidos y objetivos de ese decreto entre los miembros de la comunidad educativa (alumnado, padres y madres...) y muchos participantes en la labor docente podríamos testimoniar, desde ya, toda una galería de incumplimientos de la normativa en no pocos centros de nuestro contorno geográfico y profesional más inmediato.

En todo caso, hace falta que intensifiquemos esfuerzos para la normalización del gallego en el sistema educativo. Es un derecho de nuestro alumnado, un deber del profesorado y un objetivo para una enseñanza de verdadera calidad. Hace falta que se reorganicen y vivifiquen plataformas unitarias a favor de la galleguización de la enseñanza, que se dinamicen más y mejor los equipos de normalización, que se participe activamente en las ANPA, que se arrope el debate y el trabajo de las organizaciones de estudiantes, que se mejore la propia actividad docente, que se ofrezca más y mejor formación específica sobre didáctica de la lengua y didáctica en la lengua, que se intensifique el conocimiento y el contacto con otros sistemas educativos orientados al mismo tiempo y sin contradicción a la preservación y potenciación de las lenguas propias minorizadas, y al ejercicio y capacitación en el plurilingüismo.

Hace falta, en síntesis, aprovechar la coyuntura, verdaderamente crítica en términos globales, en lo que tiene de distinta a tiempos anteriores, para lograr a partir del nuevo Decreto del 2007 siquiera un pequeño avance sectorial, para consolidar posiciones, para fortalecerse frente a futuros hipotéticos escenarios en que la voluntad de la Administración pueda mudar para peor o se haga más tibia. En la enseñanza, como en muchos otros ámbitos, el gallego está necesitado de un nuevo impulso y todas las fuerzas que se puedan juntar para eso serán pocas.

No vaya a ser que frente a la hostilidad latente o desafiante de unos; la impotencia, el cansancio y el escepticismo de otros, y la indiferencia de los más, le pase a la lengua gallega, signo máximo de nuestra identidad colectiva, aquello del cuento, que «entre todos la mataron y ella sola se murió».