Efectos del sobreseimiento provisional

Autor:María Luisa Villamarín López
Cargo del Autor:Doctora en Derecho UCM
CONTENIDO
  1. Paralización del proceso penal

    Paralización de la causa y archivo de las actuaciones

    El principal efecto que deriva de los autos de sobreseimiento provisional es la paralización del curso del proceso, al carecerse de base suficiente para proceder a la apertura del juicio oral. En estos casos, y siempre que el sobreseimiento fuere total, deberán, como diría la doctrina del XIX, archivarse642 las actuaciones “sin perjuicio”(art. 634.III LECr ).

    Cosa juzgada y firmeza del auto de sobreseimiento

    Como de forma unánime han sostenido nuestra doctrina643 y jurisprudencia644, los autos de sobreseimiento provisional, a diferencia de los de sobreseimiento libre645, carecen de fuerza de cosa juzgada material por no ser definitivos646. No obstante, esta afirmación no empece para que pueda reconocerse a estas resoluciones una eficacia intraprocesal, cual es la fuerza de cosa juzgada formal647, de la que dependen la mayoría de sus efectos y que, sólo en parte, coincide con la firmeza que suele predicarse de estos autos.

    Superadas las confusiones que otrora se produjeron en torno a esta cuestión648, en la actualidad nuestros tribunales y la doctrina reconocen sin vacilaciones que los autos de sobreseimiento provisional son susceptibles de adquirir firmeza cuando contra ellos ya no quepa recurso alguno649. Desde el momento en que devienen firmes, estos autos dejan expedito el camino para el ejercicio de la acción civil por separado y para continuar los procesos —civiles, contenciosos o laborales— que estuvieren pendientes de una respuesta en el orden penal.

    Mas no son éstas las únicas resultas a que da lugar la fuerza de cosa juzgada formal, puesto que de esta eficacia también se deriva la obligación de mantener paralizada la causa hasta que no aparezcan datos o informaciones nuevas. De hecho, si bien es cierto que tras los autos de sobreseimiento provisional los órganos judiciales pueden volver a conocer “sobre lo mismo”, puesto que no se ha dado una respuesta definitiva sobre la acción penal, sí que opera una limitación de naturaleza similar al ne bis in idem en el seno del proceso, que determina que éste pueda reabrirse únicamente sobre la base de “algo distinto”. A esta eficacia parece referirse el Tribunal Supremo en su Sentencia de 30 de junio de 1997 (RAJ 4959) cuando, reaccionando ante una injustificada reapertura de la causa por parte del tribunal, afirma que con esta actitud se “desconoce el efecto de cosa juzgada que tiene el auto de sobreseimiento provisional en lo que concierne a la suficiencia de los elementos de comprobación obrantes en la causa para continuar con el proceso”.

    Así pues, puede afirmarse que el efecto de la cosa juzgada formal determina los presupuestos que hacen posible la reapertura de las causas650, garantizando de

    este modo que el estado en que permanezca el proceso tras estas resoluciones goce de cierta estabilidad, mientras no haya una razón suficiente que la enerve651.

    Posibilidad de reapertura de la causa

    Una de las principales notas que caracterizan al auto de sobreseimiento provisional, frente al libre, es la ausencia de fuerza de cosa juzgada material que deriva de estas resoluciones. El proceso no concluye, sino que simplemente se paraliza a la espera de que aparezcan datos que permitan su continuación. Con la reapertura se cumple, por tanto, la principal función del sobreseimiento provisional: salvar el estado de duda originado en los supuestos de insuficiencia probatoria.

    Pese a su importancia, la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se refiere en ningún momento a la reapertura de la causa. Sus notas han sido fijadas por los tribunales, ya que la doctrina tampoco ha mostrado especial interés por su, no siempre clara, delimitación. Consideramos que esta falta de tratamiento tanto legal como doctrinal hace más complicada la aplicación correcta del sobreseimiento provisional y de sus consecuencias. Por ello, en este punto pretendemos abordar el estudio de la reapertura de las actuaciones, no sólo en España, sino también en algunos países extranjeros en los que el legislador sí se ha preocupado de abordar esta materia.

    1. Los presupuestos que dan lugar a la reapertura

      Dos son los presupuestos que deben predicarse de los elementos probatorios que dan lugar a la reapertura de la causa: la novedad y la suficiencia.

      En primer lugar, y como señala tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria, la reapertura tendrá lugar cuando se traigan a la causa nuevos datos o elementos probatorios65. Esto no significa que estos datos deban ser de nueva creación, sino que basta que no hayan obrado anteriormente en la causa (STS de 30 de junio de 1997 —RAJ 4959—). A modo de ejemplo, será susceptible de dejar sin efecto el auto de sobreseimiento provisional la aparición de documentos firmados en el momento de cometerse el delito o el hallazgo del arma con el que se perpetró la acción delictiva o el conocimiento de un nuevo testigo presencial que aporte datos importantes, siempre que no se hubieren aportado al proceso antes de la decisión de sobreseer provisionalmente. Esto significa que no se puede aportar cualquier documento a la causa con tal de despejar la situación de duda; es de esencia del sobreseimiento provisional la necesidad de haber agotado previamente la investigación: se requiere que de los elementos obtenidos no quepa extraer otra conclusión que la duda, impidiendo tanto la continuación del proceso como su cesación definitiva. No se puede convertir la reapertura en una semi-continuación de una instrucción que en un cierto momento se dio por finalizada. Por ende, no cabría interesar la reapertura presentando los mismos datos que ya se consideraron, ni siquiera si éstos no se tuvieron en cuenta por la parte acusadora debido a un error suyo, ya que, como señaló el Tribunal Supremo en su Sentencia de 30 de junio de 1997 (RAJ 4959), habría precluido su derecho para proceder a un nuevo examen de los mismos653.

      Este presupuesto de “novedad” coincide con la primera exigencia que contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la revisión de sentencias firmes en los casos en que llegue a conocerse la existencia de nuevos hechos o nuevos elementos de prueba que evidencien la inocencia del condenado (art. 954.4° LECr )654. La doctrina que se ha ocupado de estudiar este precepto coincide en que deben entenderse por “nuevos” los hechos o elementos probatorios que hubieren sido ignorados por el tribunal y que, por tanto, no pudieron tenerse en cuenta a la hora de dictar sentencia655. Basta, por tanto, que no hayan sido alegados, con independencia de que fueran de producción anterior a la misma, que se conocieran o no por las partes656. Así pues, cabe afirmar que, pese a que esa coincidencia no se puede establecer respecto del presupuesto de suficiencia que veremos a continuación (reaperturasuficiencia de los elementos para justificar la apertura del juicio/ revisiónconvicción de la inocencia del sujeto), sí se puede partir de un mismo concepto de “novedad”. Y ello porque, si bien el auto de sobreseimiento provisional no goza de la eficacia de cosa juzgada material, sí que se reconoce un cierto efecto preclusivo respecto del material probatorio obtenido en la fase sumarial. El agotamiento de la instrucción es presupuesto necesario del auto de sobreseimiento provisional y, por ello, sólo un cambio de circunstancias, igual que sucede en sede de revisión, puede justificar la reapertura del proceso.

      Mas la novedad de los datos no debe ser mérito bastante para volver a abrir el proceso. La segunda nota que debe postularse de los elementos probatorios debe ser la suficiencia para despejar la duda sobre el hecho delictivo o los sujetos que lo cometieron. En este sentido la jurisprudencia se pronuncia en los siguientes términos: que las nuevas pruebas sean “demostrativas de la existencia del delito imputado o de la participación de determinadas personas” (STC 40/1988, de 10 de marzo), de tal forma que ofrezcan “nuevos datos o nuevas perspectivas de éxito en la investigación en orden a la certeza del hecho o de sus autores o partícipes en cuanto presupuestos de la continuidad procesal penal” (STS de 7 de abril de 1987 —RAJ 2463—). El control de la suficiencia quedará en manos del tribunal, que deberá comprobar que efectivamente concurren los presupuestos necesarios para que se reabra un proceso con ciertas garantías de éxito. Ahora bien, cabe plantearse si con este “éxito” únicamente se hace referencia al descubrimiento de elementos probatorios destinados a la apertura del juicio oral. A veces parece ser ésta la conclusión a la que llegan algunos procesalistas657. Difícilmente se puede inferir otra conclusión si se parte de la idea de que los acusadores son los únicos que pueden solicitar esta reapertura. Mas nosotros consideramos que la posibilidad de aportar nuevas pruebas a la causa no es tarea privativa de los acusadores, sino que también el tribunal puede tener conocimiento de forma directa o indirecta de nuevos elementos probatorios que apunten tanto a la probabilidad de abrir el juicio oral, como a la apreciación de alguno de los motivos que dan lugar al sobreseimiento libre. De este modo, la reapertura servirá casi con total seguridad para poner fin al estado interino en que permanece la causa desde que se adoptó la resolución de sobreseimiento provisional.

      Debido a la escasa preocupación en España por esta materia, resulta interesante hacer en este apartado una breve exposición de los presupuestos que permiten en Alemania la reapertura del proceso, una vez que se ha rechazado la celebración del juicio oral. El parágrafo 211 StPO establece lo siguiente:

      “Rechazada la apertura del juicio oral mediante una resolución irrecurrible, la acción únicamente podrá ser ejercitada de nuevo en virtud de nuevos hechos o medios de prueba”(la traducción es nuestra)658.

      La doctrina alemana se ha ocupado del estudio de las condiciones de esta reapertura, interpretando e integrando el parágrafo antes citado. Destacan los autores dos presupuestos que condicionan el nuevo ejercicio de la acción y que muestran gran semejanza con los que antes postulábamos para nuestro país.

      En primer lugar, se requiere que los hechos o los medios de prueba sean nuevos. La novedad se predica de aquéllos que eran desconocidos para el juez en el momento de la decisión sobre la apertura del juicio oral, con independencia de que fueren de creación anterior y de que hubiese sido posible aportarlos a la causa659. Ahora bien, sí que juega, igual que comentábamos en nuestro país, una cierta fuerza preclusiva respecto de los elementos que fueron aportados a la causa antes de su paralización, de tal modo que no podrán ser considerados de nuevo, ni siquiera en el caso de que se hubiera cometido un error en su apreciación660.

      En segundo lugar, los hechos o medios de prueba deben ser relevantes, o, en otras palabras, se precisa que el tribunal los considere aptos para justificar la apertura del juicio oral. Para ello deberán examinarse conjuntamente con los obrantes en la causa para determinar si ha variado su valoración sobre la suficiencia de los elementos que permiten y justifican la apertura661.

    2. Límites temporales a la reapertura de las actuaciones

      No plantea ningún problema la fijación del momento a partir del cual puede procederse a la reapertura de las actuaciones. Desde que se dicta un auto de sobreseimiento provisional puede volver a abrirse la causa en cualquier momento en que aparezcan nuevos elementos probatorios.

      Mayor complejidad presenta la tarea de determinar hasta cuándo puede procederse a esta reapertura. La doctrina y la jurisprudencia coinciden en afirmar que la posibilidad de dejar sin efecto el auto de sobreseimiento provisional viene temporalmente delimitada por el plazo de prescripción de los delitos. Siendo cierto lo afirmado, en algunos casos el juego de las reglas de la prescripción podría dar lugar a que, incluso, fuera posible reabrir las causas dos décadas después de haberse adoptado la decisión de sobreseer provisionalmente662. Por esta razón, nos parece excesivo que se perpetúe este estado de interinidad durante un lapso de tiempo tan prolongado; en el apartado siguiente intentaremos aportar algunas posibles soluciones al respecto.

      Si bien será objeto de un estudio más detallado en un momento posterior, resta por apuntar una última cuestión en referencia a su ámbito temporal. Nos referimos a la posibilidad que existe en nuestro país de interesar y acordarse la reapertura de la causa cuantas veces se requiera, en el ínterin entre la adopción del sobreseimiento y la prescripción del delito. En algunos países hispanoamericanos se ha restringido el número de ocasiones en que se permite la reapertura de la causa, con la intención de evitar que el acusador pueda estar permanentemente solicitando la reapertura del proceso663. Mas no somos nosotros partidarios de esta solución; una cosa es que postulemos la necesaria limitación de los plazos absolutos de prescripción, exigencia que se deriva de los postulados de justicia y seguridad jurídica y que, por tanto, esto suponga también una restricción a las posibilidades de reapertura, pero cuestión distinta es limitar el número de ocasiones en que deba reabrirse el proceso; en nuestra opinión, para salvar los problemas que se pudieran derivar de este vacío legal basta que en la solicitud de la reapertura se respetaren los presupuestos antes señalados y que el órgano jurisdiccional cumpliera adecuadamente su función de garantía.

    3. Los sujetos de la reapertura

      Pese a que a primera vista podría entenderse que sólo las acusaciones pueden aportar los datos que permitan esta reapertura, no creemos que exista ninguna razón para excluir la posibilidad de que, cuando el propio tribunal conozca por sí mismo o de forma indirecta nuevos elementos que permitan reabrir el proceso, él mismo los traiga a la causa664. Lo importante en estos casos es acabar cuanto antes con el estado de interinidad. Lógicamente no podría predicarse idéntica solución si nos halláramos en el momento de decidir entre la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa, ya que en este caso el principio acusatorio impediría que el tribunal se interesara por una u otra decisión.

      Resta por señalar que, como ya vimos anteriormente, también sería posible que aquél frente a quien se dirigió la causa aporte elementos que permitan la reapertura, de tal forma que interese el fin del proceso mediante una resolución definitiva665. Para ello podría poner los datos directamente en conocimiento del órgano judicial, o bien, si tuviera intención de constituirse en parte, podría interponer un escrito de personación. En todo caso, el acuerdo final correspondería al órgano judicial, como encargado que es de vigilar la adecuación de la reapertura a los presupuestos que son de esencia de esta decisión.

    4. Fundamento, legitimidad constitucional y efectos de la reapertura

      Sin lugar a dudas cabe afirmar que una decisión como la de sobreseimiento provisional, que deja indefinidamente abierto el proceso, únicamente se puede adoptar desde el momento en que el ordenamiento prevé la reapertura del proceso para el caso de que aparecieren nuevos datos. De lo contrario, exigencias derivadas de la seguridad jurídica impedirían la adopción de una resolución de estas características.

      Se configura, por tanto, la reapertura como la forma de poner fin al estado de provisionalidad que deriva de la esencia del instituto que estudiamos; de esta forma, el ordenamiento tolera estas situaciones de interinidad, salvando principalmente tres inconvenientes: que se tenga que hacer dejación del ius puniendi estatal en los casos de insuficiencia probatoria —con el consiguiente aumento del número de impunidades—, como ocurriría si tuviera que sobreseerse de forma definitiva; que se celebren juicios orales inútiles, basados en el ejercicio de acusaciones infundadas; y, en consonancia con el punto anterior, que el sujeto pasivo del proceso padezca los perjuicios derivados de un juicio oral difícilmente viable. El problema que se plantea en la actualidad es que, si bien la reapertura da sentido al sobreseimiento provisional, en muchas ocasiones nuestros tribunales no procuran interesar la búsqueda de nuevos elementos, dejando estancadas las causas en los archivos durante años, hasta que transcurran los plazos de prescripción del delito, de tal forma que la institución objeto de nuestro trabajo de investigación se deja falta de sentido.

      Una vez afirmado su fundamento, examinemos si la institución de la reapertura se adecua a los postulados constitucionales. En primer término, cabe sostener su absoluta conformidad con la prohibición ne bis in idem; si bien es cierto que se vuelve a conocer la misma causa, esto es posible porque nada se había decidido de forma definitiva con el auto de sobreseimiento provisional adoptado. Ahora bien, esto no significa que no exista una cierta limitación para proceder al nuevo enjuiciamiento; en efecto, de los postulados de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) se deriva el hecho de que únicamente quepa la reapertura de las actuaciones cuando en los elementos aportados a la causa concurran los presupuestos de novedad y suficiencia, por lo que, como ya hemos visto en alguna ocasión anterior, la jurisprudencia ha llegado incluso a hablar de la fuerza preclusiva del material probatorio ya valorado en la instrucción previa. Tampoco lesiona esta decisión los derechos fundamentales de quien fue el sujeto pasivo del proceso, ya que éste debe quedar totalmente desvinculado del mismo tras el auto de sobreseimiento provisional, por lo que el mero hecho de la reapertura no le afecta. Por tanto, las críticas que se vierten contra esta institución no derivan de su esencia, sino de su incorrecta aplicación.

      Por último, resta destacar los efectos que derivan de la reapertura de las actuaciones. Lógicamente el primero y más importante de todos —en tanto que elimina los efectos que derivan del sobreseimiento provisional— es la continuación del proceso que se encontraba paralizado; en este sentido, una vez reabierta la causa, podrán practicarse las diligencias complementarias que sean necesarias, adoptarse las medidas cautelares que se requieran, procederse a acordar el procesamiento o cualesquiera otras medidas que resultaren precisas para la posterior decisión de apertura del juicio oral o sobreseimiento de la causa. De esta consecuencia se derivan otras resultas, entre las que cabe destacar la nueva interrupción del plazo de prescripción del delito y la paralización de los procesos que estuvieren en curso en otros órdenes distintos del penal y cuya resolución dependiera de lo decidido por los tribunales de lo criminal.

  2. Inicio del cómputo de prescripción del delito

    Desde el momento en que se dicta un auto de sobreseimiento provisional, comienza de nuevo el cómputo del plazo de prescripción del delito. Esto es, al menos, lo que se infiere del tenor del art. 132.2 CP:

    “La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra el culpable, comenzando a correr de nuevo el término de la prescripción desde que se paralice el procedimiento o se termine sin condena”.

    Pues bien, como ya hemos apuntado en alguna ocasión anterior, este plazo es actualmente el único límite temporal al estado de incertidumbre que deriva de los autos de sobreseimiento provisional. Por esta razón, sería importante que la prescripción operare dentro de unos plazos bien definidos, para que los autos de sobreseimiento provisional no se convirtieren en un instrumento para mantener las causas paralizadas por tiempo indeterminado. El problema estriba en que en nuestro ordenamiento se permite que el proceso se reabra y se paralice cuantas veces sea necesario, interrumpiéndose de forma ilimitada los plazos de prescripción del delito, lo que, sin duda, origina situaciones injustas666.

    En otras palabras, podría afirmarse que nuestro sistema de prescripción —o, más bien, de interrupción de la prescripción— es susceptible de ser aprovechado para abusar de la esencia del auto de sobreseimiento provisional. Buena muestra de ello es la situación que plantea BANACLOCHE PALAO667 en los casos en que “determinados delitos de los que apenas se tiene memoria puedan ser reactivados en momentos estratégicamente elegidos con objeto de utilizar la persecución penal con fines ajenos a los estrictamente jurídicos, y ello gracias a inteligentes actividades investigadoras realizadas de forma periódica que tienen como principal objetivo interrumpir la prescripción”668.

    Ya CARRARA a finales del siglo pasado señalaba los inconvenientes que se derivan de prever legalmente la figura de la interrupción de la prescripción669. En concreto, criticaba aceradamente la posibilidad de que los poderes del Estado pudieran hacer un empleo arbitrario de esta facultad, denunciando especialmente su posible uso en los momentos inmediatamente anteriores a la finalización del plazo de prescripción, con la única finalidad de prolongar indefinidamente determinados procesos670.

    Tomando esto en consideración, no cabe sino plantear, en pos de un mayor respeto a la exigencia de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) , a la que la prescripción sirve671, tres posibles propuestas para resolver estos problemas.

    En primer lugar, cabe plantear la posibilidad de sustituir el actual sistema de prescripción por un plazo de caducidad —que variaría según los delitos—, que no pueda ser interrumpido hasta su vencimiento por ninguna razón, salvo la rebeldía del acusado. Esta medida, postulada por BANACLOCHE PALAO672 y REY GONZÁLEZ673, es la más innovadora.

    La segunda opción pasa por establecer un plazo de caducidad que opere desde el momento en que se dicta el auto de sobreseimiento provisional. Consideramos que esta solución es más acertada que sostener la existencia de un único plazo de prescripción que opere con igual duración cuando todavía no se ha iniciado el proceso que cuando, agotada la instrucción, éste se paralice; y ello porque en este último caso, no sólo ha transcurrido un tiempo considerable desde la comisión del delito, sino que además ya se ha puesto de manifiesto la dificultad de la Administración de Justicia para conseguir datos que faciliten su persecución. Así pues, de adoptarse esta solución, el estado de incertidumbre derivado de esta resolución sólo podría dilatarse durante un determinado lapso de tiempo, sin posibilidad de nuevas interrupciones. Ese plazo —que, en nuestra opinión, debería ser más breve que el de prescripción—, de no ser único, debería fijarse atendiendo a la complejidad de la investigación del hecho punible, y no en función de la gravedad del delito —criterio que en este momento del proceso resulta irrelevante—. Una vez que éste hubiere finalizado, el tribunal quedaría obligado a dictar un auto de sobreseimiento libre, poniéndose de este modo término definitivo al proceso.

    Por último, cabe apuntar una tercera opción consistente en limitar el número de ocasiones en que se permita interrumpir la prescripción. Esta solución es la adoptada en la legislación alemana. Junto a los plazos de prescripción de los delitos, el parágrafo 78 del Código Penal Alemán regulan sus causas de interrupción (§78c StGB). En este contexto, se prevé el establecimiento de un límite absoluto por lo que se refiere a las posibilidades de interrumpir la prescripción. En este sentido, señala el § 78c.3 StGB674 que “después de cada interrupción de la prescripción comienza a correr de nuevo dicho plazo. No obstante, la persecución prescribe como máximo, cuando hubiere transcurrido el doble del tiempo señalado legalmente como plazo de prescripción, cuyo inicio viene establecido en el § 78a StGB, o cuando, siendo el plazo establecido por leyes especiales inferior a tres años, hubiere transcurrido al menos ese tiempo” (la traducción es nuestra). Como señala TRÖNDLE675, este límite absoluto se establece en interés de las notas esenciales que caracterizan la institución de la prescripción.

    No se nos oculta que cualquiera de estas tres propuestas puede dar lugar, en cierta forma, a la impunidad de un mayor número de conductas delictivas. Sin embargo, teniendo en cuenta los escasos esfuerzos que se realizan para buscar datos que permitan “desarchivar” los asuntos676, consideramos necesaria la adopción de éstas o de análogas medidas que, además, obliguen tanto a las acusaciones como a los tribunales a ser más diligentes en su obrar, para evitar su desprestigio por haber impedido que estas conductas, aparentemente delictivas, fueran castigadas.

  3. Alzamiento de las medidas acordadas durante el proceso: procesamiento y medidas cautelares

    El procesamiento

    Como ya hemos puesto de manifiesto en otras ocasiones, cuando el órgano judicial del proceso ordinario aprecie durante la instrucción “algún indicio racional de criminalidad” contra una persona determinada (art. 384 LECr ), deberá dictar un auto declarándola procesada, quedando dicho sujeto desde ese momento afecto al proceso. Pues bien, es evidente que cuando se acuerda un auto de sobreseimiento libre, que pone término definitivamente a la causa, el procesamiento debe alzarse de inmediato. Sin embargo, no siempre se ha predicado este efecto de los autos de naturaleza provisional; de hecho, ante la ausencia de regulación al respecto, en la práctica inmediatamente posterior a la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal era habitual obviar la adopción de cualquier medida con relación al procesamiento, quedando el sujeto pasivo pendiente de la eventual — e improbable— reapertura de la causa. Como es lógico, éste ha sido siempre uno de los principales argumentos empleados por quienes ponen en tela de juicio la oportunidad de mantener en nuestro proceso penal la institución que estudiamos.

    Tanto la Fiscalía en sus Memorias de principios del siglo pasado (especialmente las de los años 1902 y 1911677), como el propio Tribunal Supremo (en su Sentencia de 5 de febrero de 1908678), pusieron de relieve los peligros de esta práctica, que conllevaba unas resultas análogas a las que producía la más que abolida absolución de la instancia. Tomando estas reflexiones como punto de partida, la doctrina procesal ha venido sosteniendo desde entonces la necesidad de que los autos de sobreseimiento provisional provoquen el inmediato alzamiento del auto de procesamiento que pueda haberse acordado679.

    Ahora bien, que entendamos que los autos de sobreseimiento provisional deben dar lugar a que se alce de oficio el procesamiento, no significa que consideremos admisible esta solución para cualquier tipo de causa en que exista un procesado.

    El procesamiento implica un juicio positivo de probabilidad sobre la participación de una determinada persona en la comisión del hecho presuntamente delictivo; en consecuencia, si no aparecen ciertos datos o material probatorio que lo desvirtúen, no debería acordarse un auto de sobreseimiento provisional, sino que procedería la continuación del proceso penal, con la apertura del juicio oral. Con todo, la práctica de nuestros tribunales no se ajusta normalmente a estas premisas, poniendo de relieve dos problemas que afectan a nuestro proceso penal. En primer lugar, que, como ya hemos señalado en otras ocasiones, los autos de procesamiento se acuerdan generalmente demasiado pronto y con ligereza, perdiendo su eficacia como filtro o control judicial de la acción penal. Como señalaba AGUILERA DE PAZ, en estos casos el sobreseimiento provisional, lejos de ser un mal, es “un trámite utilísimo en cuanto pone remedio al mal causado por el procesamiento”680. Y, en segundo lugar, pone de manifiesto las excesivas exigencias que en ocasiones tienen los acusadores públicos a la hora de solicitar la apertura del juicio oral, cuando pretenden que el material instructor supere un juicio positivo de certeza —únicamente exigible en el juicio oral—, impidiendo así que el proceso penal continúe, a pesar de que existen indicios suficientes de la participación de quien, en caso contrario, no hubiera podido ser procesado.

    Por todo ello, debemos concluir que, por supuesto, tras los autos de sobreseimiento provisional debe alzarse de oficio el procesamiento acordado frente a un sujeto determinado, si bien este efecto debería producirse únicamente si los indicios que motivaron el procesamiento se hubieren desvanecido total o parcialmente, puesto que, en caso contrario, y siempre que el procesamiento se hubiere acordado correctamente, no debiera acordarse por término general un auto de sobreseimiento provisional, sino la apertura del juicio oral.

    Las medidas cautelares personales

    1. Los efectos del sobreseimiento provisional sobre las medidas cautelares acordadas

      Pese a que la Ley de Enjuciamiento Criminal no contiene ninguna previsión al respecto, no cabe duda de que los autos de sobreseimiento provisional ponen fin tanto a la situación de prisión, como de libertad provisional, no sólo porque tras estas resoluciones debe desaparecer toda afección sobre la persona del sujeto pasivo, sino porque, además, los presupuestos que dan lugar a estas medidas se desvanecen681.

      En consecuencia, y como estableció el Tribunal Supremo en su Sentencia de 5 de febrero de 1908682, el sobreseimiento provisional determina la puesta en libertad de quienes estuvieren en prisión provisional; el cese de la obligación de comparecer ante el órgano judicial que conozca de la causa por parte de quienes se hallaren en libertad provisional, y la cancelación de las fianzas que hubieran podido acordarse para asegurar su cumplimiento (art. 529 LECr ). Este último efecto se regula de forma expresa en el apartado tercero del art. 541 LECr 683. Únicamente resta señalar que el alzamiento de estas medidas no obsta para que, como se señalaba en la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 1902, en los casos en que quepa la reapertura del proceso penal, puedan volver a acordarse “cuando nuevos méritos lo justifiquen y lo hagan procedente”684.

    2. Los efectos negativos derivados de la prisión provisional indebida685 y su posible indemnización en los casos de sobreseimiento provisional

      El hecho de que, tras la paralización provisional o definitiva del proceso, se pueda dejar sin efecto la prisión provisional acordada frente al sujeto pasivo puede, en ocasiones, no ser suficiente para eliminar los perjuicios que dicha medida cautelar le haya irrogado. En ciertos casos, las irregularidades cometidas en la forma en que se adoptó o se mantuvo la prisión provisional, o bien la demostración ulterior de lo injusto de la medida acordada, legitiman al sujeto pasivo del proceso para exigir del Estado la correspondiente indemnización por los daños causados. Así lo reconoce nuestra Carta Magna en su art. 121 CE, que reza del siguiente modo:

      “Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley”.

      Esta previsión se desarrolla en el Título V del Libro III de la LOPJ (arts. 292 a 298 LOPJ ), que contempla tres títulos de imputación en los que deben encajar las diversas situaciones susceptibles de indemnización: el funcionamiento anormal, el error judicial y, por último, un título privilegiado para los casos de prisión provisional injusta ex art. 294 LOPJ 686.

      Pues bien, cuando la puesta en libertad del sujeto pasivo del proceso haya tenido lugar tras un auto de sobreseimiento provisional, las peticiones de indemnización únicamente podrán canalizarse a través de los dos primeros títulos, sin que quepa acudir al más ágil mecanismo del art. 294 LOPJ . Esto se debe a que, cuando se acuerda este tipo de resolución, no cabe alegar la injusticia de la medida cautelar impuesta, puesto que todavía no se ha acreditado la imposibilidad de exigir al sujeto responsabilidad penal por el hecho acaecido. De hecho, ni siquiera todos los casos que dan lugar a una sentencia absolutoria o a un auto de sobreseimiento libre permiten acudir a este título; el art. 294 LOPJ , como se desprende de su tenor literal, únicamente es aplicable cuando, al declararse la inexistencia del hecho —inexistencia entendida tanto en sentido objetivo, como subjetivo—, la medida adoptada, y posteriormente revocada, se revele injusta687.

      Por consiguiente, cuando se dicte auto de sobreseimiento provisional, resta únicamente reclamar el resarcimiento del daño producido688, alegando bien la existencia de un error judicial, bien el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. En este contexto, habrá de considerarse atentamente la naturaleza del auto que se dicta en fase intermedia, para evitar que, como han denunciado nuestros tribunales689, la práctica de encubrir bajo la forma de un sobreseimiento provisional el que realmente es definitivo, pueda, además, traducirse en una restricción de la posibilidad de reclamar una indemnización ex art. 294 LOPJ .

      En todo caso, esta regulación permitiría solucionar de forma aceptable el problema de la reparación de los perjuicios causados, si no fuera porque el proceso de reclamación español es muy complejo690 y dura un tiempo excesivo691, de tal modo que el derecho previsto en el art. 121 CE queda, al final, casi vacío de contenido.

      3.3. Las medidas cautelares reales

      Nuestro legislador ha previsto que, durante la sustanciación del sumario y siempre que resulten indicios de criminalidad contra una persona, puedan acordarse fianzas y, en su caso, embargos, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del hecho ilícito enjuiciado (art. 589 LECr ). Sin embargo, nada se prevé, al menos en sede de proceso ordinario, sobre la revocación de estas medidas.

      Si de lo investigado en esta fase se concluye la inexistencia del hecho — debiéndose acordar, por tanto, auto de sobreseimiento libre—, no cabe la menor duda de que deben alzarse de inmediato todas las medidas cautelares acordadas durante el proceso. Ahora bien, cuando del sumario resultare la existencia del hecho, mas hubieren desaparecido total o parcialmente los indicios de criminalidad contra la persona frente a quien se dirige el proceso —produciéndose la paralización del proceso tras el auto de sobreseimiento provisional—, cabe plantearse la posibilidad de mantener estas medidas por si acaso se reabriera de nuevo la causa. Tradicionalmente se optó en la práctica de nuestros tribunales por mantener las fianzas y embargos acordados, al menos mientras las partes no solicitaren su alzamiento. En otras palabras, nuestros tribunales no llevaban a cabo ningún pronunciamiento con relación a las medidas cautelares reales adoptadas, con lo que conseguían evitar que, en caso de una eventual reapertura de la causa, los bienes del sujeto pasivo hubieran podido desaparecer.

      A nuestro juicio, de esta tesis resulta una excesiva afección del patrimonio del sujeto pasivo, máxime si se tiene en cuenta lo expuesto anteriormente respecto de la duración normal del estado de interinidad en que se abandona la causa tras los autos de sobreseimiento provisional. Así lo entendieron a principios del siglo pasado tanto los Fiscales del Tribunal Supremo, en sus Memorias de 1902 y de 1911692, como el propio Tribunal en su Sentencia de 5 de febrero de 1908693, que veían en esta práctica habitual un remedo de la absolución en la instancia. La doctrina también ha condenado esta praxis, sosteniendo de forma unánime la necesidad de que, tras los autos de sobreseimiento provisional, se proceda a cancelar de oficio las fianzas y embargos694.

      Por ende, sería conveniente que, como ocurre en el abreviado (art. 782.1, in fine LECr ), también se previera de forma expresa en el proceso ordinario que, una vez acordado un auto de sobreseimiento provisional, el tribunal, de oficio, dejara sin efecto no sólo las medidas cautelares personales, sino también las reales.

  4. Devolución de las piezas de convicción

    Durante la instrucción, el Juez puede incorporar a la causa aquellos “objetos inanimados que puedan servir para atestiguar la realidad de un hecho” (STS de 1 de febrero de 1983 —RAJ 703—), que se conocen con el nombre de piezas de convicción (arts. 334 y ss. LECr ). Quedan, pues, estos objetos al servicio del proceso penal, por lo que la paralización definitiva o temporal de la causa debería determinar una alteración en su estado. Buena muestra de ello es lo que se dispone en el art. 635 LECr , que establece como regla general la devolución de las piezas de convicción a su dueño, no sólo tras los autos de sobreseimiento libres, sino también tras los provisionales695. Únicamente se exceptúan de esta regla dos casos.

    En primer lugar, salva la Ley aquellos objetos que supongan un peligro grave para los intereses individuales o colectivos; estas piezas no podrán devolverse, ya que, lógicamente, lo que procede es, con carácter general, su inutilización (párrafo 5º del art. 635 LECr ).

    La segunda salvedad, sin duda más discutible, se refiere a aquellos casos en que, una vez dictado un auto de sobreseimiento, alguien distinto al dueño del bien se propusiere iniciar un proceso civil. Pues bien, si este tercero lo solicitare y el órgano judicial accediere —lo que implica conceder al tribunal un margen de decisión al respecto—, las piezas de convicción podrán continuar retenidas hasta que, como señala el párrafo primero del citado artículo, “se resuelva la acción civil que se propusiere entablar”. Se trata de una previsión excepcional, con la que se pretende que los objetos obtenidos en el marco de un proceso penal ya terminado, y ordenados al mismo, permanezcan retenidos para servir como prueba en un posterior litigio civil. Esta solución puede ser harto discutible desde una concepción teórica estricta, ya que el proceso penal, y con él el civil acumulado, no siguen su curso tras los autos de sobreseimiento provisional, por lo que resulta difícil justificar la continuidad de las medidas de aseguramiento. Mas, como reconoce AGUILERA DE PAZ, pese a que “algunos entienden que en dicho precepto ha ido el legislador más allá de lo que aconsejaba el recto espíritu de la ley (..)”, ésta se presenta como la única forma de resolver el problema del “aseguramiento de los derechos del perjudicado por el delito”696.

    Pues bien, si ésta es la causa que subyace al precepto, no entendemos por qué esta misma razón no ha movido al legislador a adoptar una solución similar en el caso de las medidas cautelares reales. No obviamos con esta propuesta la distinta naturaleza de la que gozan estos dos mecanismos, puesto que la retención de las piezas de convicción no es sino una medida de aseguramiento de las fuentes de prueba, mientras que las fianzas y embargos son propiamente medidas cautelares. Sin embargo, ambas se adoptan en el seno y en función de un proceso penal pendiente, por lo que el sobreseimiento provisional debería determinar una única respuesta —que, desde una concepción estricta debería ser negativa— para ambos casos. Ahora bien, si para evitar la pérdida de las piezas de convicción, el legislador permite que éstas permanezcan retenidas mientras se resuelve la acción civil, por la misma razón nos parecería conveniente que se mantuvieran las fianzas y embargos acordados, a modo de medidas cautelares ante demandam, sujetándolos a sus mismos presupuestos –necesidad y urgencia– y duración. A mayor abundamiento, cabe señalar que la iniciación de un proceso penal da lugar, en la mayoría de las ocasiones, a que el periculum in mora sea más intenso, puesto que aquél frente a quien se ha dirigido el proceso penal, conoce ya la intención del actor de ejercitar la acción civil y, por tanto, la posibilidad de que intente hacer desaparecer sus bienes en el intervalo de tiempo que transcurre desde que se dicta la resolución penal hasta que se interpone la demanda civil es mayor; porque en muchos de estos casos, ni siquiera la solicitud de medidas cautelares ante demandam nada más terminar el proceso penal podría evitar que en ese corto ínterin se frustrara la ejecución de una eventual sentencia condenatoria civil.

  5. Continuación de los procesos no penales pendientes

    Introducción

    Uno de los efectos más importantes que se derivan de los autos de sobreseimiento provisional se refiere a la posibilidad de proseguir los procesos civiles, contencioso-administrativos o laborales que hasta ese momento se encontraren suspendidos a la espera de una resolución en el orden penal.

    Sobreseimiento provisional y proceso civil

    1. Regulación legal y tratamiento jurisprudencial de la materia antes de la LEC/2000

      Durante la tramitación de un proceso civil es posible que, con relación a los hechos que son su objeto, aparezcan indicios de la comisión de un delito o falta que determinen la incoación de un proceso penal o surja una cuestión penal de la que pueda depender la resolución en el orden civil. Pues bien, cabe preguntarse si en estos casos el curso del proceso civil debe continuar o si, por el contrario, sería más conveniente optar por su paralización hasta que se resolviera la cuestión en el orden penal. En otras palabras, si, como plantea DE LA OLIVA SANTOS, la prejudicialidad penal en el proceso civil surge por el mero hecho de que “alguno de los hechos relevantes—incluso fundamentales— pueda ser constitutivo de delito o falta”. Señala este autor que “la prejudicialidad no surge sólo por eso. La prejudicialidad sólo se da si la calificación de dicho hecho como delito o falta es relevante para el sentido del fallo de la sentencia civil que haya de dictarse” 697.

      Si bien ésta debería ser la directriz que determinara la oportunidad de suspender o no el pleito civil, esta posibilidad de paralización del proceso civil ha dado lugar en la práctica a numerosos abusos. Por esta razón se ha considerado imprescindible delimitar el ámbito en que debe operar la prejudicialidad penal. Con anterioridad a 1985, los únicos preceptos que se ocupaban de regular esta materia se encontraban en la Ley de Enjuiciamiento Civil , en concreto, en los arts. 362 y 514 del citado texto legal.

      En el art. 362 LEC/1881698 se establecía la suspensión del pleito civil durante la sustanciación del proceso penal, cuando los órganos civiles “hubieren de fundar exclusivamente la sentencia en el supuesto de la existencia de un delito”. Pese a la literalidad del precepto, la mayoría de la doctrina entendía que lo exigido en el precepto era “que la sentencia penal sea determinante699 de la tutela jurisdiccional que deba otorgarse en el proceso civil”; no se trata, por tanto, “de que deba fundarse la sentencia exclusivamente en la existencia de un delito” 700. De aquí resulta que si el fallo podía obtenerse acudiendo a otros medios probatorios, no deba procederse a la suspensión del proceso civil701.

      Como bien afirma SENÉS MOTILLA702, con la aprobación de la LOPJ se “supera el estricto tenor literal” del art. 362 LEC/1881, “por cuanto resalta la relación de necesariedad que liga la resolución de la cuestión prejudicial y la decisión que se deba adoptar”, sin las limitaciones que el precepto citado establecía. En concreto, conforme al art. 10.2 LOPJ , como excepción a la regla general de no suspensión del apartado primero, “la existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el contenido de ésta determinará la suspensión del procedimiento mientras aquélla no sea resuelta por los órganos penales a quienes corresponda, salvo las excepciones que la Ley establezca”.

      Junto a este primer presupuesto, el precepto exigía, como requisito previo a la decisión del Juez de suspender el proceso civil, dar audiencia al Fiscal, para que éste manifiestare su parecer —no vinculante—sobre la procedencia de la formación de la causa.

      Dados estos presupuestos, el Juez debía suspender el proceso civil. Esta suspensión, atendiendo al tenor literal del art. 362 LEC/1881, no podía alzarse “hasta la terminación del procedimiento criminal”. Una estricta interpretación de la norma hubiera obligado a entender comprendidas en ella exclusivamente a las sentencias firmes y, por analogía, a los autos de sobreseimiento libre; en ocasiones se sostuvo la posibilidad de continuar el proceso tras los autos de sobreseimiento provisional, alegando que con ellos se terminaba el proceso penal. Mas resulta indudable que este tipo de resoluciones no ponen fin al proceso penal, sino que solamente lo paralizan y, por consiguiente, y pese a lo que en ocasiones se sostiene, no puede admitirse el alzamiento de la suspensión del proceso civil tras los autos de sobreseimiento provisional basándose en su carácter de resolución definitiva, porque simplemente no lo son.

      Ahora bien, no obstante el carácter interino de sus efectos, hay que tener en cuenta que el sobreseimiento provisional produce una negación del ejercicio de la acción penal derivada de la insuficiencia de motivos para continuar el proceso. Además, hay que señalar que, si como es habitual en la práctica, no se procede a la reapertura de la causa dentro del plazo de prescripción del delito, la referida acción criminal termina extinguiéndose. Por tanto, como a menudo nuestra jurisprudencia y parte de la doctrina habían resaltado, no sólo no existe impedimento para anudar al auto de sobreseimiento provisional estas mismas consecuencias que se les atribuyen a las resoluciones definitivas, sino que la adopción de otra solución produciría una “evidente denegación de justicia”703.

      En consecuencia, hasta el 2000 coincidían la mayoría de la doctrina y jurisprudencia en la necesidad de interpretar el art. 362 LEC/1881 de tal forma que se permitiera la continuación del curso del proceso civil, una vez que se hubiere dictado un auto de sobreseimiento provisional.

      Entendemos que de igual modo debía interpretarse el art. 514 LEC/1881704, relativo a los supuestos de prejudicialidad penal por falsedad documental, pese a que el precepto exige para el alzamiento de la suspensión del pleito civil que “recaiga ejecutoria en la causa criminal”.

    2. Nuevas líneas en materia de prejudicialidad penal en el proceso civil. El art. 40 LEC/2000

      En la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, el legislador puso de manifiesto su propósito de mejorar la regulación atinente a la prejudicialidad. Por lo que respecta a la penal, “se sienta la regla general de la no suspensión del proceso, salvo que exista causa criminal en la que se esté investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que cabalmente fundamentan las pretensiones de las partes en el proceso civil y ocurra, además, que la sentencia que en ésta haya de dictarse pueda verse decisivamente influida por la que recaiga en el proceso penal” (Motivo VII de la Exposición LEC/2000).

      Pese a que el legislador pretendía introducir una notable novedad en nuestro ordenamiento, su reforma en este aspecto ha sido finalmente modesta. Al prever esta excepción a la regla de la no suspensión, parece que en la práctica la situación existente hasta la LEC/2000 no va a ser objeto de grandes cambios. En esta línea afirma GONZÁLEZ GRANDA que “la lectura atenta de lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del art. 40 LEC permite dudar de la innovación anunciada en la Exposición de Motivos, y no sólo porque los términos no difieren demasiado de lo preceptuado en el art. 362 de la LEC anterior, sino también y sobre todo, porque, a pesar de lo repetido, el citado art. 362 de la LEC de 1881 nunca supuso la consagración absoluta del principio de le criminel tient le civil en état”705.

      El art. 40.2 LEC/2000 establece con gran claridad cuáles son los presupuestos que excepcionan la aplicación de la regla de no devolutividad. Exige este precepto la concurrencia de tres requisitos. En primer lugar, debe constar la existencia de un proceso penal pendiente, en el buen entendimiento de que esta pendencia sólo se produce “desde el momento en que se haya admitido a trámite una denuncia o una querella, y se haya incoado el sumario o las diligencias previas”706. En segundo lugar, debe apreciarse una identidad entre alguno de los hechos del proceso civil y del proceso penal707. Y, por último, se precisa que la resolución penal tenga una influencia decisiva en el pleito civil708.

      Dados estos presupuestos, el proceso civil deberá continuar, suspendiéndose sólo cuando se encuentre “pendiente de sentencia”. Pregunta clave para el objeto principal de nuestro trabajo es saber hasta cuándo se prolonga la suspensión del proceso civil. Ya hemos comentado qué es lo que se establecía en la LEC/1881 y cómo la doctrina y jurisprudencia habían ido corrigiendo la literalidad de los arts. 362 y 514 LEC/1881 para adaptarlos a la realidad. Pues bien, haciéndose eco de estos criterios, la nueva Ley regula, creemos que acertadamente, la posibilidad de alzamiento de la suspensión por “paralización” de la causa criminal “por motivo que haya impedido su normal continuación” (art. 40.6 LEC/2000). En consecuencia, parece indudable que la nueva Ley da cobertura legal al alzamiento de la suspensión del proceso civil en los casos en que se haya dictado un auto de sobreseimiento provisional709, como de forma reiterada se venía llevando a cabo en la práctica, al margen de la literalidad de la LEC/1881.

      Pese a la bondad de estas disposiciones, la nueva Ley no aborda las consecuencias de una posible reapertura del proceso penal paralizado. Nos remitimos en este punto a lo que expondremos en sede de acciones civiles en el proceso penal.

      Sobreseimiento provisional y proceso laboral

    3. Introducción

      A diferencia de lo que ocurre en el ámbito civil y contencioso-administrativo, la actividad enjuiciadora del juez de lo social no queda nunca —salvando los casos de falsedad documental— sujeta a las resultas de un posible proceso penal sobre los hechos debatidos. El legislador ha previsto que el proceso laboral deba resolverse con celeridad para dar una adecuada respuesta a la efectiva tutela de los derechos de los trabajadores (art. 74.1 LPL )710 y, como consecuencia de este principio, ha sostenido la total independencia de este proceso con respecto a lo que se decida en los otros órdenes jurisdiccionales.

      En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo se ha pronunciado en defensa de la no vinculación entre ambas jurisdicciones710. Esta tesis ha sido acogida por el Tribunal Constitucional que, en su Sentencia 62/1984, de 21 de mayo, justificaba esta independencia alegando que ambos órdenes “persiguen fines distintos, operan sobre culpas distintas y no manejan de igual forma el material probatorio para enjuiciar en ocasiones unas mismas conductas” (fj 4º). De esta forma, es posible que una conducta no sea relevante desde el punto de vista del Derecho Penal, en otras palabras, que no pueda ser considerada típica o que el sujeto pasivo del proceso no resulte criminalmente responsable del hecho, mas sí quepa apreciar una conducta de relevancia desde la perspectiva del Derecho Laboral712. Como bien afirma la STC 24/1984, de 23 de febrero: “no hay, pues, contradicción en los hechos, sino enjuiciamiento independiente de una conducta no punible penalmente, pero cuyo sujeto es responsable en el orden laboral” (fj 3º). En igual sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en la Sentencia 36/1985, de 8 de marzo.

    4. La no suspensión del proceso laboral por cuestiones penales

      Si los procesos penal y laboral discurren con independencia entre sí, aunque versen sobre los mismos hechos, no parece que exista motivo para que el laboral deba interrumpirse a la espera de que se resuelva la causa criminal, ya que no puede apreciarse prejudicialidad, ni juega en este ámbito la preferencia del orden penal. Por esta razón la Ley de Procedimiento Laboral proscribe con carácter general la suspensión del proceso laboral por pendencia de un proceso penal sobre el mismo hecho713. En este sentido se expresa el art. 86.1 LPL :

      “En ningún caso se suspenderá el procedimiento por seguirse causa criminal sobre los hechos debatidos”714.

      De esta regla de no suspensión únicamente resultan legalmente excluidos los casos en que se alegue falsedad documental, como se prevé en el art. 86.2 LPL 715. Como bien señala RODRÍGUEZ SANTOS, se trata del “único caso de prejudicialidad penal, para un supuesto que poco tiene que ver con los que contemplan los números 1 y 3 del mismo artículo”, ya que “no estamos ahora ante la problemática de unos mismos hechos juzgándose desde distintas perspectivas por dos órdenes jurisdiccionales, sino ante el supuesto de que en el proceso laboral una de las partes aporta como prueba un documento que la otra parte tacha de falsedad” 715.

      A diferencia de lo dispuesto en la LPL/1980716, que se remitía a la normativa aplicable en sede de enjuiciamiento civil —en concreto, al art. 514 LEC/1881—, tanto la LPL/1990718, como la LPL/1995 prevén una regulación propia en esta materia719. Con la intención de limitar al máximo los casos de suspensión, el legislador requiere no sólo que una de las partes alegue la falsedad de un documento que pueda ser de notoria influencia en el pleito, sino que el tribunal aprecie esa influencia “porque no pueda prescindirse de la resolución de la causa criminal para la debida decisión o condicione directamente el contenido de ésta”720.

      En el caso de que concurran estos presupuestos, y teniendo en cuenta que en el proceso laboral estas alegaciones se llevan a cabo en la fase del juicio, la suspensión no será óbice para que éste finalice, paralizándose las actuaciones posteriores hasta que se dicte “sentencia o auto de sobreseimiento en la causa criminal”. Cabe plantearse si el legislador quiso comprender en este precepto tanto a los autos de sobreseimiento libre como provisional. Pues bien, aunque es cierto que los efectos de ambas resoluciones son diversos, ya que mientras que el sobreseimiento libre puede declarar la inexistencia del hecho o del delito, el sobreseimiento provisional no puede dar una respuesta definitiva al problema de la concurrencia del delito de falsedad documental, consideramos que debe admitirse la continuación del proceso laboral tras los autos de sobreseimiento provisional para procurar que se logre dar una respuesta efectiva en el ámbito laboral.

      En consecuencia, salvando estos casos de falsedad documental, no parece que el legislador haya pretendido excluir otros supuestos de la aplicación de la norma general prevista en el art. 86.1 LPL . Distinta parece ser la interpretación que sostiene en ocasiones el Tribunal Supremo. Concretamente, desde la Sentencia de 12 de febrero de 1999 (RAJ 1797) —criterio que se reitera en la STS 6 de mayo de 1999 (RAJ 4708)—, este Tribunal ha sostenido la imprescriptibilidad de las acciones para exigir una indemnización por responsabilidad laboral mientras no se dicte resolución en el orden penal, lo que, a nuestro modo de ver, supone una quiebra del sistema consagrado por la Ley de Procedimiento Laboral .

      La citada resolución, dictada en unificación de doctrina, establece que el plazo de prescripción de las acciones para exigir una indemnización por responsabilidad laboral cuando se haya incoado un proceso penal por los mismos hechos debatidos en el proceso, debe comenzar a computarse desde que se dicta resolución firme en la causa criminal —bien sentencia o auto de sobreseimiento libre o provisional—. Con esta decisión el Tribunal Supremo confirmaba la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Sentencia de 5 de marzo de 1998 (RAJ 1278), cuyos postulados eran contrarios a lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 22 de noviembre de 1995 (RAJ 4336).

      Si resulta curioso observar cómo el Tribunal Supremo defiende la imprescriptibilidad de esas acciones mientras está pendiente la causa penal basándose en la relación existente entre uno y otro proceso (“el resultado de la causa penal (...) podría constituir una cuestión prejudicial en el laboral pues sería determinante de cuál era la fuente originadora de la obligación pecuniaria conforme a las que enumera el art. 1089 CC (...)”), más sorprendente es su interpretación del 86.1 LPL , del que afirma que “no puede deducirse otra cosa que el hecho de que el seguimiento de una causa criminal no es determinante, por sí solo, de la suspensión del procedimiento laboral”; y continúa aseverando que “ello no significa que el legislador quisiera que la causa penal no afectara al proceso laboral hasta el punto de que permitiera la incoación de éste a pesar de la latencia de aquél, ni tampoco que el primero de ellos no pueda suponer la interrupción de la prescripción para accionar en el social”. De hecho, ¿no se viene a afirmar con estos argumentos la vinculación del juez social respecto a lo dispuesto en el proceso penal a la hora de resolver sobre la concesión de indemnización por responsabilidad en el orden laboral? Esta postura sería fácilmente sostenible si fuera imposible distinguir entre responsabilidades civiles y laborales. En este caso, habría que esperar a la resolución del proceso penal, inicio del cómputo de la prescripción de las acciones civiles, para saber si debería o no ejercitarse la acción de responsabilidad en el orden social. Mas el propio Tribunal Supremo ha distinguido a estos efectos entre una noción genérica de responsabilidad civil y un concepto específico de responsabilidad laboral. Y en este sentido, ha reconocido que ambas responsabilidades operan sobre dos ámbitos distintos, por lo que no se excluyen, ni tampoco se implican entre sí721.

      A nuestro modo de ver, no parecen sostenibles tesis hasta tal punto contradictorias. El legislador podría haber optado por no distinguir entre la eficacia del proceso penal en los procesos civiles y laborales722, mas desde que la Ley de Procedimiento Laboral se pronuncia a favor de la no suspensión, todo el sistema tiene que estructurarse con coherencia en torno a este postulado.

    5. Mecanismos de solución de posibles contradicciones entre los procesos laboral y penal: nueva causa de revisión

      Como ya hemos señalado con anterioridad, la Ley Procesal Laboral de 1980 contenía por vez primera previsiones especiales por lo que se refiere a los efectos de las cuestiones prejudiciales penales en el proceso laboral. En virtud de lo dispuesto en su art. 77 LPL se consagraba la regla de la no suspensión del proceso laboral por causa de un proceso penal pendiente sobre los mismos hechos. No obstante su acierto, el legislador omitió cualquier referencia a las posibles contradicciones a que podía dar lugar la aplicación de este precepto.

      La independencia de las jurisdicciones penal y laboral llevada hasta sus últimas consecuencias podría dar lugar a situaciones contrarias a criterios de justicia. No es la simple absolución del sujeto pasivo del proceso la que puede provocar inadmisibles contradicciones entre estos dos órdenes. Nada ha de objetarse si en el proceso penal la absolución trae causa de la falta de pruebas suficientes para condenar o de la imposibilidad de subsumir determinados hechos en el tipo penal. Mas, con la LPL/1980 en la mano, podría darse el caso de que un hecho declarado inexistente por una sentencia penal fuera base del enjuiciamiento en el ámbito laboral; o bien que, declarada en el ámbito penal la falta de participación del sujeto pasivo del proceso en la comisión de determinado hecho, se le atribuyera la realización de un ilícito laboral en sentencia dictada por los órganos jurisdiccionales del orden social.

      En estos casos se produciría una contradicción que, como han afirmado en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, “repugna al derecho como vulneradora de la más elemental seguridad jurídica” [STS 15 de junio de 1992 (RAJ 4575)]. En atención a estas consideraciones, las Leyes de Procedimiento Laboral de 1990 y 1995, han previsto, respectivamente, el establecimiento de una nueva causa de revisión. En este sentido, el art. 86.3 LPL señala que: “Si cualquier otra cuestión prejudicial penal diera lugar a sentencia absolutoria por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo, quedará abierta contra la sentencia dictada por el Juez o Sala de lo Social la vía del recurso de revisión regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

      En consecuencia, es presupuesto necesario de este especial motivo de revisión que en la sentencia absolutoria —o equivalente—se haya declarado la inexistencia del hecho o la falta de participación del sujeto en el mismo [vid., entre otras, SSTS de 20 de junio de 1994 (RAJ 5455), de 16 de junio de 1994 (RAJ 5440), de 27 de mayo de 1999 (RAJ 4997)]. Deben, por tanto, distinguirse estos casos, en primer lugar, de aquellos en que se absuelve por falta de pruebas [vid. STS de 16 de julio de 1997 (RAJ 7294)] y, en segundo lugar, de aquellos en que se declara en la sentencia la falta de responsabilidad penal del sujeto [vid. STS de 24 de octubre de 1994 (RAJ 8104)].

      De esta primera nota, debe concluirse que el sobreseimiento provisional no puede dar lugar a la revisión, ya que, a diferencia del libre, no equivale a una sentencia absolutoria [vid., por todas, STS de 8 de junio de 1998 (RAJ 5108)] y nunca podría contener una declaración como la que aquí se exige.

      La revisión se regulará conforme a lo establecido en la LEC/2000 (arts. 509 a 516), conforme a la remisión que la LPL hace a la legislación procesal civil.

      Por último, conviene poner de manifiesto que este remedio de la revisión está vedado para los supuestos de falsedad documental, ya que en estos casos se ha previsto un régimen especial en el apartado segundo del art. 86 LPL . Ni siquiera cuando se alegó la falsedad del documento cuando se debía, solicitándose la suspensión del proceso laboral, cabría acudir al recurso de revisión ni sobre la base del motivo extraordinario previsto en la LPL —ya que, como ésta establece, es la vía prevista para “cualquier otra cuestión prejudicial penal” distinta de la del apartado segundo del art. 86 de la Ley—, ni tampoco al amparo del segundo motivo previsto en el art. 510 LEC/2000. Así lo ha puso de manifiesto el Tribunal Supremo, entre otras, en la Sentencia de 27 de mayo de 1999 (RAJ 4997).

      Sobreseimiento provisional y proceso contencioso-administrativo

    6. La suspensión del proceso contencioso-administrativo por prejudicialidad penal

      Durante el transcurso de un proceso contencioso-administrativo puede surgir alguna cuestión penal que sea necesario resolver con carácter prejudicial. En virtud de la regla de preferencia de lo criminal (arts. 10.2 LOPJ y 4 LRJC), estas cuestiones son de exclusivo conocimiento de los órganos del orden penal, a los que se les devuelve la competencia para que las resuelvan. Ahora bien, esto no impide que, por regla general, el proceso contencioso siga su curso, salvo en aquellos casos en que no pueda prescindirse de dicha cuestión “para la debida decisión”, o cuando condicione “directamente el contenido de ésta” (arts. 10.2 LOPJ , 4 LRJC y 40 LEC , que actúa como norma supletoria). Por lo que a nosotros respecta, convendrá analizar si el sobreseimiento provisional pone fin en estos casos a la paralización del proceso contencioso.

      Para hallar una posible respuesta a esta cuestión y, ante el silencio de la LRJC, habrá que acudir tanto a lo dispuesto en la LOPJ , como en la Ley de Enjuiciamiento Civil (por supuesto, nos referimos a la LEC/2000), que resulta aplicable por su carácter de ley supletoria de la LRJC —véase Disp. Fin. 1ª LRJC—. El art. 10.2 LOPJ establece, simplemente, que la suspensión del contencioso se mantendrá “mientras aquélla —en referencia a la cuestión prejudicial penal— no sea resuelta por los órganos penales”. Por fortuna, la Ley de Enjuiciamiento Civil es más explícita; en ella se dispone que la tramitación del proceso civil suspendido podrá continuar, no sólo cuando el juicio criminal haya finalizado, sino también cuando se haya paralizado “por motivos que hayan impedido su normal continuación” (art. 40.6 LEC ). De ahí que deba colegirse que, tras los autos de sobreseimiento provisional, el proceso civil paralizado — y, por ende, también el contencioso—, puede continuar, ya que con los autos de sobreseimiento se decide que por el momento no concurren los presupuestos para reconocer la acción penal; esta denegación supone, en consecuencia, que no hay ningún impedimento para proseguir la causa suspendida en cualquier otro orden jurisdiccional723.

      En esta misma línea se inscribe la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Buena muestra de ello es que este Tribunal entienda que, desde que se notifica este auto a los interesados, se inicia el cómputo del plazo de prescripción para exigir responsabilidades patrimoniales al Estado [vid., entre otras, SSTS de 31 de mayo de 1982 (RAJ 4161), de 2 de mayo de 1988 (RAJ 4208), de 27 de mayo de 1988 (RAJ 4208), de 25 de octubre de 1989 (RAJ 7243), de 8 de junio de 1990 (RAJ 4638), de 8 de octubre de 1996 (RAJ 6992)]. También se opera con este criterio en los Tribunales Superiores de Justicia; de hecho, son abundantes las sentencias en que se anulan los expedientes administrativos de expulsión ya que, motivados por la supuesta comisión de un hecho delictivo por un sujeto extranjero, devienen infundados tras un auto de sobreseimiento provisional [vid., entre otras, SSTSJ de Baleares de 21 de mayo de 1996 (RAJ 678), de Madrid de 17 de febrero de 1998 (RAJ 685), del País Vasco de 25 de marzo de 1998 (RAJ 3371) y de Andalucía de 6 de octubre de 1999 (RAJ 3694)].

    7. La suspensión del proceso contencioso-administrativo sancionador

      Aparte de los casos de prejudicialidad referidos, la regla de preferencia del orden penal también opera en ocasiones a favor de la suspensión en los procesos contencioso-administrativos sancionadores. La razón de ser de esta paralización ya no se funda en la posible relación entre las cuestiones debatidas y la necesidad de resolver unas con carácter previo a las otras (pre-judicialidad), sino en la prohibición de bis in idem, es decir, en la imposibilidad de sancionar dos veces una misma conducta. Nuestros Tribunales, que vienen otorgando a este principio naturaleza constitucional724, exigen la concurrencia de una triple identidad para poder apreciar la incompatibilidad entre dos sanciones —ya sean una penal y otra administrativa, las dos penales o las dos administrativas—–: identidad de sujeto, de objeto y de fundamento o bien jurídico protegido725. Así pues, dados estos requisitos, sólo podrá imponerse una única sanción, bien penal, bien administrativa.

      Partiendo de estas premisas, deberá entenderse que, tan pronto como se considere que la infracción discutida en un proceso contencioso-administrativo sancionador pueda ser constitutiva de delito o falta, será necesario pasar el tanto de culpa a la jurisdicción penal y suspender la tramitación del proceso contencioso.

      Desde ese momento, el proceso quedará paralizado hasta que se resuelva la cuestión penal, por resolución definitiva —sentencia o auto de sobreseimiento libre— y entendemos que también por auto de sobreseimiento provisional. Esta última solución, que coincide con la sostenida en materia de prejudicialidad, es la única que se ajusta a la naturaleza de estos autos726; ahora bien, mantenemos esta tesis, mas no ignoramos que no está exenta de dificultades, ya que, debido a la posibilidad de reapertura de la causa que lleva implícita el sobreseimiento provisional, puede conducir a soluciones poco satisfactorias para la tarea de persecución del delito encomendada a los órganos penales.

      No se plantean mayores problemas si, reiniciado el proceso contencioso, los tribunales entienden que la sanción impuesta por la Administración no es conforme a Derecho, ya que los órganos penales, en caso de que posteriormente se reabriera la causa, no se verían sometidos a ninguna limitación en su tarea de enjuiciamiento.

      Ahora bien, si la sentencia dictada en el curso del proceso contencioso confirmara la sanción impuesta por la Administración, cabría preguntarse si, una vez que esta resolución devieniere firme, los tribunales del orden penal tendrían limitado el ejercicio de su ius puniendi, puesto que, al menos en principio, de reabrirse la causa y celebrarse el juicio oral, la prohibición constitucional del bis in idem impediría —siempre que se diera la triple identidad referida— la imposición de una segunda sanción726. El Tribunal Constitucional ha entendido que en estos casos el proceso penal deberá finalizar con una resolución definitiva de carácter absolutorio. Así, en la Sentencia 177/1999, de 11 de octubre, se afirma que “irrogada una sanción, sea ésta de índole penal o administrativa, no cabe, sin vulnerar el mencionado derecho fundamental —en referencia al non bis in idem—, superponer o adicionar otra distinta, siempre que concurran las tan repetidas identidades de sujeto, hecho y fundamento”; tomando esta argumentación como punto de partida, anula las resoluciones penales, “en cuanto debieron contener un pronunciamiento absolutamente absolutorio del inculpado”727. De la solución mantenida por el Constitucional se deriva que, en virtud del principio non bis in idem, en estos casos, y por encima incluso de la preferencia de lo criminal, deba respetarse la sanción confirmada por la sentencia dictada por los órganos de lo contencioso que devino firme, impidiendo con ello a los tribunales penales el ejercicio de su potestad sancionadora.

      Pese a que sólo procede la reapertura del proceso penal si concurren datos o elementos probatorios nuevos y relevantes para la causa, éstos no bastarían para pretender la rescisión de la sentencia firme dictada en el orden contencioso; de hecho, no apreciamos razones de justicia que determinaren la necesidad de insertar un nuevo motivo de revisión en la LRJC para evitar que se produzcan los efectos a los que venimos aludiendo. Una vez que deviene firme, deberá respetarse, aunque esto implique que el Estado haya tenido que castigar la infracción con algo menos de rigor. Prevalecen, por tanto, en estos casos las exigencias de seguridad jurídica —que garantiza la máxima non bis in idem— frente al criterio de preferencia del orden penal.

      Mas no es ésta la única cuestión problemática que puede plantearse tras la reapertura de la causa penal. La sentencia que confirma la sanción impuesta por la Administración puede quedar en tela de juicio si, reabierto el proceso penal, se concluye la causa con una sentencia absolutoria por inexistencia del hecho. Lógicamente, una resolución de este tipo entraría en contradicción con lo decidido en el orden contencioso-administrativo, dando lugar a una situación claramente injusta y que, a todas luces, repugna al Derecho, al haberse sancionado a un sujeto por un hecho que no existió.

      Actualmente nuestro ordenamiento no arbitra ningún mecanismo específico para solventar estas contradicciones, por lo que sería aconsejable que, como ocurre en el proceso laboral, se pudiera acudir a la revisión para atacar la firmeza de la resolución contencioso-administrativa. Evidentemente, este mecanismo no protegería frente a posibles contradicciones en la valoración o calificación jurídica del hecho, ya que la actividad enjuiciadora que cada órgano lleva a cabo es independiente, sino que únicamente tendría por objeto la apreciación de los hechos, puesto que, como afirma el Tribunal Constitucional, “es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado” (fj 4º de la STC 77/1983, de 3 de octubre; en igual sentido, vid. también STC 24/1984, de 23 de febrero y STC 204/1991, de 30 de octubre).

      Ahora bien, mientras que no se prevea ex lege un nuevo motivo de revisión en la LRJC, consideramos que lo más oportuno para intentar salvar estas contradicciones sería acudir en amparo al Tribunal Constitucional, solución a la que, como ya comentaremos, se refiere la STC 62/1984, de 21 de mayo en su Fundamento Jurídico 5º729.

  6. Plenitud en el ejercicio de sus derechos. especial referencia a la protección de su honor

    El ejercicio de los derechos del sujeto pasivo del proceso tras el sobreseimiento provisional

    Como en reiteradas ocasiones hemos afirmado a lo largo de este trabajo, el sobreseimiento provisional determina la total desvinculación del imputado respecto del proceso penal que frente a él se dirigía. Por consiguiente, no sólo deberán alzarse todas las medidas coercitivas que le afectaran, sino que, como veremos, también queda facultado para el ejercicio de sus derechos. Sin duda, uno de los bienes que pueden resultar más perjudicados tras la incoación de un proceso penal es el derecho al honor y, por ello, a continuación centramos nuestra atención en la protección de este derecho del sobreseído provisionalmente.

    La protección de su derecho al honor

    Desde el momento en que el proceso penal se dirige frente a una persona determinada, se produce una injerencia en la esfera individual de este sujeto, con especial repercusión en su reputación730. Por esta razón, las leyes penales han arbitrado diversos cauces para proteger las posibles lesiones contra el honor y, en este sentido, nuestras leyes prevén no sólo el delito de calumnias (art. 205 CP) , sino también el de acusaciones o denuncias falsas, con el que además se intentan preservar otros bienes jurídicos distintos —e incluso, más importantes en este caso que el derecho al honor— relacionados con la puesta en marcha de un proceso penal de forma innecesaria, afectando injustamente la persona y los bienes de un sujeto inocente falsamente acusado731.

    Queda fuera de toda duda que estos mecanismos puedan ponerse en marcha cuando el proceso hubiere concluido con una resolución que pone fin al proceso, declarando la absolución del sujeto pasivo. Mas, como veremos, no siempre ha estado claro el hecho de que, tras los autos de sobreseimiento provisional, el sujeto pasivo pueda emprender acciones legales contra el querellante o acusador, alegando la falsedad de las imputaciones vertidas contra él en una causa que ha sido paralizada. La búsqueda de una solución adecuada no ha sido pacífica hasta que, al menos en teoría, la Sentencia del Tribunal Constitucional 34/1983, de 6 de mayo, ha dejado zanjada esta cuestión.

    1. El delito de acusación y denuncias falsas y el sobreseimiento provisional

      a.1. La postura tradicional antes de la STC 34/1983

      El Código Penal de 1973 732 contemplaba el delito de acusación y denuncia falsa, comprendido dentro de los delitos contra la Administración de Justicia, en los siguientes términos:

      “Los que imputaren falsamente a alguna persona hechos que, si fueran ciertos, constituirían delito o falta de los que dan lugar a procedimiento de oficio, si esta imputación se hiciera ante funcionario administrativo o judicial que por razón de su cargo debiera proceder, serán sancionados (...). No se procederá contra el denunciador o acusador, sino en virtud de sentencia firme o auto, también firme, de sobreseimiento del Tribunal que hubiere conocido del delito imputado” (art. 325 CP/1973).

      En consonancia con la literalidad del precepto y lo que parece deducirse de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 733, la jurisprudencia734 y la generalidad de la doctrina735 han venido manteniendo tradicionalmente que únicamente las sentencias o los autos de sobreseimiento libre dejaban expedito el camino para dirigirse contra el querellante. En concreto, apoyaban esta tesis en los dos argumentos que exponemos a continuación.

      En primer lugar, se destacaba la imposibilidad de imputar a alguien un delito de calumnia cuando, como ya sostuvo el Tribunal Supremo en 1913, tras los autos de sobreseimiento provisional “no se puede asegurar que la imputación sea completamente falsa”736. En igual sentido, señalaba AGUILERA DE PAZ que “no puede promoverse después del sobreseimiento provisional ninguna reclamación de orden penal o civil, que requiera para su interposición la previa declaración de la inexistencia del delito perseguido o que implique el reconocimiento de la inculpabilidad del procesado”737.

      En segundo lugar, se sostenía que los autos de sobreseimiento provisional adolecían de uno de los presupuestos de procedibilidad de estos delitos, como era la firmeza de la resolución con la que el proceso concluye. Con anterioridad a la STC 34/1983, CÓRDOBA RODA criticaba este argumento, ya que entendía que firme es toda resolución que no esté sometida a impugnación alguna738. En consecuencia, sostenía este autor que también los autos de sobreseimiento provisional adquieren firmeza cuando contra ellos ya no cabe ningún recurso.

      a.2. El derecho a perseguir al querellante tras la STC 34/1983, de 6 de mayo

      El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 34/1983, de 6 de mayo, se planteaba si los autos de sobreseimiento provisional podían ser un obstáculo para que quien había estado sujeto al proceso ejercitara sus derechos y, en particular, si podían limitar el derecho a tutelar su honor. Pues bien, por un lado, el Constitucional reconoció el pleno ejercicio de sus derechos al sujeto frente a quien se hubiere dictado un auto de sobreseimiento provisional739. Y, por otro, y en línea con lo sostenido por CÓRDOBA RODA, admitió la firmeza de los autos de sobreseimiento provisional, ya que “firmes formalmente son los autos de sobreseimiento cuando ya no procede contra ellos recurso alguno”. Con ello el Constitucional modificaba el criterio imperante hasta ese momento en la doctrina y jurisprudencia740.

      Por consiguiente, a partir de lo resuelto en la STC 34/1983, debe admitirse la posibilidad de imputar un delito de acusación o denuncia falsas a quien dio lugar al inicio de una causa que hubiere sido sobreseída de forma provisional, puesto que el propio Tribunal Constitucional ha sostenido la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad previstos en el art. 325 CP.

      Esta sentencia parece haber zanjado las polémicas abiertas en torno a esta cuestión, ya que, a partir de esa fecha, tanto la jurisprudencia (vid. SSTS de 18 de junio de 1990 —RAJ 7303—, 16 de diciembre de 1991 —RAJ 9318—) como la doctrina741 han asumido esta tesis pacíficamente. En la misma línea se sigue avanzando tras la aprobación del Código Penal de 1995 (SSTS de 21 de mayo de 1997 —RAJ 4510—, 30 de junio de 1997 —RAJ 4959—, 3 de mayo de 1999 — RAJ 3855—, entre otras; en la doctrina, cabe también destacar, entre otros, a QUINTERO OLIVARES, VIVES ANTÓN y CANCIO MELIA742)743.

      a.3. Críticas a la tesis sostenida por el Tribunal Constitucional

      Pese al consenso existente en torno a la tesis sostenida por el Tribunal Constitucional en la mentada Sentencia, consideramos que no es la más acertada.

      Dos son fundamentalmente las razones que nos llevan a discrepar de esta solución.

      En primer lugar, consideramos que el Tribunal Constitucional, al interpretar el art. 325 CP (hoy 456 CP), no ha tenido en cuenta su finalidad, sino que meramente ha atendido a su literalidad. Queda fuera de toda duda que los autos de sobreseimiento provisional pueden devenir firmes cuando ya no se puedan interponer recursos contra ellos. No cabe discrepar respecto del concepto de firmeza, que, sin duda, fue interpretado de forma inadecuada durante muchos años por el Tribunal Supremo.

      Ahora bien, que los autos de sobreseimiento provisional puedan ser firmes no significa que en ellos concurran las condiciones de procedibilidad que exige el Código Penal . Al margen de la literalidad del precepto, en nuestra opinión el propósito del legislador no podía ceñirse exclusivamente a requerir la irrecurribilidad de la resolución. Solamente cuando el auto de sobreseimiento es definitivo se puede descartar la certeza de unos hechos. En este sentido, afirmaba AGUILERA DE PAZ que el sobreseimiento provisional no es una “resolución definitiva, por lo que no implica la inexistencia del delito ni la falsedad de la imputación hecha”744. Más recientemente, MAGALDI PATERNOSTRO745 sostenía que “lo que exige la ley es una resolución definitiva y no simplemente firme” y, por tanto, que “el sobreseimiento debe zanjar de manera definitiva la cuestión debatida y ser inmodificable e invariable”, requisitos que sólo concurren en los autos de sobreseimiento libre.

      En segundo lugar, y en línea con lo recién apuntado, no nos parece admisible permitir que se impute a alguien un delito de acusación y denuncia falsas tras una resolución que viene motivada en la insuficiencia de pruebas sobre los hechos delictivos y sus posibles autores. Todavía con más razón puede defenderse este argumento cuando gran parte de la doctrina penal entiende esa falsedad desde un punto de vista objetivo746; en todo caso, y dados los bienes jurídicos que resultan protegidos con este delito, resulta necesario que esta nota pueda predicarse de aquellos hechos que se hayan imputado747; en este sentido, serán falsas las imputaciones que sean contrarias a la realidad, bien porque ésta fue inexistente, bien porque se plasmó de forma alterada. Durante la fase intermedia, sólo en los casos en que se llegue a dictar un auto de sobreseimiento libre se podría concluir que concurre este elemento del tipo (ex art. 637.1 y 2 LECr ).

      Si consideramos tan criticable esta solución, no resulta tarea baladí preguntarse cuál fue el propósito que movió al Tribunal Constitucional a dictar la citada Sentencia. Esta resolución debe encuadrarse en una línea jurisprudencial bastante reciente que pretende asimilar progresivamente los efectos de los autos de sobreseimiento provisional a los de sobreseimiento libre. Según se desprende de numerosas sentencias748, con esta nueva tendencia interpretativa se pretende salvar los inconvenientes que derivan de una práctica abusiva de nuestros tribunales respecto del sobreseimiento provisional. Como ya hemos comentado en alguna ocasión anterior, nuestros tribunales han ido vaciando de contenido el art. 637.1 LECr , al exigir como presupuesto para adoptar esta resolución la certeza absoluta sobre la inexistencia de los hechos. De esta forma, llevan por la vía del art. 641.1 LECr los casos de inexistencia de indicios, que debieran haber motivado una resolución definitiva.

      A nuestro entender, estos abusos deben ser superados mediante una adecuada delimitación por parte del legislador y la doctrina de los motivos que dan lugar al sobreseimiento libre o provisional. Pero “transplantar” los efectos de una resolución definitiva a otra de naturaleza totalmente diversa, puede conllevar más inconvenientes que ventajas.

      Tampoco nos parece aceptable que el Tribunal Constitucional sostuviera la oportunidad de reconocer este derecho como salvaguardia de la presunción de inocencia, puesto que el hecho de denegar la posibilidad de ir contra el querellante no implica vulneración alguna de esa presunción. En todo caso, supondría forzar lo que el Tribunal Constitucional sostuvo en su Sentencia 40/1988, de 10 de marzo: la presunción de inocencia “no significa derecho del ciudadano a ser declarado inocente, sino a ser presumido inocente”. Porque, ciertamente, el sobreseimiento provisional aplicado dentro de los márgenes legales establecidos, no vulnera el derecho a la presunción de inocencia. No hace falta que se declaren que esa persona es inocente porque, de hecho, no hay ninguna prueba de cargo que la acuse.

      Por todo lo expuesto, concluimos que sería más correcto volver a aplicar el criterio predominante antes de la STC 34/1983, aunque dejando bien sentado que lo resuelto en el auto de sobreseimiento provisional no basta para condenar a alguien por este delito, y no porque no tenga la naturaleza de resolución firme, sino porque no resuelve definitivamente la cuestión litigiosa y, en consecuencia, no permite que se aprecien los presupuestos que justifican la aplicación de los elementos que configuran el delito de acusación y denuncia falsa y, en particular, el requisito de la falsedad.

    2. El delito de calumnias y el sobreseimiento provisional

      Como señalábamos en el punto anterior, tras los autos de sobreseimiento provisional no es posible afirmar la falsedad de un hecho imputado y determinar, por ende, la inutilidad del proceso incoado, que haya podido perjudicar los intereses de la Administración de Justicia y del administrado que estuvo afecto a la causa penal749; de lo que resulta que no es posible acudir a estos efectos al delito de acusación y denuncia falsas. Esto, sin embargo, no es óbice para que quien fue sujeto pasivo del proceso no pueda perseguir a quien le imputó el delito como calumniador, puesto que en el delito de calumnias (arts. 205 y ss.) únicamente se exige que, como ocurre en estos casos, con la imputación se haya lesionado el bien jurídico “honor”.

      En consecuencia, no parece que el derecho fundamental a la tutela del derecho al honor de quien fue sujeto pasivo del proceso vaya a resultar vulnerado por seguir interpretando el delito de acusaciones y denuncias falsas de forma tradicional, máxime cuando existe otra vía en las leyes penales para procurar la protección de su reputación.

  7. Ejercicio autónomo de la acción civil

    El acaecimiento de un hecho ilícito puede dar lugar a consecuencias diversas en dos órdenes independientes, como son el civil y el penal, por lo que las responsabilidades que se deriven deberían, en principio, exigirse también ante órdenes jurisdiccionales distintos750. Pues bien, en estos casos se ha entendido conveniente que estas acciones puedan sustanciarse de forma conjunta y, en concreto, partiendo de la máxima francesa le criminal tient le civil en état, se ha optado por dar preferencia al orden penal frente al civil. Esta materia se halla regulada, de forma bastante imprecisa, en el Título IV del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

    Antes de analizar las consecuencias que el sobreseimiento provisional puede tener en el ejercicio de este tipo de acciones civiles, conviene sentar las bases en que descansa esta materia. En primer lugar, debe fijarse cuál es la naturaleza de las acciones que se pueden ejercitar en el proceso penal. Desde luego, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 no resulta de gran ayuda al respecto. Establece el art. 100 LECr , con el que comienza el citado Título, que:

    “De todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable y puede nacer también acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible”.

    Dos cuestiones merecen destacarse de modo especial a este respecto.

    En primer lugar, conviene analizar críticamente la concepción que de las acciones civiles sostiene la Ley; cabe preguntarse si, como parece colegirse del precepto citado, este tipo de acciones civiles derivan efectivamente del delito. Coincidimos con la doctrina más autorizada en responder de forma negativa a esta pregunta. No sólo en el ámbito del Derecho Procesal751, sino también en el del Derecho Penal752 se considera que la única consecuencia del delito es la pena753; por su parte, la acción civil nace del ilícito civil que ha provocado una serie de daños y perjuicios en el ámbito privado, con independencia de que esas acciones u omisiones tengan o no carácter delictivo. Como sostiene FONT SERRA, responsabilidad civil y penal derivan de un mismo “hecho originario”, sin que la relación existente entre ellas se pueda establecer mediante la “derivación de la una respecto de la otra”754. Habida cuenta de estas conclusiones, y frente a lo dispuesto en nuestras leyes y a lo defendido en ocasiones por la jurisprudencia, debe sostenerse una única naturaleza de las acciones civiles. La única diferencia reside en su diverso tratamiento procesal755, ya que la acción civil tradicionalmente denominada ex delicto puede ser resuelta junto con la penal, por los órganos del orden criminal, mientras que, en otro caso, las acciones civiles únicamente pueden ser enjuiciadas por los órganos jurisdiccionales civiles. Por esta razón, DE LA OLIVA SANTOS prefiere denominar a las acciones de las que aquí nos vamos a ocupar, acciones civiles “ejercitables en el proceso penal” y no “ex delicto”756.

    En segundo lugar, conviene resaltar que de esta independencia entre las acciones se deriva tanto la posibilidad de que las de acciones civiles “ejercitables en el proceso penal” puedan ser actuadas aunque no haya delito o se haya negado la viabilidad de la acción penal, como el hecho de que, aún declarándose la existencia del mismo, pueda no concurrir ninguna responsabilidad civil757.

    Tomando esto en consideración, analicemos el régimen jurídico de las acciones civiles “ejercitables en el proceso penal” y la influencia que ejerce sobre ellas el sobreseimiento provisional. Como afirmábamos al comienzo de este apartado, el legislador ha considerado conveniente —entre otras, por razones de economía procesal, por las mayores garantías que ofrece el proceso penal frente al civil, por la posible ayuda que en el desarrollo del proceso civil pueden ofrecer las actividades instructora y decisora del proceso penal758— que estas acciones puedan ejercitarse de manera conjunta con la acción penal y que, de todos modos, si no se hiciere así —por reserva expresa de la acción por los ofendidos (art. 112 LECr ) —, el ejercicio de la acción civil deba esperar a que se resuelva la acción penal (arts. 111 y 112 LECr ).

    En cualquier caso —se ejercite la acción civil de forma conjunta o separada—, será esencial determinar cuándo entendemos que se toma una decisión sobre la acción penal con virtualidad suficiente como para permitir el ejercicio de la acción civil ante su propia jurisdicción.

    Del tenor literal de los arts. 111 y 114 LECr se desprende que es necesario que se haya dictado una “sentencia firme” —o, a lo sumo, una resolución análoga, como es el auto de sobreseimiento libre— para que se proceda al alzamiento de la citada suspensión del proceso civil759.

    Entendemos que estos artículos deben interpretarse atendiendo a las consideraciones que sirvieron de base al legislador de 1882. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en la Ley se parte de que el desarrollo normal del proceso penal debe desenvolverse por regla general de principio a fin, desde la puesta en conocimiento de la notitia criminis hasta la sentencia, sin mayores interrupciones. Desde este punto de vista, los autos de sobreseimiento libre y provisional se conciben en la Ley como supuestos excepcionales, por lo que parece lógico que tanto el art. 114 LECr , como el art. 111 LECr , no previeran más que la sentencia firme como resolución que dejaba expedita la vía civil. Ahora bien, la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha puesto de manifiesto la habitualidad de los supuestos que inicialmente se preveían anormales, razón por la que tanto nuestros tribunales como la doctrina se han visto obligados a hacer una lectura correctora de estos preceptos para dar respuesta a los problemas que se plantean en la práctica.

    Además, no cabe preterir que el legislador parte de la idea, hoy por suerte superada, de que este tipo de acciones civiles derivan del delito, por lo que sólo podrían ser ejercidas tras declararse su existencia. Y, desde esta concepción es evidente que los autos de sobreseimiento provisional no tendrían ninguna virtualidad para dejar vía libre al ejercicio autónomo de la acción civil derivada del hecho ilícito.

    Por fortuna, tanto la doctrina como la jurisprudencia760 han sostenido de forma mayoritaria la necesidad de entender estos preceptos en un sentido más amplio. A favor de esta interpretación se manifiesta GÓMEZ ORBANEJA, quien sostiene la inexactitud formal de la expresión “sentencia firme” utilizada en los arts. 111 y 114 LECr , mientras que encuentra más adecuada la redacción del art. 362 LEC/1881, ya que permite que sea más sencilla la incardinación de los autos de sobreseimiento provisional en este ámbito761.

    De hecho, desde el momento en que se da una respuesta negativa a la acción penal, ya sea definitiva —mediante un auto de sobreseimiento libre— o, incluso, provisional —mediante un auto de sobreseimiento provisional—, no existe ningún óbice que impida el ejercicio de la acción civil de forma autónoma. Ésta es la única solución compatible con la afirmada independencia de las acciones civil y penal, puesto que, una vez paralizado el proceso criminal por insuficiencia de motivos para formular acusación en el juicio oral, el proceso civil puede sustanciarse, ya que, salvo cuando la sentencia penal declare la inexistencia del hecho762, el desarrollo del proceso civil en nada depende del resultado de la posible respuesta que puedan dar los órganos penales en caso de una eventual reapertura de la causa. Parece, por tanto, obligado sostener la virtualidad del sobreseimiento provisional como resolución que permite el ejercicio autónomo de la acción civil, ya que defender una posición contraria supondría una “restricción injustificada e irrazonable del derecho de acceso a los tribunales del orden jurisdiccional civil” [STS —1ª— de 31 de mayo de 1995 (RAJ 2795)].

    En este sentido, resultan de sumo interés las palabras de GÓMEZ ORBANEJA cuando se refiere a la acción civil: “Tales derechos —en referencia a los derechos a la restitución y al resarcimiento del daño causado, contenido de la acción civil— no nacen propiamente del delito, en cuanto son independientes de la punibilidad del acto de que se deriven y, mas concretamente, de la responsabilidad penal, pese a la interpretación tradicional de CP art. 19 (...). El delito, como tal, no produce más efecto jurídico que la pena (...). Así es como se explica que la acción penal pueda ejercitarse, con separación e independencia de la penal (pero no simultáneamente al procedimiento en que se haga objeto de ésta), en la vía civil; también una vez denegada la acción penal mediante el sobreseimiento o la responsabilidad criminal en la sentencia y aun en los supuestos de mera suspensión del curso de la acción penal”763.

    A mayor abundamiento, no encontramos motivo alguno para aplicar en este contexto una solución distinta a la sostenida en este punto en materia de prejudicialidad penal en los ámbitos civil o laboral —y por analogía también al contencioso—, en los que, como ya hemos estudiado, sus recientes legislaciones de procedimiento avalan esta interpretación. En este sentido, tanto la LPL/ 1995, como la reciente LEC/ 2000, recogen en su articulado la posibilidad de proceder al alzamiento de la suspensión de los procesos laboral y civil, no sólo tras las resoluciones que determinan la terminación definitiva del proceso penal, sino también una vez dictadas las que dan lugar a su paralización.

    Esta solución viene además avalada por las previsiones de algunas leyes especiales, como es la normativa aplicable en materia de responsabilidad por uso y circulación de vehículos de motor764. Señala la Ley que, una vez que concluye o se paraliza por sobreseimiento libre o provisional el proceso penal incoado en virtud de un hecho cubierto por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil “sin que haya podido declararse la responsabilidad de persona alguna”765, el órgano jurisdiccional deberá, de oficio, dictar un auto denominado de cuantía máxima, con el que el perjudicado puede acudir a los tribunales civiles para interesar su ejecución (art. 10 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor766).

    Con el propósito de acoger estos criterios fijados por la doctrina y jurisprudencia, consideramos que deberían reformarse los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal relativos al ejercicio de la acción civil.

    No ignoramos que la tesis aquí defendida presenta algunas dificultades que deben ser analizadas cuidadosamente. En concreto, no cabe olvidar que una eventual reapertura del proceso penal podría afectar en cierta medida al ejercicio de esta acción civil. Como ya es sabido, el sobreseimiento provisional no pone fin definitivamente a la causa criminal, sino que simplemente la paraliza, a la espera de que, en su caso, aparezcan nuevos datos que permitan su reapertura. Pese al interés mostrado por doctrina y jurisprudencia en defender la virtualidad del sobreseimiento provisional como dies a quo para el ejercicio de la acción civil, escasa ha sido la preocupación por establecer qué ocurre si el proceso penal en un momento posterior continúa.

    Ninguna virtualidad tiene esa reapertura de la causa criminal cuando la acción civil se hubiere extinguido como consecuencia del transcurso del plazo de prescripción desde la notificación del auto de sobreseimiento provisional, ya que en este caso debe entenderse definitivamente agotada la facultad de ejercitar la acción civil, debido a que, como sostienen nuestros tribunales, “la circunstancia de la reapertura de las actuaciones sumariales (...) no es hábil para que adquiera viabilidad la acción extinguida, habida cuenta que admitir lo contrario llevaría a la consecuencia absurda de que bastaría cualquier intento por parte del perjudicado para que la prescripción operada quedara sin efecto con mengua de la seguridad jurídica que justifica el instituto de la «extintiva»” (STS de 20 de octubre de 1987 —RAJ 7304—; en el mismo sentido, STS de 24 de junio de 1988 —RAJ 5132—).

    Tampoco en todos los casos en que no se hubiese agotado la acción civil el proceso penal puede desplegar toda su fuerza suspensiva sobre el civil.

    De hecho, el proceso principal da lugar a la suspensión del civil tanto en los casos en que todavía no se hubiese dictado sentencia firme —suspendiéndose el proceso de declaración (vid. STS de 19 de febrero de 1902767)—, como cuando ésta ya se hubiese dictado, mas aún no se hubiese ejecutado, en cuyo caso, si concurrieren los requisitos del artículo 569 LEC 768, procedería la suspensión del proceso de ejecución.

    Es, por tanto, una vez que se hubiese ejecutado la sentencia civil cuando el proceso penal carecería ya de todo efecto suspensivo, salvo en un supuesto excepcional: que se declarare en la sentencia penal absolutoria la inexistencia del hecho. Así se expresa en el art. 116 LECr 769, cuya ratio, en palabras de DE LA OLIVA SANTOS, es la siguiente: “no puede nacer responsabilidad civil sobre la base de un hecho que, según la sentencia penal, no se produjo”770.

    A nuestro modo de ver, el mecanismo más sencillo para salvar estas dificultades consistiría en articular en la Ley de Enjuiciamiento Civil un nuevo motivo de revisión, tal como se ha operado en el orden laboral. En concreto, el art. 86.3 LPL 771 prevé la posibilidad de acudir a este medio extraordinario de impugnación para estos casos en los que una sentencia absolutoria declara la inexistencia del hecho, solventando aquellas contradicciones que resultan insostenibles772.

    Ahora bien, dado que en la LEC no existe previsión de lege lata al respecto, debemos plantearnos otras posibles soluciones para superar estas dificultades.

    El Tribunal Constitucional, preocupado por la forma de salvar estas contradicciones, ofrece la vía del recurso de amparo, siempre que “ningún otro instrumento procesal ante la jurisdicción ordinaria hubiera servido para reparar la contradicción” (STC 62/1984, de 21 de mayo —fj 5º—773). Consideramos que la posibilidad de acudir al amparo, de aceptarse, debe ser entendida en términos restrictivos; de lo contrario, es fácil que, so pretexto de aparentes contradicciones, se violente la independencia de los órdenes jurisdiccionales.

    Es más, pueden existir también otras razones para que no convenga llegar demasiado lejos en el empleo de este mecanismo. En este sentido, SENÉS MOTILLA, al hilo de su comentario a algunas sentencias del Tribunal Constitucional sobre este particular, cuestiona “la consideración del vacío legal”, porque —afirma— “tenemos claras reservas a que la falta de regulación obedezca a un simple olvido del legislador”; por el contrario, se muestra más proclive “a entender que el pretendido vacío legal es una apuesta decidida y deliberada del legislador a favor de la libre valoración jurídica de cada juez o tribunal”774. Tomando esto en consideración, no cabe descartar que el legislador haya decidido deliberadamente primar la independencia de los órdenes jurisdiccionales civil y penal —y en consecuencia, su libertad de apreciación de la prueba y de calificación jurídica—, aun a sabiendas del riesgo de que con ello las resoluciones judiciales pudieran incurrir en posibles contradicciones.

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    642 Véase al respecto en el Capítulo III, apartado tercero, nuestra concepción de archivo como simple efecto material derivado de los autos de sobreseimiento.

    643 Destacan, entre otros, FENECH NAVARRO, M., “Estudio sistemático del sobreseimiento...”, op. cit., pág. 420, VIADA LÓPEZ-PUIGCERVER, C., Lecciones de Derecho Procesal Penal, op. cit., pág. 391, GÓMEZ ORBANEJA, E. y HERCÉ QUEMADA, V., Derecho Procesal Penal, Derecho Procesal Penal, Madrid, 1986 op. cit., pág. 211, CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., La cosa juzgada penal, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1975, pág. 144, DE LA OLIVA SANTOS, A., Sobre la cosa juzgada, op. cit., pág. 177, GÓMEZ COLOMER, J.L. (con MONTERO AROCA, J. (dir.)), Derecho Jurisdiccional. Proceso Penal, op. cit., pág. 239, MORENO CATENA, V., Los procesos penales, op. cit., pág. 1934. 644 En este sentido, entre otras, SSTS de 26 de enero de 1899 —G. De 6 de abril, pág. 122—, de 29 de abril de 1911 —G. De 15 de septiembre, pág. 109—, de 8 de octubre de 1918 —G. De 13 de abril de 1919, pág. 22—, de 9 de junio de 1922 —Gaceta de 19 de (Continuación) marzo de 1923, pág. 42—, de 23 de septiembre de 1941 —RAJ 1000—, de 25 de noviembre de 1941 —RAJ 1317—, de 17 de mayo de 1990 —RAJ 4139—, de 12 de noviembre de 1991 —RAJ 8056—, de 15 de julio de 1994 —RAJ 6455—, de 11 de marzo de 1996 —RAJ 1981—, de 15 de octubre de 1998 —RAJ 8714—, ATS de 28 de septiembre de 2000 —RAJ 9299—.

    645 Durante los primeros años de vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , no siempre se mantuvo siempre una opinión pacífica sobre este particular; buena muestra de ello es el titubeante criterio sostenido entre los años 1884 y 1908 por la Fiscalía del Tribunal Supremo. En la Memoria de 1884 (Circular 5ª, de 19 de agosto de 1884), págs. 58 a 63, se señalaba que, salvo en el caso de prescripción, el sobreseimiento libre no debía producir efectos de cosa juzgada. Ocho años más tarde, la Fiscalía cambió de criterio, asimilando estos autos a estos efectos a las sentencias absolutorias (Memoria de la Fiscalía de 1892, Consulta 17, pág. 101). Mas no terminó ahí la polémica, ya que en 1903 se retomó el criterio anterior a 1892, criterio que se mantuvo hasta 1908. A partir de esta fecha quedó ya fijado el carácter de “resolución definitiva” de estos autos (Memoria de 1908, págs. 60 y 61).

    646 Que lo que determina la fuerza de cosa juzgada material de las resoluciones es su carácter definitivo y no propiamente su contenido, lo pone de manifiesto el hecho de que, una vez prescrito el delito respecto del que se había dictado un auto de sobreseimiento provisional, y sin que se hubiera pronunciado el tribunal sobre el fondo del asunto, la resolución adquiere fuerza de cosa juzgada material, debido a la imposibilidad de reabrir la causa y ejercitar la acción penal.

    647 Partimos de la concepción de cosa juzgada formal que sostiene DE LA OLIVA SANTOS, A.: “la cosa juzgada formal es la vinculación jurídica que, sobre todo para el órgano jurisdiccional y también para las partes, produce lo dispuesto en cualquier resolución firme, dentro del mismo proceso en que se haya dictado dicha resolución” (cfr. DE LA OLIVA SANTOS, A. (con DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I.), Derecho Procesal Civil. El proceso de declaración, op. cit., pág. 491).

    648 Véase al respecto el apartado dedicado a la protección del derecho al honor. 649 Entre otras, la STC 34/1983, de 6 de mayo y las 20 de noviembre de 1997 (RAJ 8573), de 30 de junio de 1997 (RAJ 4959), 26 de abril de 2000 (RAJ 5304).

    650 La doctrina alemana también conforma los límites de la “reapertura” (Wiederaufnahme) en función de los efectos de cosa juzgada que produce la resolución que rechaza la apertura del juicio oral. Mas existe una gran diferencia con respecto a nuestro ordenamiento, puesto que en Alemania la aparición de nuevos elementos de prueba no da lugar a la reapertura de la causa paralizada, sino a la iniciación de un nuevo proceso. Por esta razón, la doctrina reconoce a estos autos de archivo fuerza de cosa juzgada material, a la que califican como limitada o relativa; en este sentido, VON HIPPEL, R., se refería a su fuerza de cosa juzgada relativa –relatives Rechstkraft– (cfr. Der deutschen Strafprozess, Ed. N.G. Elwersche, Malburg, 1941); SCHMIDT, E., se refiere a este efecto como una fuerza de cosa juzgada material rescindible bajo condición – “auflösend bedingte materielle Rechtskraft” – (cfr. Lehrkommentar zur Strafprozeßordnung und zum Gerichtverfasungsgesetz, Tomo I, Ed. Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen, 1964, pág. 184); en términos similares, HENKEL, H., Strafverfahrensrecht, Ed. Kohlhammer, Stuttgart, 1968, pág. 320; PETERS, K., entiende que se trata de una eficacia de cosa juzgada limitada —beschränkte Rechtskraftwirkung— (cfr. Strafprozeß, op. cit., pág. 467); en el mismo sentido, aunque con otros términos —eingeschränkte Rechtskraft—, ROXIN, K, Strafprozessrecht, op. cit., pág. 330. Mas, al margen de estas diferencias, deben coincidir en los dos ordenamientos son los mismos los requisitos que deben desvirtuar la cosa juzgada —en un caso formal, en otro material—, provocando la reapertura de la causa. Para un estudio de esta materia, conviene destacar, junto a los ya citados, los artículos de VON NAGLER, J., “Das Zwischenverfahren”, Gerichtsaal, 111 (1938), pág. 369 y VON OETKER, F., “Der Wert des Eröffnungbeschlusses”, Gerichtsaal, 106 (1935), pág. 75.

    651 En este sentido, y pese a las diferencias que hemos comentado supra, destaca la importancia de la cosa juzgada SCHMIDT, E., cuando señala que: “Bei unverändereter Sachlage ist also der Angeschuldgite gegen weitere Inanspruchnahme gesichert” (Mientras que el estado de cosas no se vea alterado, el imputado queda protegido frente a un nuevo requerimiento –la traducción es nuestra–). Cfr. Lehrkommentar zur Strafprozeßordnung..., op. cit., pág. 184.

    652 No hace falta recordar que el concepto de “prueba” que utilizamos en sede de fase intermedia es muy distinto a la prueba producida en el juicio oral.

    653 Véase el Comentario de esta sentencia por BANACLOCHE PALAO, J., “Auto que acuerda el sobreseimiento provisional: imposiblidad de reiniciar las actuaciones si no existen nuevos elementos desconocidos al tiempo de acordar dicho sobreseimiento”, Tribunales de Justicia, 12/1997, pág. 1291.

    654 También en Alemania se establece este paralelismo; entre otros, MEYERGOßNER, en LÖWE-ROSENBERG, Strafprozessordnung, op. cit., § 211, marginal 2, pág. 108 y, en la edición de 1989, RIEß, P., marginal 1, pág. 202.

    655 Destacan BARONA VILAR, S., “La revisión penal”, Justicia, 1987, IV, pág. 849, TOMÉ GARCÍA, J.A., “Sugerencias en torno a una futura reforma legislativa de la revisión penal”, Actualidad Penal, 1990-2, pág. 342 y ss, CORTÉS DOMÍNGUEZ, V. (con GIMENO SENDRA, V. y MORENO CATENA, V.), Derecho Procesal Penal, Ed. Colex, 3ª edición, Barcelona, 1999, pág. 767. También el Tribunal Supremo en los AATS de 8 de mayo de 2000 (RAJ 7505), de 6 de abril de 1999 (RAJ 3312).

    656 Coincidiría para ambas resoluciones la exigencia de la “novedad” en el sentido de noviter producta que señalaba FOSCHINI, G., frente al de noviter reperta, conforme al cual sólo serían nuevos los elementos probatorios respecto de los que no hubo posibilidad de aportación al proceso, bien porque su existencia era ignorada, bien porque, a pesar de su existencia, todavía existía algún obstáculo para que fuera aportado (cfr. Studi sulle impugnazioni penali, Ed. Giuffrè, Milano, 1955, pág. 169).

    657 Vid. FENECH NAVARRO, M., “Estudio sistemático del sobreseimiento”, op. cit., pág. 420 o SAEZ JIMÉNEZ, J., Enjuiciamiento Criminal, op. cit., pág. 557, entre otros.

    658 A tenor del § 211 StPO: “Ist die Eröffnung des Hauptverfahrens durch einen nicht mehr anfechtbaren Beschluß abgelehnt, so kann die Klage nur auf Grund neuer Tatsachen oder Beweismittel wieder aufgenommen werden” .

    659 En este sentido, LÖWE ROSENBERG, en MEYER GOßNER, § 211, pto. 11, pág. 110 y RIEß, P., en la edición de 1989, marginal 10, pág. 205; PETERS, K, Strafprozeß, op. cit., pág. 467; VON HIPPEL, R., Der Deutschen Strafprozess, Ed. N.G. Elwertsche, Malburg, 1941, pág. 503; KLEINKNECHT/MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, Ed. C.H.Beck, 45 edición, Munich, 2001, pág. 727; KARLSRUHER KOMMENTAR, Strafprozessordnung, Ed. C.H.Beck, Munich, 1993, pág. 938, LEMKE, M. (con JULIUS, K.P., KREHL, C., KURTH, H.J., RATENBERG, E.C., TEMMING, D.), Strafprozessordnung. Heidelberger Kommentar, 2ª edición, C.F.Müller, 1999, 762.

    660 Vid. KLEINKNECHT/MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung, op. cit., pág. 727.

    661 Sobre este segundo presupuesto se pueden consultar los autores citados en la nota anterior.

    662 Recordemos los plazos de prescripción del art. 131 CP: 1. Los delitos prescriben:

    (a) A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años. (b) A los quince, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años. (c) A los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de seis años y menos de diez, o prisión por más de cinco y menos de diez años. (d) A los cinco, los restantes delitos graves.(e) A los tres, los delitos menos graves.(f) Los delitos de calumnia e injuria prescriben al año.

    663 En concreto, así se disponía en el art. 221.2 del antiguo Código Procesal Criminal de Bolivia: “Cuando el sobreseimiento fuere provisional, una vez que sea absuelta por la consulta de la Corte Superior, el querellante o el fiscal podrá reabrir el proceso por una (Continuación) sola vez, dentro del término de un año a contar de la fecha del auto confirmatorio de la Corte Superior. Si en este segundo procedimiento es sobreseído nuevamente el imputado, el querellante o denunciante responderá de los daños y perjuicios que se le hubieren causado aplicándose la norma contenido en el inciso 1) del artículo anterior”.

    664 Así lo pone de manifiesto en ocasiones nuestro Tribunal Supremo. Buena muestra de ello es lo dispuesto en la STS de 30 de junio de 1997 (RAJ 4959), en la que se hace eco de lo que se estableció en el recurso desestimado por Auto de 23 marzo 1993 (folio 529) en el que se afirmaba que «es procedente la reapertura del procedimiento, a instancia de parte legítima, o incluso de oficio, tan pronto como se ofrezcan nuevos datos fácticos o nuevas perspectivas de éxito a la investigación». En contra, sentencias como la de 26 de noviembre de 1990 (RAJ 9164) en la que se afirma que el auto de sobreseimiento provisional “puede quedar obsoleto tan pronto se invoquen, por las acusaciones, nuevos hechos, o nuevas pruebas conducentes”.

    665 Es importante esta solución porque, si bien es cierto que tras los autos de sobreseimiento provisional el sujeto pasivo del proceso debe quedar desvinculado de la causa, (Continuación) cesando todas las medidas que pesaren sobre su persona, esto no implica que su nombre no siga constando en las actuaciones, por lo que es evidente su interés en procurar que se termine cuanto antes el proceso con una resolución definitiva.

    666 Supongamos que la instrucción en el caso de un asesinato cometido en el año Z dura 3 años (Z 3). Por falta de pruebas suficientes sobre su autor se dicta en la fase intermedia un auto de sobreseimiento provisional ex art. 641.2 LECr . Si la causa no se reabre, el delito no prescribirá hasta pasados veinte años, es decir, 23 años después de su comisión. Ahora bien, pensemos en el caso contrario: la causa se reabre, por ejemplo, siete años después de la paralización del proceso, y, tras las nuevas diligencias practicadas, no varía la situación de insuficiencia probatoria, debiéndose dictar otro auto de sobreseimiento provisional; en este caso, el asesinato no prescribiría sino veinte años después de esta segunda resolución; en total, treinta años después de su comisión (Z 3 7 20). Podría entonces plantearse si en estos casos la prescripción cumple la finalidad que persigue. Cabría ir incluso un poco más lejos en este ejemplo: pensemos que el acusador prácticamente deja que se agoten los plazos de prescripción del delito, pero dieciocho años después del auto que paralizaba el proceso presenta una prueba nueva e importante, ¿se podría sostener que, pese a su legalidad, esta situación resulta aceptable desde el punto de vista de la justicia material?

    667 Vid. BANACLOCHE PALAO, J., “Algunas reflexiones críticas en torno a la prescripción penal”, Revista de Derecho Procesal, 1997-2, pág. 290.

    668 Si cabe, el problema todavía podría ser más notorio si hubiera procesado en la causa que quedara pendiente de la reapertura, si bien, como venimos reiterando en este trabajo, eso no es, o al menos, no debería ser posible, puesto que resulta obligado levantar el procesamiento una vez acordado un auto de sobreseimiento provisional.

    669 Vid. CARRARA, F., en relación con la actitud de los poderes del Estado señala: “Essi dicono: deve esservi un termine stabilito dalla legge oltre il quale il reato e l´azione persecutoria del medesimo debba aversi como estinto in virtù della prescrizione: ma questo termine stabilito dalla legge (essi soggiungono) deve essere precario ed elástico, e la sua precarietà ed elastictà deve dipendere dallo arbitrio nostro. Noi dobbiamo essere i padrón liberi, assoluti, dispotici, di fare che la prescrizione corra o non corra a talento nostro, senza rendere di ciò ragione alcuna tranne lo incensurabilie talento nostro” (cfr. Opuscoli di Diritto Criminale, op. cit., pág. 75).

    670 Vid. CARRARA, F.: “(...) Ma noi vogliamo che ci si dia un modo artificioso mediante il quale ottenere che mentre su quei trenta processi lasceremo che per ventinove abbia la legge il suo corso di esecuzione, possiamo per il trentesimo opporre il nostro formidable veto e interdire perpetuamente alla legge di raggiungere lo scopo suo. Alla vigilia del termine (...) quell´azione che dimani sarebbe estinta vivrà per altri dieci anni. Poscia alla vigilia del termine del trentennio faremo l´istesso (...). In tale guisa finchè rimane una gocciola d´inchiostro a quello imputato che è l´oggetto speciale della nostra antipatia di godere il benefizio della prescrizione, quando anche Dio gli concedesse la vita de un Patriarca. Ecco il senso pratico della dottrina della interruzione” (cfr. Opuscoli di Diritto Criminale, op. cit., págs. 76 y 77).

    671 Resultan interesantes las referencias de PASTOR ALCOY, F., a ciertas sentencias del Tribunal Supremo sobre justificación de la prescripción (cfr. La prescripción del delito, la falta y la pena. Análisis jurisprudencial sistematizado, Ed. Práctica de Derecho, Valencia, 1995, págs. 27 y ss.).

    672 Vid. BANACLOCHE PALAO, J., “Algunas reflexiones críticas...”, op. cit., pág. 300.

    673 Vid. REY GONZÁLEZ, C., La prescripción de la infracción penal, Ed. Marcial Pons, Madrid Barcelona, 1999, 2ª edición, pág. 64.

    674 Dispone el § 78c.3 StGB: “Nach jeder Unterbrechung beginnt die Verjährung von neuem. Die Verfolgung ist jedoch spätestens verjährt, wenn seit dem in § 78a bezeichneten Zeitpunkt das Doppelte der gesetzlichen Verjährungsfrist und, wenn die Verjährungsfrist nach besonderen Gesetzen kürzer ist als drei Jahre, mindestens drei Jahre verstrichen sind”.

    675 TRÖNDLE, H. y FISCHER, T., StrafGesetzBuch, Ed. Beck, 49ª edición, Munich, 1999, pág. 665.

    676 Sobre el número de reaperturas que se producen en la actualidad, véase supra en la nota al pie 262.

    677 En la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 1902 se señala que: “La ley no dice lo que se ha de hacer respecto a esos extremos, llegado que sea el momento de sobreseer; y lo que es aún más sensible, no suele hacerse nada, a juzgar por lo que afirman los Fiscales que me consultan; resultando de ahí que el procesamiento queda subsistente y subsistentes también los embargos y fianzas, necesitando los interesados para liberar sus fincas, o para que cese la responsabilidad pecuniaria del tercero que se prestó a ser fiador, acudir al Tribunal con reclamaciones que, sobre originarles gastos, son de resultado muy problemático. ¿No es esto un remedo de la absolución de la instancia?” (cfr. pág. 52). Por su parte, en la Memoria de 1911 se sostiene que: “resulta inconcuso que sobreseer provisionalmente y dejar subsistentes fianzas, embargos y procesamientos decretados con anterioridad en un sumario, es en cierto modo ilegal, porque si la letra de la ley no lo prevé expresamente, su espíritu indudablemente le condena en cuanto equivale a decretar una verdadera absolución de la instancia” (cfr. pág. LV).

    678 Al respecto, señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 1908 que: “es inconcuso que, desde el momento que aquel proveído –en referencia al sobreseimiento provisional– se pronuncia y adquiere la relativa firmeza que le es característica, el procesamiento queda ipso facto anulado, no sólo porque sería anómalo que subsistiera cuando las consecuencias del mismo desaparecen, sino también, lo que sería más grave, porque su permanencia indefinida pugnaría con los principios que informan la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con los que sirven de base o fundamento a la prescripción misma, porque una vez procesado un individuo, contra el cual o a favor del cual no se hubiera dictado pronunciamiento definitivo, bastaría para impedir la prescripción cualquier diligencia sumarial que se practicase antes del cumplimiento del plazo que la integra y el sobreseimiento provisional sería para él equivalente a la absolución de la instancia abolida por la vigente ley de Enjuiciamiento” (cfr. Jurisprudencia Criminal, RGLJ, Tomo 80, nº 64).

    679 Vid., entre otros, AGUILERA DE PAZ, E., Ley de Enjuiciamiento Criminal , op. cit., Tomo 4, pág. 550, JIMÉNEZ ASENJO, E., Derecho Procesal Penal, pág. 54, MORENO CATENA, V., Los procesos penales, op. cit., pág. 1932. También el Tribunal Constitucional se muestra partidario del levantamiento del procesamiento tras los autos de sobreseimiento provisional, afirmando que con esta medida se salva la legitimidad constitucional de estas resoluciones; buena muestra de ello es lo que dispone el fj 3º de la STC 40/1988, de 10 de marzo: “No hay –desde luego– falta de legitimidad constitucional, en los casos en que el procedimiento penal no ha llegado a dirigirse contra ninguna persona por no habérsele demostrado la participación de ninguna en los hechos perseguidos, mas tampoco puede formularse la crítica en aquellos otros casos en que, aun habiendo existido con anterioridad un procesamiento, éste resulta revocado o levantado”.

    680 Vid. AGUILERA DE PAZ, E., Ley de Enjuiciamiento Criminal , op. cit., Tomo 4, pág. 542

    681 De hecho, los motivos que originan este tipo de resoluciones impiden apreciar las circunstancias primera y tercera del art. 503 LECr , que prevén los requisitos necesarios para acordar la prisión provisional Si el sobreseimiento provisional se funda en el apartado primero del art. 641.1 LECr , no sería posible apreciar la circunstancia primera del art. 503 LECr , pues no habría constancia en la causa de la existencia del hecho. Pero, incluso, aunque la hubiera, si procediera el sobreseimiento provisional por falta de motivos suficientes para acusar a alguien del hecho presuntamente delictivo —art. 641.2 LECr—, tampoco podría apreciarse la circunstancia tercera del citado precepto.

    682 Señala la STS de 5 de febrero de 1908: “porque el sobreseimiento, lo mismo el libre que el que no lo es, pone término al procedimiento penal, por lo que respecta a sus efectos en la persona del sumariado, pues por ministerio del mismo éste recobra su libertad, si estuviere preso; su libertad provisional, si no lo estuviere, se convierte en definitiva, cesando la obligación de presentarse periódicamente ante el Juez Instructor; se cancelan las fianzas y embargos y, en suma, su situación es idéntica a la de los demás ciudadanos” (cfr. Jurisprudencia Criminal, RGLJ, Tomo 80, nº 64).

    683 Establece este tercer apartado del art. 541 LECr que se cancelará la fianza “cuando se dictare auto firme de sobreseimiento (...)”, por lo que deben entenderse englobados aquí tanto los autos de sobreseimiento libre, como provisional.

    684 Vid. RUIZ Y VALARIÑO, T., Memoria de la Fiscalía de 1902, págs. 54; también es destacable lo señalado en pág. 52 (vid. nota supra).

    685 Hablamos de “prisión provisional indebida” para referirnos a todos los casos en que dicha medida cautelar puede dar lugar a responsabilidad del Estado: por un lado, cuando la prisión haya resultado “injusta”, puesto que, habiéndose adoptado conforme a derecho, posteriormente se ha acreditado la imposibilidad de exigir responsabilidad penal al sujeto pasivo del proceso; y, por otro, en los casos de prisión “ilegítima”, esto es, en aquellos en los que la medida se hubiere adoptado vulnerando las normas que regulan esta institución.

    686 El art. 294 LOPJ otorga un tratamiento especial a los supuestos de prisión provisional en los que concurran los siguientes requisitos: 1) materiales: inexistencia del hecho, tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo –es decir, probada falta de participación–; vid. SSTS de 27 de enero de 1989 (RAJ 496), 22 de marzo de 1989 (RAJ 5525), 2 de junio de 1989 (RAJ 4330), 30 de junio de 1989 (RAJ 4926), 1 de diciembre de 1989 (RAJ 8989), 6 de febrero de 1990 (RAJ 950), 19 de junio de 1990 (RAJ 5207) y 4 de diciembre de 1990 (RAJ 9721), “siempre que se hayan irrogado perjuicios”; y 2) formales: sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento libre. 687 Debido a su identidad material con los autos de sobreseimiento libre, la jurisprudencia entiende comprendidos en el art. 294 LOPJ también a los autos de levantamiento del procesamiento [vid. al respecto, SSTS (3ª) de 30 de abril de 1990 (RAJ 3626), 19 de junio de 1990 (RAJ 5211) y de 4 de diciembre de 1990 (RAJ 9721)].

    688 Para que el daño sea indemnizable debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas (art. 292 LOPJ ).

    689 En este sentido, vid. la STS de 3 de mayo de 1999 (RAJ 3855), que se expresa en los siguientes términos: “Que no obstante acordarse el sobreseimiento provisional y archivo, se está en presencia de la práctica abusiva a hacer pasar por provisional lo que es un sobreseimiento definitivo con los efectos equivalentes a sentencia absolutoria anticipada” (fj 4°). También en este sentido, las SSTS de 2 de marzo de 1989 (RAJ 2473), de 1 de marzo de 1996 (RAJ 1887) y de 12 de marzo de 1999 (RAJ 4778).

    690 El procedimiento para pedir este tipo de indemnizaciones se rige por las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial del Estado, contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (arts. 139 y ss.) y el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que la desarrolla. Mejores instrumentos para la obtención de una indemnización en estos casos se prevén en las legislaciones alemana e italiana. En Alemania, la Strafverfolgungsmaßnahmen Entschädigung Gesetz, de 8 de marzo de 1971, reconoce el derecho a indemnizar perjuicios no sólo causados por un período de prisión provisional, sino incluso derivados de otras medidas adoptadas durante la instrucción (§ 2 StEG). En Italia estas previsiones se contienen en el propio Código Procesal Penal, en concreto en el Capítulo VIII del Libro IV (“Riparazione per l´ingiusta detenzione”).

    691 La doctrina ha vertido severas críticas en torno a este mecanismo. Véase en este sentido, GUZMÁN FLUJÁ, V.C., quien señala que toda valoración positiva de estos supuestos en la LOPJ “se torna extremadamente negativa al llegar a la regulación del procedimiento de reclamación que hace prácticamente desesperante la obtención de la indemnización, por ser un mecanismo largo, lento, tedioso y complejo, especialmente en caso de error judicial que añade una fase jurisdiccional previa a la reclamación administrativa y eventual recurso contencioso-administrativo” (cfr. El derecho a la indemnización por el funcionamiento de la Administración de Justicia, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, pág. 50). Por su parte, MORENO CATENA, V., afirmaba que “a buen seguro los costos y la complicación servirán como un poderoso estímulo negativo para reclamar al Estado la indemnización, dando lugar a que el ciudadano con derecho a obtenerla, haga dejación de ella” (cfr. Derecho Procesal Penal, Ed. Colex, 3ª edición, 1999, Madrid, pág. 538). En la misma línea crítica se sitúan MONTERO AROCA, J., Responsabilidad civil del juez y del Estado por la actuación del Poder Judicial, Ed. Tecnos, Madrid, 1988, pág. 153, TORNOS MAS, J., “La responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia”, Revista Española de Derecho Constitucional, enero-abril 1985, nº 13, pág. 111, MOVILLA ÁLVAREZ, C. y ANDRÉS IBÁÑEZ, P., El poder judicial, Ed. Tecnos, Madrid, 1986, pág. 373, DIAZ DELGADO, J., La responsabilidad patrimonial del Estado por dilaciones indebidas en el funcionamiento de la Administración de Justicia, Ed. Siete, Valencia, pág. 59, y ORTIZ NAVACERRADA, S., “El proceso de error judicial”, Actualidad Civil, n° 14, 1989, pág. 960.

    692 En Memoria de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 1902, pág. 52 (vid. supra) y Memoria de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 1911, pág. LV (vid. supra).

    693 Vid. STS de 5 de febrero de 1908 (Jurisprudencia Criminal, RGLJ, Tomo 80, nº 64). Vid. nota supra. 694 Cabe destacar, entre otros, a AGUILERA DE PAZ, E., Ley de Enjuiciamiento Criminal , op. cit., págs. 549 y ss., FENECH NAVARRO, M., “Estudio sistemático...”, op. cit., pág. 416, PRIETO CASTRO Y GUTIÉRREZ DE CABIEDES, Derecho Procesal Penal, op. cit., pág. 297, TOMÉ PAULE, J.A., (con DE LA OLIVA SANTOS, A. (dir.)), Derecho Procesal Penal, op. cit., pág. 461, MORENO CATENA, V., Los procesos penales, Tomo 6, op. cit., pág. 1932 y MASCARELL NAVARRO, M.J., El sobreseimiento provisional, op. cit., pág. 147. Aunque en línea con lo afirmado por la doctrina reseñada, es curiosa la reflexión de GÓMEZ COLOMER, J.L. (con MONTERO AROCA, J. (dir.), Derecho Jurisdiccional, op. cit., pág. 239, a estos efectos; si bien entiende que, junto con las medidas cautelares personales, deben cancelarse también las reales, puntualiza que estas últimas únicamente deberán dejarse sin efecto “si se sospecha una tardía solución”.

    695 A los efectos de este artículo, debe entenderse por dueño “el que estuviere poseyendo la cosa al tiempo de incautarse de ella el Juez de Instrucción” (párrafo 4º del art. 635 LECr ). Cuando dichos objetos no tuvieren un dueño conocido, “serán vendidos en pública subasta una vez transcurridos dos años (...) a contar desde la fecha de ocupación (...), ingresándose su importe en el Tesoro, previa detracción de costas judiciales si procediere, a no ser que carecieren de valor, en cuyo caso, acreditada su inutilidad y oído el Ministerio Fiscal, se destruirán” (art. 4 del RD 2783/ 1976, de 15 de octubre, sobre conservación y destino de piezas de convicción [BOE nº 294, de 8 de diciembre; RCL 1976, 2335]). La misma disposición se aplica para los bienes que, teniendo dueño conocido, no hayan sido retirados por sus propietarios una vez transcurridos tres años desde su ocupación o el llamamiento al interesado” (art. 4 de dicho Real Decreto).

    696 Vid. AGUILERA DE PAZ, E., Ley de Enjuiciamiento Criminal , op. cit., pág. 553.

    697 Vid. DE LA OLIVA SANTOS, A. (con DÍEZ-PICAZO JIMÉNEZ, I.), Derecho Procesal Civil. El proceso de declaración, op. cit., pág. 552. En igual sentido, DÍEZPICAZO GIMÉNEZ, I. (con DE LA OLIVA SANTOS, A., VEGAS TORRES, J. y BANACLOCHE PALAO, J.), Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil , op. cit., pág. 151. En un sentido similar, vid. BARONA VILAR, S., El proceso civil, Volumen I, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, págs. 417 y 418.

    698 Rezaba el art. 362 LEC/1881: “No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los Jueces y Tribunales, cuando hubieren de fundar exclusivamente la sentencia en el supuesto de la existencia de un delito, suspenderán el fallo del pleito hasta la terminación del procedimiento criminal si oído el Ministerio Fiscal, estimaren procedente la formación de la causa.

    El auto de suspensión será apelable en ambos efectos”. 699 Afirma en este mismo sentido DE LA OLIVA SANTOS, A. que “si en el proceso cabe descartar tal declaración (se refiere a la declaración de inexistencia del hecho) o si el hecho sobre el que hipotéticamente se produciría no es fundamental ni relevante en el proceso civil, la actuación suspensiva, en todo caso, del procedimiento, constituye un disparate” (cfr. DE LA OLIVA SANTOS, A. (con FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M.A.), Derecho Procesal Civil, Tomo II, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 1996, pág. 629). Véase también GUASP DELGADO, J., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil , Tomo I, Ed. Aguilar, Madrid, 2ª edición, 1948, pág. 960.

    700 Vid. SENÉS MOTILLA, C., Las cuestiones prejudiciales en el sistema español, Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 1996, pág. 110. Otra parece que ha sido tradicionalmente la postura sostenida por el Tribunal Supremo; véase, entre otras, las Sentencias de 14 de mayo de 1891 (nº 149 de Jurisprudencia Civil, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Tomo 69, págs. 649 y ss.), de 13 de julio de 1899 (nº 145 de Colección Legislativa de España, volumen II, Tomo 103, págs. 730 y ss.), de 11 de febrero de 1907 (nº 53 de Jurisprudencia Civil, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Tomo 106, págs. 311 y ss.), de 21 de marzo de 1907 (nº 104 Jurisprudencia Civil, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Tomo 106, págs. 678 y ss.), de 30 de septiembre de 1940 (RAJ 832), entre otras, que parecen entender el precepto en sus propios términos.

    701 Así también en STS de 16 de enero de 1928 (nº 67 de Jurisprudencia Civil, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Tomo 180, págs. 419 y ss.): “que aun cuando el delito exista y haya de formarse causa de oficio si puede fundarse la sentencia en otras razones no debe suspenderse la resolución del litigio”.

    702 Vid. SENES MOTILLA, C, Las cuestiones prejudiciales..., op. cit., pág. 117.

    703 Así se predica, entre otras, en la STS de 21 de marzo de 1907 (nº 104 de Jurisprudencia Civil, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Tomo 106, págs. 678 y ss.). De esta tesis se hacen eco, entre otros, MANRESA Y NAVARRO, J.M., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil , Tomo II, Ed. Reus, Madrid, 1953, pág. 192.

    704 El art. 514 LEC/1881 rezaba del siguiente modo: “En el caso de que sosteniendo una de las partes la falsedad de un documento que pueda ser de influencia notoria en el pleito, entablare la acción criminal en descubrimiento del delito, y de su autor, se suspenderá el pleito en el estado en que se halle, hasta que recaiga ejecutoria en la causa criminal.

    Se decretará dicha suspensión luego que la parte interesada acredite haber sido admitida la querella.

    Contra esta providencia no se dará recurso alguno”.

    705 Vid. GONZÁLEZ GRANDA, P. (con otros), Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil , Tomo I, Ed. Lex Nova, Valladolid, 2000, pág. 486.

    706 Vid. DE LA OLIVA SANTOS, A. (con DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I.), Derecho Procesal Civil. El proceso de declaración, op. cit., pág. 553. En igual sentido, DÍEZPICAZO GIMÉNEZ, I. (con DE LA OLIVA SANTOS, A., VEGAS TORRES, J. y BANACLOCHE PALAO, J.), Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil , op. cit., pág. 152.

    707 Este segundo presupuesto, previsto en el primer apartado del art. 40.2 LEC/2000 no fue contemplado con anterioridad al Proyecto de LEC . En concreto, tanto en el Borrador como el Anteproyecto de LEC este primer apartado se redactaba en los siguientes términos: “Que se acredite la incoación de causa criminal y, en su caso, la admisión de la querella”.

    708 En relación a este carácter decisivo de la calificación jurídico-penal en el proceso civil, entiende DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., que “si la calificación del hecho como delito no ha de alterar, en ningún caso, el sentido del fallo, el tribunal civil debe, sin perjuicio de dar cumplimiento a la previsto en el apartado 1º, dictar sentencia en los términos que corresponda” (cfr. Comentarios a la Ley de Enjuciamiento Civil, op. cit., pág. 152).

    709 Así DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil , op. cit., pág. 153.

    710 En numerosas ocasiones el Tribunal Supremo se ha hecho eco de este principio de celeridad que caracteriza al proceso laboral; destaca la STS (4ª) de 9 de diciembre de 1999 (RAJ 9717): “que es, a su vez, consecuencia técnica del principio de celeridad (base 16,1), esencial al proceso laboral, como proceso que atiende a la resolución de controversias que tienen por objeto situaciones que requieren una rápida respuesta judicial no sólo en atención al carácter de las necesidades a las que afectan, sino también porque el elemento temporal influye de forma decisiva en la solución de la controversia y puede alterar la eficacia e idoneidad de la misma”. También se refieren a la celeridad, entre otras, SSTS (4ª) de 29 de septiembre de 1989 (RAJ 6545), de 12 de febrero de 1994 (RAJ 1031), de 23 de diciembre de 1997 (RAJ 9559) y 31 de mayo de 1999 (RAJ 5003).

    710 Entre otras, cabe destacar las SSTS (4ª) de 19 de abril 1982 (RAJ 2448), de 18 de abril de 1983 (RAJ 1841), de 1 de diciembre de 1986 (RAJ 7234), de 16 de octubre de 1987 (RAJ 6206).

    712 Así en el fj 3º de la STC 24/1984: “lo que para el orden penal es irrelevante y no destruye la presunción de inocencia, para los jueces laborales constituye una base fáctica suficiente para apreciar causa de incumplimiento justificativa de despido”. En este sentido, también el Tribunal Supremo –Sala 4ª– en Sentencias como la de 1 de diciembre de 1986 (RAJ 7234), 16 de octubre de 1987 (RAJ 6206) y 20 de junio de 1994 (RAJ 5455), entre otras.

    713 Vid. SENÉS MOTILLA, C., hace una interesante referencia a los antecedentes de esta regla de no suspensión en el orden laboral (cfr. Las cuestiones prejudiciales..., op. cit., pág. 139).

    714 En iguales términos se expresaba esta regla de no suspensión en el art. 77 de la LPL de 1980 (RCL 1980/1719, de 13 de junio).

    715 El art. 86.2 LPL establece lo siguiente: “En el supuesto de que fuese alegada por una de las partes la falsedad de un documento que pueda ser de notoria influencia en el pleito, porque no pueda prescindirse de la resolución de la causa criminal para la debida decisión o condicione directamente el contenido de ésta, continuará el acto del juicio, hasta el final, y con suspensión de las actuaciones posteriores, el órgano judicial concederá un plazo de ocho días al interesado, para que aporte el documento que acredite haber presentado la querella. La suspensión durará hasta que se dicte sentencia o auto de sobreseimiento del Juez o Tribunal por cualquiera de las partes”. Este artículo concreta la previsión contenida en el art. 4.3 LPL . También en el proceso de ejecución estos casos de falsedad documental son los únicos que se salvan de la obligación impuesta legalmente de continuar el proceso. Así en el art. 4.4 LPL : “La suspensión de la ejecución por existencia de una cuestión prejudicial penal sólo procederá si la falsedad documental en que se base se hubiera producido después de constituido el título ejecutivo y se limitará a las actuaciones ejecutivas condicionadas directamente por la resolución de aquélla”.

    716Vid.RODRÍGUEZ SANTOS, B. (con CEBRIÁN BADÍA, F.J.), Comentarios a la LPL , Tomo 2º, Editorial Lex Nova, pág. 424.

    717 El segundo párrafo de su art. 77 rezaba del siguiente tenor: “en el supuesto del art. 514 LEC , el Magistrado continuará la vista hasta el final, y con suspensión de las actuaciones posteriores concederá un plazo de 8 días al interesado para que presente el documento que acredite haberle sido admitida la querella. La suspensión durará hasta que se dicte sentencia o auto de sobreseimiento en la causa criminal”.

    718 Ley de Procedimiento Laboral de 27 de abril de 1990, nº 521/1990 (BOE de 2 de mayo de 1990, nº 105).

    719 Contiene un mayor análisis del tratamiento específico de la falsedad documental SENÉS MOTILLA, C., Las cuestiones prejudiciales..., op. cit., pág. 141.

    720 En términos similares se regula la suspensión por falsedad documental en la LEC/2000: “No obstante, la suspensión que venga motivada por la posible existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos aportados se acordará, sin esperar a la conclusión del procedimiento, tan pronto como se acredite que se sigue causa criminal sobre aquel delito, cuando, a juicio del tribunal, el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto”(art. 40.4 LEC/2000). Compárese con el tenor del art. 514 LEC/1881: “En el caso de que sosteniendo una de las partes la falsedad de un documento que pueda ser de influencia notoria en el pleito, entablare la acción criminal en descubrimiento del delito y de su autor, se suspenderá el pleito en el estado en que se halle, hasta que recaiga ejecutoria en la causa criminal”.

    721Así afirma el Tribunal Supremo en su Sentencia de 28 de noviembre de 1998 (RAJ 316): “la independencia de las responsabilidades de orden laboral y civil y la de su respectivo enjuiciamiento, ha conducido a la jurisprudencia a declarar que la apreciación en el orden social de infracción de seguridad no prejuzga, ni comporta por sí sola, la existencia de responsabilidad civil o que, a la inversa, la inobservancia de aquellas normas reglamentarias no impide, ante su acreditada insuficiencia, la exigencia de responsabilidad civil”.

    722 Estos casos de prejudicialidad penal en el proceso laboral se configuran como una de las posibles excepciones legalmente previstas, a las que se refiere el apartado segundo del art. 10 LOPJ . En igual sentido, podría no haber distinguido entre responsabilidad civil y laboral, ya que la segunda no es más que una subespecie de la primera, que surge para aquellos casos en que esta responsabilidad nace de una relación laboral. Mas, desde el momento en que se someten este tipo de cuestiones al orden social (art. 2.a) LPL ), su tratamiento queda también afecto a las normas procesales que regulan la actividad de la jurisdicción laboral.

    723 Véase en este sentido a GARBERÍ LLOBREGAT, J. (A.A.V.V.), Comentarios a la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 1998, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S. A., Madrid, 1999, pág. 67.

    724 Así, por ejemplo, en los Fundamentos Jurídicos 3º y 4º de la STC 177/1999, de 11 de octubre, se le atribuye carácter de derecho fundamental, garantizado por el art. 25 CE. También se refieren a este principio como derivado de este artículo, entre otras, las SSTC 2/1981, de 26 de enero, 159/1985, de 27 de noviembre, 107/1989, de 8 de junio y 112/1990, de 18 de junio. En otros países este principio viene reconocido de forma expresa en la Constitución; buena muestra de ello es el artículo 103.3 GG.

    725 La legislación administrativa se hace eco de la necesidad de que concurra esta triple identidad para que pueda apreciarse el non bis in idem. Así, en el art. 133 LRJ-PAC (Ley 30/1992, de 26 de noviembre ) y en el art. 7 del R. D. 1398/1993, de 4 de agosto. En igual sentido la jurisprudencia del Constitucional, entre otras, en SSTC 2/1981, de 30 de enero, 150/1984, de 7 de marzo, 204/1996, de 16 de diciembre, 221/1997, de 4 de diciembre y 177/1999, de 11 de octubre. Para un estudio más detallado, puede consultarse DE LEÓN VILLALVA, F.J., Acumulación de sanciones penales y administrativas, Ed. Bosch, Barcelona, 1998, págs. 451 y ss, y GARBERÍ LLOBREGAT, J., “Principio “non bis in idem” y cuestiones de prejudicialidad”, Cuadernos de Derecho Judicial, 1997 (Las fronteras del Código Penal de 1995 y el Derecho Administrativo Sancionador), CGPJ, págs. 88 y ss.

    726 Aparte de que, una vez dictado el sobreseimiento provisional, no existe pendencia del proceso penal que impida la continuación del contencioso-administrativo, por lo que sería un despropósito dejar paralizado este último proceso de forma indefinida, sabiendo que el único límite temporal del sobreseimiento provisional es actualmente la prescripción del delito.

    727 En este sentido, establece la STC 159/1985, de 27 de noviembre que: “por su naturaleza, el principio non bis in idem sólo podrá invocarse en el caso de duplicidad de sanciones, frente al intento de sancionar de nuevo, desde la misma perspectiva de defensa social, unos hechos ya sancionados, o como medio para obtener la anulación de la sanción posterior (...); y, por tanto, el supuesto que haría posible la invocación del mencionado principio, que por lo demás, como es claro, sólo cabe argüir contra la sanción posterior, nunca contra la anterior”.

    728 Si bien entendemos que la solución defendida por el Constitucional es la oportuna para los casos en que se dicta una sentencia por los tribunales del orden contenciosoadministrativo, es más discutible que no quepa dar otra respuesta cuando, como ocurre en la Sentencia citada, la sanción hubiera sido impuesta por un órgano administrativo, sin que posteriormente hubieran conocido de ella los órganos judiciales. Y ello porque en estos casos deben prevalecer las decisiones judiciales frente a las acordadas por los órganos administrativos. De hecho, en esta línea se inscribe no sólo, el Voto Particular de la Sentencia citada de dos de los Magistrados que la integraban, quienes consideran que “la solución de dar preferencia a la primera sanción que deviene firme, aún cuando sea administrativa, en vez de dar preferencia a la sanción penal pronunciada por un tribunal después de un proceso con todas las garantías, es una solución ajena a la norma constitucional”. En igual sentido se expresan numerosos autores; entre otros, TORRES FERNÁNDEZ, M.E., “El principio non bis in idem en la Jurisprudencia Constitucional. Comentario a la STC 177/1999, de 11 de octubre”, La Ley, 2000-4, págs. 1547 y ss.. También véase ffjj 3º y 4º de la STC 77/1983, de 3 de octubre, en la que se alude a la regla de “subordinación de la actuación sancionadora de la Administración a la actuación de los Tribunales de Justicia”.

    729 El Fundamento Jurídico 5º de la citada STC 62/1984 dispone lo siguiente: “Es evidente, por el contrario, que a los más elementales criterios de la razón jurídica repugna aceptar la firmeza de distintas resoluciones en virtud de las cuales resulte que unos mismos hechos ocurrieron y no ocurrieron o que una misma persona fue su autor o no lo fue. Ello vulneraría, en efecto, el principio de la seguridad jurídica que, como una exigencia objetiva del ordenamiento, se impone al funcionamiento de todos los órganos del Estado en el art. 9 (sic), número 3, de la CE. Pero, en cuanto dicho principio integra también la expectativa, legítima de quienes son justiciables a obtener para una misma cuestión una respuesta inequívoca de los órganos encargados de impartir justicia, ha de considerarse que ello vulneraría, asimismo, el derecho subjetivo a una tutela jurisdiccional efectiva, reconocido por el art. 24, número 1, de la CE, pues no resulta compatible la efectividad de dicha tutela y la firmeza de pronunciamientos judiciales contradictorios. Frente a éstos, por tanto, ha de reconocerse la posibilidad de emprender la vía de amparo constitucional, en el supuesto de que ningún otro instrumento procesal ante la jurisdicción ordinaria hubiera servido para reparar la contradicción”. Aunque en un contexto distinto al que planteamos, también aluden a esta posibilidad de acudir al amparo para evitar posibles contradicciones las SSTC 204/1991, de 30 de octubre y 367/1993, de 13 de diciembre.

    730 Conviene recordar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a mantener el secreto de sumario frente a terceros –el conocido como secreto externo– hasta que se proceda a abrir el juicio oral (art. 650 LECr ). Con esta medida, no sólo se pretenden garantizar interes procesales, como puede ser la salvaguarda del buen fin de la investigación, sino también tutelar otros, entre los que cabe destacar la reputación de quien se encuentra sujeto a la causa penal (vid. en este sentido, PISAPIA, G.D., Il segreto istruttorio nel processo penale, Ed. Giuffré, Milán, 1960, pág. 144, CONCAS, L., La garanzia penale del segreto istruttorio, Ed. Giuffré, Milán, 1963, pág. 60, VERGÉ GRAU, J: “Cuando se da publicidad a la investigación previa al juicio (...) se corre el enorme riesgo de condenar al denunciado antes de tiempo porque el centro de gravedad que corresponde al juicio jurisdiccional se ha desplazado a la imputación (...). Por lo tanto, lo correcto es, precisamente, evitar la publicidad externa y, desde luego, la mediata” (cfr. “Los juicios paralelos y la presunción de inocencia, con especial referencia al Jurado”, La criminalidad organizada ante la Justicia (GUTIÉRREZ-ALVIZ, F. (dir.), Ed. Universidad de Sevilla, Sevilla, 1996, pág. 209). En consecuencia, entendemos que lo que puede haber menoscabado la reputación del imputado durante la instrucción y la fase intermedia, no son tanto las investigaciones y resoluciones dictadas frente a él –piénsese, por ejemplo, en el auto de procesamiento, la adopción de medidas cautelares personales o reales, etc.–, y que culminan con el auto de sobreseimiento provisional, sino, sobre todo, el hoy ya habitual incumplimiento de la obligación de mantener las actividades sumariales “en secreto”, como prevé el art. 301 LECr .

    731 En este sentido, defienden el carácter pluriofensivo de este delito, entre otros, DÍAZ PITA, M.M., El delito de acusación y denuncia falsas: problemas fundamentales, Ed. PPU, Barcelona, 1996, pág. 43, GONZÁLEZ RUS, J.J., Curso de Derecho Penal Español. Parte Especial, II, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1997, pág. 493, CANCIO MELIA, M.(con RODRÍGUEZ MOURULLO, G. (dir.)), Comentarios al Código Penal , Ed. Civitas, Madrid, 1997, pág. 1199 y también el Tribunal Supremo en numerosas Sentencias; sirvan como ejemplo, las de 19 de septiembre de 1990 (RAJ 7192), de 20 de enero de 1993 (RAJ 131), 23 de septiembre de 1993 (RAJ 6782) y de 21 de mayo de 1997 (RAJ 4510).

    732 Pese a que únicamente recogemos el tenor del artículo relativo a las acusaciones y denuncias falsas del CP de 1973, todos los Códigos Penales que han regido desde la fecha de la aprobación de la LECr hasta ese momento, han contenido las mismas exigencias, además, con una análoga redacción; así el art. 340 del Código de 1870, el art. 403 de la Ley de 1928, el art. 331 de la Ley de 1932 y el art. 325 del Código Penal de 1944.

    733 Establece el art. 638.II LECr que: “Podrá también, a instancia del procesado, reservarse a éste su derecho de perseguir al querellante como calumniador”. Recordemos que este precepto se encuadra dentro de las disposiciones aplicables de forma privativa a los autos de sobreseimiento libre.

    734 Sirvan como ejemplo las SSTS de 19 de abril de 1913 (G. De 3 de septiembre, pág. 147), de 9 de mayo de 1914 (G. 16 y 19 de septiembre, pág. 112), de 9 de febrero de 1979 (RAJ 462) y de 1 de febrero de 1975 (RAJ 353).

    735 Entre otros, AGUILERA DE PAZ, E., Ley de Enjuiciamiento Criminal , op. cit., pág. 593 y ss., FENECH NAVARRO, M., “Estudio sistemático del sobreseimiento”, op. cit., pág. 417, VIADA LÓPEZ-PUIGCERVER, C. y ARAGONESES ALONSO, P., Curso de Derecho Procesal Penal, op. cit., pág. 89, GÓMEZ ORBANEJA, E., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal , op. cit., pág. 252.

    736 Véase STS de 19 de abril de 1913 (Gaceta de 3 de septiembre, pág. 147). 737 Vid. AGUILERA DE PAZ, E., Ley de Enjuiciamiento Criminal , op. cit., pág. 594. En opinión de este autor, con la que coincidimos plenamente, tampoco podría llevarse a cabo la declaración prevista en el 638.I LECr , “toda vez que puede abrirse de nuevo el sumario y aparecer en las diligencias posteriores suficientes motivos para estimar acreditada la imputación hecha al procesado, debiendo en tal caso condenársele parándole la causa el perjuicio correspondiente”.

    738 Vid. CÓRDOBA RODA, J., Comentarios al Código Penal , Tomo III, Ed. Ariel, 1ª edición, Barcelona, 1978, pág. 1098.

    739 Señala en este sentido el fj 4º de la citada Sentencia que: “Al llegar a esta conclusión, la Sala tiene también en cuenta, a mayor abundamiento, que el auto de sobreseimiento provisional, por su propia naturaleza, no puede jurídicamente afectar a la presunción de inocencia, y, en consecuencia, el sobreseído ha de ser tenido como inocente a todos los efectos, incluido por supuesto el ejercicio de sus derechos, dado que no se ha producido una decisión condenatoria en forma de sentencia”.

    740 El Tribunal justifica esta nueva lectura de los preceptos que regulan esta materia en la necesidad de llevar a cabo una interpretación lo más favorable posible para la efectividad de los derechos fundamentales. En concreto, sostiene en el Fundamento Jurídico Tercero de la citada sentencia que: “De no darse esta interpretación, resultaría que el auto de sobreseimiento provisional vendría a impedir el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24, número 1, de la CE, por lo que sería incompatible con la misma, al impedir al recurrente el ejercicio del mencionado derecho fundamental frente a acusaciones que califica de falsas, calificación sobre la que en definitiva deben pronunciarse los Tribunales”.

    741 Entre los procesalistas, destacamos a TOMÉ GARCÍA, J.A. (con otros), Derecho Procesal Penal, op. cit., págs. 642 y 643, GIMENO SENDRA, V. (con CONDE-PUMPIDO, C y GARBERÍ LLOBREGAT, J.), Derecho Procesal Penal, pág. 564, RAMOS MÉNDEZ, F., El proceso penal..., op. cit., pág. 168, MORENO CATENA, V, El proceso penal, op. cit., pág. 1938.

    742 Entre otros, QUINTERO OLIVARES, G. (dir.), Comentarios al nuevo Código Penal , Ed. Aranzadi, Pamplona, 1996, pág. 1956, VIVES ANTÓN, T.S., Comentarios al Código Penal de 1995 , Volumen II, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pág. 1915 y CANCIO MELIA, M., Comentarios al Código..., op. cit., pág. 1200. Véase también ORDEIG ORERO, M.J., El delito de acusación y denuncia falsas, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2000, pág. 141.

    743 Pese a que ha introducido algunas novedades, entre las que destaca la posibilidad de que el propio ofendido pueda perseguir estos delitos, las condiciones de procedibilidad apenas se han modificado; en concreto, establece el art. 456 CP que: “No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada. Estos mandarán proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que de la causa principal resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido (...)”.

    744 Vid. AGUILERA DE PAZ, E., Ley de Enjuiciamiento Criminal ..., op. cit., págs. 593 y ss.

    745 Vid. MAGALDI PATERNOSTRO, M.J., “Aspectos esenciales de la acusación y denuncia falsa”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XL, 1987, pág. 67.

    746 Son partidarios de la teoría objetiva, entre otros, MUÑOZ CONDE, F., Derecho Penal.Parte especial, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pág. 881, GONZÁLEZ RUS, J.J. (con COBO DEL ROSAL, M. (dir.)), Compendio de Derecho Penal Español. Parte Especial, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2000, pág. 873, DÍAZ PITA, M.M., El delito de acusación y denuncia falsas..., op. cit., págs. 70 y ss; en especial, pág. 81, MAGALDI PATERNOSTRO, M.J., “Aspectos esenciales de la acusación y denuncia falsa”, op. cit., págs. 54 a 58, RODRÍGUEZ MOURULLO, G. (dir.), Comentarios al Código..., op. cit., pág. 618. En contra, VIVES ANTÓN, T.S., Derecho Penal, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1991, pág. 791.

    747 Falsedad significa, conforme a la R.A.E., Diccionario de la Real Academia..., op. cit., pág. 948, “falta de verdad o autenticidad; falta de conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas”. Véase cómo en el propio precepto se exige que la imputación sea falsa (el tipo de injusto se configura cuando se imputan “hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal (...)” –de lo que se deriva que, entonces, deben ser falsos–; para que que pueda perseguirse al denunciante o acusador por este delito, es necesario que “resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación”).

    748 Por todas, STS de 3 de mayo de 1999 (RAJ 3855) –fj 4°–.

    749 Resultan al respecto muy interesantes las palabras de GONZÁLEZ RUS, J.J., en el sentido de que en estos casos el bien jurídico protegido es la “función jurisdiccional (...) pero no tanto la innecesaria puesta en marcha de la Administración judicial, sino el que con la acusación falsa se inicia un proceso contra una persona inocente y, como consecuencia de ello, se pone injustamente en peligro, no sólo su honor, sino también su libertad, su patrimonio y su seguridad personal” (cfr. GONZÁLEZ RUS, J.J. (con COBO DEL ROSAL, M. (dir.)), Manual de Derecho Penal. Parte Especial, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1994, pág. 8). En sentido similar este mismo autor con COBO DEL ROSAL, M. (dir.), Compendio..., op. cit., pág. 872.

    750 Compárese la independencia de la que goza la acción civil que estudiamos aquí respecto de la penal, con la necesaria subordinación a la que están sometidas aquellas acciones civiles cuya decisión depende –de ahí su carácter prejudicial– de la previa respuesta que se dé a una determinada cuestión en el orden penal (véase el apartado quinto de este Capítulo).

    751 Entre otros, GÓMEZ ORBANEJA, E., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal , op. cit., pág. 319, DE LA OLIVA SANTOS, A. (dir.), Derecho Procesal Penal, op. cit., págs. 245 y 246, FONT SERRA, E., La acción civil en el proceso penal. Su tratamiento procesal, Ed. La Ley, Madrid, 1991, pág. 14; BARONA VILAR, S., El proceso civil, op. cit., pág. 417.

    752 Cabe destacar a RODRÍGUEZ DEVESA, J., “Responsabilidad civil derivada de delito o falta y culpa extracontractual”, Libro Homenaje a Jaime Guasp, Ed. Comares, Granada, 1984, págs. 519, 520 y 523, a COBO DEL ROSAL, M. y VIVES ANTÓN, T.S., Dereco Penal. Parte General, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1991, pág. 763, y MUÑOZ CONDE, F., Derecho Penal. Parte General, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pág. 678, entre otros.

    753 Muy ilustrativa al respecto es la lectura de GÓMEZ ORBANEJA, E., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal , op. cit., pág. 451.

    754 Vid. FONT SERRA, E., La acción civil en el proceso penal..., op. cit., Ed. La Ley, Madrid, 1991, pág. 15.

    755 Señala GÓMEZ ORBANEJA, E., con relación a este diverso tratamiento procesal que “la punibilidad ni quita ni pone cosa alguna al efecto civil –aunque determine, a elección del dañado, su consecución procesal por otra vía y otros medios–” (cfr. Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal , op. cit., pág. 322).

    756 DE LA OLIVA SANTOS, A. (dir.), Derecho Procesal Penal, op. cit., pág. 244.

    757 Pese a la evidencia de esta segunda consecuencia, nuestras leyes penales no se han pronunciado siempre de forma tan rotunda. Así, con anterioridad a la aprobación del Código Penal vigente, cuyo art. 116 CP/1995 recoge esta tesis, el legislador parecía anudar a todo delito responsabilidades civiles, como se desprende del tenor literal del art. 19 CP/1973. El citado precepto rezaba así: “Toda persona responsable criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente”. Compárese con el art. 116.1 CP/1995: “Toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños y perjuicios (...)”. Obsérvese que en este artículo el legislador ha sido más preciso que en la Ley de Enjuiciamiento Criminal , ya que hace derivar los daños del hecho y no de una infracción criminal.

    758 De nuevo se ponen de manifiesto los fines tan diversos que dan lugar a este régimen procesal especial, frente a los que presiden los casos de prejudicialidad penal en el proceso civil.

    759 Establece el art. 111 LECr que: “Las acciones que nacen de un delito o de falta podrán ejercitarse junta o separadamente; pero mientras estuviese pendiente la acción penal no se ejercitará la civil con separación hasta que aquélla haya sido resuelta en sentencia firme, salvo siempre lo dispuesto en los arts. 4º, 5º y 6º de este Código”. Frente a lo que la mayoría de la jurisprudencia y doctrina han defendido, consideramos que los arts. 111 y 114 LECr , debido a su inserción en este Título, son de aplicación exclusivamente a estos casos de acciones civiles de responsabilidad por los daños producidos por un hecho ilícito –que, en su caso, puede ser, además, delito–; por tanto, con ellos no se pretenden resolver problemas de prejudicialidad, sino que su aplicación se restringe al tratamiento de estas acciones derivadas de un hecho ilícito y que, por mor de la preferencia del orden penal, pueden ejercitarse conjuntamente con la acción penal. Por consiguiente, no parece que estos preceptos puedan entenderse derogados como consecuencia de lo dispuesto en el art. 40 LEC/2000, ya que se ocupan de ámbitos muy distintos.

    760 Destacan –todas de la Sala Primera del Tribunal Supremo– las Sentencias de 19 de febrero de 1902 (nº 47 de Jurisprudencia Civil, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Tomo 93, págs. 265 y ss.), de 21 de marzo de 1907 (nº 104 de Jurisprudencia Civil, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Tomo 106, págs..678 y ss.), de 3 de abril de 1954 (RAJ 1010), entre las más antiguas. Entre las más recientes, cabe mencionar, entre otras, SSTS de 14 de julio de 1987 (RAJ 5492), de 20 de octubre de 1987 (RAJ 7304), de 24 de junio de 1988 (RAJ 5132), de 22 de septiembre de 1989 (RAJ 6350), de 15 de enero de 1991 (Raj 296), de 20 de enero de 1992 (RAJ 191) y de 20 de septiembre de 1996 (RAJ 6818).

    761 Vid. GÓMEZ ORBANEJA, E., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal , op. cit., pág. 637. Igualmente entienden que “sentencia firme” debe interpretarse de esta forma AGUILERA DE PAZ, E., Ley de Enjuiciamiento Criminal , op. cit., pág. 561; GUASP DELGADO, J., quien entiende que los arts. 362 y 524 LEC/1881 son reflejos de la formulación general del art. 114 LECr (cfr. Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil , op. cit., pág. 959) y PÉREZ GORDO, A., Prejudicialidad penal y constitucional en el proceso civil, Ed. Bosch, Barcelona, 1982, pág. 96.

    762 Es unánime la doctrina en afirmar que sólo existe vinculación en los casos en los que el órgano jurisdiccional penal declare la inexistencia del hecho en sentencia absolutoria. En el resto, la independencia de los dos órdenes jurisdiccionales faculta al juez civil a hacer una libre valoración de las pruebas y a llegar a conclusiones diversas de las ha tomado el órgano jurisdiccional penal

    763 Vid. GÓMEZ ORBANEJA, E., Ley de Enjuiciamiento Criminal , op. cit., pág. 451 y 452.

    764 Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, denominada antes de 1995 Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor (Decreto 632/1968, de 21 de marzo (RCL 1968/690); su título y alguno de sus artículos –entre los que no se incluye el art. 10 antes mentado– fue modificado por la Ley de 8 de noviembre de 1995 (nº 30/1995, RCL 3046/1995), y posteriormente por la LEC .

    765 Vid. RINCÓN GALLART, S., El título ejecutivo de la Ley del Automóvil, Ed. Cedecs, Barcelona, 1995, pág. 22.

    766 El art. 10 de la Ley sobre Uso y Circulación de Vehículos a Motor reza del siguiente tenor: Diligencias en el proceso penal preparatorias de la ejecución: “Cuando en un proceso penal, incoado por hecho cubierto por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos a motor, se declare la rebeldía del acusado, o recayere sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad, si el perjudicado no hubiere renunciado a la acción civil ni la hubiere reservado para ejercitarla separadamente, antes de acordar el archivo de la causa, el Juez o Tribunal que hubiere conocido de la misma dictará auto, en el que se determinará la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado amparados por dicho seguro obligatorio. El auto referido contendrá la descripción del hecho y la indicación de las personas y vehículos que intervinieron y de los aseguradores de cada uno de éstos”.

    767 En STS de 19 de febrero de 1902 (nº 47 de Jurisprudencia Civil, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Tomo 93, págs. 265 y ss.). Apoyándose en esta resolución, coinciden con esta postura, GÓMEZ ORBANEJA, E., Ley de Enjuiciamiento Criminal , op. cit., pág. 638 y PÉREZ GORDO, A., Prejudicialidad penal y constitucional..., op. cit., pág. 96.

    768 En consecuencia, cabría la suspensión del proceso de ejecución si, como establece el precepto, los hechos que se investigan en el proceso penal, “de ser ciertos”, determinaran “la falsedad o nulidad del título o la invalidez o ilicitud del despacho de la ejecución”. En concreto, el art. 569.1 LEC/2000 dispone que: “La presentación de denuncia o la interposición de querella en que se expongan hechos de apariencia delictiva relacionados con el título ejecutivo o con el despacho de la ejecución forzosa no determinarán, por sí solas, que se decrete la suspensión de ésta.

    Sin embargo, si se encontrase pendiente causa criminal en que se investiguen hechos de apariencia delictiva que, de ser ciertos, determinarían la falsedad o nulidad del título o la invalidez o ilicitud del despacho de la ejecución, el tribunal que conozca de ella, oídas las partes y el Ministerio Fiscal, acordará la suspensión de la ejecución”.

    769 Dispone el art. 116 LECr que: “La extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil, a no ser que la extinción proceda de haberse declarado por sentencia firme que no existió el hecho de que la civil hubiese podido nacer”.

    770 Vid. DE LA OLIVA SANTOS, A., Sobre la cosa juzgada, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 1991, pág. 165. La doctrina ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones la dificultad de determinar la identidad del hecho inexistente. Entre otros, cabe citar a GÓMEZ ORBANEJA, E., Ley de Enjuiciamiento Criminal , op. cit., pág. 728, DE LA OLIVA SANTOS, A., Sobre la cosa juzgada, op. cit., pág. 165. Este último autor contempla la necesidad de que se realice una “declaración fundamentada de certeza negativa respecto de un hecho —perfectamente descrito— para poder compararlo e identificarlo o diferenciarlo de otro. El problema estriba en que, en no pocas ocasiones, semejante declaración (...) resulta muy difícil de realizar (...)”.

    771 Sostiene el art. 86.3 LPL : “Si cualquier otra cuestión prejudicial penal diera lugar a sentencia absolutoria por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo, quedará abierta contra la sentencia dictada por el Juez o Sala de lo Social la vía del recurso de revisión regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

    772 En este sentido, cabe destacar que, a partir de la Sentencia 77/1983, de 3 de octubre, el Tribunal Constitucional ha seguido una línea uniforme por lo que a la apreciación de los hechos se refiere. A diferencia de lo que ocurre con la valoración o calificación jurídica de unos hechos, considera el Tribunal que la apreciación de los hechos debe ser única; literalmente se dice que “es claro que unos mismo hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado”. Este criterio, que surge en el ámbito de las relaciones entre las sanciones penales y administrativas, ha sido aplicado posteriormente también al proceso laboral. Entre otras, cabe citar la STC 24/1984, de 23 de febrero, en cuyo Fundamento Jurídico 3º se afirma que “en la realidad jurídica, esto es, en la realidad histórica, relevante para el Derecho, no puede admitirse que algo es y no es, que unos mismos hechos ocurrieron y no ocurrieron (...)”, aludiéndose posteriormente a la STC 77/1983 antes citada.

    773 Aunque dictadas en un contexto distinto, también se refieren al amparo en este sentido, las SSTC 204/1991, de 30 de octubre y 367/1993, de 13 de diciembre.

    774 Vid. SENÉS MOTILLA, C., Las cuestiones prejudiciales en el sistema procesal español, op. cit., pág. 49, nota al pie nº 127.