Editorial
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Reformas de la seguridad social e impacto de género
La reforma de las pensiones que contempla la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social ha sido defendi da por el Gobierno como un mal menor para hacer frente a la acuciante crisis económica pero también como una solución necesaria para garantizar en el futuro la sostenibilidad financiera del sistema español de la Seguridad Social.
Las principales claves de la reforma de las pensiones se recogen en el Acuerdo Social y Económico firmado por el Gobierno, sindicatos y asociaciones patronales en febrero de este año. Este acuerdo- que algún autor ha calificado de defensivo desde la perspectiva sindical (Baylos, 2011) y que sucede a una fase de fuerte confrontación entre sindicatos y Gobierno- atempera las propuestas más radicales del gobierno en su planteamiento de recorte de gasto pero impone al mismo tiempo importantes sacrificios para los futuros pensionistas.
De nuevo se ha perdido la ocasión de realizar un debate a fondo y con suficiente serenidad en torno a la política del sistema de pensiones ya que la reforma debe ser leída en clave de urgencia ante la inestabilidad económica y financiera que acecha a Europa y que sufre con especial intensidad España. En todo caso, la reforma no va a contracorriente de los pasos marcados ya en otros países europeos sino que sigue la estela de otras reformas emprendidas en Europa, de las recomendaciones realizadas por la Unión Europea (Libro verde sobre la sostenibilidad de las pensiones, 2010) y otros organismos económicos internacionales (OECD, FMI) que se plantean como objetivo principal recortar las finanzas públicas para hacer frente al envejecimiento progresivo de la población europea.
En todas estas propuestas la Seguridad Social se concibe como un coste por lo que el debate se ciñe a la cuestión de equilibrar gastos e ingresos nutridos éstos últimos de forma exclusiva con cotizaciones. Esta estricta visión de eficiencia económica ignora la verdadera naturaleza de la Seguridad Social en tanto pieza clave del Estado social y uno de los ejes vertebradores de la política social cuya competencia atañe a los poderes públicos y cuya financiación no ha de tener como única fuente a las cotizaciones sino potencialmente a todos los ingresos públicos. El debate sobre el sistema de pensiones forma parte del ámbito de la decisión política de un Estado democrático y debe abordar contenidos más amplios sobre política fiscal así como los criterios de distribución, entre las distintas generaciones y entre los distintos colectivos de ciudadanos, de la riqueza generada por un país.
Las nuevas reglas en materia de pensiones pueden resumirse en que se contempla una edad de jubilación ordinaria de 67 años para quienes no hayan cotizado 38 años y seis meses; se alargan los períodos necesarios para calcular la pensión de jubilación de 15 a 25 años; se establecen nuevas reglas menos ventajosas de "relleno" de las lagunas de
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cotización; se altera la escala de los porcentajes a aplicar por año trabajado de manera que éstos sean más uniformes y el 100% de la pensión se consiga con 37 años cotizados; se incluyen para las personas con largas carreras de cotización dos nuevas modalidades de jubilación anticipada, una voluntaria y otra involuntaria, y se...
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