Resumen
Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecución en la unión europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias - Ley orgánica 2/2008, de 4 de diciembre, de modificación de la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, complementaria de la ley para la ejecución en la unión europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias - Resolución de 20 de enero de 2009, de la dirección general de seguros y fondos de pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2009 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación
Ver el contenido completo de este documento
Extracto
Disposiciones
Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecución en la unión europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias («BOE» núm. 293, de 5 de diciembre de 2008) Preámbulo I El objetivo, establecido en el Tratado de ámsterdam, de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea, ha venido exigiendo un importante esfuerzo de cara a incrementar la cooperación judicial entre los Estados miembros. En este sentido, el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales se reconoce como la base del espacio judicial europeo, desde que fuese consagrado en el Consejo Europeo de Tampere como la «piedra angular» de la cooperación judicial en materia civil y penal en la Unión Europea. Este principio se basa en la confianza mutua de que las resoluciones que van a reconocerse y a ejecutarse cumplen plenamente las exigencias básicas de legalidad y proporcionalidad en todos los países comunitarios. La primera vez que se incorporó a un instrumento jurídico de la Unión el principio de reconocimiento mutuo, fue con ocasión de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, incorporada al Derecho español a través de la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega y de la Ley Orgánica 2/2003, de 14 de marzo, complementaria de la anterior. Posteriormente, tuvo lugar la aprobación de la Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas, recientemente incorporada a nuestro derecho mediante la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales, complementada por la Ley Orgánica 5/2006, de 5 de junio. El tercer paso en este proceso dirigido al incremento de la cooperación judicial a través del principio de reconocimiento mutuo, ha venido dado de nuevo con la apro-...
Ver el contenido completo de este documento
Enlaces patrocinados
