Derecho y políticas ambientales en Castilla-La Mancha

AutorNuria María Garrido Cuenca
CargoProfesora titular de Derecho Administrativo. Universidad de Castilla-La Mancha
Páginas1-6

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1. Un período de transitoriedad con escasas novedades

El período analizado ha sido pobre en producción normativa y acciones políticas relativas al medio ambiente. Lo cual es comprensible dado el escaso margen temporal transcurrido desde el vuelco electoral que a finales de mayo condujo al traspaso de poderes al nuevo Gobierno del Partido Popular salido de las urnas. Sin embargo, merece destacarse en esta crónica la reestructuración administrativa derivada del nuevo modelo de gobierno y que afecta, entre otras, a la Administración ambiental de nuestra Comunidad. La única novedad legislativa destacable es la esperada modificación del Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha, que se ha producido durante este período.

2. Racionalización y austeridad: la reestructuración administrativa de las competencias en materia ambiental

Poco después de las elecciones autonómicas celebradas en Castilla-La Mancha y tras el cambio de Gobierno resultante, fue aprobado el Decreto 69/2011, de 27 de junio, que estableció la nueva estructura de la Administración regional. El nuevo modelo, imbuido claramente del espíritu de austeridad y racionalización administrativa que parece ser el eje del nuevo ejecutivo regional, reduce a siete las consejerías en que se estructura la Administración regional. La Consejería de Agricultura (a la que se poda de cualquier referencia nominativa sobre asuntos medioambientales) es la que parece aglutinar las competencias en materia de medio ambiente. El Decreto 126/2011, de 7 de julio, establece la nueva estructura de la Consejería de Agricultura, pero este debe modificarse raudamente por Decreto 263/2011, de 30 de agosto, para adaptarlo a otra de las normas decisivas y de gran impacto en la estructura administrativa regional, el Decreto 248/2011, de 12 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de las delegaciones provinciales y de los servicios periféricos de las consejerías, que, suprimiendo las primeras, despliega en cada provincia los ahora llamados servicios periféricos de cada consejería, que se estructurarán a su vez en coordinadores y secretarios provinciales. Esta medida tiene su origen en el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha, presentado el 31 de

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agosto de 2011 como un severo plan de choque contra el gasto corriente cuyo objetivo es...

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