Derecho y políticas ambientales en las Islas Baleares

AutorJosé Manuel Gómez González
CargoDepartament d'Urbanisme i Territori. Consell Insular de Mallorca
Páginas1-48
REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. V Núm. 1 (2014): 1 – 48
-Crònica-
DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN LAS ISLAS BALEARES (pp. 2-
25)
DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS A LES ILLES BALEARS (pp. 26-48)
JOSÉ MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ
Departament d’Urbanisme i Territori. Consell Insular de Mallorca
Consultor
Universitat Oberta de Catalunya
J.M. Gómez RCDA Vol. V Núm. 1 (2014)
Sumario: 1. Introducción. 2. Actividad legislativa. 2.1. La Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y
Uso del Suelo. 2.2. Anteproyecto de Ley de Transportes y Movilidad. 2.3. Anteproyecto de Ley Agraria.
3. Política sobre patrimonio ambiental y cambio climático. 3.1. El Plan Forestal de las Islas Baleares. 3.2.
Plan de Acción de Mitigación contra el Cambio Climático en las Islas Baleares (2013-2020). 4. Política
energética. 4.1. Las polémicas prospecciones submarinas. 4.2. Más sobre la incineración de residuos
como combustible sólido recuperado. 5. Otras noticias ambientales: 5.1. La restauración forestal de la
sierra de Tramuntana. 5.2. La oposición a la política de carreteras del Consell de Menorca. 5.3.
Extracción de lodos contaminados en el puerto de Maó-Mahón. 5.4. Políticas de conservación en el
Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera: las líneas eléctricas. 5.5. Llamada de atención por la
política de prevención de incendios forestales.
1. Introducción
Somos muchos los que tenemos la sensación de que la crisis económica está sirviendo
de pretexto para devaluar las políticas ambientales y, por extensión, el ordenamiento
jurídico sobre la materia. Por poner un ejemplo concreto, podemos constatar que en
España la lucha contra el cambio climático se enfoca con una penalización a la
producción de energías renovables: esto es un contrasentido y está fuera de toda lógica.
En paralelo, asistimos a la controversia que han despertado las prospecciones en busca
de petróleo y gas en los subsuelos marinos de nuestro entorno mediterráneo, iniciativa
que ha levantado una tormenta ciudadana con una ambigua respuesta política que deja
entrever que las contradicciones de los gobernantes se originan, a menudo, en las
presiones y los intereses de empresas y grupos de influencia diversa. Penalizar las
energías renovables y poner en peligro los fondos marinos y el litoral en busca de
exiguas reservas de combustibles fósiles que en buena parte son el origen del
calentamiento global que sufrimos es una paradoja ambiental de difícil justificación. Por
este motivo, reservamos un apartado específico a introducir el conflicto que se ha
producido al “destaparse” una retahíla de autorizaciones de prospecciones sísmicas
submarinas en el Mediterráneo. La oposición en las Islas Baleares contra esta técnica es
muy transversal y ha encontrado eco en segmentos sociales de votantes tanto de derecha
como de izquierda, lo que preocupa significativamente al partido que gobierna en la
Comunidad Autónoma y en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza (que es el mismo que
gobierna en Madrid).
También los objetivos de lucha contra la crisis, reactivación de la economía y
simplificación de la burocracia se han traducido en una relajación de las medidas
normativas preventivas, en especial la evaluación ambiental (tanto la estratégica como
la de proyectos) y las técnicas de autorización. En las Islas, además de los efectos de las
RCDA Vol. V Núm. 1 (2014) Derecho ambiental en Islas Baleares
modificaciones introducidas en la legislación de control preventivo ambiental, han
proliferado las normas que incorporan más y más excepciones a estos controles. Desde
la legislación sectorial se está rompiendo la estructura del sistema de prevención,
desplazando y marginando el papel de la planificación (ordenación territorial,
urbanística y ambiental), de los mecanismos de autorización (con un abuso de las
declaraciones responsables) y de los instrumentos de control ambiental previo
(evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental). En este sentido,
la normativa turística, agraria y de comercio, entre otras, ha iniciado un camino de
prioridades que introduce un gran número de dispensas y excepciones a las reglas
generales urbanísticas y de ordenación territorial que, sin convertir en subsidiarios estos
dos subsistemas, rompen una tradición normativa de más de medio siglo.
Así pues, como corolario a todo esto, tenemos que destacar el retroceso en la protección
territorial, patrimonial y del paisaje que se está produciendo en las Islas Baleares a raíz
de un conjunto de leyes sectoriales que pierden de vista el interés general y los
mandatos constitucionales. La estructura del sistema normativo se ve fuertemente
comprometida con visiones muy parciales que pierden de vista el concepto de conjunto
e incorporan regímenes excepcionales que enervan las reglas generales; al final, las
excepciones son la regla, con clara vulneración de principios elementales como el de
igualdad, legalidad o corrección de las perturbaciones de los regímenes jurídicos (al
promoverse las legalizaciones y el premio a las infracciones y alteraciones de las
normas), entre otros. Las nuevas leyes que ordenan el sector turístico o el urbanismo, o
que ordenarán el sector agrario o minero, son un ejemplo de pérdida de vista de la
concepción sistémica del derecho positivo y de legislar contra el interés general y en
favor de los intereses sectoriales o particulares. También sobre esto tendremos que
profundizar.
Con todo, la política forestal despierta con luces y sombras después de unos años de
inercias derivadas del desinterés. Por una parte, valoraremos los aspectos positivos de
contar con un nuevo plan forestal en las Islas y, por otra, tendremos que evaluar la
contradicción que supone el abandono de las acciones preventivas en relación con los
incendios forestales según la vieja máxima de que los incendios “se apagan” en invierno
con intensas tareas de protección y de prevención. Igualmente, el incremento de
hectáreas quemadas en 2013 cuestiona esta política, como también la relativa a la
distribución de los recursos de extinción de los incendios forestales.

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