El Derecho intermedio español y francés

Autor:Nieves Bayo Recuero
CONTENIDO
  1. LOS ANTECEDENTES DE LA SUBROGACION LEGAL EN LAS "SIETE PARTIDAS" ESPAÑOLAS

    1.1. INTRODUCCION HISTORICA

    Las "Siete Partidas" han sido catalogadas por diversos autores como "el código más importante de la historia del derecho español" (189) y como la obra más relevante del Monarca Alfonso X "El Sabio". El Código de las Partidas conocido también por el Fuero de las Leyes, debe su nombre según opina el profesor GALO SANCHEZ (190) "al número de libros o de partes de que consta el Código".

    El motivo que impulsó al Rey Sabio a la realización de su política legislativa pareció estar movido por el ánimo de proyectar un Derecho territorial y común a todos los pueblos ante la diversidad legislativa imperante en aquella época. Por ello, con esta obra el monarca no pretendía más que la unidad jurídica y la uniformidad a la hora de aplicar la ley a los distintos ciudadanos. Asimismo, ello vino también impulsado y va a coincidir con un hecho histórico importante, como parece haber sido comprobado por los más ilustres historiadores, cual es la aspiración durante varios años del Rey Sabio a la ocupación de la corona imperial (191). De ahí que el Rey proyectara la creación de la citada obra legislativa (192) con el propósito de redactar un código de leyes donde se recopilara el Derecho común más conocido para las gentes de los países que él iba a gobernar, en sustitución del derecho castellano particular, ya que el Derecho del Imperio era el Derecho Romano. Y éste pudo ser otro de los motivos por el cual debemos de inclinarnos a pensar que fue éste el móvil, seguido por aquel aspirante a futuro emperador, lo que le llevó a emprender el gran trabajo legislativo(193).

    Las Partidas podemos calificarlas, como hace el profesor GIBERT (194) como "un monumento del Derecho común" donde las fuentes utilizadas(195) para su elaboración fueron muy diversas. Entre las principales nos encontramos las fuentes romanas y canónicas como: el Corpus Iuris justinianeo, las Decretales y la obra de los glosadores y comentaristas, así como otras fuentes feudales de los Libri feudorum. Asimismo los redactores de la obra, van a acudir a la fisolofía antigua o a la escolástica para razonar y fundamentar las leyes, observándose cómo ejerce un gran influjo tanto Aristóteles, Séneca, Cicerón, Boecio, Vegecio como Santo Tomás, lo cual impregna a la obra de una doble vertiente tanto doctrinal como normativa(196), que hace de la obra un verdadero prototipo de texto jurídico, o como ha sido calificada por el profesor ESCUDERO (197) "Las «Partidas» aparecen como una verdadera enciclopedia humanística y doctrinal, donde no faltan hondas reflexiones al hilo siempre de un cuidado estilo literario".

    Pero en cuanto a quiénes fueron los redactores originales de las "Siete Partidas", es una incógnita que ha movido a lo largo de los siglos a los distintos historiadores. Uno de los temas más controvertidos ha sido el de saber si el monarca intervino directamente en su elaboración o fue un encargo a prestigiosos juristas de su entorno. Quizá la opinión menos disparatada sea la de pensar que fue redactada por una comisión de juristas, todos ellos dirigidos por el monarca (198) y entre los que se podían encontrar jueces y jurisconsultos tanto españoles como extranjeros, entre los que podemos citar a Martínez de Zamora y al Maestro Roldán, así como a Jacobo maestro del propio monarca y cuya clara influencia se observa en la Tercera Partida.

    Por último, no nos queda más que decir que las "Siete Partidas" ha sido una obra de extraordinario valor legislativo a nivel internacional y reconocida a nivel mundial, habiendo sido traducida a distintos idiomas.

    Las Partidas fueron sistemáticamente divididas según los temas a tratar. Así, nos encontramos que por lo que respecta a la Partida primera se ocupó de las fuentes del Derecho y del ordenamiento eclesiástico; la segunda versa sobre el Derecho público; la tercera sobre organización judicial y procedimiento; la cuarta hasta la sexta regulaban todo lo relativo al Derecho civil (matrimonial, contratos y Derecho sucesorio) y la séptima sobre el Derecho penal.

    Por todo ello, nuestro centro de atención en este momento será la Partida quinta. No obstante, tenemos que afirmar antes de entrar en su estudio pormenorizado que ésta supone una adaptación del Corpus Iuris, en la cual, según la opinión del profesor GIBERT (199), "según un plan propio, va exponiendo una selección y extracto de pasajes del Digesto, el Código y la Instituta. Con una asombrosa fidelidad a su contenido, dentro de un mantenido estilo castellano, sentencioso y avisado".

    1.2. ESTUDIO DEL CONTENIDO NORMATIVO DEL CODIGO DE LAS "SIETE PARTIDAS"

    El Código de las "Siete Partidas" es una obra que, como ya queda expuesto, estuvo completamente inspirada por el Derecho Romano. Esto se advierte en la regulación que en ella se hace de las distintas instituciones jurídicas donde se reproduce casi fielmente la doctrina romana.

    También es cierto -según he podido comprobar- que las fuentes inspiradoras de esta gran obra legislativa fueron de la más diversa índole, lo cual se muestra en distintos aspectos de la regulación contemplada, al introducirse en ocasiones pequeñas desviaciones en cuanto a la plasmación legislativa de algunas figuras, y que demuestran cómo el Derecho no permanece estático a lo largo de los siglos, sino que va sufriendo modificaciones según sean las realidades sociales que tienda a regular, adaptándose a las distintas necesidades humanas, lo cual es importante a la hora de realizar un trabajo científico, al poder observar como a lo largo del tiempo las distintas figuras jurídicas tienden a modificarse acercándose cada vez más, mediante un proceso lento de transformación, a lo que varios siglos después podemos observar como la culminación de todo el desarrollo histórico de una figura jurídica.

    Esto mismo es lo que pretendo llevar a cabo en este estudio histórico, donde se puede observar, en concreto, respecto a las instituciones que aquí voy a analizar, cómo después de varios siglos se producen una serie de modificaciones que vamos a contemplar en el presente capítulo de este trabajo, las cuales inspirarán la regulación futura de los distintos temas seiscientos años más tarde, en el período codificador español.

    Por lo que se refiere al tema concreto del pago realizado por un tercero como hecho principal, donde una vez efectuado produce la subrogación del solvens en la posición del acreedor, viene contemplado en cuanto principio general, en la Ley 1, Tit. XIV, Part. 5ª que, inspirada en la doctrina romana, contempla la posibilidad de su realización. Así, nos encontramos que la citada Ley dice:

    "Paga tanto quiere dezir, como pagamiento que es fecho a aquel que deue rescebir alguna cosa, de manera que finque pagado della, o de lo quel deuen fazer. E quitamiento es, quando fazen pleyto al debdor, de nunca demandar lo quel deuia, e le quitan el debdo aquellos que lo pueden fazer. E tiene esto grand pro al debdor, porque quando paga la debda, o le quitan della, fincan libres el, e sus fiadores, e los peños, e sus herederos, de la obligacion en que eran obligados, por que lo deuian dar, o fazer"(200).

    En esta Ley podemos observar que se reconoce el pago realizado por persona distinta del deudor, al decir "e le quitan el debdo aquellos que lo pueden fazer..., o le quitan della" lo cual, no hace más que reconocer la posibilidad de intervención de un tercero en el pago.

    Pero, aún más manifiestas son las palabras con las que se expresa la Ley 3ª, del Tít. XIV, Part. 5ª al expresar que:

    "... E non tan solamente es quito ome de lo que deue, faziendo paga dello por si mismo, mas faziendola a un otro qualquier por el en su nome. E maguer aquel que deue aquel debdo, no supiesse que otro fazia la paga por el, con todo esso sería quito. E aunque lo supiesse, e lo contradixesse".

    En esta Ley es claro el influjo del Derecho Romano donde también era permitido este pago y realizado en las mismas circunstancias aquí establecidas (Inst. 3,29,pr.; D. 3,5,38(39); D. 46,3,53) (201). Pero, la doctrina aquí establecida es modificada y ajustada a las necesidades de la práctica jurídica con el transcurso del tiempo. Así, nos encontramos que si el pago del tercero en el Derecho Romano debía ser encauzado por algún tipo de relación obligacional existente entre el solvens y el deudor, según hubiera sido tenida en cuenta la voluntad de este último al realizar el pago, y más concretamente centrándonos en el pago realizado por el solvens con la aprobación del deudor, ella era debida estrictamente a una relación contractual nacida de un mandato expreso o tácito (202), observamos que este tipo de pago realizado en iguales circunstancias, en la Edad Media ya no tenía que ser vinculado directamente al cumplimiento forzoso de una relación contractual existente entre el deudor y el solvens, sino que podía estar fundamentado en cualquier otro tipo de causa o motivo que moviera el ánimo del tercero a realizar el citado pago.

    Ello es claramente expresado en la en la Ley 32, Tít. XII, Part. 5ª:

    "Otrosi dezimos, que si un ome pagasse debda verdadera, que otro ome deuiesse, que luego que la ha pagada, que finca el que la deuia, libre, e quito, maguer la pagasse sin su mandato. Pero aquel por quien es fecha esta paga, es tenudo de dar al otro, aquello que por el pago, también como si lo ouiesse pagado por su mandato" (203).

    En base a esta Ley 32 y la Ley 3ª del Tít. XIV, aquí estudiadas, algunos civilistas del siglo pasado y del presente, han mantenido la teoría de que en ellas se reconocía "la subrogación del tercero no interesado, que paga por el deudor de acuerdo con él, o contradiciéndolo o ignorándolo",como es el caso de GUTIERREZ FERNANDEZ (204), o como también del profesor ESPIN CANOVAS (205) para quien "cuando un tercero no interesado en la obligación paga la deuda, en cuyo caso el tercero queda subrogado en los derechos del acreedor pagado". O, como para VATTIER FUENZALIDA (206), quien considera que según los textos de las Partidas existía una presunción de subrogación en algunos supuestos como el "del tercero que interesado o no, paga una deuda ajena con conocimiento del deudor".

    Bajo mi punto de vista entiendo que quizá sea un poco precipitado hablar de que ya en las Partidas se reconociera concretamente la subrogación del tercero no interesado que paga con la aprobación del deudor (Art. 1210. 2º del C.C. ), puesto que si observamos la redacción de estas Leyes en ninguno de sus vocablos utilizados se hace mención a la "subrogación", sino más bien se reconoce la obligación nacida a cargo del deudor para devolver al solvens lo que por él se pagó; y, ello es claro y rotundo, si analizamos textualmente las palabras utilizadas en su redacción: "...pero aquel por quien es fecha esta paga, es tenido de dar al otro aquello que por el pago...".

    En esta misma línea de opinión se encuentra el profesor DEL VISO (207), el cual afirma que "continuarán obligados los deudores para con el que hubiere pagado sin tener interés en el cumplimiento de la obligación; el cual, si hizo el pago consintiéndolo el deudor, tiene contra él la acción de mandato: si ignorándolo, gozará del derecho que tiene un gestor de negocios; y si lo hizo contra su voluntad, no tiene otro beneficio que el que le ceda el acreedor sus acciones..." (208).

    Por ello, entiendo que quizá no sea lo más idóneo adelantarnos en el tiempo al origen de este tipo de subrogación legal, que como luego tendremos ocasión de exponer en este trabajo su inicio parece verse más claro en la Ordenanza francesa del comercio terrestre de 1673, según expone el profesor POTHIER (209), ya que en el Código de las "Siete Partidas" no podemos encontrar ya determinada la figura de la subrogación, tal como hoy día está concebida, sino que nos encontramos -según ocurría en el Derecho Romano- con instituciones dispersas en sus textos, como es el supuesto del beneficio de la cesión de acciones o la successio in locum creditoris, pero sin reconocer todavía los efectos directos de la subrogación.

    Comparte la misma teoría BONDIA ROMAN (210), el cual afirma que "nuestro Derecho histórico permaneció al margen de esta construcción de la subrogación, obra casi exclusiva del Derecho francés. Las Partidas reproducen fielmente la doctrina romana del beneficium cedendarum actionum y de la successio in locum creditoris, sin que se contemple aún la fusión de ambas en la moderna subrogación, por lo que los textos que la recogen están dispersos en las varias instituciones en que tiene lugar (fianza, hipoteca, etc.)".

    Ambas figuras el beneficium cedendarum actionum y la successio in locum creditoris son contempladas en la Ley 11, Tít. XII, Part. 5ª y en la Ley 34, Tít. XIII, Part. 5ª sucesivamente.

    Por lo que respecta a la Ley 11, Tít. XII, Part. 5ª, ésta recoge fielmente lo ya estudiado en el Derecho Romano (211) aplicable respecto a los fiadores y toda deuda solidaria, como expresamente tuvo ocasión de señalar el Tribunal Supremo en su Sentencia de 20 de octubre de 1869: "Lo dispuesto en la Ley 11, Tít. XII, de la Part. 5ª respecto a los fiadores, no puede aplicarse por analogía a una obligación personal sin haber otro o más deudores de mancomum o in solidum" (212).

    La citada Ley expone textualmente que:

    "Pagando alguno de los fiadores todo el debdo en su nome, puede demandar a aquel a quien faze la paga, que le otorgue el poder que auia para demandar el debdo, contra los fiadores que fueran sus compañeros en aquella fiadura, e otrosi el que auia contra el debdor principal; e el deuegelo otorgar: e despues que le fuere otorgado este poder, en su escogencia es, de demandar a cada vno de los otros fiadores, aquella parte que pago por ellos. E si alguno y ouiesse tan pobre, que la non pudiesse entonce pagar, deue tomar de tal recabdo, que le pague cada que pueda. E puede aun demandar la parte que pago por si, al debdor principal. E si esto non quisiere fazer assi, puede demandar el por si mismo al principal debdor todo el debdo; maguer el señor del debdo non le otorgasse el poder que auia contra el. Mas si acaesciesse, que alguno de los fiadores pagasse todo el debdo en nome de aquel que fio, e non en el suyo; entonce, aquel que rescibe la paga del, non puede otorgar poder, para demandar alguna cosa a los otros fiadores. E esto es, porque todo el derecho que el auia contra los fiadores, para demandarles la debda, o para otorgar poder, para lo demandar, a aquel que gelo pago, todo se remata, porque el fiador le fizo la paga en nome del debdor principal. Empero el fiador que assi pagasse la debda, como sobredicho es, en saluo finca su demanda, para poder demandar lo que pago, a aquel por quien entro fiador. E si alguno de los fiadores pagasse todo el debdo simplemente, non diziciendo que lo fazia en nome del debdor principal, ni en el suyo, si luego que la paga ha fecha, demanda a aquel que la faze, que le otorgue poder de demandar, lo que pago, a los otros fiadores; dezimos, que le deue ser otorgado. E si entonce non lo demanda, dende adelante non gelo deue otorgar: porque semeja, que fizo la paga en nome del debdor principal, e non en el suyo. Pero bien puede demandar al debdor, que le de lo que pago por el.".

    Esta ley distingue tres supuestos distintos según actúe el fiador al realizar el pago. El primero sería si el fiador al pagar lo hace en su nombre, "en su nome", en cuyo caso puede obligar al que recibe el pago, que le ceda sus acciones para poder dirigirse contra el deudor principal o contra otros fiadores en vía de reclamación de lo que él pagó y se le debe por éstos. El segundo supuesto sería aquél donde el fiador paga en nombre del deudor "pagasse todo el debdo en nome de aquel que fio, e nom en el suyo"; en este caso se produce el efecto de extinción del crédito, ya que el pago ha sido realizado como por el propio deudor, no pudiéndose por ello pedir la cesión de acciones por parte del que pagó, sino simplemente tendrá para hacer efectivo el desembolso realizado contra las antedichas personas un derecho de regreso frente al mismo deudor. Por último, puede ocurrir que el fiador pague sin expresar en nombre de quien realiza el pago "non diziendo que lo fazia en nome del debdor principal, ni en el suyo"; en este tercer supuesto, el fiador o deudor solidario puede al igual que en el primer caso expuesto, pedir la cesión de acciones siempre que lo haga en el momento del pago, puesto que, si lo hace después, el efecto sería el mismo que si lo realiza el pago en nombre del deudor, sólo pudiéndose dirigir frente al deudor principal (213).

    Junto a la regulación que se hace en la 5ª Partida del "beneficio de cesión de acciones", nos encontramos que en la Ley 34, Tít. XIII, de la misma Partida, se recoge de igual manera que ya se hacía en el Derecho Romano (214) el supuesto donde un tercero subentra en la posición del acreedor hipotecario:

    "A dos omes podria ser empeñada vna cosa, al vno primeramente, e al otro despues. E si acaesciesse, que despues desso el señor de la cosa la empeñasse avn a otro tercero; en tal manera podria ser fecha la obligacion, que este tercero auria el derecho en la cosa empeñada, que auria el primero. E esto seria, si en la obligacion fuessen guardadas estas tres cosas. La primera es, que este tercero rescibiesse la cosa a peños, con entencion que los dineros que diesse sobre ella, fuessen dados a aquel a quien fue obligada primeramente. La segunda, que fiziesse tal pleyto con aquel que gela empeño, que el derecho que el otro auia sobre la cosa empeñada, quel ouiesse el. La tercera, que los dineros le fuessen dados assi en todas guisas al primero. Mas si el segundo a quien fuesse otrosi empeñada la cosa, pagasse los dineros al tercero, maguer non fiziesse otro pleyto ninguno con el, entonce el derecho que auia el tercero en la cosa, tornaria al segundo. Otrosi dezimos, que si otro estraño, a quien non fuesse obligado el peño sobredicho, nin ouiesse derecho ninguno en el, lo quitasse del primero a quien fuera empeñado sobre tal pleyto, que le otorgasse el otro el derecho que auia sobre el peño; entonce tambien le fincaria obligada la cosa, como si gela ouiesse empeñado primeramente el señor della."

    Ambos supuestos contemplados en las distintas leyes han sido calificados por alguna doctrina como supuestos de subrogación legal que nuestras leyes contemplan. En este sentido ARRAZOLA (215) "el acreedor que paga a otro acreedor más preferente; el simple fiador que se ve obligado a pagar por el deudor principal, deben en justicia quedar, por el simple ministerio de la ley, subrogados en todas las acciones y derechos que el acreedor, a quien pagaron, tuviere contra el deudor".

    En la misma línea de pensamiento nos encontramos a GUTIERREZ FERNANDEZ (216) y, actualmente, a CANOVAS COUTIÑO (217), o al propio profesor ESPIN CANOVAS (218).

    En mi opinión estos dos supuestos contemplados en las citadas leyes siguen fielmente la doctrina ya creada por el Derecho Romano sin ningún tipo de aportación doctrinal nueva, por ello no puedo mostrar una opinión distinta a la ya manifestada en páginas anteriores al tratar ambas instituciones en el Derecho Romano. Es por lo que entiendo que en las Partidas tampoco existe una regulación nítida y clara de la figura actual de la subrogación, tal y como hoy se contempla en nuestro Código Civil , sino dos aspectos aislados de lo que posteriormente mediante su fusión hará surgir la figura en cuestión (219). Así, cuando determinados autores del siglo XIX comienzan a hablar en sus obras de la subrogación, al analizar los textos de las Partidas, se percibe en ellos ya el influjo que produjo el Derecho francés sobre nuestros civilistas de aquella época, puesto que fue en el país vecino -como tendremos ocasión de examinar- donde surgirá la subrogación en siglos posteriores a la redacción de nuestro Código de las "Siete Partidas". De ahí, el inclinarme a pensar que estos autores intenten ver en estas leyes medievales lo que luego serán supuestos de subrogación legal contemplados en nuestro Código y a su vez regulados en el Code de Napoleón.

    Lo cierto es que, sin poder negar por mi parte lo que es el verdadero precedente de la actual subrogación, no se puede decir que en el Derecho medieval ya se reconociera la existencia de una figura jurídica que todavía no había sido engendrada. No obstante, todo ello, no puedo negar la relevancia de este cuerpo legislativo, en cuanto a la fijación del Derecho existente, y más aún en cuanto a la recopilación de pequeñas modificaciones que se produjeron con el transcurso del tiempo, y que ya hemos tenido ocasión de estudiar al analizar el pago realizado por un tercero con aprobación del deudor, reconociéndose entonces su posibilidad de desvincularlo directamente de la figura del mandato, que era lo que hasta aquel momento venía haciéndose por seguimiento del Derecho Romano.

    1.3. LA POSIBLE ADMISION DE LA SUBROGACION POR LA GLOSA DE GREGORIO LOPEZ

    Es conocido por todos que durante el siglo XV circularon distintas redacciones de las Partidas. Ello hizo que existiera un desconcierto general en cuanto a la fijeza del texto original. Una de las ediciones más conocidas fue la elaborada por ALONSO DÍAZ DE MONTALVO en 1491, pero no evitó el problema de la diversidad de criterios. Fue GREGORIO LÓPEZ, en 1555, el que elaboró una nueva redacción manejando la obra de los glosadores y postglosadores citando a BARTOLO y BALDO, ANDRÉS DE ISERNIA, SALICETO, BARTOLOMÉ DE CAEPOLLA y PABLO DE CASTRO (220).

    Esta nueva edición fue revisada y enmendada por el Consejo Real, teniendo en cuenta todas las transformaciones políticas y económicas del momento y ajustándose a la realidad social imperante en aquella época (221).

    Esta edición ha sido de gran impotancia durante varios siglos, dado su reconocido valor científico para los juristas e incluso para el Tribunal Supremo que en una Sentencia de 1860 declaró que en caso de discrepancia entre otras ediciones y textos debía seguirse el de GREGORIO LÓPEZ. Todo ello ha hecho que en este trabajo no pudiera pasar por alto el estudio de una obra de tal aporte científico y doctrinal.

    Al centrarme ya en nuestro estudio, me encuentro con autores como VATTIER FUENZALIDA (222) que, al realizar el análisis de la glosa realizada a la Ley 11, Tít. XII, Part. 5ª, considera que GREGORIO LÓPEZ entendió "al interpretar la Part. 5.12.11 según la orientación bartolista, que había aquí una subrogación legal...". Para poder inclinarme por esta teoría se debe analizar directamente el texto de la citada glosa, la cuál nos dirá al estudiar el primer fragmento de la citada ley (223), lo siguiente:

    "No solo las acciones personales, si que tambien los derechos de prenda e hipoteca, L 95. §. 10. D. de solut., Il. 21 y 2. C de fidejussor y en esta, y en esta la Glos. y Il. 13. 17 y 41. D. d. tít.; y esta ley lo manifiesta bastante, cuando dice de un modo absoluto que debe cederle el derecho que tenía contra el deudor principal; de consiguiente si no quiere verificarlo, o se halla en imposibilidad de hacerlo por culpa suya, será repelido por la escepción cedendarum actionum, d. 1. 95 §. 8. y 1. 45. D. de administr. tutor..." (224).

    Del estudio de esta glosa se puede observar que en ella no se está reconociendo más derechos al fiador que los mismos que ya le otorgaba el Derecho Romano por virtud de la ley. Por ello, me remito al estudio realizado de la figura del beneficium cedendarum actionum en el capítulo anterior de este trabajo (225), en el cual tuve ocasión de manifestar, que en ella, se encuentra el precedente histórico de la actual subrogación legal junto con otra figura, también de origen romano, denominada la successio in locum creditoris, ya que, en virtud del citado beneficium, el fiador que había realizado el pago, por mandato legal, podía ejercitar las mismas acciones que tenía el acreedor, pues dicho acreedor estaba obligado a ceder sus acciones cuando era realizado el pago por el fiador y éste le demandaba la cesión. Pero, también tuve ocasión de expresar (226), que aunque en línea de principio pudiéramos ver en esta figura el origen de uno de los supuestos que actualmente recoge la subrogación legal, existía alguna diferencia en la forma de funcionar la cesión en aquel entonces, a como se realiza actualmente la subrogación, en vista de que en el Derecho Romano era necesario la demanda del solvens, mientras que actualmente se realiza sin necesidad de mediar ninguna petición por parte de éste, es decir, que se produce, ope legis. Este hecho, bajo mi punto de vista, es lo suficientemente relevante, como para que, aun manteniendo la idea de que en esta figura se encuentra el vestigio de uno de los supuestos de subrogación legal -como ya he tenido ocasión de afirmar-, no pueda concluir que en el Derecho Romano ya se encontrara la figura con toda su entidad.

    De todo lo dicho se desprende, que del análisis del texto de la glosa de la Ley 11, Tít. XII, Part. 5ª, no encuentre más que lo dicho hasta el momento, es decir el reconocimiento de la obligación a cargo del acreedor a ceder las acciones personales, así como también los derechos de prenda e hipoteca, al fiador que ha saldado la deuda, pero no una subrogación de tipo legal que opera automáticamente sin tener que exigirla por parte del tercero que ha satisfecho la deuda.

    Por todo ello, tengo que concluir que tanto el texto original de las "Siete Partidas" como las posteriores redacciones del mismo texto glosado, siguen fielmente el influjo del Derecho Romano, sin introducir variantes de relevancia en su redacción.

  2. EL ORIGEN INMEDIATO DE LA SUBROGACION LEGAL EN EL DERECHO INTERMEDIO FRANCES

    El origen de la subrogación debe ser abordado desde dos prismas distintos: desde un plano doctrinal y desde la óptica del estudio del Derecho costumbrista y su posterior reconocimiento legislativo.

    2.1. EN EL ASPECTO DOCTRINAL

    Por lo que se refiere al plano doctrinal no es menos cierto que jugó en gran medida la labor de los glosadores y en concreto la escuela Bartolista. Estos jurisconsultos guiados en su labor interpretativa de los textos romanos dotaron de gran valor práctico a dos figuras jurídicas que marcaron el precedente de lo que posteriormente sería la subrogación legal de nuestros días: el beneficium cedendarum actionum y de la successio in locum creditoris.

    Ambos institutos parece que fueron en gran medida "confundidos" por dichos estudiosos del Derecho que interpretaron los textos romanos, ya que no supieron encontrar las diferencias en el funcionamiento de la cesión en ambas figuras, produciéndose, para ellos, de pleno derecho y de forma automática dicha cesión tanto en un supuesto como en el otro, cuando la realidad histórico-práctica había demostrado -como ya he tenido ocasión de exponer en otro lugar de este trabajo- que mientras en el beneficium cendendarum actionum, sólo se conseguía a través de la demanda o denuncia por parte del fiador o deudor solidario que había pagado la deuda al acreedor, en la successio in locum creditoris, se producía la cesión de manera directa y automática, es decir, lo que hoy día denominamos "de pleno derecho" (227).

    Pero, esta interpretación de los textos romanos, calificada por algunos estudiosos de "confusa" (228), es lo que va a servir de justificación a diversos autores de los siglos XVI y XVII para construir dogmáticamente una figura carente de reconocimiento jurídico hasta el momento, si bien ya había tenido acogimiento en el Derecho costumbrista, nacido de la práctica, de los usos y de las costumbres de las gentes de los distintos pueblos. Así, nos encontramos cómo el primero de los autores que va a establecer los principios normativos de la subrogación legal, basándose en la enseñanza de estos glosadores medievales, va a ser DUMOULIN en su primera lección que pronunció en Dôle (229), para quien guiado de los principios inspiradores que fundamentan la subrogación legal, pretendió dar entrada a la institución basada en la equidad, apoyándose en razones de necesidad de ajuste con la realidad económica.

    Para DUMOULIN toda persona que paga lo que otros deben estando obligada con ellos por ser fiador o deudor solidario, debía ser subrogada de pleno derecho en la posición del acreedor sin ningún tipo de requerimiento por parte del solvens, ya que el tercero que paga tiene un interés tan justificado en ser subrogado que por ello carece de sentido que tenga demandar la cesión (230).

    Sin embargo, esta tesis no estuvo exenta de críticas por ser contraria a determinados principios consagrados desde tiempos inmemoriales. Era difícil para los estudiosos del Derecho admitir la existencia de un fenómeno jurídico que tenía lugar en el campo práctico, pero que iba en contra de

    principios inalterables (231). Esta era la realidad a la que había que ajustarse ante determinados criterios dogmáticos imperantes en aquella época.

    No obstante, esta tesis, mantenida primeramente por DUMOULIN, va encontrar, no tardando mucho tiempo, un mayor apoyo doctrinal en otros autores de gran talla intelectual que seguirán en una misma línea de acercamiento a la figura de la subrogación. Autores tan relevantes como DOMAT (232), RENUSSON (233), POTHIER (234), tratan de justificar la creación de una figura nueva, influenciados por la corriente bartolista de los glosadores, comenzaron a resaltar las similitudes entre el beneficium cendendarum actionum y la successio in locum creditoris, ya que ambas tenían el mismo origen, el pago realizado por un tercero, al cual debía dotársele, por razones de equidad, de medidas para salvaguardar sus intereses económicos. Este recurso buscado ya había tenido ocasión de manifestarse en el Derecho Romano a través de la cesión que se producía en virtud de las dos figuras antedichas, lo cual facilitaba en gran medida las cosas, una por el resultado de la denuncia y otra por efecto "iuris". Mediante la fusión de ambas figuras se dió origen a la actual "subrogación legal", produciéndose así una institución jurídica donde ya no hacía falta demandar la cesión de ningún tipo de derecho, sino que el traspaso se producía "ope legis", cuando una persona efectuaba un pago por otra que estaba obligada a satisfacerlo, subentrando en la situación jurídica que abandonaba el acreedor satisfecho por el pago, y adquiriendo por ficción todos los derechos que éste tenía (235).

    2.2. EN EL AMBITO LEGAL

    En cuanto a la segunda visión que debemos tener del surgimiento de la subrogación legal en el Derecho intermedio, obedece al plano del Derecho costumbrista y su posterior reconocimiento legislativo.

    El fenómeno de la subrogación y su funcionamiento ya venía reconociéndose durante algunos años por los usos y las costumbres de los ciudadanos de algunos territorios de tradición costumbrista a principios del siglo XVI. Así, el artículo 194 de la Costumbre de Bretaña de 1539 admitía que el fiador, que había pagado más de lo que le correspondía pagar por su obligación contraída de garantizar la deuda, poseía un recurso de pleno derecho contra sus obligados sin tener por ello que demandar ningún tipo de cesión. Esta costumbre tuvo gran influjo en el resto de los países de tradición costumbrista, por ello este traspaso automático de derechos fue generalizándose en otros lugares y otras gentes, por ser una necesidad que obedecía al desarrollo económico (236).

    De esta misma opinión es el profesor ESPIN CANOVAS (237) para quien: "En los Estatutos italianos y las Coutumes francesas encontramos sancionada la cesión de las acciones por ministerio de la ley, sin necesidad de pedirla judicialmente. En este momento la cesión de acciones se ha transformado de judicial en legal, lo que equivale a decir que el beneficium cedendarum actionum que idearon los juristas romanos se ha transformado en la moderna subrogación legal".

    Este reconocimiento de esta figura inédita la podemos también encontrar en las palabras del propio POTHIER en sus comentarios realizados a las Costumbres de Orleáns al decir que se trata de "una ficción del derecho por la cual el acreedor es obligado a ceder sus derechos, acciones, hipotecas y privilegios a aquél del que él ha recibido lo que le es debido" (238). Asimismo, el autor fundamenta la institución "con una ley de amor que quiere que cada uno venga en ayuda de su prójimo (el acreedor en favor del solvens) mientras no se perjudique a sí mismo" (239).

    Por lo que respecta al plano legislativo, la subrogación tuvo su primera aceptación a principios del siglo XVII concretamente en el año 1609 en una declaración de Enrique IV en la que se transformaba uno de los supuestos donde se producía la successio in locum creditoris (240) en subrogación legal, ésta era -como ya hemos tenido ocasión de ver- cuando un tercero ajeno a la obligación prestaba el dinero al deudor para que pagase al acreedor, subrogándose en razón del préstamo realizado, en la posición del acreedor satisfecho por el pago. La razón se debía a razones de justicia y equidad. Y en ello jugaron un papel preponderante los hechos históricos de la época, puesto que durante las guerras de religión la tasa de las rentas que se aplicaba era alta (el doceavo), fijada en 1579 por un edicto de Carlos IX. Después de la pacificación, el comercio volvió a su auge normal y Enrique IV, en 1601, fijó la tasa en un dieciseisavo, lo que produjo que a los deudores que habían realizado sus inversiones en rentas les interesara más el nuevo tipo de interés aplicable a las operaciones realizadas, para lo cual, necesitaban nuevos fondos dinerarios para poder pagar a sus antiguos acreedores. A su vez, los nuevos prestamistas querían asegurar el reembolso de las cantidades prestadas exigiendo garantías, que en muchas ocasiones los prestatarios carecían de ellas por haberlas constituido sobre sus bienes para garantizar el primer préstamo que ahora querían extinguir. Por este motivo Enrique IV, por un edicto de mayo de 1609, permite realizar al deudor la subrogación del nuevo prestamista en la situación del antiguo, dotándole de las mismas garantías y derechos que éste tenía para con aquel. Con ello se pretendía evitar los posibles abusos que podía originar la negativa injustificada de los primeros prestamistas a la susodicha subrogación en la posición acreedora y en las garantías hipotecarias que aseguraban la satisfacción de sus rentas.

    Posteriormente esta práctica subrogatoria se generalizó por una disposición reglamentaria del Parlamento de París, de fecha 6 de julio de 1690, a toda clase de deudas. Dicha disposición fue conocida con la denominación de "Arrets des subrogations" y que va a constituir el origen del actual artículo 1211 de nuestro Código Civil (241).

    En estas dos disposiciones, de Enrique IV y del Parlamento de París, en 1609 y 1690, tenemos el origen legislativo de la actual subrogación legal, sin olvidar el origen de la institución -ya comentado- en el plano doctrinal y en el Derecho costumbrista, no menos importante y que será lo que posteriormente influenciará directamente en la codificación francesa, fijándose los perfiles exactos de lo que es nuestra institución, y que como afirma MERLO (242) "desde el primer estatuto que estableció la subrogación de pleno derecho hasta los códigos modernos, no ha tenido lugar modificaciones sustanciales".

    Consecuentemente hay que afirmar, una vez más, de acuerdo con la doctrina científica (243), que el origen de la subrogación surge en los siglos XVI-XVII en el Derecho intermedio francés mediante la fusión o intersección de dos figuras romanas, el beneficium cedendarum actionum y la successio in locum creditoris, aunque como dice el profesor MESTRE (244) "sus antecedentes romanos no son más que ejemplos entre otros muchos... Las condiciones de otorgamiento de la subrogación se flexibilizan al mismo tiempo se diversifican", lo cual no obedece más que al ajuste que debe de realizar el Derecho en todo instante a la realidad social del momento, y en nuestro caso al ser un figura del ámbito patrimonial relacionada, por ello, con el movimiento de capitales, debía ajustarse al desenvolvimiento del comercio y facilitar el uso y traspaso del crédito. Ello produjo que fueran ampliándose cada vez más los supuestos que por razones de justicia e igualdad, merecían tener un mismo tratamiento jurídico. Por ello, sin entrar aquí y ahora, en todos los casos posteriormente originadores de subrogación legal, nos vamos a encontrar -como dice POTHIER (245)- cómo el artículo 3 del Título V de la "Ordenanza del comercio terrestre de 1673", va a admitir un nuevo supuesto de subrogación legal por el pago de un tercero extraño que paga una deuda sin estar interesado en la obligación (246), que dará origen al actual supuesto de subrogación legal del art. 1210.2 del Código Civil y que pasamos a esbozar más detenidamente en el apartado siguiente de este trabajo (247).

    2.3. ORIGEN DE LA DENOMINACION DE LA FIGURA

    La denominación de esta figura se debe al Derecho canónico en cuanto que en él existió una práctica en la que, según explica el profesor DE RENUSSON (248), funcionaba de igual manera, y a la cual se la denominó "subrogación". Dicha práctica estaba relacionada con los beneficios litigiosos entre varias personas en donde si uno de los contendientes renunciaba a él o moría, a nadie se le podía otorgar el lugar del muerto o del renunciante hasta que hubiera terminado la causa, pero si alguien se prestaba para conservar el derecho del difunto, debía ser admitido y subrogarle en los derechos del mismo. Por tanto, se hizo en la Corte de Roma la norma de la Cancillería denominada "de subrogandis conllitigantibus". Al mismo tiempo en Francia las personas que obtenían beneficios litigiosos y querían pasar a ocupar el lugar de uno de los contendientes que quería renunciar a su derecho o que había muerto, no sólo obtenían esa provisión de beneficios por muerte o renuncia, sino que también obtenían la autorización real de la Cancillería de Palacio, que se llamaba "carta de subrogación" (249).

    2.4. LA ORDENANZA FRANCESA DEL COMERCIO TERRESTRE DE 1673. ORIGEN DIRECTO DEL SEGUNDO SUPUESTO DE SUBROGACION DEL ARTICULO 1210

    El pago realizado por un tercero ajeno a la obligación con aprobación expresa o tácita del deudor, según queda visto, ya fue admitido en el Derecho Romano (Inst. 3,29,pr.; D. 3,5,38(39); D. 46,3,53), pero ligado, por las circunstancias que rodeaban al citado pago, a la solutio que tenía ocasión por el cumplimiento de una obligación contractual nacida de un mandato bien expreso o tácito, y, en base a esta relación, nacía el derecho de reembolso del mandatario por los gastos y perjuicios ocasionados en el cumplimiento de la citada obligación (D.17,1,27,4; D. 50,17,60; D. 17,1,12,9). Este desembolso podía hacerse efectivo por medio de la concesión de la actio mandati contraria. Este panorama fue el imperante durante varios siglos, hasta ya entrada la Edad Media donde se desvincula este pago realizado con la expresa o tácita aprobación del deudor de la relación del mandato (Ley 32, Tít. XII, Part. 5ª) (250), concediéndose asimismo una acción de reembolso al tercero que ha pagado.

    Después del examen de estos precedentes históricos, se puede concluir que el pago del tercero no interesado en la obligación, que pagaba con aprobación expresa o tácita del deudor, fue admitido a lo largo de la historia del Derecho, pero sin ningún efecto subrogatorio por parte del solvens en los derechos del acreedor, hasta que en el siglo XVII se produce otro supuesto de subrogación legal en el ámbito mercantil, que luego tendrá su influjo en el Derecho civil español.

    Para POTHIER (251) "cuando un extraño paga una deuda sin que le obliguen y sin que tenga ningún interés en hacerlo, el acreedor no está obligado, si no le parece bien, a cederle sus acciones (L.5, Cod. de solut.), ya que no tenía necesidad, puesto que nada le obligaba a pagar. Esto sufre una excepción respecto de las letras de cambio. Cuando un extraño, por servir, ya sea al girador, o alguno de los endosantes o al girado, levanta una letra de cambio, de la cual es deudor, no solamente la cesión de las acciones del acreedor de la letra de cambio no puede serle rehusada, sino que queda subrogado de pleno derecho por la Ordenanza de 1673".

    El mismo origen legal le da a este caso de subrogación, el profesor DE MOLOMBE (252) al comentar el artículo 1236 del Code: "El tercer caso, que nuestro texto preveía parecía bien ser, en efecto, aquél en que un tercero, sin ningún interés para él mismo, y sin ningún mandato del deudor, viene a pagar al acreedor. Pues bien, decimos, que ese tercero tiene derecho a pagar por intervención. Y aquí, no solamente en materia comercial (art. 158 del Cod. de comercio), sino también en materia civil (art. 1236)... La Ordenanza de 1673, Tít. V, art. 3, decía lo mismo que, en caso de protesto, las letras de cambio pueden estar pagadas por cualquier persona que sea".

    De aquí que surja la necesidad de acudir al Derecho mercantil, y más concretamente, al estudio histórico de la letra de cambio (253), para poder establecer el origen exacto del actual art. 1210.2º de nuestro Código Civil .

    El primer texto legislativo que reconoce este tipo de subrogación es la Ordenanza del comercio terrestre de 1673, también conocida con el nombre de "Ordenanza Colbertiana" por ser su inspirador Colbert, ministro de Luis XIV, siendo Savary su redactor.

    Esta Ordenanza ha sido considerada como el texto legislativo más importante en materia cambiaria hasta la codificación napoleónica (254). La importancia de esta obra normativa radica en que supo recopilar en materia cambiaria todas las costumbres y prácticas comerciales que venían realizándose, así como supo ordenar de una manera sistemática, todos los aspectos relacionados con las letras de cambio, influyendo posteriormente a todas las regulaciones que fueron surgiendo sobre la materia.

    La Ordenanza de 1673 estaba compuesta por 42 artículos distribuidos en doce títulos.

    Por lo que a este estudio respecta, el título 5 es el que debe centrar nuestra mayor atención, títulado "sobre las letras de cambio y los pagarés". Acogía en su seno el artículo 3 cuyo tenor literal establecía: "en cas de protêt de la lettre de change, elle pourra être acquitée par tout autre que celui sur qui elle aura éte tirée; et au moyen du paiement il demeurera subrogé en tous les droits du porteur de la lettre, quoi qu´il n´en point de transport, subrogation, ni ordre".

    Este precepto legal está regulando la figura de la intervención en el pago por un tercero, tan conocida y de amplios efectos prácticos en aquella época. Esta institución mercantil es la que va a dar origen, bajo mi punto de vista, a la posterior subrogación legal regulada hoy día en nuestro Código Civil en el artículo 1210.2º, por la influencia tan grande que produjo esta Ordenanza francesa a lo largo de los siglos en las futuras regulaciones (255) que se hicieron sobre la intervención en el pago (256).

    La intervención en el pago presenta amplias similitudes con el pago del tercero no interesado en la obligación cuando paga con expresa o tácita aprobación del deudor. Ambas instituciones pueden coincidir desde el punto de vista de los elementos personales, ya que la persona que interviene pagando la deuda de otro puede ser -entre otros (257)- un tercero extraño al círculo de obligados cambiarios. Además, como indica acertadamente el profesor SANTOS (258), "la intervención realizada por un tercero no plantea ninguna cuestión en cuanto a su admisibilidad: responde al supuesto normal o característico de la intervención", que es la intervención espontánea, la cual, como luego tendremos ocasión de estudiar, se producía cuando un tercero extraño se presentaba ofreciendo pagar la letra por cuenta del beneficiario (259) y que, según demuestra la práctica trayecticia, fue la que dió lugar posteriormente al surgimiento de la intervención requerida y la figura de la indicación (260). Ello nos lleva, asimismo, a considerar a este tercero que intervenía como una persona que, en la mayoría de las ocasiones, no estaría interesado en la obligación contraída, ya por el hecho de ser extraño el que se presentaba espontáneamente para satisfacer al acreedor cambiario (261).

    La misma circunstancia de ser un "no interesado" el que abonara la deuda cambiaria iba a estar también muy relacionada con el tipo de intervención que se produjera, ya que si el interviniente era una persona que ya figuraba en la letra anteriormente, como interviniente de la aceptación, esta persona por el mero hecho de haber plasmado su firma, adquiría la responsabilidad de pagar la letra ante la negativa del deudor cambiario (262), lo que le convertía, al aceptar la letra por intervención, en un interesado en la obligación, puesto que su negativa al pago cuando nacía su obligación cambiaria podía acarrearle los mismos perjuicios que los de un obligado cambiario.

    Por otra parte el pago del tercero "no interesado" que estamos analizando, requiere que se produzca con expreso o tácito consentimiento del deudor. Para fijar las similitudes que producen este tipo de pago con el pago por intervención, debemos de acudir al estudio de la naturaleza jurídica que reviste este tipo de figura cambiaria.

    La naturaleza jurídica del pago con intervención está muy ligada con el modo de producirse o manifestarse ésta, ya que ha sido clásica la identificación de la intervención espontánea (263), al ser una actuación voluntaria de carácter espontáneo -como su propio nombre indica-, con un supuesto vinculado a la gestión de negocios ajenos sin mandato (264), mientras que la intervención requerida (265) al tratarse de un acto que responde a la invitación o solicitud de otro, se vinculaba directamente a la existencia de una relación obligacional nacida de un mandato previo. No obstante, esta identificación de ambos tipos de intervención con las citadas figuras contractuales o cuasicontractuales, no ha dejado de tener sus críticas por la doctrina más moderna (266), en mi opinión acertadas. Por ello, no nos debe inducir al error el pensar que el interviniente que actúa espontáneamente -según esta doctrina sin mandato previo- lo hace -al tratarse de una gestión de negocios ajenos- sin el consentimiento expreso o tácito del deudor cambiario, puesto que como ha indicado muy acertadamente el profesor GOMEZ SEGADE (267) "en muchas ocasiones, la existencia de una indicación no presupone necesariamente que el indicante haya conferido un mandato al indicatario. Y, a la inversa, cabe afirmar que una intervención aparentemente espontánea puede apoyarse en un mandato o encargo previo".

    En el mismo sentido cabe citar también al profesor SANTOS (268) el cual afirma que puede ocurrir que el que actúe como espontáneo lo haga respondiendo a un mandato, mientras que el que lo hace siendo requerido actúe por obra de la oficiosidad del librador, endosante o avalista sin haber contado con el propio "indicado" (269).

    Es que según lo anterior, puede darse el supuesto de que un tercero extraño pague la obligación cambiaria de forma espontánea sin estar requerido para ello en virtud de un contrato contraído por él con el propio deudor cambiario, lo cual no disvirtuaría el tipo de intervención y tendría su causa subyacente en una relación nacida del mandato.

    Por todo ello, esta identificación, que en línea de principio fue aceptada por la doctrina tradicional y que sigue siendo admitida por algún sector doctrinal actualmente, no debe de ser llevada al extremo de distraer nuestra atención de la intervención en el pago, en cuanto a ser el origen del art. 1210.2º, puesto que, como ya hemos podido comprobar, en ambos tipos de intervención puede darse el consentimiento tanto expreso o tácito del deudor, así como producirse la intervención sin estar vinculada a ningún tipo de relación obligacional.

    En base a todo esto es por lo que debemos de ver en esta Ordenanza de 1673 el origen exacto de "la subrogación del tercero no interesado que paga con expresa o tácita aprobación del deudor", ya que ella marcó el indicio de un tipo de subrogación hasta entonces carente de normativa legal, y que vendría a dotar de seguridad jurídica al pago que realizaba una persona para evitar el descrédito del librador que se podía producir ante el impago de su letra (270). Con este pago el interviniente era dotado por la Ordenanza de 1673 de una vía subrogatoria adquiriendo todos los derechos del tomador y que quedaban lo suficientemente asegurados por la expresa mención que se hacía del citado impago en el mismo protesto de la letra.

    Esta vía subrogatoria adquirida por el solvens, que ha intervenido en una letra y que tiene su origen normativo en esta Ordenanza francesa de 1673, fue recogida y plasmada de idéntica forma en la Ordenanza de Bilbao de 2 de diciembre de 1737, en cuyo capítulo XIII, títulado "De las letras de cambio, sus aceptaciones, endosos, protestos y términos", regula la intervención en los artículos 20, 40 y 41 (271). Por lo que respecta a los efectos que produce la intervención en el pago el artículo 40 dice textualmente "Aquel que así pagare alguna letra por el honor de alguno de los endosantes, se subrogará en los derechos de éste, y por consecuencia le tendrá contra él mismo, y los demás procedentes endosantes hasta el librador, inclusive, y cualquiera in solidum; pero si se pagare por el honor del librador, solo tendrá recurso contra él" (272).

    Este precepto recibe la influencia más directa de la citada Ordenanza francesa de 1673, pero completando la regulación que en aquélla se hacía como expresamente ha detallado el profesor GOMEZ SEGADE "en primer lugar, se prevé expresamente la intervención en la aceptación y, en segundo término, de acuerdo con la tradición histórica de la institución y las necesidades del tráfico, no se excluye -como hacía la Ordenanza francesa- la intervención realizada por el librado; por último, no incurre en el error de la Ordenanza francesa, según la cuál el interventor se subrogaba en todos los derechos del tenedor de la cambial, sino que matiza adecuadamente qué derechos adquiere el interventor en función de la persona a quien haya designado como beneficiario y cuyo crédito ha deseado «honrar»"(273).

    El siglo XIX, ya período codificador, va a estar, asímismo, caracterizado en esta materia por la influencia francesa recibida, así como por las Ordenanzas de Bilbao de 1737 (274).

    El Código de Comercio de 1829 reguló el tema en la Sección 10ª, Título IX, en los artículos 526 a 533, siendo esta regulación la que marcó la posterior del 1885, y en cuyo art. 531 hacía referencia al citado efecto subrogatorio del solvens en los derechos del portador, al decir "El que paga una letra por intervención se subroga en los derechos del portador, mediante que cumpla con las obligaciones prescritas a éste ...".

    El Código de Comercio de 1885 regulaba el tema de la intervención en la Sección 9ª, del Título VIII, del Libro II, comprendiendo los artículos 511 a 515, siendo el artículo 512 el que hacía mención al tema que nos ocupa, cuyo tenor decía: "El que prestare su intervención en el protesto de una letra de cambio, si lo aceptare, quedará responsable a su pago como si hubiere sido girada a su cargo, debiendo dar aviso de su aceptación, por el correo más próximo, a la persona por quien ha intervenido; y si la pagare se subrogará en los derechos del portador mediante el cumplimiento de las obligaciones prescritas a éste ...".

    Esta regulación contenida en los Códigos de Comercio del siglo pasado, que traen su origen -como ya hemos podido comprobar- de la Ordenanza del Comercio Terrestre de 1673, fue la que produjo previsiblemente que el legislador del Código Civil español observara en este tipo de subrogación un supuesto trasladable al ámbito civil. No obstante, hay que resaltar que el Código francés carece de este supuesto de subrogación legal.

    Sin embargo, ya en el siglo pasado, así como en el actual, ha sido objeto de estudio y discusión doctrinal por los tratadistas franceses el posible traslado de este supuesto de subrogación al ámbito civil.

    DEMOLOMBE (275) parecía ver en este caso de pago de un tercero realizado con expresa o tácita aprobación del deudor, un caso de subrogación trasladable al ámbito civil, según se deduce de sus propias palabras "y aquí, no solamente en materia comercial (art. 158, Código de Comercio ), sino también en materia civil (art. 1236)" (276).

    Y para finalizar con este epígrafe histórico, no me queda más que hacer la advertencia -aunque el tema exceda de este trabajo, pero dada su importancia, no puedo dejar de mencionar-, que esta subrogación de naturaleza cambiaria, ha sido suprimida en la nueva regulación que se produjo por la "Ley Cambiaria y del Cheque " de 16 de julio de 1985, en cuyo artículo 77 manifiesta: "El pago por intervención libera a todos los firmantes de la letra posteriores a aquél por cuenta del cual se ha efectuado. La persona que lo realiza adquiere todos los derechos que deriven de la letra contra el obligado cambiario por el que ha intervenido y contra todos los que responden frente a él ...".

    Este precepto fue legislado para adaptarse a la Ley Uniforme de Ginebra (277), que ya había optado por la supresión del término subrogación; con ello, se pretende terminar con las grandes críticas doctrinales que venía recibiendo sobre el rechazo a la vía subrogatoria concedida al solvens que había pagado la deuda cambiaria, por no obedecer los derechos concedidos a éste con las características de dicha acción.

    Dentro de esta doctrina nos encontramos con el criterio del profesor GARRIGUES (278), para quien "a diferencia de la simple subrogación civil, el interventor en el pago de la letra no sólo se subroga en los derechos del acreedor frente a la persona por la que interviene, sino también frente a los demás firmantes de la letra anteriores a aquella". Otra crítica alegada es que el interventor que paga "no adquiere los derechos cambiarios de forma derivativa, como en la subrogación ..., la adquisición de sus derechos por parte del interventor se produce cambiariamente, lo que significa que los adquiere de forma originaria y autónoma" (279). Igualmente, se alega en contra de la subrogación, que por la naturaleza cambiaria de la obligación no podrán ser oponibles las excepciones personales al interventor (280).A mi juicio, estas críticas a la doctrina clásica (281) en el sentido de rechazar la existencia de una acción subrogatoria civil, aun fundamentadas en afirmaciones lo suficientemente justificadas, que hacen de este tipo de acción un procedimiento sui generis del Derecho mercantil, y que la separan, por alguna matización, de las características típicas de la subrogación civil, no por ello, podemos negar la gran similitud con dicha acción de naturaleza civil y que ha hecho durante muchos siglos identificarla plenamente a la doctrina con la subrogación sin ningún tipo de obligación.

    Sin embargo, el hecho de que actualmente se niegue dicha identificación, no desvirtúa en nada el objeto de este estudio histórico, sino por el contrario marca el origen exacto del actual art. 1210.2º de nuestro Código Civil , puesto que como ya he tenido ocasión de analizar, este tipo concreto de subrogación surgió en 1673 con la Ordenanza francesa del comercio terrestre y mediante su influjo a través de los siglos iluminó al resto de la legislación cambiaria hasta llegar al siglo XIX donde se produce su salto al ámbito civil, tal como se regula en nuestro Código Civil como un supuesto más de subrogación legal.

    -----------------------------

    189 ESCUDERO, J.A.: Curso de Historia del Derecho (Fuentes e Instituciones Político-Administrativas), Madrid 1995, p. 448.

    190 SANCHEZ, G.: Curso de Historia del Derecho (Introducción y fuentes), 8ª ed., Madrid 1952,p. 81.

    191 Vid. MARQUES DE LOZOYA: Historia de España, III, Barcelona 1979, pp. 535 y ss. En cuanto al estudio de la historia que rodeó a España durante su reinado.

    192 Vid. GIBERT, R.: Historia general del Derecho español, Madrid 1974, p. 41.

    193 Pero en contra de esta opinión no faltan autores como el profesor ESCUDERO, J.A.: Op. cit., pp. 450 y 451.

    194 GIBERT, R.: Op. cit., p. 41.

    195 Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F.: Manual de Historia del Derecho español, 4ª ed., Madrid 1986,p. 240 y 241.

    196 En cuanto a cuales fueron las fuentes y contenido de las "Siete Partidas", Vid. GARCIA-GALLO, A.: Manual de Historia del Derecho español (El origen y la evolución del Derecho), 4ª ed., I, Madrid 1971, pp. 398 y 399.

    197 ESCUDERO, J.A.: Op. cit., p. 448.

    198 Para más abundamiento sobre su intervención directa en la obra Vid. SOLALINDE: Intervención de Alfonso X en la redacción de sus obras, en Revista de Filología española, II, p. 283-288.

    199 GIBERT, R.: Op. cit., p. 44.

    200 Los Códigos españoles concordados y anotados (Código de las Siete Partidas), III, Madrid 1848.

    201 Vid. JORDAN DE ASSO, I. Y DE MANUEL, M.: Instituciones de Derecho civil de Castilla, 7ª ed., Madrid 1806, pp. 62 y ss.

    202 Como expresamente se recogen en D. 50,17,60 (Ulpianus, 2, Disputationum): Semper qui non prohibet pro se intervenire, mandare creditur...?.

    203 Para GOMEZ DE LA SERNA, P. Y MONTALBAN, J.M.: Elementos de Derecho civil y penal de España, 11ª ed., II, Madrid 1974, p. 211. "Esta doctrina no debe en nuestra opinión extenderse al caso en que sea perjudicial al acreedor el cambio de persona, como sucedería en las obligaciones de hacer, si a un artista de mérito sucediera otro sin talento. Los que están privados de la administración de sus bienes por su estado, edad o incapacidad, no pueden pagar: en su nombre y por cuenta lo hacen las personas que los tienen bajo su poder, autoridad o dirección".

    204 GUTIERREZ FERNANDEZ, B.: Códigos o estudios fundamentales sobre el Derecho civil español, 3ª ed., IV, Madrid 1877, p. 142.

    205 ESPIN CANOVAS, D.E.: Sobre el pago ... op. cit., p. 307.

    206 VATTIER FUENZALIDA, C.: Notas sobre la subrogación personal, en RDP (Enero, 1985), p. 499.

    207 DEL VISO, S.: Lecciones elementales de Derecho civil, 6ª ed., rev. por SALOM Y PUIG, S., III, Valencia 1889, p. 83.

    208 No empero, tengo que reiterar, que la Ley 32, Tít. XII, Part. 5ª, en conexión directa con la Ley 3, Tít., XIV, Part. 5ª, reconoce el efecto liberatorio del pago del tercero con aprobación del deudor, y la subsiguiente acción de reembolso, realizado aun sin su mandato.

    209 POTHIER, R.J.: Tratado de las obligaciones, trad. cast. y notas por DE LAS CUEVAS, M.C., Buenos Aires 1978, p. 348. Asimismo hace mención al mismo origen ARRAZOLA, L.: Cesión de acciones, en «Enciclopedia española de Derecho y administración o nuevo teatro universal de la legislación de España e Indias», VIII, Madrid 1855, p. 584.

    210 BONDIA ROMAN, F.: Op. cit., p. 990.

    211 C. 5,52,2; C. 5,51,6; C. 8,41,11; D. 46,3,76; D. 46,1,36(37).

    212 Sentencia cit. por BRAVO, E.: Compilación del Derecho civil vigente en España, III, Madrid 1885, p. 259.

    213 Vid. GUTIERREZ FERNANDEZ, B.: Op. cit., pp. 62 y ss.; ESPIN CANOVAS, D.: Beneficio de cesión de acciones, en «Nueva Enciclopedia jurídica Seix», III, p. 323; MARTI Y DE EIXALA, R.: Tratado elemental de Derecho civil romano y español, II, Barcelona 1838, pp. 222 y ss.

    214 D. 20,5,5,pr.; C. 8,14,22; C. 8,18,5; C. 8,19(18),1; C. 8,19(18),3.

    215 ARRAZOLA, L.: Op. cit., p. 583.

    216 GUTIERREZ FERNANDEZ, B.: Op. cit., p. 143.

    217 CANOVAS COUTIÑO, G.: Op. cit., pp. 229 y ss.

    218 ESPIN CANOVAS, D.: Beneficio...., op. cit., pp. 306 y 307.

    219 Con el mismo criterio se muestra VATTIER FUENZALIDA, C.: Op. cit., p. 499, quien manifiesta que "nuestro Derecho histórico permaneció al margen de esta evolución de la subrogación legal, si bien la figura nueva se recibió entre nosotros según se puede apreciar en la doctrina, y sobre todo, en los textos prelegislativos del siglo pasado".

    220 Vid. BONET CORREA, J.: La constitución de las servidumbres por signo aparente, Madrid 1970, pp. 52 y ss., el cual recoge detalladamente toda esta trayección jurídico-histórica.

    221 Vid. GARCIA-GALLO, A.: Op. cit., p. 404.

    222 VATTIER FUENZALIDA, C.: Op. cit., p. 499.

    223 "Pagando alguno de los fiadores todo el debdo en su nome, puede demandar a aquel faze la paga, que le otorgue el poder que auia para demandar el debdo, contra los fiadores que fueran sus compañeros en aquella fiadura, e otrosi el que auia contra el debdor principal". No obstante, aunque este fragmento haga referencia al fiador que paga en su nombre, es asimismo aplicable al resto de los casos donde el beneficio de la cesión de acciones tuviera lugar.

    224 Las Siete Partidas del Sabio Rey D. Alfonso el X, con las variantes de más interés y con la glosa del Lic. GREGORIO LÓPEZ, vertida al castellano y notas de D. IGNACIO SANPONTS Y BARBA, D. RAMON MARTI DE EIXALA, D. JOSE FERRER Y SUBIRANA, III, Barcelona 1843.

    225 Vid. supra, pp. 80 y ss.

    226 Vid. supra, pp. 89 y ss.

    227 Estos mismos términos son los utilizados por el Código francés en su art. 1251 para establecer los distintos supuestos cuando se produce ésta.

    228 Vid. MESTRE, J.: La subrogation personnelle, Paris 1979, p. 25; también se muestra con este mismo criterio VATTIER FUENZALIDA, C.: Op. cit., p. 498.

    229 DUMOULIN: Omnia quae extant opera, III, Paris 1681, pp. 387 y ss.

    230 Vid. MERLO, G.M.: La surrogazione per pagamento, Padova 1933, pp. 27 y ss. Interesantes son las alegaciones que hacen en el mismo sentido DEMOLOMBE, C.: Cours de Code Napoleón, XXVII, Paris 1881, pp. 444 y ss. ?Si el fiador, el coobligado o el tercero-detentador, tienen un interés con pagar la deuda de otro, si ellos pueden incluso estar obligados a pagarla, ellos no están ciertamente por ello menos interesados que aquel que paga voluntariamente. Y además, por otra parte, esta deuda que ellos pagan, es la deuda de otro; ellos no la pagan más que con la intención de recuperar su adelanto; no es pues equitativo asegurarles, por esta recuperación, el beneficio de una subrogación que les beneficia sin perjudicar a nadie. ¿Por qué pues exigir de ellos un requerimiento expreso?.

    231 Como explicar, por ejemplo, que producido el pago de una deuda y extinguida ésta, se pudiera ceder el crédito ya no existente al solvens que la había saldado. Es cierto que en el Derecho romano ello se llevaba a cabo, pero su justificación y lógica venía en relación a los métodos indirectos ideados para conseguirlo, que en definitiva no desvirtuaban las reglas generales.

    232 DOMAT, J.: Les lois civiles dans leur ordre naturel, I, Paris 1777, pp. 240 y ss.

    233 DE RENUSSON, F.: Trattato della surroga, Siena 1846, pp. 1 y ss.

    234 POTHIER, R.J.: Op. cit., pp. 275 y ss.; POTHIER, R.J.: Coutume d´Orléans, en Oeuvres complètes, I, Paris 1845, pp. 661 y ss.

    235 Para BRISSAUD, J.: Manuel d´histoire du droit privé, Paris 1907, p. 487, ?En cuanto a la denuncia que debía de hacerse para obtener la subrogación de aquellos que pagan lo que ellos debían con otros o por otros (fianzas, codeudores solidarios, etc.), fue lógico decidir que ella tendría lugar de pleno derecho, puesto que el acreedor no podía oponerse a la demanda que le era hecha, esto no era más que una formalidad vana?. No obstante, POTHIER, R.J.: Tratado ... op. cit., pp. 351 y 352, mantiene todavía el autor que en determinados casos de pagos de la deuda por un tercero debe ser requerida la cesión, "En los demás créditos hipotecarios siempre es necesaria la cesión de acciones, o por lo menos su petición. Pero los créditos que tienen un privilegio personal, tales como los gastos de un funeral de la última enfermedad, etcétera, no es necesario requerir la subrogación".

    236 Aunque como dice el profesor CARBONNIER, J.: Derecho Civil, II-3, trad. cast. por ZORRILLA RUIZ, M., Barcelona 1971, p. 207, "No obstante, los jurisconsultos antiguos se esforzaron en fundar su solución en la equidad, más que en la utilidad económica".

    237 ESPIN CANOVAS, D.: Beneficio .... op. cit., p. 323.

    238 POTHIER, R.J.: Coutume..., op. cit., p. 661.

    239 POTHIER, R.J.: Coutume... op. cit., Tít. XX, n. 75.

    240 D. 8,19(18),1; D. 20,4,18; D. 20,4,12,8.

    241 Para mayor abundamiento en el origen legislativo de la institución, Vid. DOMAT, J.: Op. cit., p. 241; DE RENUSSON, F.: Op. cit., pp. 3 y 4; COLIN, A. Y CAPITANT, H.: Curso elemental de Derecho civil, trad. cast y notas por DE BUEN Y BATLLE, M., 4ª ed., III (Teoría geneneral de las obligaciones), Madrid 1960, pp. 199 y ss.; JOSSERAND, L.: Derecho civil, trad. cast. por CUNCHILLOS Y MANTEROLA, S., II-1º (Teoría general de las obligaciones), Buenos Aires 1950, pp. 697 y 698; OURLIAC, P. Y DE MALAFOSSE, J.: Op. cit., p. 398; GAUDEMET, E.: Teoría general de las obli-gaciones, trad. cast. y notas por MACEDO, P., 2ª ed., México 1984; MESTRE, J.: Op. cit., p. 31; VAT- TIER FUENZALIDA, C.: Op. cit., p. 498.

    242 MERLO, G.M.: Op. cit., p. 26.

    243 Es unánime la doctrina en afirmar que el origen de la subrogación se debe a la fusión de estas dos figuras romanas, cabe citar como muestra de ello, los estudios -además de los ya citadosde, JOSSERAND, L.: Op. cit., p. 691; GAUDEMET, E.: Op. cit., p. 490; MESTRE, J.: Op. cit., pp. 25 y ss.; ESPIN CANOVAS, D.: Beneficio de cesión.... op. cit., p. 324; BONDIA ROMAN, F.: Op. cit., pp.

    988 y 989; PUIG PEÑA, F.: Op. cit., p. 191.

    244 MESTRE, J.: Op. cit., p. 30.

    245 POTHIER, R.J.: Tratado... op. cit., p. 348.

    246 En este mismo sentido se muestra DEMOLOMBE, C.: Op. cit., p. 51.

    247 Por lo que se refiere al origen de la subrogación convencional creada por voluntad del acreedor, mencionada actualmente en nuestro Código Civil en su artículo 1209 párrafo segundo. Parece tener su origen en el siglo XVIII en una práctica notarial llevada a cabo habitualmente en las cesiones de crédito, mediante el empleo de la palabra "subrogar" en supuestos de cesiones de crédito donde no se realizaba sin un ánimo especulador y tampoco eran supuestos de subrogación legal, pero que influenciados por los principios de ésta última hicieron surgir un tipo de subrogación consentida por el acreedor en el mismo acto del pago. Vid. GAUDEMET, E.: Op. cit., p. 492.

    248 DE RENUSSON, F.: Op. cit., p. 4.

    249 Igualmente señalan el origen del término subrogación DEMOLOMBE, C.: Op. cit., p. 253; MESTRE, J.: Op. cit., p. 29.

    250 Ley 32, Tít. XII, Part. 5ª: "Otrosi dezimos, que si un ome pagasse debda verdadera, que otro ome deuiesse, que luego que la ha pagado, que finca el que la deuia, libre, e quito, maguer la pagasse sin su mandato. Pero aquel por quien es fecha esta paga, es tenudo de dar al otro, aquello que por el pago, tambien como si lo ouiesse pagado por su mandato".

    251 POTHIER, R.J.: Tratado..., op. cit., p. 348.

    252 DEMOLOMBE, C.: Op. cit., pp. 50 y 51.

    253 Este estudio se centrará a partir del siglo XVII que es donde surgió este tipo de subrogación en la Ordenanza del comercio terrestre de 1673.

    254 Vid. AGUILERA-BARCHET, B.: Historia de la Letra de Cambio en España (Seis siglos de práctica trayecticia), Madrid 1988, p. 139.

    255 La Ordenanza francesa de 1673 estuvo vigente hasta la promulgación del Código de Comercio de 1807. En cuanto al régimen legal cambiario francés Vid. DAVIS, A.: La letra de cambio, Santiago de Chile 1957, pp. 18 y ss.; POLO, E.: Letra de cambio, en «Enciclopedia española de Derecho y administración o nuevo teatro universal de la legislación de España e Indias» por ARRAZOLA, L., GOMEZ DE LA SERNA, P., y MANRESA Y NAVARRO, J.M., Madrid 1848-1870, pp. 125 y ss.

    256 Hago mención simplemente a la intervención en el pago, puesto que la intervención en la aceptación carece de relevancia para el tema aquí tratado, puesto que si tomanos por intervención en la aceptación la definición aportada por el profesor SANTOS, V.: La intervención cambiaria, en Escuela de Práctica Jurídica, (Cursillo sobre la ?Ley Cambiaria y del Cheque?, Lección Duodécima, 10), Madrid 1986, p. 23, el cual nos dice que "es el acto por el cual se hace cargo de la obligación de pagar la letra una persona mencionada o no en el título...persona que se incorpora al círculo de los obligados cambiarios o que se reincorpora a ese círculo si es que estaba ya en él por otro concepto". No me queda más que ver en esta figura jurídica, una futura asunción de la deuda por parte del interviniente, y por ello, un traslado de la obligación sujeta a condición, que funcionará cuando se produzca el incumplimiento del deudor principal cambiario, y no por ello, el caso de una subrogación como efecto que produce el pago de un tercero. Porque aunque la responsabilidad asumida por el interviniente aceptante sea el pago de la letra en su vencimiento ante el supuesto de incumplimiento del primer obligado cambiario, la aceptación en la intervención en línea de principio obedece a la asunción de una posible responsabilidad que puede o no llegar a su cumplimiento.

    257 Hago mención a los términos -entre otros-, porque a tenor de lo dispuesto en el artículo 70 párrafo 2º de la Ley Cambiaria y del Cheque "la intervención puede ser realizada por un tercero, por el mismo librado, o por cualquier obligado cambiario a excepción del aceptante". Con este precepto se zanja la discusión doctrinal sobre lo que durante varios años había sido cuestión de debate por los autores queriendo interpretar lo que ya desde el Código de Comercio de 1829 en su artículo 526 quería establecer con la palabra "tercero" y que luego recogió el art. 511 del Código de 1885. Para un sector doctrinal el tercero hacía referencia a toda persona extraña que no fuera un obligado cambiario, en este sector podemos citar a JACOBI, E. y LINHARDT, H.: Derecho cambiario (La letra de cambio y el cheque), trad. cast. con notas por ROCES, W., Madrid 1930; DAVIS, A.: Op. cit., pp. 375 y 376; GARRIGUES, J.: Curso de Derecho mercantil, 6ª ed., revis. por BERCOVITZ, A.; I, Madrid 1972, p. 824; HUGUET Y SAN ROMAN COLINO cit. por GOMEZ SEGADE, J.A.: La intervención cambiaria, RDBB, nº 6, (abril-junio, 1982), p. 306. Otro sector doctrinal opina que podía intervenir cualquier persona incluso los obligados cambiarios. Podemos citar entre estos autores a BROSETA PONS, M.: Manual de Derecho mercantil, 8ª ed., Madrid 1990, p. 617; URIA, R.: Derecho mercantil, 19ª ed., Madrid 1992, p. 922; GOMEZ SEGADE, J.A.: Op. cit., p. 306; MENENDEZ MENENDEZ,A.: La intervención de la letra de cambio en Derecho cambiario, Estudio sobre la Ley cambiaria y del cheque , dirig. por MENENDEZ MENENDEZ, A., Madrid 1986, pp. 717 y 718; SANTOS, V.: Op. cit., pp. 11-13; JIMENEZ SANCHEZ, G.J. y varios: Derecho mercantil, 2ª ed., Barcelona 1995, p. 84.

    258 SANTOS, V.: Op. cit., p. 11.

    259 Debemos de entender por beneficiario, aquella persona a cuyo favor se hace la intervención. El art. 70 párr. 1º de la Ley Cambiaria y del Cheque establece que se podrá intervenir "por cuenta de cualquier obligado en vía de regreso".

    260 Vid. GOMEZ SEGADE, J.A.: Op. cit., pp. 267 y ss.

    261 No obstante, había ocasiones donde este tercero era movido por un ánimo especulador que le hacía intervenir por cuenta de otro, consiguiendo colocar los fondos líquidos que poseía y luego queriendo sacar un beneficio desmesurado por este anticipo. Esta práctica, a veces frecuente, encontró su fin cuando a partir de la Ordenanza francesa de 1673 se estipuló la subrogación del solvens en los derechos del acreedor, fijando con ella los límites de su reclamación posterior.

    262 En este sentido es clara la definición de la aceptación por intervención aportada por el profesor SANTOS, V.: Op. cit., p. 23, "la aceptación por intervención es el acto por el cual se hace cargo de la obligación de pagar la letra una persona, mencionada o no en el título, pero en concepto distinto de la aceptación ordinaria. El que contrae esta obligación puede ser un tercero, formalmente ajeno al título, o una persona mencionada en él o incluso una persona obligada ya en la letra por otro concepto". Para un estudio detallado de la figura de la aceptación Vid. CARBONERES TERROL, F.: La aceptación de la letra de cambio, Madrid 1976, pp. 84 y 103 y ss.; GARCIA Y LASTRES, J.L.: La aceptación de la letra de cambio, Madrid 1992, pp. 7 y ss.; JACOBI, E. y LINHARDT, H.: Op. cit., pp. 126 y 127.

    263 La intervención espontánea es aquella que se caracteriza por su espontaneidad, por su inmediatez, donde el interviniente se presenta voluntariamente a realizar el pago de la deuda cambiaria o aceptar dicha deuda sin haber sido requerido para ello por nadie. De ahí que se tienda a identificar esta figura con la actuación de un gestor que actúa realizando un negocio ajeno, dado que las características que rodean a esta figura civil son muy similares a la figura que estamos tratando. No obstante a esta identificación cabe hacer algunas objeciones. Como por ejemplo, ya hemos podido ver como el interviniente a veces actuaba no en beneficio del dominus sino en su propio interés. Este tipo de intervención viene reconocido actualmente en el art. 70 párrafo primero in fine de la LCC, al decir "la letra podrá también ser aceptada o pagada por una persona que, sin estar expresamente indicada en ella intervenga por cuenta de cualquier obligado en vía de regreso".

    264 Vid. SANCHEZ VENTURA, J.M.: La letra de cambio, Zaragoza 1914, p. 127; ALEMAN, R.M.: La letra de cambio (Estudio de Derecho mercantil), Habana 1918, pp. 83 y 84; GUILLEN E IGUAL,B.: La letra de cambio (Tratado elemental de Derecho mercantil español), Barcelona 1930, p. 130; GARRIGUES, J.: Op. cit., p. 824; DAVIS, A.: Op. cit., p. 373; MIROSA MARTINEZ: Intervención en la letra de cambio, en «Nueva enciclopedia jurídica Seix», XIII, Barcelona 1968, p. 440.

    265 La intervención requerida, es aquella en la cual el interviniente actúa en virtud de una solicitud o requerimiento para que pague o acepte la letra. Viene reconocida en el art. 70 párrafo 1º de la LCC, el cual establece "El librador, un endosante o un avalista, podrán indicar en la letra una persona que acepte o pague, en caso de que sea necesario". Esta solicitud o requerimiento ha sido lo que ha servido de apoyo a la doctrina para fundamentar la teoría que este tipo de intervención nace de un contrato de mandato previo, quizá su origen pudo estar relacionado con esta práctica, Vid. GOMEZ SEGADE, J.A.: Op. cit., pp. 267 y 268, pero no siempre surgió con idéntico motivo, como tendremos ocasión de analizar en líneas posteriores.

    266 Vid. GOMEZ SEGADE, J.A.: Op. cit., pp. 276 y ss; MENENDEZ MENENDEZ, A.: Op. cit., pp. 710 y 711; SANTOS, V.: Op. cit., pp. 14 y 15.

    267 GOMEZ SEGADE, J.A.: Op. cit., p. 276.

    268 SANTOS, V.: Op. cit., p. 15.

    269 Vid. MENENDEZ MENENDEZ, A.: Op. cit., p. 711, en cuanto sin negar las grandes similitudes, establece otra serie de diferencias entre ambas figuras.

    270 De aquí que este tipo de pago por intervención también fuera denominado "pago por honor", Vid. AGUILERA-BARCHET, B.: Op. cit., pp. 664 y 665; LEVY-BRUHL, H.: Histoire de la lettre de change en France aux XVII et XVIII siècles, Paris 1933, p. 227.

    271 El art. 20 hace referencia a la intervención requerida en el pago, y los artículos 40 y 41 la intervención espontánea en la aceptación y en el pago.

    272 Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contratación de la M.N. y M.L. Villa de Bilbao, pp. 96 y ss.

    273 GOMEZ SEGADE, J.A.: Op. cit., p. 271.

    274 Vid. para el estudio del período codificador POLO, E.: Op. cit., pp. 125-127, para quien el influjo francés se recibió de manera más profunda en el Código de Comercio de 1829; SANCHEZ CALERO, F.: Instituciones de Derecho mercantil, 16ª ed., Madrid 1992, p. 387, "... el Código de Comercio , inspirado en la normativa de las viejas Ordenanzas -en especial la de Bilbao de 1737-, y en el sistema francés."; GOMEZ SEGADE, J.A.: Op. cit., pp. 271-273, al establecer las influencias recibidas en cuanto al sistema francés y el alemán, y una vez haber reconocido que la codificación española pareció admitir un sistema híbrido dice que "no obstante, parece más intensa la influencia francesa".

    275 DEMOLOMBE, C.: Op. cit., p. 50.

    276 En contra de esta postura se manisfestaba otro sector doctrinal que consideraba que ese tipo de subrogación sólo tenía lugar en el ámbito mercantil y no tenía cabida en el civil. Para MERLO, G.M.: Op. cit., pp. 328 y 329 "la diferencia entre el carácter de la subrogación en Derecho civil y ésta de Derecho comercial está justificada por la diversidad que existe entre las relaciones civiles y las relaciones mercantiles. En Derecho civil, de hecho, no se podía admitir que cualquiera pagase, ya que habría dado pie a los especuladores para apropiarse de cualquier crédito que considerasen conveniente, perjudicando al deudor y al acreedor... En Derecho cambiario, sin embargo, no surgen estas preocupaciones: el interés general de los particulares y del crédito comercial exigen que las obligaciones comerciales sean ejecutadas lo antes posible. El acreedor, en general, necesita el dinero a corto plazo para emplearlo en operaciones mercantiles; el deudor tiene fuerte interés de pagar a corto plazo, para evitar que se eleven protestos o ejecuciones a su cargo, lo que perjudica su reputación en el ámbito mercantil".

    277 El art. 63 de la Ley Uniforme de Ginebra disponía textualmente que "el pagador por intervención adquiría los derechos que resulten de la letra de cambio".

    278 GARRIGUES, J.: Op. cit., p. 826; En el mismo sentido Vid. SANTOS, V.: Op. cit., pp. 54 y ss.

    279 GOMEZ SEGADE, J.A.: Op. cit., p. 323. Este tema está muy relacionado con la naturaleza jurídica de la que se dote a la subrogación.

    280 MENENDEZ MENENDEZ, A.: Op. cit., p. 732, para quien "su posición cambiaria se beneficia igualmente del principio de inoponibilidad de excepciones: los obligados en regreso, garantes del interviniente, a quienes éste reclame el pago o reembolso de la letra no podrán invocar frente a él las excepciones fundadas en relaciones personales con el último portador, los portadores intermedios o el librador; tales excepciones sólo podrían ensayarse frente al interviniente que haya procedido a sabiendas en perjuicio de los obligados en vía de regreso".

    281 Vid. SANCHEZ VENTURA, J.M.: Op. cit., pp. 127-128; ALEMAN, R.M.: Op. cit., p. 85; JACOBI, E. y LINHARDT, H.: Op. cit., pp. 128 y 129; GUILLEN E IGUAL, B.: Op. cit., p. 131; DAVIS, A.: Op. cit., p. 376.