Ministerio Fiscal, delincuencia económica y corrupción en España: del modelo formal al construido
| Autor | Bruno Amaral Machado |
| Páginas | 227-387 |
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Uno de los objetivos de esta investigación es ahondar en el conocimiento sobre un modelo concreto de MP, marcado por potentes mecanismos de control político. Afirmar que el MF español efectivamente depende del gobierno —no obstante la tesis de que el paradigma posconstitucional habría superado la estricta relación de dependencia del Ejecutivo en el Estado democrático y social de derecho en España (Flores Prada, 1999)— sería una afirmación obvia, según se desprende de la lectura de lo que se ha escrito sobre la forma de actuación del fiscal general en los últimos años (Andrés Ibáñez, 1999, pp. 55-57; Del Moral García, 2002, pp. 19-20).1Eso no supone, sin embargo, prescindir del estudio del MF como organización dinámica, construida también a través de prácticas cotidianas por sus propios integrantes. En este sentido, la propuesta es de pasar de la organización-respuesta a la organización-construcción. Así, mi interés se centra en las relaciones intra e interorganizacionales, a partir de las cuales busco comprender como se consolidan las alianzas y surgen las tensiones con las organizaciones y actores que integran los campos jurídico, político y mediático.2Seleccioné para el
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trabajo de campo a la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos de Barcelona y a la FERDERC.3Además del enfoque organizacional busco mostrar la forma como los integrantes de la organización representan su rol en las actividades desempeñadas por estos órganos y la interacción interna y externa.
Parto del concepto amplio sobre las conexiones que existen entre corrupción y delito económico, formulado por la FGE: «[...] Está hoy generalmente aceptado que la corrupción, eso sí, vinculada al beneficio económico ilícito, abarca tanto a la conducta de los que participan de la función pública como a los particulares cuando, por la gravedad y trascendencia económica social de sus actos, ponen en peligro o causan grave daño, más allá del eventual perjuicio a los particulares, a los intereses públicos, entendidos como la estabilidad del sistema económico constitucional y salvaguarda de la credibilidad y respeto a las instituciones democráticas» (Instrucción n. 1/1996, p. 6).
Los escasos estudios socio-jurídicos sobre el MF español estimulan un acercamiento inicial al tema.4El Survey realizado, en 1987, por el departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Granada es una referencia importante. Las
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encuestas repartidas a funcionarios del sistema de justicia español tuvo por objetivo profundizar el conocimiento de las elites jurídicas en España. En lo que concierne a los fiscales, fueron enviados cues-tionarios al 50 % de los miembros del MF. Del total, 130 contestaron, es decir, el 41,3 % de los encuestados (Vera Padial, 1987).
Ya en este Survey se pudo constatar que, no obstante la carrera fuera mayoritariamente masculina (81,3 %), el número de mujeres aumentaba en los últimos años. Más del 50 % de los encuestados se declararon como pertenecientes a las clases alta o media-alta. Entre los encuestados, el 41,5 % se declararon católicos poco practicantes, el 19,2 % como agnósticos y el 32,3 % como católicos practicantes. Además, señalo que los encuestados se reconocieron, en su mayoría, como de izquierdas, aunque los colegas de la carrera son representados como predominantemente conservadores.5Es decir, el 2,3 % se colocaron en una posición de extrema derecha, el 13,8 % de derecha, el 16,1 % de centro-derecha, el 15,4 % de centro, el 17,7 % de izquierda, el 4,6 % de extrema izquierda y el 3,8 % se situaron como totalmente apolíticos. Explica Vera Padial que los que se situaban como «apolíticos» esconderían posiciones de derecha o de extrema derecha. La organización era, así, mayoritariamente integrada por electores de partidos de derecha. El comentario se debería a la contradicción entre lo que los encuestados eran y lo que afirmaban ser, lo que se podría deducir a partir de la encuesta sobre la intención de voto. Menos del 10 % de los encuestados afirmaron que votarían a los partidos PSOE y IU, tradicionalmente identificados con la izquierda, mientras que los que declararon votar a AP (Alianza Popular, antecesor del PP) pasaron del 25 %. Del total, un 37,7 % no se identificó con un partido político ajustado a su posición ideológica (Vera Padial, 1987, p. 86).
A partir de este marco general y con las limitaciones ya marcadas, resalto algunas actitudes expresadas con relación a la profesión y a la administración de justicia. La mayoría de los fiscales, el 70 %, valoran positivamente estar prohibida la vinculación a sindicatos y partidos políticos, y el 50,8 % de los encuestados evalúan que la mejor opción sería permitir que existiera una pluralidad de asociaciones profesionales, adaptándose así a la pluralidad ideológica. En lo que concierne a las relaciones con el poder político, la mayoría plantea que el MF dependiera no del Ministerio de Justicia
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sino del Parlamento (40,8 %). Los factores considerados más nocivos a la imparcialidad son la presión del gobierno (36,1 %) y la dependencia jerárquica (22,3 %). La mayoría de los encuestados (48,5 %) defendió que el nombramiento del fiscal general del Estado fuera atribuido al Parlamento. Sólo el 33,1 % de los encuestados valoran positivamente la elección por la propia clase. Asimismo, el fiscal general debería pertenecer a la propia carrera (44 %) y los miembros del CF deberían ser escogidos, en su mayoría, por los miembros en activo (43,8 %), órgano considerado por los encuestados (63,1 %) como verdaderamente representativo de los intereses de la carrera.
Comenta Vera Padial, a partir del Survey, que los fiscales se sentían no solamente sin opción partidaria sino enfrentados por el PSOE, que llevaba entonces ya 5 años en el gobierno:6Esto que acaba de señalarse y que contradice muchos de los puntos de vista habitualmente circulantes plantea de inmediato dos cues-tiones. De un lado, el enorme contraste entre lo que los fiscales son y lo que creen que son. De otro lado, el contraste existente entre intención de voto y autoubicación político-ideológica (Vera Padial, 1987, p. 86).
Por iniciativa del CF se intentó elaborar un Survey acerca de cómo piensan los fiscales españoles sobre las funciones constitucionales, estatutarias y legales del MF. Señalo que, en algunas fiscalías, la encuesta ha causado sorpresa e, incluso, entre las justificaciones para no contestarla son señaladas las consecuencias para la vida privada de los miembros del MF y el control ideológico (Libro Blanco del Ministerio Fiscal, 1996, pp. 25 y 118-120).
Las opiniones sintetizadas en el Libro Blanco del MF retratan, en su mayoría, opiniones expresadas por los fiscales en Juntas realizadas en las fiscalías territoriales. Entre los temas indagados, la necesidad de que el MF tuviera presupuesto propio recibió apoyo prácticamente unánime. Otro tema que mereció apoyo de los fiscales se refiere al incremento de las atribuciones y poderes de los órganos colegiados (Juntas y CF). Los fiscales criticaron el aumento
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de funciones sin que fueran conferidos medios materiales y personales, además de la ausencia de criterios compatibles con la función constitucional del MF. La mayoría propone cambios en el EOMF para que fuera fortalecida la independencia del fiscal general del Estado. Confirmando el estudio...
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