La defensa letrada

Autor:Rafael Bellido Penadés
Páginas:13-58
Cargo del Autor:Profesor Titular de Derecho Procesal, Universitat de València
RESUMEN

1. El carácter potestativo de la defensa letrada en el juicio de faltas - 2. Significado del carácter potestativo de la defensa letrada: subsistencia del derecho y deber de información - 3. La opción de la parte por la defensa letrada - 3.1. Abogado de libre designación - 3.2. Abogado de oficio - 4. La diligencia de la parte - 5. La indefensión material

ÍNDICE
CONTENIDO

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1. El carácter potestativo de la defensa letrada en el juicio de faltas

La regla general en el derecho procesal español es que las partes no pueden intervenir directamente en un proceso, sino que deben intervenir en el mismo mediante profesionales que asuman su defensa y representación en juicio, encomendándose la defensa a un abogado y la representación procesal a un procurador.

El juicio de faltas constituye una excepción. No existe respeto de él una regulación de la claridad de la configuración legal establecida para el proceso civil, en la que se aborda directamente la cuestión en los procesos civiles en los que no resulta necesaria la intervención de

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procurador y abogado (arts. 23. 2 y 31. 2 LEC ). Sin embargo, el carácter potestativo de la intervención de abogado y de procurador durante la primera instancia del juicio de faltas es pacíficamente admitido en la doctrina7y en la jurisprudencia. Así permite concluirlo la regulación legal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Por un lado, porque la asistencia de letrado al denunciado se configura en la redacción vigente del artículo 962. 2 de la LECrim como un derecho, del que además debe ser informado, más no como un deber o una obligación, cuyo incumplimiento determine su designación de oficio, de modo análogo a lo que para el proceso por delitos se establece en el artículo 118 de la LECrim .

Por otro lado, el carácter facultativo de la defensa letrada en el juicio de faltas se infiere de la regulación sobre los requisitos de la querella en esta clase de juicio, pues, aunque se remite a los establecidos con carácter general para la querella en el artículo 277 de la ley, se establece la especialidad de que no necesitará firma de abogado, ni de procurador (art. 969. 1 LECrim ).

Mucho más problemático es determinar el carácter preceptivo o potestativo de la postulación procesal técnica en la segunda instancia, es decir, en el recurso de apelación contra las sentencias dictadas en el juicio de faltas, a la vista de la regulación legal.

A favor del carácter imperativo de la defensa letrada militarían dos argumentos. En primer lugar, la regulación especial establecida respecto del recurso de apelación contra la sentencia dictada en el juicio de faltas, con relación al cual se dispone que «el recurso se formalizará y tramitará conforme a lo dispuesto en los artículos 790 a 792» (art. 976.
2 LECrim ). En los preceptos a los que este artículo se remite se regula el recurso de apelación contra sentencias dictadas en el proceso penal abreviado, en el que constituye presupuesto procesal la intervención de

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abogado y procurador, por lo que la remisión efectuada por la norma del juicio de faltas (art. 976. 2 LECrim ) a las normas reguladoras del escrito de formalización del recurso de apelación del proceso abreviado (arts. 790 a 792 LECrim ) podría conducir a concluir que en el recurso de apelación previsto contra las sentencias dictadas en ambos procesos (proceso abreviado y juicio de faltas) rige el mismo requisito de postulación procesal.

En segundo lugar, también avalaría admitir el carácter preceptivo de la intervención de abogado en la segunda instancia del juicio de faltas la regulación general de los medios de impugnación contenida en el Título X, Libro I, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , cuyo artículo 221 establece que los recursos de reforma, apelación y queja se interpondrán siempre en escrito autorizado con firma de letrado. Ante la inexistencia de prescripción especial expresa sobre la postulación requerida en el recurso de apelación contra las sentencias dictadas en el juicio de faltas, podría interpretarse que sería de aplicación la normativa común sobre recursos ahora referida, en la que se establece la exigencia de defensa técnica, guardando silencio sobre la necesidad o no de representación procesal mediante procurador.

En sentido contrario, es decir, a favor del carácter potestativo de la intervención de abogado y procurador en la segunda instancia del juicio de faltas pueden aducirse igualmente dos argumentos. El primero y esencial residiría en la propia regulación específica del juicio de faltas, en la que, a diferencia del resto de procesos penales, como hemos visto, no se exige letrado ni procurador; y las referencias legales en ese sentido no deben interpretarse como exclusivas de la primera instancia, sino que deben considerarse realizadas respecto del proceso en su conjunto8.

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El segundo argumento sería el propio alcance de la remisión, pues si bien es cierto que la regulación específica del juicio de faltas establece que el recurso de apelación contra la sentencia dictada en el mismo se formalizará y tramitará con arreglo a lo previsto en los artículos 790 a 792 de la LECrim respecto del proceso abreviado, también lo es que en estos preceptos no se exige de forma expresa la intervención de abogado y procurador.

Ante tan deficiente regulación legal no es de extrañar, por tanto, que en la jurisprudencia menor existan interpretaciones jurisprudenciales diferentes y contrarias. Una posición jurisprudencial considera imperativa la postulación procesal mediante abogado y procurador en el recurso de apelación contra las sentencias dictadas en el juicio de faltas, aunque mantiene también una postura favorable a facilitar la subsanación del eventual defecto de postulación.

Es el caso de la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña de 25 de enero de 2001, que se pronuncia en los términos siguientes: «no siendo atendible la impugnación que de su recurso plantea la parte contraria, sobre la base de que el escrito por medio del cual lo interpone no aparece autorizado con firma de Letrado; pues si bien en cuanto que el art. 976 de la L.E.Criminal remite sobre su formalización a lo prevenido para el procedimiento abreviado, que viene exigiendo la intervención de Abogado y Procurador, y aún sin negar que la jurisprudencia constitucional ha sostenido la plena aplicación al juicio de faltas del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, también subraya a continuación la necesidad de distinguirlo de los procesos por delito, por su carácter menos formalista, y por versar, en muchas ocasiones, sobre hechos que por su propia naturaleza tiene menor relevancia, lo que justifica la posibilidad de las partes de poder concurrir por sí mismas, sin necesidad de representación procesal ni asistencia letrada (art. 962
L.E.Criminal ), de ahí que su falta sea un defecto meramente subsanable, en el plazo que pudiera faltar para completar el término de 5 días para recurrirla en apelación, como ha venido señalando la doctrina expuesta (Cfr. S.S.T.C. del 8 de Octubre de 1985 y 15 de Febrero de 1990)»9.

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Sin embargo, la corriente jurisprudencial mayoritaria se muestra partidaria del carácter potestativo de la postulación procesal en la segunda instancia del juicio de faltas.

En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 30 de octubre de 1993 considera que el recurso de apelación planteado fue debidamente admitido a trámite, «aún sin contar con la firma de Letrado, pues en todas las actuaciones relativas al juicio de faltas no es preceptiva la intervención de Letrado, a diferencia del proceso por delito, y de este modo y como particularidad del juicio de faltas ya se indica que la querella no necesita firma de Abogado y Procurador (art. 969), y en el artículo 976 no aparece esta exigencia, y tampoco la determina la remisión que hace este artículo a los artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pues dada la no necesidad de asistencia letrada en este juicio, hubiera sido necesaria una norma que expresamente lo exigiera»10.

En el mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 26 octubre de 2000 rechaza la alegación de la parte apelada de falta de requisito formal en el escrito de interposición del recurso de apelación, derivada de la ausencia de firma de Letrado, con fundamento en «que el art. 976 párrafo 2 (L.E.Cr. ) establece que el recurso de apelación contra la Sentencia de juicio de faltas se formalizará y tramitará conforme a los dispuesto en los arts. 795 y 796 del mismo cuerpo Legal, mas ninguno de dichos preceptos exige que el escrito de interposición del recurso se encuentre firmado por Abogado, no siendo preceptiva su intervención ni en la primera instancia ni (en) la segunda en el juicio de faltas, por lo que ningún defecto formal (se aprecia) en la formalización de la apelación»11.

Ahora bien, se ciña el carácter potestativo de la defensa letrada en el juicio de faltas a la primera instancia, o se extienda también a la segunda instancia, segunda posición que mantenemos desde una perspectiva legal, con base en el doble fundamento antes expuesto, es importante

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precisar el significado y alcance del carácter facultativo de la asistencia letrada en el juicio de faltas, pues el mismo ha sido fruto de frecuentes problemas como demuestra el análisis de la jurisprudencia ordinaria y de la doctrina constitucional.

2. Significado del carácter potestativo de la defensa letrada: subsistencia del derecho y deber de información

Expuesto el carácter potestativo de la defensa letrada en el juicio de faltas, claramente en la primera instancia, y, más discutiblemente, en la segunda, debe precisarse el alcance de lo anterior. Dicho carácter potestativo de la defensa letrada y de la representación mediante procurador en el juicio de faltas supone la facultad de las partes de comparecer y defenderse por sí mismas, pero no conlleva la obligación de que así lo hagan, comportando, más bien, la facultad de optar, o elegir, entre la defensa privada de la parte, personal y directamente por sí misma, o la defensa técnica a través de abogado.

Los mayores problemas que se han planteado en la práctica judicial se han centrado en las implicaciones del carácter facultativo de la defensa letrada en aquellos procesos en los que, como en el proceso penal que examinamos, no es legalmente imperativa la intervención de abogado. El carácter contingente de esta intervención generó una jurisprudencia constitucional, claramente consolidada en este extremo, que vino a corregir el defectuoso entendimiento que los tribunales ordinarios hacían del carácter no preceptivo de la asistencia letrada en dichos procesos. A estos tribunales el carácter potestativo de la asistencia letrada les llevaba a denegar las solicitudes de designación de abogado de oficio, o a no atender las peticiones de suspensión del proceso cuando se había solicitado el nombramiento de letrado de oficio o cuando, habiéndose elegido uno de confianza, no concurría justificadamente el abogado al juicio.

Sin embargo, la ley procesal penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal , no debía interpretarse aisladamente, sino de conformidad con la Constitución española y con los textos internacionales sobre derechos humanos suscritos por España (art. 10. 2 CE) , en los que la defensa letrada se configura como un verdadero derecho. Así se hace en la Constitución

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española, que, en su artículo 24. 2, consagra el derecho de defensa, con el rango de fundamental, y así sucede tras la ratificación por nuestro Estado del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950, así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, los cuales comportan el reconocimiento de garantías para el justiciable, en especial en el proceso penal. En ambos textos internacionales se reconoce el derecho de toda persona acusada a defenderse personalmente o por sí mismo, o a ser asistido por un defensor de su elección (arts. 14. 3. d PIDCP y 6.3.c CEDH).

El contenido de ese derecho fue explicitado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en diversas sentencias, poniendo de manifiesto, ya desde la sentencia de 25 de abril de 1983, que «el artículo 6.3.c) garantiza tres derechos al acusado: a defenderse por sí mismo, a defenderse mediante asistencia letrada de su elección y, en determinadas condiciones, a recibir asistencia letrada gratuita (…). Como corolario de lo anterior, concluye que, “en consecuencia, todo acusado que no desee defenderse por sí mismo debe ser capaz de recurrir a asistencia letrada de su elección…»12.

De modo que, guiado por semejantes pautas, el Tribunal Constitucional tuvo que aclarar el significado de la exención de la imperatividad de la defensa técnica. Y, lo hizo, en primer lugar, respecto de ciertos procesos civiles en los que no era necesaria la postulación procesal a través de abogado. En este sentido, la STC 47/1987, de 22 de abril, que resolvía un recurso de amparo fundado en la vulneración del artículo
24. 2 de la CE ocasionada en un juicio de desahucio de vivienda por falta de pago, declara que «el hecho de poder comparecer personalmente ante un Juez o Tribunal no es causa que haga decaer ese derecho de asistencia letrada, pues el cumplimiento de los presupuestos de validez de los actos procesales no basta necesariamente para satisfacer las exigencias de un derecho fundamental garantizado por la Constitución».

Como consecuencia de lo anterior, añade que «es de considerar que las normas legales deben siempre interpretarse en el sentido más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales y, en virtud de

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ello, corresponde tener presente que el art. 10 de la L.E.C. al establecer excepciones a la norma general de intervención preceptiva de Abogado en los procesos, no está obligando a las partes a que actúen personal-mente sino concediéndoles la facultad de elegir entre la autodefensa o la defensa técnica, siendo ambos medios idóneos para realizar actos procesales válidos»13.

Esta interpretación fue reiterada poco después, ya respecto del proceso penal y, concretamente, de un juicio de faltas, en la STC 216/1988, de 14 de noviembre, la cual proclama que «en consecuencia resulta claro que nuestro ordenamiento garantiza constitucionalmente el derecho a la defensa técnica de la parte, a través de un profesional de la abogacía. Pese a que en el art. 6.3 c) del Convenio Europeo de Derechos Humanos el derecho a la asistencia de Letrado aparece como alternativo al derecho a la defensa por uno mismo, el art. 24.2 de nuestra Constitución no permite que se prive al acusado de la asistencia de Abogado por el motivo de que le estuviese reconocida la posibilidad de defenderse por sí mismo, derecho que existe aún en aquellos procesos en los que no es preceptiva la defensa por medio de Letrado, y cuando la parte lo estime conveniente para la defensa de sus derechos».

Por lo tanto, continúa diciendo, «el art. 24.2 de la Constitución garantiza así la posibilidad de la asistencia técnica y profesional efectiva del Abogado en el desarrollo del proceso, muy en particular en el caso del proceso penal, asegurando la contradicción y suprimiendo todo obstáculo para la defensa mediante el Letrado de la parte, sin que pueda constreñirse u obligarse a la parte a defenderse por sí misma»14.

En consecuencia, aun no siendo preceptiva la intervención de abogado en el juicio de faltas, las partes pueden designar o solicitar que se designe a este profesional técnico, para que le defienda en el juicio. Así lo reconoció expresamente, y con claridad meridiana, la STC 208/1992, de 30 de noviembre, que reiteró la interpretación anterior respecto al juicio penal de faltas, señalando que «en materia de intervención del Abogado defensor ha de distinguirse, pues, entre la defensa técnica necesaria y el

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derecho potestativo a la designación y actuación del Abogado de confianza»; de manera que «en el juicio de faltas, conforme a su clásica y actual regulación (arts. 962 y ss. de la LECrim , tras su reforma operada por la Ley 10/1992), es cierto que no rigen las reglas comunes de la LECrim de intervención del Abogado de oficio, pero tampoco lo es menos que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 de la CE, 6.3.c) del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la propia doctrina de este Tribunal (STC 30/1989 y AATC 314/1985, 851/1986 y 409 1989, entre otros), también en el juicio de faltas es reclamable el derecho fundamental que a todo imputado asiste a comparecer en él y a solicitar la intervención de un Abogado de su elección a fin de que le defienda en el juicio»15.

Dicha jurisprudencia constitucional sobre el carácter contingente de la asistencia letrada en el juicio de faltas y sobre la pervivencia de dicho derecho en esta clase de juicio se encuentra hoy plenamente consolidada. Buen botón de muestra, con acertada síntesis de la jurisprudencia constitucional al respecto, es la STC 215/2003, de 1 de diciembre, en la que se declara que «el hecho de que la intervención de Letrado no sea preceptiva en un proceso determinado con arreglo a las normas procesales, como acontece en el juicio de faltas, no priva al justiciable del derecho a la defensa y a la asistencia letrada que le reconoce el art.
24.2 CE, pues el carácter no preceptivo o necesario de la intervención del Abogado en ciertos procedimientos no obliga a las partes a actuar personalmente, sino que les faculta a elegir entre la autodefensa o la defensa técnica, pero permaneciendo en consecuencia incólume en tales casos el derecho de asistencia letrada, cuyo ejercicio queda a la disponibilidad de las partes»16.

En definitiva, el legislador puede configurar la asistencia letrada como requisito de validez del proceso o no hacerlo, pero la opción adop-

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tada en dicho punto no desvirtúa el derecho fundamental a disponer de defensa letrada, ya que este derecho pervive aunque no sea legalmente obligatoria su intervención en algunos procesos, como sucede con el juicio de faltas.

Dicha circunstancia –la pervivencia del derecho a utilizar defensa letrada, pese a que la intervención de abogado no sea legalmente imperativa– fue la que llevó a introducir el deber de informar del derecho a servirse de asistencia letrada en la citación que se haga a las partes al juicio de faltas, en la redacción que al artículo 962, I de la LECrim se dio a través de la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal17, la cual impuso, como contenido obligatorio de la citación por la que se convoca a las partes al juicio oral y con mejor técnica que en la redacción actual18, la necesidad de advertencia sobre la posibilidad de acudir al juicio asistidos por abogado.

La razón de ser de la introducción de este requisito debe hallarse en el contenido del derecho fundamental de defensa y asistencia letrada consagrado en el artículo 24.2 de la CE, que se integra, según una consolidada jurisprudencia ya esbozada, tanto por el derecho a la autodefensa, como por el derecho a la asistencia letrada –ambos interrelacionados, pero autónomos–, pues, la posibilidad real de ejercicio de un derecho implica la necesidad de informar sobre la existencia de ese derecho19. Por lo tanto, el incumplimiento de ese deber de información

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sobre el derecho a utilizar defensa letrada en el juicio de faltas podría llegar a acarrear una limitación de los medios de defensa imputable a una actuación indebida del órgano jurisdiccional20.

Por lo demás, así lo entendió la sentencia de 1 de julio de 1994 de la Audiencia Provincial de Segovia, la cual afirma que «por tanto también en el juicio de faltas subsiste el derecho fundamental a la asistencia letrada, derecho que pervive incluso en aquellos procesos en que no resulta preceptiva dicha asistencia, lo cual impone a los Órganos Judiciales la obligación positiva de favorecer el ejercicio efectivo de este derecho, obligación que se integra en el contenido esencial del mismo y que el legislador ha concretado en la necesidad de informar expresamente a las partes de su facultad de ser asistidas por Abogado (art. 962 LECrim , párrafo 1º “in fine”, según la redacción dada por la reforma de 30 de abril de 1992)»21.

Ahora bien, siendo indudablemente positiva la introducción de este requisito informativo, sin embargo, podría ser mejorado en aras a una mayor tutela del derecho a la defensa letrada, en el sentido de que también debiera informarse sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita, si el litigante carece de recursos económicos para litigar, cuando los intereses de la justicia lo exijan, con arreglo a una interpretación con-junta de los artículos 10.2, 24. 2 y 119 de la CE y de los artículos 6. 3. c) del CEDH y 14. 3, d del PIDCP.

En efecto, a mi juicio, la omisión de información sobre el posible carácter gratuito de la defensa letrada resulta poco acorde con el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita efectuado en los convenios y tratados internacionales suscritos por España.

En este sentido, se debe recordar que el artículo 6. 3. c) del CEDH reconoce el derecho de todo acusado carente de recursos a ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio cuando lo exijan los intereses

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de la justicia. Aplicando este precepto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha interpretado en su sentencia de 9 de octubre de 1979, que compete al Estado «proveer de esa asistencia jurídica cuando se demuestre el carácter indispensable de ésta para un acceso efectivo ante los Tribunales», así como que el Estado debe adoptar medidas positivas para que los derechos reconocidos en el Convenio Europeo sean reales y efectivos22. En este contexto debe considerarse que una acción positiva del Estado indispensable para que el derecho de asistencia jurídica gratuita presente esos caracteres –real y efectivo– es la información sobre la existencia y condiciones básicas del mismo.

Además, resulta preciso subrayar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce explícitamente el deber de información sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita, al proclamar en su artículo 14. 3. d) el derecho de toda persona acusada por delito «… a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo».

En plena coherencia con esas disposiciones internacionales el legislador procesal civil de 2000 también introdujo el deber de informar sobre el derecho de asistencia jurídica gratuita en los procesos en los que no resulta legalmente obligatoria la intervención de abogado y procurador, a cuyo fin establece que en la notificación en la que se comunique a una parte la intención de la parte contraria de valerse de abogado y procurador, se le informará del derecho que le corresponde según el artículo 6. 3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, a fin de que puedan realizar la solicitud correspondiente (art. 32. 4 LEC ).

Más imperfecta fue la reforma llevada a cabo en el proceso penal y para el juicio de faltas. La Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado supuso un avance, pues contemplaba inicialmente respecto del juicio de faltas la información

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sobre la posibilidad de nombramiento de abogado de oficio a quien fuera titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, merced a la remisión que el artículo 962. 2 hacía al artículo 796, ambos de la LECrim 23.

Sin embargo, este avance se dejó sin efecto pocos meses después por la Ley Orgánica 5/2003, de 27 de mayo, cuya Disposición Final Única dio nueva redacción a los artículos 962 a 964 de la LECrim , suprimiendo la inicial remisión que el artículo 962. 2 hacía al artículo 796, ambos de la LECrim y con ello la previsión de que se proveyera a la designación de letrado de oficio a la parte que lo solicitara24.

No obstante, a mi juicio, ese deber de información sobre el derecho a disponer de asistencia letrada gratuita mediante la designación de letrado de oficio es predicable respecto de todo acusado, merced a las normas internacionales expuestas (art. 14. 3. d PIDCP y art. 6.3. c del CEDH). Pero, además, el reconocimiento del derecho de defensa y de la asistencia gratuita en los artículos 24.2 y 119 de la CE reclama el reconocimiento del derecho a ser informado sobre la posibilidad de ser asistido gratuitamente por abogado a todas las partes intervinientes en el juicio de faltas, incluidas las acusadoras, si se dan los requisitos de carencia de recursos económicos y exigencia del interés de la justicia25.

Finalmente, y como corolario de lo anterior, conviene hacer referencia a las consecuencias que pudieran derivarse de la omisión del deber de

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información sobre el derecho a valerse de asistencia letrada en la citación por la que se convoca al denunciado al juicio de faltas. Dicha omisión supone el incumplimiento de una norma reguladora del procedimiento establecida en garantía del derecho de defensa, cuya infracción genera, por tanto, un abstracto riesgo de indefensión, que podría llegar a materializarse y, por tanto, acarrear la nulidad de actuaciones como consecuencia de la vulneración del derecho de defensa (art. 238. 3º LOPJ ).

Así se observa en la “jurisprudencia menor” respecto de supuestos en los que la omisión del deber de información sobre la pervivencia del derecho a la defensa letrada en el juicio de faltas se produce respecto del denunciado o acusado; si bien, es preciso reconocer que la jurisprudencia no es unánime al respecto.

Existe una primera corriente en la “jurisprudencia menor”, que considera que la indicación de la posibilidad de acudir a juicio oral de faltas asistido de abogado constituye una exigencia insoslayable del derecho de defensa y lleva el incumplimiento de dicha advertencia a sus últimas consecuencias.

En este sentido, la sentencia de 30 de octubre de 1996 de la Audiencia Provincial de Granada apreció que la citación por la que se convocaba a las partes al juicio de faltas adolecía de diversos defectos con entidad suficiente como para enervar la eficacia de la notificación realizada y para acarrear la nulidad de las actuaciones subsiguientes practicadas. Así, en la misma se declara en su fundamento de derecho segundo que «aunque en el proceso penal por faltas se decida el reproche leve pues las infracciones de ese tipo entrañan, así como imposición de penas igualmente leves, no cabe duda de que se trata de proceso penal y en el que es exigible entre otros principios el de contradicción y defensa, al menos en su posibilitamiento, es decir, debe dársele posibilidad efectiva al acusado o imputado para que pueda asistir al juicio con instrucción de los derechos que la Ley le otorga, entre ellos el de asistencia con Abogado, presentar prueba y asistir o no».

Como consecuencia de lo anterior, concluye en su fundamento de derecho tercero que «(…) examinado el texto de la citación a juicio de faltas se observa que se halla huérfana de varios de los requisitos mencionados: no se hace constar la calidad en la que se cita; ni se hace refe-

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rencia al hecho sobre el que iba a versar el juicio; aunque fuese extractada, ni la posibilidad de estar asistido de Letrado… lo que conlleva la necesidad de declaración de nulidad del acto para el que fue citado al no subsanarse con su presencia conforme dispone el art 180 de la LECrim ; efecto de ineficacia que viene señalado en el art. 238 de la LOPJ”26.

En el mismo sentido se pronuncia la sentencia de 1 de julio de 1994 de la Audiencia Provincial de Segovia, que, por su mayor claridad, presenta todavía mayor interés, en cuanto que, en el supuesto de autos, el único defecto invocado era la falta de indicación del derecho a ser defendido por abogado en la citación por la que se convocaba al denunciado al juicio de faltas. Pese a ello, se decreta la nulidad de actuaciones al amparo del artículo 238. 3º de la LOPJ , lo que se fundamenta en el hecho de que «en el caso actual dicha información no se ha facilitado al denunciado, por lo que se ha incumplido por el Órgano Jurisdiccional un mandato legal tendente a favorecer el efectivo ejercicio de un derecho constitucional, lo que impone la necesidad de decretar la nulidad de actuaciones desde la citación para juicio, conforme a lo prevenido en el art. 238.3º de la LOPJ , al omitirse una norma esencial de procedimiento, con infracción de los principios de asistencia y defensa, sin que sea necesario recordar la doctrina del Tribunal Constitucional acerca de la importancia de los actos de comunicación no sólo desde el punto de vista de la legalidad ordinaria sino también desde la perspectiva constitucional, porque mediante ellos se facilita a las partes la posibilidad de defenderse en el proceso y hacer valer sus derechos e intereses legítimos»27.

Sin embargo, esta interpretación jurisprudencial no es, ni mucho menos, unánime, existiendo una segunda corriente en las Audiencias que efectúa una interpretación más restrictiva del derecho de defensa, aunque más fiel a la letra y finalidad de las normas reguladoras de la nulidad de actuaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial , principal-mente en sus artículos 238 y 240, así como acorde con la jurisprudencia

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constitucional, que requiere que la vulneración de la norma procesal dirigida a salvaguardar los principios de audiencia, asistencia y defensa haya redundado en una indefensión material definitiva y efectiva.

Exponente de esta línea interpretativa es la sentencia de 19 de noviembre de 1996 de la Audiencia Provincial de Teruel, la cual, pese a reconocer la infracción de una de las manifestaciones del derecho fundamental de defensa que el artículo 24.2 de la Constitución consagra, en el caso de autos del derecho de asistencia letrada, como consecuencia de la falta de indicación en la citación a juicio oral al denunciado de la posibilidad de comparecer asistido por abogado, no estimó procedente decretar la nulidad de actuaciones, en la medida en que no se apreció que la vulneración de la norma tuteladora del derecho de defensa hubiera ocasionado en el concreto caso de autos una efectiva indefensión.

Así, declaró en su Fundamento de Derecho Tercero que: «… no procede la declaración de nulidad de actuaciones cuando la infracción apreciada en la primera instancia ha sido subsanada en la segunda, en la que el recurrente pudo valerse de asistencia letrada, ya que en ésta se permite el debate sobre todos los hechos y la resolución en todos sus aspectos, por lo que reproducir de nuevo lo actuado, tan sólo conduciría a dilaciones indebidas que podrían vulnerar de igual modo el art. 24.2 de la Constitución»28.

Por lo demás, conviene poner de manifiesto que esta falta de unidad interpretativa en las resoluciones de la jurisprudencia menor no es sino resultado de la dicotomía hermenéutica ínsita en el seno de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de subsanación en segunda instancia de las vulneraciones del derecho de defensa y sobre la extensión y caracteres de la prohibición de indefensión, que después se analizará29.

3. La opción de la parte por la defensa letrada

Según se expuso en el apartado anterior, la circunstancia de que la intervención de letrado no sea legalmente preceptiva en un proceso de-

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terminado, como sucede en el juicio de faltas, no priva al justiciable del derecho a la defensa y a la asistencia letrada reconocido en el art. 24.2 CE, pues el carácter no preceptivo o necesario de la intervención del abogado en determinados procedimientos no obliga a las partes a actuar personalmente, sino que les faculta a elegir entre la autodefensa o la defensa técnica, pero permaneciendo en consecuencia incólume en tales casos el derecho de asistencia letrada, cuyo ejercicio se confiere a la disponibilidad de las partes (STC 215/2003, de 1 de diciembre, entre otras).

Ese derecho a la defensa letrada puede ejercitarse en el juicio de faltas a través de un letrado de libre designación, o a través de un abogado de oficio, segundo supuesto que es el que más problemas, aunque no el único, ha generado en la práctica, como en breve se abordará.

3.1. Abogado de libre designación

El derecho a la defensa comprende tanto el derecho a defenderse personalmente, como el derecho a defenderse a través de letrado. Como regla general, ese derecho a la asistencia letrada comprende el derecho a la libre designación de abogado de confianza por exigencias derivadas del propio derecho a la defensa en los términos reconocidos en la Constitución española (art. 24. 2 CE) y en los tratados internacionales ratificados por España (arts. 14. 3. D PIDCP y 6. 3 c CEDH), según ha proclamado la jurisprudencia constitucional.

Así se desprende de la literalidad de las normas internacionales apuntadas. En efecto, el artículo 14.3.d) del PIDCP proclama el derecho de todo acusado “a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección. En sentido análogo, el artículo 6.3.c) del CEDH reconoce el derecho del acusado “a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección”.

Como puso de manifiesto la STC 30/1981 de 24 julio, el derecho a la defensa y asistencia de letrado, consagrado en el art. 24.2 CE, «comporta de forma esencial el que el interesado pueda encomendar su representación y asesoramiento técnico a quien merezca su confianza y considere

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más adecuado para instrumentar su propia defensa, máxime cuando la actuación procesal se supedita al requisito de la postulación»30.

Como más tarde recordó la STC 216/2008, de 14 de noviembre, ya respecto de un proceso en el que, como acaece en el juicio de faltas, no es preceptiva la defensa por medio de letrado, el derecho a la defensa de abogado existe en esa clase de procesos cuando la parte lo estime conveniente para la defensa de sus derechos. Además, añade dicha resolución, «el derecho a la asistencia de Letrado es, en principio, como puntualiza el art.
6 Convenio Europeo, el derecho a la asistencia de un Letrado de la propia elección del justiciable y a su cargo
. Requiere por tanto la posibilidad de contacto con un Abogado y de que éste pueda acceder a las distintas fases del juicio para llevar a cabo la defensa técnica de su cliente»31.

En coherencia con lo anterior, no es de extrañar que la facultad de designación de abogado de confianza en el juicio de faltas encuentre respaldo normativo en la legalidad ordinaria en el artículo 545.1 de la LOPJ , el cual reconoce que «salvo que la ley disponga otra cosa, las partes podrán designar libremente a sus representantes y defensores entre los Procuradores y Abogados que reúnan los requisitos exigidos por las leyes». No existe disposición legal contraria en materia de juicio de faltas que restrinja el contenido del derecho, imponiendo un defensor de oficio, como en el caso del art. 527.a) de la LECrim , lo que parece sumamente razonable, pues una restricción semejante en un juicio de faltas no parece que pudiera considerarse justificada, dada la escasa entidad penal de las conductas reprobables en esta clase de proceso.

Sin embargo, la falta de preceptividad de la asistencia letrada en el juicio de faltas condujo, inicialmente, a los tribunales ordinarios y al propio Tribunal Constitucional al entendimiento de que la designación de letrado en esta clase de proceso penal era una especie de carga para las partes. De modo que, aunque éstas tuvieran derecho a la defensa letrada, si la parte designaba un letrado de confianza y el abogado elegido no podía comparecer por causa justificada el día del juicio, la parte debía sufrir las consecuencias perjudiciales de la ausencia de su abogado.

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Esta interpretación restrictiva del derecho a la defensa letrada se plasma, por ejemplo, en el ATC 59/1983, de 16 de febrero. El recurrente de amparo fundamentaba la lesión del derecho a la defensa letrada en que se había denegado la solicitud de aplazamiento del juicio, pese a haberse formulado con antelación suficiente y pese a existir una razón justificada –la concurrencia de señalamientos en el mismo día ante tribunales distintos respecto del abogado libremente designado–. Sin embargo, la resolución constitucional fundamenta la inadmisión del recurso de amparo en que «en el juicio por o sobre faltas ni es necesaria la presencia de Abogado… La presencia de Letrado es, pues, potestativa para el denunciado y éste debe soportar la carga inherente a la designación de Letrado, de modo que si el por él elegido no puede acudir al juicio, es el interesado quien debe optar por elegir a otro o por renunciar a la asistencia técnica, pero no puede decirse que el Juez del hoy recurrente en amparo le privó de su derecho de asistencia de Letrado, pues lo único que el Juzgado hizo fue denegar la suspensión del juicio por entender improcedente la petición formulada a tal efecto, con lo que en modo alguno impedía que el denunciado concurriera el día señalado con otro Letrado»32.

Por el contrario, frente a esa hermenéusis desnaturalizadora del derecho de defensa, al convertirlo en carga, la STC 208/1992, de 30 de noviembre, supuso un hito importante en la consolidación de la concepción de la asistencia letrada como un verdadero derecho fundamental de las partes, al apreciar que la denegación de aplazamiento del juicio de faltas, que había sido advertida con antelación suficiente al juez y que estaba fundada en la coincidencia de dicho acto con otra vista ante otro tribunal –sin obedecer a una conducta obstruccionista–, conllevaba una vulneración de los derechos a la defensa y a su asistencia letrada por los órganos de instancia. Lo anterior condujo a estimar el amparo y a ordenar la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la convocatoria al juicio de faltas.

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Según se reconoce en dicha sentencia, «de conformidad con lo dispuesto en los arts. 24 CE, 6.3.c) Convenio Europeo de Derechos Humanos y la propia doctrina de este Tribunal (STC 30/1989 y AATC 314/1985, 851/1986 y 409/1989, entre otros), también en el juicio de faltas es reclamable el derecho fundamental que a todo imputado asiste a comparecer en él y a solicitar la intervención de un Abogado de su elección a fin de que le defienda en el juicio (…). De acuerdo con esta doctrina, no puede admitirse como motivo válido el esgrimido por los órganos judiciales de instancia y de apelación al justificar la no suspensión del juicio de faltas instada por la representación del recurrente por considerar que, no siendo preceptiva en dicho procedimiento la asistencia del defensor para la validez del acto, la incomparecencia al mismo del Abogado de una de las partes no constituye motivo suficiente para decretar la suspensión de la vista.

Por el contrario, debe señalarse que la pervivencia del derecho a la asistencia letrada, incluso en aquellos procedimientos en los que no resulta preceptiva, impone a los órganos judiciales la obligación de favorecer el efectivo ejercicio de ese derecho, una vez manifestada la voluntad inequívoca de cualquiera de las partes de ser asistida por un Abogado de su elección, así como la de abstenerse de interponer obstáculos impeditivos a dicho ejercicio, sin otras limitaciones que aquellas que pudieran derivarse del derecho de la otra parte a un proceso sin dilaciones indebidas (STC 47/198733.

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Esta concepción de la asistencia letrada como auténtico derecho de las partes en todo proceso penal, incluido en el juicio de faltas, ha tenido eco en los tribunales de la jurisdicción ordinaria, en la que también ha comenzado a seguirse esta concepción en una corriente de la “jurisprudencia menor”, la cual viene a asumir una interpretación más garantista del derecho de defensa en el juicio de faltas, y, en consecuencia, considera necesario el aplazamiento del juicio cuando la incomparecencia del letrado se fundamente en una causa justificada, y con independencia de cuál sea la parte a la que deba defender.

En este sentido, la sentencia de 10 de mayo de 1993 de la Audiencia Provincial de Barcelona consideró como causa fundada de aplazamiento del juicio la enfermedad del letrado designado libremente por el denunciado. Concretamente, declaró que: «aplicando la doctrina expuesta al presente supuesto, resulta a todas luces inadecuado que el Juez “a quo” ante la petición del Letrado del denunciado de aplazar el acto del juicio por causa de su enfermedad, no se pronunciara al respecto y acto seguido mantuviera el señalamiento celebrando el juicio, siendo si cabe más grave la circunstancia de que la persona que pretende ser asistida por Letrado es el propio denunciado y su Letrado es el mismo que conoce las circunstancias que rodean los hechos de autos al ser su defensor en el procedimiento de separación matrimonial con la denunciante. En consecuencia, estimando que se produce una vulneración del derecho de defensa, pro-cede declarar la nulidad del acto del juicio reponiéndose las actuaciones a dicho momento procesal para que se celebre nuevamente, todo ello con declaración de oficio de las costas procesales de esta alzada»34.

Esta interpretación podría considerarse extensible igualmente al supuesto en el que la causa justificada para la solicitud de aplazamiento

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concurriera en la parte denunciante, pues, como reconoce la doctrina, el derecho de defensa consagrado en el artículo 24.2 de la CE se proyecta sobre todas las partes del proceso penal, aunque presente mayor relevancia el de la parte acusada35.

En esta línea, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia de 31 de diciembre de 1996 consideró que la petición de suspensión del juicio por el denunciante, fundado en la enfermedad del letrado del denunciante, o del propio denunciante si éste optó por la autodefensa, debiera haber conducido al aplazamiento de la vista.

Así, declara que: «El “motivo justo” por el que no pueda celebrarse el Juicio Verbal de Faltas en el día señalado a que se refiere el art. 968 LECrim ., y que determina la necesidad de que se señale el día más inmediato posible para su celebración, es un concepto indeterminado que debe integrarse con las restantes disposiciones de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal , como las reguladoras de la procedencia de suspensión del juicio oral contenidas en su art. 746, cuyo núm. 4º prevé el supuesto de que el defensor de cualquiera de las partes enfermare repentinamente imposibilitando su intervención en el Juicio, debiendo el Tribunal en tal caso decretar de oficio la suspensión según el art. 747. Este supuesto aunque referido literalmente «al defensor» de cualquiera de las partes, como consecuencia de la necesidad de asistencia letrada en el proceso penal, debe entenderse igualmente aplicable en el Juicio de Faltas con relación a las partes mismas, incluido el denunciante, cuando optan por su intervención directa y personal, sin asistencia letrada (art. 962 LECrim .); de modo que cuando citado el denunciante al Juicio Oral padece éste imposibilidad de comparecer al acto de la Vista, por enfermedad, y así lo comunica al Juzgador, interesando la suspensión del Juicio, debe el Juzgador acordarla, a fin de evitar la infracción de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) »36.

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Aunque en el supuesto de autos en el que recayó la anterior resolución se hacía aplicación del artículo 746.4º LECrim respecto del propio denunciante, el tenor de la resolución precedente es suficientemente expresivo sobre la aplicabilidad al juicio de faltas de la causa de suspensión del juicio oral fundada en la enfermedad del defensor de cualquiera de las partes, consideración que resulta aplicable también al letrado del denunciante, supuesto que, además, está expresamente contemplado en dicho precepto.

En definitiva, si el derecho a la asistencia letrada también rige en el juicio de faltas y una vez manifestada la voluntad de la parte de ser defendida por un abogado de confianza deviene necesaria la intervención del mismo para la salvaguarda de la efectividad del derecho de defensa37, a la incomparecencia justificada del letrado en el juicio de faltas se le debe dar el mismo tratamiento establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los supuestos en que sea preceptiva su asistencia. En este sentido, debe tenerse en cuenta que si el artículo 968 de la LECrim prevé que el juicio verbal puede suspenderse por un motivo justo, dicha justicia debería entenderse concurrente en los motivos regulados en el artículo 746 de la LECrim , lo que permitiría considerar aplicable analógicamente lo dispuesto en dicho precepto y siguientes38.

Por el contrario, si concurriendo un motivo justo que justifique la incomparecencia del abogado de confianza libremente designado –o, incluso, designado de oficio– no se suspendiera el juicio de faltas, se estarían sentando las bases para que pudiera producirse una lesión del derecho fundamental de defensa con entidad suficiente como para acarrear la nulidad de las actuaciones practicadas conforme a lo dispuesto en el artículo 238. 3º de la LOPJ , si esa continuación de las actuaciones determinara finalmente una indefensión material para la parte.

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3.2. Abogado de oficio

Sin embargo, lo que en la práctica judicial ha resultado mucho más controvertido y polémico ha sido la posibilidad de designación de abogado de oficio en los juicios de faltas, debido a que, tradicionalmente, en nuestro ordenamiento positivo, concretamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal , la designación de abogado y procurador de oficio sólo se prevé expresamente para los supuestos en los que sea preceptiva su intervención.

En efecto, el artículo 545. 2 –como su precedente, art. 440.2– de la LOPJ dispone que «se designarán de oficio, con arreglo a lo que en aquéllas se establezca, a quien lo solicite o se niegue a nombrarlos, siendo preceptiva su intervención». Esta norma se desarrolla para el proceso por delitos en el artículo 118, III y IV de la LECrim , en el que, partiéndose de la obligatoriedad de la defensa y representación técnicas propia del proceso por delitos, se establece que se requerirá al imputado para que designe a dichos postuladores técnicos o, se les nombrará de oficio, cuando, no nombrándolos, el proceso llegue a un estado en que se necesite su consejo, o haya de intentarse algún recurso que hiciese indispensable su actuación.

Esta regulación legal condujo a que en la praxis judicial inicialmente se excluyera la designación de oficio de estos profesionales cuando su intervención no era legalmente preceptiva39, como sucede en el juicio de faltas. Sin embargo, la aplicación uniforme de esa regla condujo, en ciertos casos, a consecuencias vulneradoras de derechos fundamentales reconocidos y garantizados constitucionalmente respecto de quienes carecían de recursos económicos para litigar.

Así es, como estas personas, ante la insuficiencia de recursos económicos, carecían de la posibilidad real o efectiva de designar un abogado de confianza, y en la práctica judicial no se reconocía la posibilidad de designación de abogado de oficio en los procesos en que no era preceptiva su intervención por ley, de facto se denegaba el derecho de asistencia letrada a quienes carecían de recursos para litigar.

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Lógicamente, esta situación legal fue objeto de críticas por la doctrina, que, partiendo del artículo 119 de la Constitución , consideraba que, aunque en el juicio de faltas no se requiriese la obligatoria inter-vención de letrado y procurador, estos profesionales debían nombrarse de oficio también en estos supuestos para que no se produjera una auténtica indefensión del pobre contraviniendo el artículo 24.1 de nuestra Norma Fundamental40.

Esta concepción doctrinal, y todavía más, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tuvo repercusión, primeramente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y, con posterioridad, en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la cual permite llegar a una conclusión diferente, claramente respecto del abogado designado de oficio, pero confusamente respecto del procurador designado del mismo modo.

La jurisprudencia constitucional puso de manifiesto que el derecho de asistencia letrada mediante la designación de abogado de oficio podía llegar a ejercerse también por quien careciera de recursos económicos bajo determinadas condiciones en los procesos en los que no fuera legalmente obligatoria su intervención, como acaece en el juicio de faltas. Es decir, se ha consolidado una intelección del supremo intérprete de la Constitución que ha corregido la mencionada praxis judicial, en el entendimiento de que perviviendo el derecho a la defensa letrada en los procesos en los que no resulta preceptiva la defensa mediante abogado, no es constitucionalmente aceptable denegar el derecho a la defensa letrada consagrado en el artículo 24.2 de nuestra norma fundamental a quien carece de recursos económicos para litigar, con exclusivo fundamento en que se trata de procesos en los que no sea legalmente preceptiva la defensa mediante abogado.

Así, el Tribunal Constitucional ha declarado, respecto a un proceso civil de desahucio por falta de pago de la renta, que en los supuestos en que no es preceptiva la intervención de Letrado «no se está obligando a las partes a que actúen personalmente sino concediéndoles la facultad

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de elegir entre la autodefensa o la defensa técnica (…); en su consecuencia, el derecho de asistencia letrada permanece incólume en estos supuestos, quedando su ejercicio a la disponibilidad de la parte, lo cual conlleva, en principio, el derecho del litigante pobre a que se le provea de Abogado de oficio, si así lo considera conveniente a la mejor defensa de sus derechos»41.

Del mismo modo, ya en relación a un juicio penal de faltas, manifestó que «en suma, el derecho reconocido en el art. 24.2 de la Constitución no sólo incluye el derecho de la parte en el proceso a poder designar un Letrado de su elección, sino también a que, cuando corresponda, le sea designado un Letrado de oficio. En el proceso penal el derecho a la designación de Letrado de oficio existe en todos los casos en que siendo preceptiva la asistencia de Letrado el acusado no haya designado Letrado de su elección y además en aquellos casos en los que, aunque no sea preceptiva la asistencia de Letrado, carezca de medios económicos para designarlo y lo solicite del órgano judicial»42.

Esta interpretación iniciada a finales de la década de los años ochenta se ha consolidado plenamente con posterioridad. Así, en la STC 215/2002, de 25 de noviembre, se recuerda que «el derecho a la defensa y asistencia letrada reconocido en el art. 24.2 de la Constitución no sólo incluye el derecho de la parte en el proceso a poder designar un Letrado de su elección, sino también a que le sea designado un Letrado de oficio cuando su situación le haga acreedor a ello según lo determinado por las leyes en aplicación del art. 119 de la Constitución »43.

Más, en concreto, en la STC 215/2003, de 1 de diciembre, se mantiene que «el carácter no preceptivo o necesario de la intervención del Abogado en ciertos procedimientos no obliga a las partes a actuar personalmente, sino que les faculta a elegir entre la autodefensa o la defensa técnica, pero permaneciendo en consecuencia incólume en tales casos el derecho de asistencia letrada, cuyo ejercicio queda a la disponibilidad de las partes, lo cual conlleva en principio el derecho del litigante que

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carece de recursos económicos para sufragar un Letrado de su elección a que se le provea de Abogado de oficio, si así lo considera conveniente a la mejor defensa de sus derechos, siendo procedente el nombramiento de Abogado de oficio, cuando se solicite y resulte necesario»44.

En igual sentido, pero con buena recopilación de la jurisprudencia constitucional, la STC 199/2003, de 10 de noviembre, recuerda que «en los supuestos en que la intervención de Letrado no sea legalmente preceptiva la garantía de la asistencia letrada no decae como derecho fundamental de la parte procesal (… así, SSTC 215/2002, de 25 de noviembre, FJ 4, y 222/2002, de 25 de noviembre, FJ 2). Todo ello conlleva, en principio, el derecho del litigante carente de recursos económicos para sufragar un Letrado de su elección a que se le provea de Abogado de oficio, si así lo considera conveniente a la mejor defensa de sus derechos, siendo procedente el nombramiento de Abogado de oficio cuando se solicite y resulte necesario (STC 152/2000, de 12 de junio, FJ 3; y las ya citadas SSTC 215/2002, de 25 de noviembre, FJ 4, y 222/2002, de 25 de noviembre, FJ 2)»45.

Justo es señalar que esa jurisprudencia constitucional tiene sus antecedentes en la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, al explicitar los requerimientos del interés de la justicia que justifica el nombramiento de abogado de oficio si se carece de medios económicos para litigar (art. 6. 3. c CEDH), aclara que compete al Estado proveer de asistencia jurídica gratuita «cuando se demuestre el carácter indispensable de ésta para un acceso efectivo ante los Tribunales, ya porque sea legalmente exigida la asistencia de Letrado, como ocurre en los ordenamientos internos de algunos de los Estados contratantes para determinados tipos de procesos, ya por la complejidad del procedimiento o del caso»46. De lo anterior se desprende con claridad meridiana que la designación de abogado de oficio como contenido del derecho de asistencia jurídica gratuita no sólo es exigible en los casos en los que la defensa letrada sea legalmente obligatoria, sino que también puede resultar necesario en otros casos para garantizar el acceso efectivo a la justicia.

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Uno de esos supuestos en los que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional considera que, pese al carácter legalmente potestativo de la defensa letrada, puede resultar constitucionalmente exigible la designación de letrado de oficio a quien carece de recursos económicos para litigar es aquél en el que resulte necesario para garantizar la igualdad de las partes, en cuanto que la parte contraria a quien solicita la designación de letrado de oficio sí resulte defendida por letrado.
En este sentido, en la STC 47/1987 declara que el derecho a la asistencia letrada gratuita es un medio instrumental «al servicio del principio de igualdad de defensa de las partes y, por tanto, su reconocimiento será procedente cuando se manifieste imprescindible para situar al carente de recursos económicos al mismo nivel de defensa en que actúa la parte contraria».
En la misma línea, la STC 216/1988 rechaza la vulneración del derecho a la defensa letrada ante la falta de designación del letrado de oficio solicitado, entre otras razones, porque «en la vista de la apelación actuó la Letrada de la Sociedad propietaria del vehículo y empleadora del solicitante de amparo, que en el acto de la vista no se limitó a discutir el alcance de la responsabilidad subsidiaria, sino que pidió la absolución del solicitante de amparo, pretensión ejercida mediante defensa técnica que ha coincidido íntegramente con la del solicitante de amparo. Ello ha eliminado cualquier riesgo de supremacía y preponderancia de las partes acusadoras, que pudiera vulnerar el derecho de defensa de la parte».
En fin, la justificación de la designación de letrado de oficio a quien carece de recursos económicos para litigar en la necesidad de evitar una desigualdad procesal, o en sentido positivo, para garantizar la igualdad de armas, ha sido comúnmente aceptada en la jurisprudencia constitucional47. Ello condujo a que este supuesto alcanzara reconocimiento legal en la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, a partir de la cual se reconoce en su artículo 6.3 que el Juez pueda requerir –previa anuencia de la parte, a mi juicio– la designación de abogado de oficio cuando,

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no siendo legalmente preceptiva su intervención, resulte necesario para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.

La reforma operada por esta ley debe valorarse positivamente en la medida en que autoriza la designación de abogado de oficio y el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita sin limitación a los supuestos en que su intervención sea legalmente preceptiva48.

Sin embargo, el reconocimiento del derecho de defensa letrada gratuita y la designación de abogado de oficio debería extenderse a aquellos casos concretos en los que, por la complejidad, la parte –fuera denunciante o denunciada– no demostrara “las condiciones imprescindibles para articular su defensa con un mínimo de eficacia”, aun cuando no padeciera el principio de igualdad49.

Esto resulta coherente con el derecho a la asistencia jurídica gratuita consagrado en el artículo 119 de la CE, pues este precepto lo reconoce “en todo caso, a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”, lo que permite no subordinar el reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente a su preceptividad legal o a los imperativos del principio de igualdad de las partes, sino de forma más amplia y abierta a la necesidad de la defensa letrada “en atención a las circunstancias del caso”.
Así, la STC 16/1994, de 20 de enero, se pronuncia sobre la configuración constitucional del derecho a la asistencia jurídica gratuita y demuestra que la actual conformación legal de este derecho en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, pese a ser posterior, no agota el contenido esencial del mismo. Contenido que, si bien no ha sido reconocido en su plenitud por el legislador ordinario, no puede ser negado ni por éste, ni por los tribunales ordinarios al aplicar el derecho en los casos concretos de que conozcan.

En la anterior sentencia se indica que, si el primer inciso del artículo 119 expresa la amplia libertad de configuración legal, su último in-

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ciso indica la existencia de un “contenido constitucional indisponible”, que, por ende, “acota la facultad de libre disposición del legislador”. En consecuencia, la citada sentencia afirma que: «Con todo, a pesar de la indeterminación de la cláusula utilizada, la fórmula constitucional, “en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”, encierra un núcleo indisponible que, sin necesidad de definir- lo de forma exhaustiva, supone, sin duda, que la justicia gratuita debe reconocerse a quienes no puedan hacer frente a los gastos originados por el proceso (incluidos los honorarios de los Abogados y los derechos arancelarios de los Procuradores, cuando su intervención sea precepti- va o necesaria en atención a las características del caso) sin dejar de atender a sus necesidades vitales y a las de su familia, al objeto de que nadie quede privado del acceso a la justicia por falta de recursos económicos»50. Esta sentencia se encuentra más en la línea de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, al explicitar los reque- rimientos del interés de la justicia, que posibilita el nombramiento de abogado de oficio si se carece de medios económicos para litigar (art. 6. 3. c CEDH), aclara que compete al Estado proveer de asistencia jurídica gratuita «cuando se demuestre el carácter indispensable de ésta para un acceso efectivo ante los Tribunales, ya porque sea legalmente exigida la asistencia de Letrado, como ocurre en los ordenamientos internos de al- gunos de los Estados contratantes para determinados tipos de procesos, ya por la complejidad del procedimiento o del caso»51; es decir, cuando

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sea necesario para garantizar la efectividad del derecho de defensa, sin que se deba olvidar que en dicho proceso el Tribunal Europeo desvirtuó expresamente el criterio de la igualdad formal de la defensa como el único relevante para el reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente52.

Por lo demás, la necesidad de ponderar los intereses de la justicia en cada supuesto concreto, atendiendo a las circunstancias del caso, ante una solicitud de abogado de oficio en el juicio de faltas, se mantiene con carácter general en la jurisprudencia constitucional más reciente. Como pone de manifiesto la STC 65/2007, de 27 de marzo, con buena síntesis de la jurisprudencia constitucional, «este derecho constitucional a la asistencia letrada –en los casos en que la intervención de Abogado no sea legalmente preceptiva, especialmente si afecta a procedimientos penales– exige que, cuando se opte por la defensa técnica de un Abogado de oficio por carencia de medios económicos y se ponga de manifiesto esa circunstancia con las debidas formalidades legales ante el órgano judicial, éste se pronuncie expresamente sobre su pertinencia, ponderando si los intereses de la justicia así lo exigen.

Para ello debe atender el órgano judicial a las concretas circunstancias del caso, con especial atención a la mayor o menor complejidad del debate procesal, a la cultura y conocimientos jurídicos del solicitante (STC 233/1998, de 1 de diciembre, FJ 3 b) y a si la contra-

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parte cuenta con una asistencia técnica de la que pueda deducirse una situación de desigualdad procesal (STC 22/2001, de 29 de enero, FJ 4).

Y todo ello porque, como ha sido reiterado, los órganos judiciales tienen la función de asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción, lo que les impone el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las partes o limitaciones en la defensa que puedan causar a alguna de ellas resultado de indefensión (STC 199/2003, de 10 de noviembre, que cita, a su vez las SSTC 38/2003, de 27 de febrero, FJ 5; 47/1987, de 22 de abril, FJ 2, y 233/1998, de 1 de diciembre, FJ 3)»53.

En consecuencia, junto al criterio de la igualdad, se erige como criterio relevante en aras a la concesión del derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procesos en los que, como el juicio de faltas, no es obligatoria la defensa letrada, el de la efectividad de la defensa. De forma que no podrá denegarse cuando por la complejidad, del procedimiento o de las concretas circunstancias del caso –complejidad del debate procesal, cultura y conocimientos jurídicos del solicitante–, la parte no pueda defenderse de manera adecuada sin la asistencia de un abogado. No obstante, para que la protección del derecho a la defensa letrada pueda conferirse en los supuestos de intervención letrada no obligatoria, sea de letrado de oficio o de abogado de confianza, conforme a la jurisprudencia constitucional, es necesario que concurran otros requisitos, como la diligencia de la parte, o la producción de indefensión material efectiva.

4. La diligencia de la parte

Una cuestión que se ha suscitado en los procesos en los que, como sucede en el juicio de faltas, resulta legalmente facultativa la asistencia letrada, es si resulta preciso que medie previa solicitud de parte para que el juez examine la necesidad de la intervención de letrado, con el fin de que la defensa se realice de forma adecuada, o si, por el contrario, el juez tiene un deber positivo de velar porque la defensa se ejerza de

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dicha forma y, en consecuencia, de examinar de oficio la necesidad de su intervención, con vistas a requerir –previa información a la parte– al colegio profesional la designación provisional de postulador técnico.

Desde una perspectiva legal, la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita no resuelve con claridad si el juez puede requerir de oficio la designación provisional de abogado cuando pueda considerarse necesario para salvaguardar el derecho de defensa de alguna parte, si ésta no ha solicitado el derecho de asistencia jurídica gratuita.

La confusa regulación legal ha redundado, lógicamente, en disparidad de opiniones doctrinales. Una primera interpretación considera que la designación de abogado de oficio requiere la previa solicitud de parte54. Por el contrario, una segunda interpretación estima que, aunque de ordinario, la designación de abogado de oficio sea consecuencia de la solicitud de quien aduce carencia de recursos, no hay inconveniente en que se admita el requerimiento de designación provisional de letrado de oficio a iniciativa judicial, pese a que no medie solicitud de parte55, interpretación en cuyo apoyo se invoca la propia doctrina constitucional.

En este sentido, no sin cierta razón, se ha esgrimido que «el Tribunal Constitucional entiende que, en relación al derecho de defensa letrada, es exigible a los órganos judiciales el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición de las partes en el proceso o limitaciones en la defensa que pudieran inferir a alguna de ellas un resultado de indefensión constitucionalmente prohibido»56.

Sin embargo, si bien es cierto que algunas declaraciones de la jurisprudencia constitucional son del tenor expuesto, a mi juicio, la verdadera doctrina constitucional respecto de la designación de letrado de oficio en los procesos en los que no resulta legalmente obligatoria la de-

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fensa letrada no permite llegar a dicha conclusión, pues considera que la intervención de abogado en esta clase de proceso se encuentra encomendada a la opción, iniciativa y diligencia de la propia parte57.

Es cierto que algunas declaraciones del Tribunal Constitucional aluden a ese deber de velar por el derecho de defensa. En este sentido, por ejemplo, la STC 47/1987, de 22 de abril, alude a la finalidad del derecho de defensa y asistencia letrada «de asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción que imponen a los órganos jurisdiccionales el deber positivo de evitar desequilibrios entre las respectivas posiciones procesales de las partes o limitaciones en la defensa susceptibles de ocasionar indefensión». Sin embargo, esa declaración era un “obiter dicta” que no influyó en el sentido del fallo, pues la consideración de las concretas circunstancias concurrentes llevó a apreciar que el rechazo de la petición de nombramiento de letrado de oficio para la segunda instancia de un proceso de desahucio no había supuesto vulneración del derecho de defensa58.

Sin embargo, cuando en la resolución del recurso de amparo tiene trascendencia la actitud adoptada por la parte, solicitando o no el nombramiento de abogado de oficio en un proceso en el que la defensa letrada no resulta legalmente imperativa, el Tribunal Constitucional asume una interpretación uniforme y sin fisuras, que exige una actitud diligente de la parte.

Así, en el caso resuelto por la STC 216/1988, de 14 de noviembre, el solicitante de amparo consideraba infringido el derecho a la asistencia y defensa de letrado al no haberse proveído a su escrito de solicitud de letrado de oficio y no haberse suspendido el acto de la vista de la apelación del juicio de faltas. Sin embargo, la Sala le reprocha que «la negativa del órgano judicial no ha supuesto una vulneración de su dere-

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cho a la defensa de Letrado del art. 24.2 de la Constitución , que en esa fase de recurso sólo sería exigible alternativamente o porque fuera preceptiva o “indispensable” la actuación de Letrado, al haberlo estimado así la ley en función del interés de la justicia, lo que no es el caso de la apelación en el juicio de faltas o porque el acusado careciese de medios económicos para poder pagar al Abogado, lo que tampoco es aquí el caso, pues ni siquiera se ha alegado esta circunstancia»59; en otros tér-minos, porque el letrado de oficio no se solicitó de forma diligente, en cuanto que no se invocó la carencia de recursos económicos.

Con mayor claridad se pronuncia la STC 92/1996, de 27 de mayo, dictada en relación a un juicio de desahucio por falta de pago. El recurrente alegaba la indefensión que se le había causado en la primera instancia, al no haberle sido designado letrado de oficio, así como en la apelación, al haberle sido denegado el nombramiento del abogado del turno de oficio solicitado, en atención, en ambos casos, a que en el juicio de desahucio no es preceptiva la defensa de letrado.

Por el contrario, la Sala consideró, respecto a la primera instancia, en la que no había solicitado la designación de abogado de oficio, que debía rechazarse el motivo de la queja de amparo, puesto que, de existir indefensión, ésta era exclusivamente imputable al propio recurrente, «que no sólo no solicitó la asistencia de Letrado de oficio para que le defendiera en el juicio de desahucio, sino que compareció al acto del juicio y prestó conformidad con los hechos de la demanda, limitándose a señalar que había solicitado ayuda a la Generalidad para el pago de las rentas adeudadas. Esta pasividad o falta de diligencia del recurrente, que no articuló ningún tipo de defensa, ni interesó la asistencia de un Abogado de oficio, no podía ser suplida por el órgano judicial, dado que en el juicio de desahucio por falta de pago de las rentas de un contrato de arrendamiento de vivienda, de conformidad con el art. 10.2 LECiv , no es preceptiva la intervención de Letrado»60.

Sin embargo, la Sala sí que estimó que se había lesionado el derecho a la defensa letrada como consecuencia de la denegación de la peti-

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ción de nombramiento de letrado de oficio en la segunda instancia, en la que, esta vez, la parte sí había solicitado la designación de abogado de oficio en tiempo y forma.

En la misma línea, en la STC 22/2001, de 29 de enero, se indica que «se aprecia una indiligencia relevante de la parte que advertida expresamente de la posibilidad de acudir al acto del juicio con asistencia de Abogado, compareció a la vista sin dicha asistencia y sólo tras comenzar la misma solicitó su paralización con el fin de acudir de nuevo, ya en un futuro señalamiento, debidamente asesorada por Letrado. Este proceder de la parte, en un proceso en el que la asistencia técnica es de naturaleza potestativa y en el que, además, como es conocido comúnmente y se ha señalado repetidamente en esta sede constitucional, la acusación puede muy bien formularse en el mismo momento del juicio y no con carácter previo, evidencia que sólo a la voluntad de dicha parte, ahora demandante de amparo, se debió su comparecencia a la vista desasistido de defensa técnica, oportunidad que por su sola indiligencia, desaprovechó dicha parte pese a la advertencia judicial»61.

En el mismo sentido, en el asunto resuelto por la STC 222/2002, de 20 de diciembre, el recurrente denunciaba la vulneración del derecho a la defensa letrada por no haberse suspendido el juicio de faltas, al que no compareció el recurrente, por entender éste que antes debía procederse al nombramiento de letrado para su defensa por el turno de oficio, como había solicitado, a pesar de que en el propio juzgado se le hizo saber expresamente que el señalamiento no se suspendería y que tal pretensión habría de formularla al tiempo de celebrarse el acto del juicio oral, en el que, a la vista de la posible asistencia letrada de la otra parte, el juez acordaría lo procedente.

Sin embargo, la Sala fundamenta la desestimación del recurso de amparo en que «el recurrente no acudió a la vista, no facilitando así que el Juez pudiera valorar la pertinencia de suspender el juicio y la hipotética situación de indefensión. Así las cosas, no cabe más que convenir que el recurrente tuvo una oportunidad de defenderse solicitando ante el Juez en el acto del juicio, en los términos que le habían sido indicados, la sus-

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pensión del mismo reiterando la solicitud ya deducida; lo que, sin embargo, no hizo, por lo que sólo a él cabe achacar su presunta indefensión»62.

Así se ha corroborado por la jurisprudencia más reciente con un doble fundamento. Por un lado, la necesidad de que la parte exteriorice su voluntad de ser asistido de letrado de oficio, ya que aquella tiene derecho a optar entre la autodefensa y la defensa técnica. Por otro lado, la imperatividad de que la solicitud de abogado de oficio se realice de forma diligente en tiempo y forma, ya que esa solicitud puede afectar a derechos fundamentales de la parte contraria –el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas–, así como a otros bienes constitucionalmente relevantes.

En este sentido se ha declarado que «la exigencia de que el interesado solicite formalmente ante el órgano judicial la designación de Letrado de oficio (SSTC 22/2001, de 29 de enero, FJ 2, y 145/2002, de 15 de julio, FJ 3) se deriva de que lógicamente –si el contenido de este derecho se concreta en la posibilidad de optar por la autodefensa o por la asistencia técnica– sólo a través de la emisión expresa de su voluntad de ser asistido de Letrado podrá el órgano judicial proceder a su designación. Esta solicitud, además, debe realizarse por el interesado lo más tempranamente que pueda con el fin de evitar en la medida de lo posible la suspensión de actos judiciales, que implicaría la afectación a otros intereses constitucionalmente relevantes, principalmente el derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas del resto de partes procesales (SSTC 47/1987, de 22 de abril, FJ 3; 216/1988, de 14 de noviembre, FJ 3); todo ello sin olvidar, tanto la incidencia negativa que pueda tener en el deber de colaboración con la Administración de Justicia de otros participantes en dichos actos, como testigos y peritos, por las molestias innecesariamente causadas con sus desplazamientos a los Juzgados para actos que sean finalmente suspendidos, cuanto criterios de eficiencia en el gasto público y en la organización judicial, por la inversión de medios económicos y personales de la Administración de Justicia en la celebración de actos procesales fallidos»63.

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Como consecuencia de lo anterior, en mi opinión, en la doctrina constitucional viene considerándose que no constituye una solicitud de letrado de oficio diligente, ni compatible con los otros derechos y bienes constitucionalmente relevantes antes apuntados, la solicitud que se realiza una vez terminado el proceso64, en sus momentos finales –como la fase de conclusiones e informes–65, o en el mismo momento de la celebración de la vista del juicio de faltas, en vez de realizarse con ante-rioridad a su inicio66.

A mi juicio, la razón de ser de la aparente contradicción de las declaraciones jurisprudenciales se encuentra en el carácter legalmente preceptivo o no de la intervención de abogado como presupuesto o requisito de validez del proceso. Cuando la defensa letrada se erige en requisito de validez del proceso surge el deber judicial de evitar la desigualdad en la defensa de las partes y de velar por la efectividad de esa defensa. Por el contrario, cuando la defensa letrada es legalmente facultativa, como sucede en el juicio de faltas, esa clase de defensa sólo constituye un derecho, una vertiente del derecho de defensa, cuyo efectivo ejercicio queda confiado a la diligencia de la parte, del propio titular del derecho.

Así lo pone de manifiesto la STC 199/2003, de 10 de noviembre, con cita de abundante jurisprudencia anterior, cuando señala que «en el supuesto en que la intervención de Letrado sea preceptiva esta garantía constitucional se convierte en una exigencia estructural del proceso tendente a asegurar su correcto desenvolvimiento (STC 42/1982, de 5 de julio, FJ 2), cuyo sentido es satisfacer el fin común a toda asistencia letrada, como es el lograr el adecuado desarrollo del proceso como mecanismo instrumental introducido por el legislador con miras a una dialéctica procesal efectiva que facilite al órgano judicial la búsqueda de una Sentencia ajustada a Derecho (SSTC 47/1987, de 22 de abril, FJ 3, y 233/1998, de 1 de diciembre, FJ 3, entre otras). La conexión existente entre el derecho a la asistencia letrada y la institución misma

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del proceso determina que la pasividad del titular del derecho deba ser suplida por el órgano judicial para cuya propia actuación, y no sólo para el mejor servicio de los derechos e intereses del defendido, es necesaria la asistencia del Letrado (SSTC 229/1999, de 13 de diciembre, FJ 2; 101/2002, de 6 de mayo, FJ 4; 145/2002, de 15 de julio, FJ 3)»67.

Lógicamente, la interpretación de la jurisprudencia constitucional se ha hecho sentir en la que puede considerarse corriente dominante de la jurisprudencia menor. Así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 3 de diciembre de 1993 no apreció vulneración del derecho a la defensa letrada, en cuanto que la parte no había solicitado al Juzgado que se le designara un letrado de oficio. La apelante alegaba violación de derechos fundamentales por indefensión, con infracción de los derechos a la defensa letrada y de igualdad reconocidos, respectivamente, en los artículos 24 y 14 CE.

Sin embargo, la Audiencia declaró que «efectivamente la denunciada Ana, compareció al acto el juicio oral sin la asistencia de Letrado, sin embargo … la presunta desventaja respecto el resto de los compare-cientes por no haber comparecido asistida de Letrado se debió, en todo caso, al propio comportamiento de la apelante, y no es imputable al órgano judicial …, y aunque se deba reconocer el derecho al acusado a la asistencia gratuita de Letrado de oficio, si no tiene medios y cuando los intereses de justicia lo exijan, es necesario para ello que efectivamente se haga la oportuna solicitud y se acredite la carencia o insuficiencia económica (Sentencias del Tribunal Constitucional 47/1986 y 216/1988); por otro lado no siendo tal asistencia preceptiva, y no consta que se hiciera al Juzgado petición en forma de nombramiento de Abogado de Oficio, el que no se sirviera de dicha ayuda es algo exclusivamente imputable, a la apelante…»68.

En la misma línea se pronuncia la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de diciembre de 1993, la cual manifiesta que «en el juicio de faltas es reclamable el derecho fundamental que a todo imputado asiste a comparecer en él y solicitar la intervención de un Abogado a

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su elección a fin de que le defienda en el juicio. En definitiva es el propio denunciado el que en el Juicio de Faltas debe realizar la solicitud de ser asistido de Letrado o bien designar uno a su elección …»69.

La exigencia de solicitud de parte y diligente –en tiempo y forma– en los procesos en que la defensa letrada es facultativa parece una solución razonable. Por un lado, porque el derecho de defensa consagrado en el art. 24. 2 de la CE comprende tanto el derecho a la defensa letrada, como el derecho a la autodefensa, por lo que si la ley española autoriza el ejercicio pleno de la autodefensa en esta clase de proceso penal, si el juez impusiera de oficio una defensa letrada, ello podría dar lugar a una limitación o restricción de un derecho fundamental –la autodefensa– por una resolución judicial sin fundamento legal, en contravención de lo dispuesto en el artículo de la 53.1 CE.

Por otro lado, porque este requisito de la diligencia es coherente con el exigido de forma reiterada por la jurisprudencia constitucional sobre la prohibición de indefensión material, que ahora se referirá.

No obstante, es cierto que en este caso dejar el control del ejercicio del derecho a la asistencia letrada exclusivamente en manos de la parte puede resultar más problemático, ya que ésta carecerá de conocimientos jurídicos70; lo que, a mi juicio, debería conducir a que en la citación al juicio de faltas se informara sobre el derecho de asistencia letrada, en su caso gratuita, a todas las partes, a fin de que la posibilidad de ejercicio del derecho fuera real y efectiva.

5. La indefensión material

El hecho de que el derecho a la asistencia letrada rija en el juicio de faltas y, que en consecuencia, no deba ser impedido ni obstaculizado su ejercicio en los términos expuestos, así como de que ese derecho deba ser solicitado con diligencia por la parte, comporta que la falta de de-

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signación o de intervención de letrado instada por la parte no supone en todo caso la lesión de un derecho fundamental.

Para que ésta se produzca la doctrina constitucional viene exigiendo de forma reiterada, siguiendo las pautas establecidas por el tribunal de Estrasburgo que para que la falta de defensa letrada –en los procesos en los que, como acaece en el juicio de faltas, es facultativa– alcance relevancia constitucional es preciso que la ausencia de asistencia letrada haya producido una indefensión material a la parte en el caso concreto, en el sentido de que la autodefensa llevada a cabo directamente por la parte revele un ejercicio insuficiente del derecho de defensa, de forma que en modo alguno pueda considerarse que hubo un ejercicio efectivo de este derecho.

En efecto, según advierte la STC 216/1988, de 14 de noviembre, «como recuerda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SS 9 octubre 1979, caso Airey, y 25 abril 1983, caso Pakelli), la falta de asistencia letrada gratuita en proceso que permite la comparecencia personal (…) sólo podrá producir indefensión si la autodefensa ejercida no puede compensar la ausencia de Abogado, al no haberse podido efectivamente defender, pero para ello habrán de tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, atendiendo a la mayor o menor complejidad del debate procesal y a la cultura y conocimientos jurídicos del comparecido personalmente, deducido de la forma y nivel técnico con que haya realizado su defensa»71.

En sentido análogo, la STC 22/2001, de 29 de enero, señala que «este Tribunal también lo ha señalado reiteradamente, que quien alegue indefensión como consecuencia de la vulneración del derecho a la asistencia de Letrado, no ha de haber provocado dicha situación con su falta de diligencia, así como que dicha indefensión debe ser real y efectiva; de forma que la situación de indefensión generada por la falta de defensa técnica no resulte ser consecuencia directa del proceder de la parte y además la autodefensa del litigante debe haberse revelado como insuficiente y perjudicial para el mismo, impidiéndole articular una protección adecuada de sus derechos e intereses legítimos en el proceso. En suma, resulta preciso que “se haya producido un menoscabo real y efec-

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tivo de su derecho de defensa” en palabras de la repetida STC 92/1996 (y de las anteriores SSTC 161/1985, de 29 de noviembre, 47/1987, de 22 de abril, 175/1994, de 7 de junio, y 51/1996, de 26 de marzo72.

Lo anterior determina que la producción de indefensión material, como consecuencia de que el ejercicio de la autodefensa no haya sido capaz de compensar la ausencia de defensa letrada, se erige en verdadera piedra de toque del derecho a la asistencia letrada, así como que, quizá por una concepción excesivamente laxa de las exigencias de una adecuada defensa, en la mayoría de las ocasiones se rechace el recurso de amparo fundado en la lesión del derecho a la defensa letrada en juicios de faltas, o en otros procesos en los que la intervención letrada sea legalmente potestativa.

En el asunto resuelto mediante la STC 215/2002, de 25 de noviembre, se estimó que la falta de intervención de la defensa letrada solicitada por el apelante no fue compensada por la defensa ejercida directamente por la parte apelante, determinando en consecuencia la lesión del derecho de defensa. Se trataba de un supuesto en el que el denunciado, condenado en la primera instancia del juicio de faltas, solicitó la designación de letrado de oficio para mantener el recurso de apelación frente a la sentencia de condena. Sin embargo, el Juzgado primero y la Audiencia Provincial después interpretaron el escrito de solicitud de letrado de oficio para mantener el recurso de apelación como el escrito de formalización del recurso, que la Audiencia declaró indebidamente admitido, ya que el recurso de apelación no cumplía los requisitos del art. 976 en relación con los arts. 795 y 796 de la LECrim en su redacción anterior, al no invocar supuesto quebrantamiento de las normas y garantías procesales, error en la apreciación de la prueba, o infracción de precepto constitucional o legal en la sentencia impugnada. En otros términos, a juicio del tribunal de apelación, la defensa llevada a cabo directamente por la parte determinó la inadmisión a trámite del recurso de apelación, sin que se entrara a resolver el fondo del mismo73; inter-

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pretación que fue rechaza por el Tribunal Constitucional, otorgando el amparo.

Sin embargo, en la mayoría de los supuestos el requisito de la indefensión material, concretada en estos casos en la insuficiencia de la autodefensa llevaba a cabo, dio lugar al rechazo de los recursos de amparo.

En la STC 47/1987, de 22 de abril, se declara que «las circunstancias que se dejan relatadas, dada la sencillez de las cuestiones debatidas en el juicio de desahucio, la actuación procesal de la parte contraria con la sola asistencia de Procurador y la completa y acabada defensa que el demandado realizó con apreciable nivel técnico-jurídico, acreditan que la denegación de la asistencia letrada gratuita, aunque insuficientemente fundada, no originó al demandado situación de desigualdad real o inaplicación práctica del principio de contradicción que pueda conllevar vulneración del derecho invocado, pues con su autodefensa compensó muy eficazmente la ausencia de Abogado y contribuyó satisfactoriamente al correcto desarrollo del proceso, sin sufrir menoscabo alguno en su derecho a acceder al proceso con todas las garantías, en el cual también hay que tener presente que la demandante actuó sin asistencia letrada y esta circunstancia podría haber sido causa de que el nombramiento de Abogado de oficio al demandado le crease una situación de desigualdad procesal frente a la cual la Constitución le concede igual protección que a su parte contraria»74.

En igual sentido, la STC 216/1988, de 14 de noviembre, mantiene que «en el presente caso esas circunstancias permiten excluir toda duda de indefensión, ni la apelación era un asunto complejo, y de la actuación del solicitante de amparo se deriva con claridad la existencia de cultura y conocimientos jurídicos suficientes para la efectividad de su autodefensa. A ello debe unirse el que en la vista de la apelación actuó la Letrada de la Sociedad propietaria del vehículo y empleadora del so-

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licitante de amparo, que en el acto de la vista no se limitó a discutir el alcance de la responsabilidad subsidiaria, sino que pidió la absolución del solicitante de amparo, pretensión ejercida mediante defensa técnica que ha coincidido íntegramente con la del solicitante de amparo. Ello ha eliminado cualquier riesgo de supremacía y preponderancia de las par- tes acusadoras, que pudiera vulnerar el derecho de defensa de la parte. Por todo ello ha de rechazarse la pretensión de amparo en lo relativo a la existencia de una indefensión contraria al art. 24.1 CE» 75. Así mismo, en la STC 22/2001, de 29 de enero, se estima que en el caso «ni siquiera cabe advertir una real situación de indefensión derivada de tal omisión de asistencia legal, no ya sólo por el hecho de la propia naturaleza y escasa complejidad de las cuestiones que se enjui- ciaban (se trató de unas amenazas verbales que, merecieron la califica- ción de infracción penal de carácter menor o falta de amenazas), sino también porque, según es de ver en la transcripción del acto del juicio, la otra parte renunció a la defensa técnica de la que se encontraba asis- tida en tal momento, con objeto de evitar la eventual desigualdad de armas que pudiera surgir de tal distinción entre la defensa de una y otra parte procesal»76. Por último, en la misma línea se pronuncia la STC 215/2003, de 1 de diciembre, al estimar, entre otras razones, una coincidencia esencial entre la defensa técnica realizada por el abogado en la segunda instancia y la autodefensa llevada cabo personalmente por la parte en la primera instancia. Así, considera que «no puede estimarse lesionado el derecho de defensa del demandante de amparo como consecuencia de la nega- tiva del Juzgado de Instrucción de aplazar la celebración del juicio de faltas para atender su solicitud de designación de Letrado, dado que no cabe advertir una real y efectiva situación de indefensión derivada de la referida decisión judicial»77.

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Esta interpretación de la jurisprudencia constitucional presenta un punto débil que ha puesto de manifiesto la doctrina, en el sentido de que priva de autonomía al derecho de asistencia letrada respecto del más ge- nérico derecho de defensa, o respecto de la prohibición de indefensión78. Como pone de manifiesto DÍEZ-PICAZO, «sigue sin parecer correcto hacer depender la vulneración la vulneración del derecho a la asisten- cia letrada, como hace esta sentencia, de que la privación de la defensa letrada produzca o no efectiva indefensión. Si para entender vulnerado el derecho a la asistencia letrada se exige un resultado de indefensión, dicho derecho carece de sustantividad o contenido propios, porque la prohibición de indefensión ya se encuentra genéricamente recogida en el artículo 24.1 CE» 79. Siendo acertada esta crítica doctrinal, sin embargo, la anterior in- terpretación es coherente con la prevalencia en la jurisprudencia cons- titucional del criterio de la indefensión material respecto de diferentes derechos fundamentales, que son manifestaciones instrumentales del derecho a la defensa, como ha tenido oportunidad de recordar el Ple-

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no del Tribunal Constitucional al delimitar el contenido de una de las manifestaciones del derecho a la autodefensa, como es el derecho a la última palabra, según se verá infra. No sucede de igual modo respecto de la posibilidad de subsanar en la segunda instancia una eventual lesión del derecho a la defensa, un resultado de indefensión, producida en la primera instancia del juicio de faltas, cuestión respecto de la que existen corrientes jurisprudenciales dis- crepantes, según ha puesto de manifiesto la doctrina80, especialmente en supuestos de condena en ausencia de la parte denunciada en la primera instancia del juicio de faltas, como consecuencia de la ausencia o carácter deficiente de la citación al acto del juicio en esta clase de proceso penal81.

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[7] Cfr. entre otros, GASCÓN INCHAUSTI, F., y AGUILERA MORALES, La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal : Comentario a la Ley 38/2002 y a la Ley Orgánica 8/2002, de 24 de octubre, Thomson Civitas, 2003, p. 182; DELGADO MARTÍN, J., Los juicios rápidos. Análisis de la nueva ley sobre procedimiento abreviado, juicios rápidos y juicio de faltas (Coord. DELGADO MARTÍN), Bosch, 2003, p. 365 e YLLANES SUÁREZ, J. P., La reforma del proceso penal (Coord. GARCÍA ALBERO), Bosch, 2003, p. 570.

[8] Este argumento, como los dos favorables a la preceptividad, en CALDERÓN CUADRADO, M. P., La segunda instancia penal, Thomson-Aranzadi, 2005, pp. 211 y ss., quien concluye, de lege data, en el carácter potestativo de la intervención de abogado y procurador en el recurso de apelación contra la sentencia dictada en el juicio de faltas, aunque estime que, por razones constitucionales, la defensa letrada debiera considerarse necesaria, habida cuenta de la complejidad procedimental del recurso de apelación en la redacción actual de la LECrim .

[9] Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 2ª) de 25 de enero de 2001, JUR 2001\145772.

[10] Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 30 de octubre de 1993, Base de datos Colex, Audiencias Provinciales-Penal.

[11] Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 4ª) de 26 octubre de 2000, JUR 2001\26800.

[12] Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 25 de abril de 1983, caso Pakelli.

[13] STC (1ª) 47/1987, de 22 de abril, en RTC 1987\47.

[14] STC (1ª) 216/1988, de 14 de noviembre, en RTC 1988\216.

[15] STC (1ª) 208/1992, de 30 de noviembre, en RTC 1992\208.

[16] STC (2ª) 215/2003, de 1 de diciembre, en RTC 2003\215. En la misma línea se pronuncian otras sentencias del Tribunal Constitucional, algunas más recientes. En este sentido, STC (2ª) 22/2001, 29 de enero, en RTC 2001\22; STC (1ª) 215/2002, de 25 de noviembre; en RTC 2002\215; STC (2ª) 222/2002, de 20 de diciembre, en RTC 2002\222; STC (2ª) 199/2003, de 10 de noviembre, en RTC 2003\199; y STC (1ª) 65/2007, de 27 de marzo, en RTC 2007\65.

[17] Un breve análisis, pero esclarecedor, de las novedades de esta reforma puede consultarse en PUENTE DE PINEDO, L, La doctrina del Tribunal Constitucional y la reforma en los juicios de faltas, en Poder Judicial, 1993, nº. 30, pp. 89 y ss.

[18] En la redacción introducida por la Ley 30/1992 el deber de informar en la citación al acto del juicio sobre la posibilidad de asistencia letrada se hacía extensiva con claridad a todas las partes, con independencia de su condición. En cambio, la redacción vigente del art. 962. 2 de la LECrim sólo se contiene el deber de informar sobre el derecho a utilizar asistencia letrada a la persona denunciada. Si bien el art. 967 del mismo cuerpo legal contempla ese deber de información sobre el derecho a la asistencia letrada respecto del denunciante, del ofendido y del perjudicado, deber que, como se ha señalado en la doctrina (DELGADO MARTÍN, J., Los juicios rápidos…, ob. cit., p. 367), tiene que considerarse de aplicación respecto de todas las modalidades de juicio de faltas.

[19] GIMENO SENDRA, V, La naturaleza de la defensa penal a la luz de la Constitución española y del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en La Ley, 1988-3, p. 790.

[20] ARIAS RODRÍGUEZ, J.M., Algunas reflexiones sobre el juicio verbal creado por la Ley Orgánica 3/1989, Boletín de Información del Ministerio de Justicia (BIMJ) nº 1603, p. 166.

[21] SAP Segovia, de 1 de julio de 1994, FD 4º, en Base de Datos Actualidad Penal, a16/1995, mg. 34.

[22] Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de octubre de 1979, caso Airey.

[23] En este sentido, ALHAMBRA PÉREZ, P., Práctica procesal de los juicios rápidos (Coord. SÁNCHEZ MELGAR), Sepin, 2003, p. 309 y GASCÓN INCHAUSTI y AGUILERA MORALES, La reforma de la Ley …, ob. cit., p. 183.

[24] Cfr.YLLANES SUÁREZ, J. P., La reforma del proceso…, ob. cit., p. 559.

[25] Pues el derecho de defensa es predicable de todas las partes. Como señala MONTERO AROCA, J., Principios del proceso penal. Una explicación basada en la razón, Tirant lo Blanch, 1997, pp. 140-1, “a pesar de las palabras que suelen utilizarse, es evidente que el derecho de defensa se reconoce a todas las partes del proceso, y no sólo al acusado, pues la imposibilidad de indefensión puede y debe referirse a todos ellos. Está claro que los problemas se han centrado históricamente en el acusado, pero la defensa (…) se reconoce a todas las partes, lo que adquiere mayor sentido cuando no tiene el monopolio de la acusación el Ministerio Fiscal”. Así lo mantiene expresamente ORTELLS RAMOS, M, “Las partes no oficiales en el proceso abreviado”, en El proceso abreviado (Nueve estudios), Comares, 1998, p. 94, respecto a las partes acusadoras no oficiales en el proceso abreviado.

[26] SAP Granada de 30 de octubre de 1996, en RAJ 1996/776, p. 515.

[27] SAP Segovia de 1 de julio de 1994, en Base de Datos Actualidad Penal, a16/1995, mg. 34.

[28] SAP Teruel de 19 de noviembre de 1996, en RAJ 1996/1196, p. 674.

[29] Ver apartado VI, 1.2, D) del presente capítulo.

[30] STC (1ª) 30/1981 de 24 julio, en RTC 1981\30.

[31] STC (1ª) 216/1988, de 14 de noviembre, en RTC 1988\216.

[32] ATC 59/93, de 16 de febrero, Sala 2ª, Sección 4ª (FJ 1º), en JC, 1983, T. V, p. 576. Idéntico pronunciamiento en ATC 93/1983, de 2 de marzo, Sala 2ª, Sección 3ª (FJ 1º), ob. cit., p. 697. La cursiva es nuestra.

[33] STC (1ª) 208/1992, de 30 de noviembre, en RTC 1992\208. Por último, antes de otorgar el amparo, se analiza si el derecho a la asistencia letrada pudo entrar en colisión con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas de la parte contraria, lo que en el caso se descarta, aunque no realice examen alguno relativo a si se produjo en el caso indefensión material. En este sentido, razona en los siguientes términos: «Una vez confirmado que el Sr. García Alarcón había defendido los intereses del recurrente a lo largo del procedimiento sin que en ningún momento se le opusiera, por parte del órgano judicial de instancia, impedimento alguno derivado de una supuesta falta de designación, y que su falta de comparecencia al juicio oral de faltas estaba justificada por la coincidencia de dicho acto con otra vista en la AP Málaga en la que debía inter-venir como Letrado, coincidencia que había sido advertida con la debida anticipación al Juez “a quo”, la conclusión de que, al no decretar la suspensión del juicio solicitada por la defensa del recurrente, los órganos judiciales de instancia y de apelación vulneraron sus derechos a la defensa, a la asistencia letrada y a no padecer indefensión acaso únicamente podría evitarse si se constatara que la incomparecencia del citado Letrado al acto del juicio de faltas obedeció a una estudiada conducta procesal dirigida a dilatar indebidamente el procedimiento en perjuicio de la parte contraria. Pero, del examen de las actuaciones, no puede inferirse esta supuesta conducta obstruccionista por parte del recurrente, razón por la cual hemos de estimar la pretensión de amparo».

[34] Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 10 de mayo de 1993, en Base de Datos Colex Data.

[35] En este sentido, MONTERO AROCA, J., Principios del proceso penal…, ob. cit., pp. 140-1, y ORTELLS RAMOS, M, Las partes …, en “El proceso abreviado …, ob. cit., p. 94), respecto a las partes acusadoras no oficiales en el proceso abreviado.

[36] Sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia de 31 de diciembre de 1996, en Base de Datos Actualidad Penal Jurisprudencia, a98/1997, marginal 265.

[37] Así, SANTOS VIJANDE, J. Mª., La intervención forzosa de Abogado y Procurador en el “juicio verbal del automóvil”. Límites legales y constitucionales de la autodefensa, Editoriales de Derecho Reunidas, 1997, p. 331, advierte que el propio justiciable es quien mejor conoce a priori sus propias limitaciones y, por tanto, quien sabe si en el caso concreto la efectividad de la defensa requiere la intervención de letrado.

[38] Aplicación analógica que también postula AYO FERNÁNDEZ, M, Las faltas en el Código Penal y en el Juicio Verbal de Faltas. Especial consideración al nuevo Código Penal , Aranzadi, 1996, p. 238.

[39] En este sentido, CID CEBRIÁN, M., La justicia gratuita. Realidad y perspectivas de un Derecho Constitucional, Aranzadi, 1995, p. 119.

[40] GÓMEZ COLOMER, J.L.: El beneficio de pobreza (La solución española al problema del acceso gratuito a la Justicia), Barcelona, 1982, pp. 205 y 210.

[41] STC (1ª) 47/1987, de 22 de abril, en RTC 1987\47.

[42] STC (1ª) 216/1988, de 14 de noviembre, en RTC 1988\216.

[43] STC (1ª) 215/2002, de 25 de noviembre; en RTC 2002\215.

[44] STC (2ª) 215/2003, de 1 de diciembre, en RTC 2003\215.

[45] STC (2ª) 199/2003, de 10 de noviembre, en RTC 2003\199.

[46] STEDH de 9 de octubre de 1979, «caso Airey».

[47] En este sentido, STC 22/2001, de 29 de enero; STC 199/2003, de 10 de noviembre, o 65/2007, de 27 de marzo.

[48] Así, BACHMAIER, La asistencia jurídica gratuita, Granada, 1998, p. 115.

[49] SANTOS VIJANDE, La intervención forzosa …, ob. cit., pp. 316-7, aunque con referencia al juicio verbal de tráfico.

[50] STC (Pleno) 16/1994, de 20 de enero, en RTC 1994\16.

[51] STEDH de 9 de octubre de 1979, «caso Airey». En el mismo sentido, la STEDH de 24 de mayo de 2001, caso Quaranta contra Suiza, en TEDH\1991\35, atiende también a la complejidad del caso, tanto objetiva, como subjetivamente –en función de las cualidades personales de la parte– considerada. Así, advierte «a esto se añade la complejidad del asunto. Con el Gobierno, el Tribunal constata que la causa no planteaba dificultades especiales en cuanto al establecimiento de los hechos; el demandante los había reconocido de entrada en el único interrogatorio por el Juez de instrucción. Sin embargo, la solución del proceso revestía para él una gran importancia: las infracciones que se le imputaban se situaban durante el plazo de prueba fijado en 1982 (apartado 8 supra); por lo tanto, el Tribunal Correccional debía resolver a la vez sobre una eventual revocación del aplazamiento y sobre la elección de una nueva pena. La intervención de un abogado habría permitido garantizar de la mejor manera la defensa del acusado, tanto más cuanto que se abría ante el Tribunal un amplio abanico de soluciones. Ya complejas por sí mismas, estas cuestiones lo eran más aun para el señor Quaranta a causa de su personalidad: joven adulto de origen extranjero que provenía de un medio modesto, no poseía una verdadera formación profesional y tenía un pasado delictivo cargado; consumía estupefacientes desde 1975, casi diariamente desde 1983, y en la época de los hechos vivía, con su familia, de las ayudas de la asistencia pública» (parágrafos 34 y 35).

[52] En este sentido, el tribunal afirma «durante la vista oral, Gobierno y Comisión expusieron puntos de vista contradictorios. Parece cierto para el Tribunal que la demandante habría estado en desventaja si su marido hubiese estado asistido por Letrado y ella no. Aparte de este supuesto hipotético, no es realista, a juicio del Tribunal, suponer que en un litigio de esta naturaleza la demandante podía llevar eficazmente por sí sola su caso a pesar de la ayuda que el Tribunal –como subraya el Gobierno– proporciona a las partes que actúan personalmente».

[53] STC (1ª) 65/2007, de 27 de marzo.

[54] BLASCO SOTO, M. C., En torno a la Ley de Asistencia jurídica gratuita, en Poder Judicial, nº. 46 de 1997, p. 358.

[55] En este sentido, BACHMAIER, La asistencia jurídica …, ob. cit., pp. 178-179; DELGADO MARTÍN, El juicio de faltas: la prueba y otras cuestiones procesales, Madrid 1998, pp. 27-28 y DE DIEGO DÍEZ, Asistencia jurídica gratuita. Intervención judicial en el marco de su nueva regulación, en La Ley, 1997-3, p. 1745.

[56] DELGADO MARTÍN, El juicio de faltas …, ob. cit., pp. 27-28.

[57] Entra otras, STC (2ª) 30/1989, de 7 de febrero y STC (1ª) 176/1992, de 2 de noviembre, respectivamente en RTC 1989\30 y 1992\176.

[58] STC (1ª) 47/1987, de 22 de abril, en RTC 1987\47. Las concretas circunstancias invocadas para rechazar el amparo fueron la sencillez de las cuestiones debatidas en el juicio de desahucio, la actuación procesal de la parte contraria con la sola asistencia de procurador y la completa defensa que realizó el demandado con apreciable nivel técnico-jurídico.

[59] STC (1ª) 216/1988, de 14 de noviembre, en RTC 1988\216.

[60] STC (2ª) 92/1996, de 27 de mayo, en RTC 1996\92.

[61] STC (2ª) 22/2001, 29 de enero, en RTC 2001\22.

[62] STC (2ª) 222/2002, de 20 de diciembre, en RTC 2002\222.

[63] STC (2ª) 199/2003, de 10 de noviembre, FJ 5 y STC (1ª) 65/2007, de 27 de marzo, FJ 2), respectivamente en RTC 2003\199 y RTC 2007\65.

[64] STC (1ª) 65/2007, de 27 de marzo, FJ 4, en RTC 2007\65.

[65] STC (2ª) 199/2003, de 10 de noviembre, FJ 6, en RTC 2003\199.

[66] STC 22/2001 (2ª) de 29 de enero, FJ 3, en RTC 2001\22 y STC (2ª) 215/2003, de 1 de diciembre, FJ 4, en RTC 2003\215.

[67] STC (2ª) 199/2003, de 10 de noviembre, FJ 5, en RTC 2003\199.

[68] SAP, Sevilla, 3 de diciembre de 1993, FD 1º, en Base de Datos Colex Data.

[69] SAP, Barcelona, 14 de diciembre de 1993, en Base de Datos Colex Data.

[70] En este sentido, DELGADO MARTÍN, Juicio de faltas…, ob. cit., pp. 27-28.

[71] STC (1ª) 216/1988, de 14 de noviembre, FJ 3, en RTC 1988\216.

[72] STC (2ª) 22/2001, 29 de enero, en RTC 2001\22.

[73] STC (1ª) 215/2002, de 25 de noviembre, en RTC 2002\215, señalándose en el FJ 4 que «con respecto a la falta de asistencia letrada del condenado que intentaba recurrir en apelación frente a la Sentencia condenatoria pronunciada por el Juzgado de Instrucción, (la) ausencia de asesoramiento jurídico (…) fue determinante, según hemos expuesto, de que no se formalizase el recurso de apelación en los términos legales exigidos».

[74] STC (1ª) 47/1987, de 22 de abril, FJ 4, en RTC 1987\47.

[75] STC (1ª) 216/1988, de 14 de noviembre, en RTC 1988\216.

[76] STC (2ª) 22/2001, 29 de enero, FJ 4, en RTC 2001\22.

[77] STC (2ª) 215/2003, de 1 de diciembre, en RTC 2003\215. Más en concreto se señala que esta conclusión «se impone, en primer lugar, en atención a la propia naturaleza y escasa complejidad de los hechos objeto del juicio –dos episodios de agresión–, tanto desde el punto de vista fáctico como desde el jurídico, para cuyo enjuiciamiento se presentaron y examinaron como pruebas únicamente las declaraciones de los inter-vinientes y los partes médicos que constaban en las actuaciones, sin que por ninguna de las partes se manifestase o identificara en ningún momento del proceso la existencia de testigo presencial alguno que debería ser llamado al juicio. A lo que hay que añadir, en segundo término, la igualdad de armas procesales de las partes, pues todas ellas actuaron en el juicio sin defensa y asistencia letrada. En tercer lugar, la versión de los hechos ofrecida por el recurrente en amparo, ampliamente examinada y contestada en ambas instancias, quien reconoció los hechos por los que fue condenado y cuyas alegaciones exculpatorias, que en su opinión podrían justificar su actuación, fueron expresa y explícitamente desestimadas por los órganos judiciales. Y, en fin, la consideración global de que la autodefensa del demandante de amparo no se ha revelado como insuficiente y perjudicial para el mismo, como permite apreciar, en este caso, la circunstancia de que la defensa técnica de la que disfrutó en la segunda instancia coincidió sustancialmente con las tesis mantenidas en su autodefensa».

[78] En esta línea, BORRAJO INIESTA, I., DIEZ PICAZO GIMÉNEZ, I., y FERNÁNDEZ FARRERES, G., El derecho a la tutela judicial efectiva y el recurso de amparo. Una reflexión sobre la jurisprudencia constitucional, Civitas, 1995, pp. 102-103 y BACHMAIER, La asistencia…, ob. cit., p. 115.

[79] DÍEZ PICAZO GIMÉNEZ, I., Comentario a la STC 92/1996, de 27 de mayo, en Tribunales de Justicia, nº. 2 de 1997, p. 225.

[80] BORRAJO INIESTA, I., DIEZ PICAZO GIMÉNEZ, I., y FERNÁNDEZ FARRERES, G., El derecho a la tutela judicial efectiva…, ob. cit., pp. 102-103.

[81] Ver al respecto apartado IV, 1.2, D) del presente capítulo.