Crisis económica y reformas políticas e institucionales en España
| Autor | Josep María Castellá Andreu |
| Cargo | Profesor titular de Derecho Constitucional, Universidad de Barcelona |
| Páginas | 93-94 |
DA, no 1 enero-diciembre 2014, ISSN: 1989-8983
Nueva Época
Crisis económica y reformas políticas e institucionales en España1*
Josep Mª Castellà Andreu
Profesor titular de Derecho Constitucional. Universidad de Barcelona.
castella@ub.edu
1. La crisis económica que sufre España desde 2008 ha propiciado reformas normativas inimaginables hasta
entonces, de las que la reforma del art. 135 CE es el ejemplo más relevante. En cambio, las reformas legislativas en
el campo institucional y en el de profundización en la democracia apenas se han abordado o están inconclusas. Las
CCAA han llevado la delantera, pero más bien afrontan el problema de manera superficial y tangencial.
Por una parte, la crisis ha propiciado el cuestionamiento de la organización territorial del poder, singularmen-
te, en lo que ahora interesa, el Estado autonómico, tal y como estaba diseñado y como venía funcionando hasta
2008, al que una parte relevante de la opinión pública culpabiliza del aumento del gasto público de las adminis-
traciones públicas. Según los barómetros del CIS (2013 y enero de 2014), un tercio de la opinión pública española
aboga por un Estado más centralizado frente a otro tercio que prefiere el Estado autonómico actual y un 23% que
desearía un mayor autogobierno para las CCAA (la proporción cambia en Cataluña, donde la crisis ha exacerbado
la tendencia separatista). Además de las medidas de control exhaustivo por parte del Estado sobre los presupues-
tos de las CCAA y su ejecución, y precisamente en el contexto de los recortes presupuestarios, algunas CCAA han
aprobado reformas normativas –y otras están en camino- que reducen el número de cargos y órganos públicos
(consejerías, diputados autonómicos y su sueldo –en el caso de Castilla-la Mancha se ha aprobado la reforma del
Estatuto (202/2014 de 22 de mayo) para reducirlos de 47-59 a 25-35-, defensores del pueblo, delegaciones en Bruse-
las…). Es lo que en Italia se calificado como los “costes de la política”. En algún caso excepcional se ha aprobado
la limitación del mandato del presidente autonómico a dos mandatos (Extremadura, ley 1/2014, de regulación del
estatuto de cargos públicos), lo que supone ir más allá de los objetivos de austeridad y de evitar duplicaciones
institucionales que enmarcan las restantes medidas.
Por otra parte, la crisis ha acentuado la desafección política de la ciudadanía y su desconfianza en las institucio-
nes públicas y partidos. Los políticos, los partidos y las instituciones públicas son vistos como parte del problema, y
no de la solución. La corrupción y la política han escalado hasta el segundo y tercer puesto de las preocupaciones
de los españoles, según los sondeos del CIS. Como respuesta, las Cortes han aprobado la ley 19/2013, de trans-
parencia, acceso a la información y buen gobierno y se está impulsando ahora un proyecto de ley sobre control
financiero de los partidos (febrero 2014). Algunas CCAA se habían anticipado (así Navarra con la ley foral 11/2012,
de transparencia y gobierno abierto, y Extremadura con la ley 4/2013, de gobierno abierto). Otras CCAA han puesto
el énfasis en la participación (Comunidad valenciana en 2008, Canarias en 2010). Estas novedades legislativas se
inspiran en el Memorándum de la Administración Obama de 2009 “Transparency and Open Government”, dirigido
a todos los departamentos y agencias federales, donde se plantean tres objetivos: transparencia, participación
y colaboración. Por ahora no se ha aprobado una reforma electoral sustantiva que acerque a representantes y
representados (en algunas CCAA se ha intentado sin éxito o se está debatiendo al respecto: Asturias, Cataluña,
Madrid y Extremadura). Tampoco se ha legislado apenas sobre colaboración entre administraciones y particulares.
Estas tímidas reformas tienen como objetivo paliar los efectos de un doble fenómeno, que no es en sí nuevo,
pero cuyas consecuencias molestan ahora más a la ciudadanía: los partidos expanden su presencia a todo tipo de
instituciones y ámbitos sociales, a la vez que tanto los partidos como las instituciones públicas se repliegan sobre
si mismos, con apenas apertura y comunicación con la sociedad. Y esto ocurre no solo a nivel central sino también
1 * Estos apuntes están ampliados en “Transformaciones de la estructura del poder estatal en el marco de la globalización. Apuntes
para un debate”, en F. Reviriego (coord.), Constitución y globalización, Fundación Giménez Abad, Zaragoza, 2013.
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