Estímulos y crecimiento para la economía española: la necesidad de un renovado proyecto agua
| Autor | Javier Morillas Gómez |
| Cargo del Autor | Catedrático de Economía Aplicada Universidad CEU San Pablo |
| Páginas | 233-253 |
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“Regad los campos si queréis dejar rastro de vuestro paso por el poder” Joaquín COSTA: “Exhortación a los partidos políticos” (1910).
España es el país europeo de mayor tradición en la gestión del agua. Y sigue siendo con clara diferencia el país europeo con mayor cantidad media de agua embalsada: 1.300 presas repartidas por todo su territorio y 55.590 hectómetros cúbicos de capacidad. España es también el primer país del mundo en número de presas por habi-
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tante y por km2, y el quinto en cifras absolutas después de China, EE.UU., Japón e India.
Y es que en el país del Acueducto de Segovia, los problemas y las conducciones hídricas han ido de la mano. Lo mismo en la Hispania visigótica, que en la España medieval1, eclosionando en la época de la Ilustración -bruscamente cortada por las guerras napoleónicas-, reanudándose con el Canal de Isabel II, luego con la Restauración y –ya sin cesar– desde los años veinte del pasado siglo hasta nuestros días.
De hecho no es posible analizar la estructura económica de España sin empezar por analizar lo que los economistas denominamos su “base natural”, o “infraestructura física”, según quedó definida por el profesor Román PERPIÑA GRAU: conjunto de elementos potenciales o activos dados por la naturaleza -ubicación, dimensión, clima, orografía, hidrografía, y suelo, principalmente- y sobre los que se va a levantar la realidad económica de un país (MORILLAS, 2002). Que –en su inicio- será más o menos próspera, en función de sus características, climáticas, hídricas, orográficas, etc, y que determinan sus primeros recursos naturales, aunque en un proceso susceptible de modificación progresiva.
Los economistas sabemos que esa base natural en el caso de España- no ha sido favorable para su desarrollo económico. Y ello a pesar de los “Laudes Hispaniae”, que desde el siglo VI, describieran los San Leandro o San Isidoro de Sevilla, y que en todo caso se descompondría a partir de mediados del siglo VIII.
El antecedente cercano más documentado sobre la voluntad de doblegar esa adversa base territorial de nuestra economía vendría de los estudios de Bartolomé Bustamante en 1549, siempre para el incremento de los regadíos, el transporte, y el comercio. Pero es durante el largo periodo de estabilidad y crecimiento del siglo XVIII cuando
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se van a desempolvar y lanzar los más variados proyectos, gracias a surgir y sucederse aquel puñado de estadistas que llevarán a España a sus altas cotas en cuanto a renta per càpita y desarrollo, equivalentes a las de las otras dos grandes potencias europeas, Inglaterra y Francia, deflactando el déficit hídrico. Éste mermaba históricamente nuestro potencial agrícola y ganadero que, condenado a un régimen extensivo, era de una baja productividad comparada, especialmente en cuanto a producción cárnica y láctea. También en cuanto a riqueza arbórea, para la construcción naval y la actividad minera.
Por ello, para todos aquellos gobernantes, el tema del agua fue de una gran preocupación. Lo mismo el Marqués de la Ensenada (1702-1781), que el Conde de Aranda (1719-1798), o su protegido Pablo de Olavide (1725-1803), que había publicado en 1768 su im-
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portante “Informe sobre la Ley Agraria”, en el que defiende la pequeña propiedad, mejora de las técnicas y la educación, regadíos, y arrendamientos a largo plazo. Como Intendente del Reino de Andalucía y Superintendente de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, se convierte en otro de los grandes reformistas del XVIII. También el Conde de Campomanes (1723-1802), Ministro con amplios poderes sobre la economía de su tiempo, impulsó las canalizaciones para fomento de la industria y el sector agropecuario dando rienda suelta a su interés por mejorar la baja productividad agrícola del país; la educación técnica, y la consiguiente falta de capitales para la industria naciente, estaban también entre sus grandes preocupaciones. Impulsó los estudios sobre construcción de canales para facilitar los repartos y cultivos de tierras yermas y comunales; diseñó la colonización de Sierra Morena (1767), los abastos de Madrid (1768), e impulsó el aumento de la ganadería intentando imbricarla con la agricultura, rompiendo los centenarios privilegios del Consejo de la Mesta (1771).
También José Moñino (1728-1808), con su Memorial para “fomentar la agricultura y cría de ganados” (1766). Y desde el Gobierno tanto con Carlos III -que le nombra Conde de Floridablanca- como con Carlos IV, atendió a la construcción de transportes y canales, la única esperanza en su opinión para la economía española interior y meridional, impulsando la construcción de sistemas de regadío. Y por supuesto, también desde el Gobierno el gran Ministro asturiano Jovellanos (1744-1811), autor de un renovado y conocido “Informe sobre la Ley Agraria” (1795)2, sería eslabón fundamental de este grupo de gigantes de la economía española.
Es con Fernando VI y por iniciativa de su Ministro Ensenada que se impulsa con Antonio de Ulloa (1716-1765; descubirdor del platino) el Canal de Castilla, que continuará Carlos IV y su Ministro de Hacienda el Conde de Lerena, Pedro López, que –continuado hasta el primer tercio del XIX– completa 207 kilómetros, con una anchura que varía entre 11 y 22 metros, hoy sólo para regadío: de las mayores obras de ingeniería civil –y estímulo diríamos hoy– de la España de su tiempo.
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También el Canal Imperial de Aragón -de las obras hidraúlicas más importantes de Europa-, entre Navarra y Zaragoza, al objeto de mejorar la ya antigua Acequia Imperial de Aragón. Con sus 110 kilómetros, supuso una profunda renovación agraria de notable incidencia social, ya que produjo una ampliación de la extensión del riego que permitió asegurar y regularizar las cosechas, evitando las crisis de subsistencias o alimentos, muy corrientes en la época. También permitió poner en cultivo y repartir tierras incultas. La idea –impulsada por Floridablanca– era comunicar el Ebro con el Atlántico por Deva; con el Duero a través del Canal de Castilla y con el Mediterráneo por el Canal de Amposta, aunque tal ambicioso proyecto se abandonó por sus dificultades técnicas y alto coste.
Posteriormente, en 1851, y por impulso de Bravo Murillo, Alonso Martínez y luego el Duque del Infantado, el Canal de Isabel II, abriría nuevas perspectivas de expansión y crecimiento poblacional en Madrid. Hoy sin los 14 embalses de Madrid, capaces de almacenar 946 millones de metros cúbicos, volveríamos al siglo XIX; cuando sólo las casas señoriales y los propietarios, gracias a pozos y captaciones individuales, tenían agua propia. Cuando la capital contaba con 77 fuentes públicas, en las que se tenían instalados 128 caños para llenar las cubas de los 950 aguadores, que repartían al día 663,50 «reales fontaneros» –medida de la época– de dotación, equivalentes a 2.150 m³. Una Villa, declarada capital de la nación, pero constreñida en su desenvolvimiento industrial y de servicios.
Tras el nacimiento de la industria eléctrica el agua embalsada que antes se dedicaba a regadío o mover molinos, cobraría todavía más importancia al empezar a mover turbinas para producir energía eléctrica. Con lo que se conseguiría -a partir de la de 1882 de Appleton, en Estados Unidos- un aprovechamiento más completo de los recursos hidráulicos y los embalses. Las primeras centrales hidroeléctricas se construirían en España a finales del siglo XIX, con un desarrollo tan espectacular que en 1901 el 40 por ciento de las centrales eléctricas existentes en nuestro país eran de tipo hidroeléctrico, y en 1983 teníamos unos de los parques hidroeléctricos más importantes del mundo, ocupando el 8º lugar de la OCDE.
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La base natural, por tanto, ha sido en España una importante fuente de preocupación, estudio y progresiva transformación. Y en la actualidad de la mano de la dimensión medioambiental, los recursos naturales, tanto materiales como inmateriales, han recobrado su importancia. Y su dotación vuelve a considerarse como elemento indispensable a la hora de explicar el proceso de crecimiento económico y factor determinante de nuestros niveles de bienestar.
Es decir el territorio ha vuelto a primer plano, como primer soporte de la realidad y estructura económica del país. Y la variable territorial tenemos que volver a considerarla en España -como nos enseñó PERPIÑÁ desde los años treinta- en una referencia económica básica sometida a transformaciones. Y hoy...
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