Tribunal Constitucional. Resumen de las Sentencias publicadas en los meses de noviembre y diciembre de 2000

Abogados Civil

Resumen

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1.- Procedimiento especial de ejecución hipotecaria del art. 131 LH. 2.- Inexistencia del derecho a un proceso concreto. 3.- Tribunal de Cuentas, naturaleza jurisdiccional de su enjuiciamiento contable. 4.- Jueces, deber positivo de evitar el desequilibrio. 5.- Indebida inadmisión del recurso de súplica, error patente. 6.- Inadmisión no arbitraria del recurso de reposición. 7.- Cataluña. Régimen energético, distribución de gases licuados del petróleo. 8.- Libertad sindical en la negociación colectiva. 9.-Falta de racionalidad de una sentencia social. 10.- Incongruencia de la sentencia penal en apelación. 11.- Falta de emplazamiento no lesiva en lo contencioso-administrativo. 12.- Legitimación del ejecutado, ajeno al proceso declarativo. 13.- Vulneración del derecho a la libertad, prisión provisional. 14.- Emplazamiento edictal lesivo en un juicio ejecutivo. 15.- Habeas corpus, esencia, sanción disciplinaria militar ejecutiva. 16.- Conflicto constitucional o de atribuciones entre el Gobierno y el Senado. 17.- Filiación, falta de legitimación del padre natural, Fuero Nuevo de Navarra. 18.- Esencia de la «reformatio inpeius». 19.- Inadmisión de la adhesión a la apelación por falta de consignación de la condena. 20.- Reducción de la indemnización de una sentencia de apelación anulada. 21.- Indemnización del lucro cesante derivado de un accidente de circulación. 22.- Derecho a la indemnización de los sobrinos del fallecido en un accidente de tráfico. 23.- Falta de práctica de la prueba pericial en lo contencioso-administrativo. 24.- Baleares. Protección de Áreas Naturales. 25.- Presunción de inocencia: falta de exteriorización de la fundamentación condenatoria. 26.-Consideración del esfuerzo físico como criterio de valoración de la retribución. 27.-Casación laboral para unificación de doctrina. 28.- Legitimación activa en lo contencioso-administrativo de las asociaciones de vecinos para recurrir contra las liquidaciones individuales. 29.- Incongruencia omisiva en la apelación penal. 30.- Falta de emplazamiento personal enjuicio ejecutivo. 31.- Cuestión prejudicial devolutiva del delito de intrusismo. 32.- Legitimación activa de un sindicato en un litigio por conducta antisindical. 33.- Improcedencia de la vía previa disciplinaria deportiva a la demanda judicial civil. 34.- Inadmisión del recurso de casación contencioso por presentación en el Juzgado de Guardia. 35.- Aclaración de las sentencias penales, límites.

Original

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El Tribunal Constitucional ha publicat en aquests dos mesos 54 sentencies, de les quals, per la seva importancia, en destaquem com a essencials la 220/2000, sobre inadmissió indeguda del recurs de ...

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Extracto

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Tribunal Constitucional. Resumen de las Sentencias publicadas en los meses de noviembre y diciembre de 2000

1. Procedimiento especial de ejecución hipotecaria del art. 131 LHf procedencia o corrección de la entrega del inmueble al ejecutado en el cauce de dicho procedimiento

En el seno de un procedimiento especial de ejecución hipotecaria del art. 131 LH, el ejecutado instó querella criminal contra la ejecutante y solicitó la suspensión de la diligencia de lanzamiento. Tras varias incidencias, admitida la querella, suspendido el procedimiento y decretada la nulidad de actuaciones, se acordó la entrega de la finca al ejecutado y el desalojo del adjudicatario, que recurre en amparo. Aunque la privación a éste del uso y disfrute del inmueble no se acordó en el seno de un juicio declarativo, ello no supone vulneración alguna del derecho a la tutela judicial efectiva, pues el art. 24 CE no incluye un derecho fundamental a procesos determinados, siendo los órganos judiciales los que, aplicando las normas competenciales o de otra índole, han de encauzar cada pretensión por el procedimiento adecuado (SSTC 160/98 y 158/97), constituyendo un problema concreto de legalidad, al margen del TC y de la exclusiva competencia judicial, la determinación de si las situaciones posesorias han de subsistir. Las resoluciones judiciales aparecen correctamente motivadas y el recurrente pudo hacer uso ampliamente de sus posibilidades de defensa en el cauce de dicho procedimiento del art. 131 LH (S. 214/2000, de 18 de septiembre, FFJJ 1, 4 y 5).

2. Inexistencia del derecho a un proceso concreto

El art. 24 CE no incluye un derecho fundamental a procesos determinados, siendo los órganos judiciales los que, aplicando las normas competenciales o de otra índole, han de encauzar cada pretensión por el procedimiento adecuado (SSTC 160/98 y 158/97), constituyendo un problema concreto de legalidad, al margen del TC y de la exclusiva competencia judicial determinar (en el mismo cauce o no del procedimiento del art. 131 LH) si las situaciones posesorias han de subsistir apreciando las circunstancias presentes en cada caso (S. 214/2000, de 18 de septiembre, FJ 5).

3. Tribunal de Cuentas, naturaleza jurisdiccional de su enjuiciamiento contable e improcedencia del recurso contencioso-administrativo ordinario; art. 136.2 CE, LO 2/82, de 12 de mayo, y Ley 7/88, de 5 de abril, de su Funcionamiento

El declarado responsable de irregularidades contables en un Organismo Autónomo estatal (la Obra de Protección de Menores), por resolución del Tribunal de Cuentas, planteó recurso contencioso-administrativo ordinario que le fue inadmitido por la Sala Tercera del TS, recurriendo en amparo por entender que, pese a la referencia del art. 136.2 CE a la «jurisdicción» del Tribunal de Cuentas, su actividad de enjuiciamiento contable no posee naturaleza jurisdiccional en una interpretación sistemática de la CE. Para el TC, por el contrario, ni los antecedentes (Leyes de 29 de junio de 1934 y 3 de diciembre de 1953), ni la expresión «jurisdicción» empleada por la CE, permiten aceptar la tesis del recurrente. Con la expresa mención a la «jurisdicción del tribunal de Cuentas» del art. 136.2 CE, el constituyente ha querido que esa institución, cuando actúa en el ejercicio de su tradicional función jurisdiccional de enjuiciamiento contable, lo que supone la exigencia de una especial responsabilidad civil (ATC 371/93), quede sometida a las garantías que la Constitución anuda a todo proceso (con la independencia e inamovilidad de quienes ejercen la función jurisdiccional, como establece el art. 136.2 CE), de suerte que el ejercicio de la función jurisdiccional de enjuiciamiento contable por el Tribunal de Cuentas no es en sí mismo contrario al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pues es la propia CE la que permite la atribución de funciones jurisdiccionales a dic...

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